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| Durante la sentencia de la CorteIDH sobre el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, en imagen del 24 de enero pasado. Foto Jesús Villaseca |
Ciudad de México. El gobierno federal se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos en San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.
Este medio día, en la Secretaría de Gobernación (SG), se instalaron formalmente las mesas para la implementación del fallo. Este tribunal internacional resolvió que el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el marco de los operativos desplegados los días 3 y 4 de mayo de ese año en Texcoco y Atenco.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, y participaron algunas de las víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes las han acompañado en todo el proceso. Ahí, el funcionario federal expresó el compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador de cumplir cabalmente la sentencia (que consta de nueve puntos) y a no revictimizar a las agraviadas.
Entre los primeros acuerdos alcanzados destaca que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal (incluyéndola profundización en la cadena de mando), medidas de no repetición y atención de salud.
Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas, señaló al finalizar la reunión que si bien esta administración federal muestra disposición para atender su exigencia de justicia, esperan que los compromisos se materialicen en hechos concretos.
Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Prodh, enfatizó que la sentencia de la CorteIDH es vinculante, por lo que el Estado está obligado a cumplirla. Por ello, existe esperanza que las 11 mujeres puedan acceder, tras casi 13 años de espera, a la justicia.
