‘‘Prácticas dilatorias’’ del gobierno para el ingreso de equipo de la CIDH: Rosales

• Llevará a cabo la segunda etapa de la indagatoria sobre los 43 normalistas
• Existen nuevas líneas de investigación de gran trascendencia, comenta el abogado de los padres

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 20 de septiembre de 2016, p. 5

Chilpancingo, Gro.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que a unos días de que se cumplan dos años de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el gobierno federal asume prácticas dilatorias para el ingreso del equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual llevará a cabo la segunda etapa de investigación para ubicar el paradero de los jóvenes.

Balance negativo

En entrevista, Rosales Sierra explicó que en el aspecto jurídico en la búsqueda de los estudiantes ‘‘el balance es negativo debido a que el año 2015 se implementó la ‘verdad histórica’ (de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula), sobre la que finalmente se demostró que no hay tal’’.

Consideró que esa situación retrasó los trabajos de investigación; de enero a septiembre de 2015 estuvieron paradas las investigaciones y la búsqueda ‘‘sin que hubiera ningún movimiento procesal y ministerial dentro de las indagatorias, hasta que se presentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 26 de septiembre de ese mismo año, que hizo trizas esta mentira de la PGR (Procuraduría General de la República), y es cuando se reinicia el movimiento, hasta febrero de 2016’’.

Señaló que a partir de esa fecha comenzó ‘‘una campaña de desprestigio en contra del GIEI, los padres de familia y Tlachinollan, a partir de que el aparato de inteligencia del gobierno federal intervino nuestros aparatos telefónicos, en lugar de intervenir los de las personas implicadas. Y se pierde la coyuntura para aprovechar la presencia de los expertos del grupo, que tuvieron que salir el 30 de abril del presente año’’.

Rosales Sierra aseguró que ‘‘existen nuevas líneas de investigación de gran trascendencia, como son Huitzuco y la telefonía celular; ambas nos indican que los estudiantes fueron llevados a otros lados y a otras direcciones, lo que obliga a la PGR a retomar estas indagatorias’’.

El abogado del Centro Tlachinollan afirmó que ‘‘existe un interés muy marcado de la procuraduría en no avanzar en esa dirección, como si tuviera miedo de descubrir cosas complicadas o la implicación de no sé quién. Hay un retraso en los trabajos, porque de abril a la fecha no se ha avanzado’’.

Según Vidulfo Rosales, la llegada del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en las investigaciones se retrasó, pues ‘‘el Estado mexicano ha puesto trabas en cuanto al nombramiento concreto de las personas que integrarán el equipo’’.

Padres de los 43 llaman a participar en actos para recordar a normalistas desaparecidos

Dentro de la jornada de lucha habrá una marcha el próximo día 26 en la capital

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2016, p. 13

Chilpancingo, Gro.

La dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala dieron a conocer ayer las actividades a realizar cuando se cumplan dos años de esos actos violentos.

Mediante un cartel con la consigna 43 motivos de luchase convocó a una jornada nacional, del 20 al 27 de este mes, en la que habrá diversas manifestaciones en todo el país. El 25 se realizarán movilizaciones en las siete regiones de Guerrero.

El 26, cuando se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas, se convocó a la marcha nacional, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la Ciudad de México.

Para el 27 se invitó a todos los sectores a estar presentes en Iguala, en donde se realizará una marcha, y se colocará una ofrenda floral a los caídos en ese lugar.

Ayer, en la normal de Ayotzinapa, ubicada en la ciudad de Tixtla, Guerrero, 12 artistas plásticos del Grupo 43 Artes montaron una exposición en la explanada de la escuela, con los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos.

El artista plástico Saúl Meza García manifestó que su trabajo fue en solidaridad con los padres de los jóvenes desaparecidos. Esta es la segunda edición de pinturas de los 43; la primera se hizo días después de lo acontecido en Iguala, en septiembre de 2014.

En nombre de los padres de familia, Melitón Ortega agradeció la solidaridad de los pintores y los invitó a participar en las movilizaciones de los próximos días.

Gritos alternativos en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

DEFENSA TIERRA Y TERRITORIO, EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y EL TERRITORIO, EVENTO

18 de septiembre de 2016

Gritos alternativos en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

Chiapas, septiembre de 2016.

El 15 de septiembre se realizó la actividad cultural y religioso en el centro de Ocosingo con una presencia aproximada de 2000 personas, quienes desde diversas comunidades y municipios, principalmente indígenas tezeltales, acudieron al llamado.

La actividad comenzó con un acto religiosos encabezado proa autoridades religiosas de las comunidades tzeltales de Ocosingo, para posteriormente darle paso a los saludos, pronunciamientos, obras de teatro y música que estaban preparados para concluir con un grito alternativo.

Representantes de Ocosingo, la Costa, los Altos, la Zona Norte, el rector de la Universidad Iberoamericana, de Indignación de la Península y muchos otros más, como el Obispo de Saltillo, Raúl Vera quien enviara un saludo videograbado, se reunieron en la cabecera municipal para señalar, entre muchas otras cosas, su adhesión a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

Al concluir los saludos y pronunciamientos en contra del despojo y las reformas estructurales, amenizaron el cierre soundsystems como Manik B, Van T, Mexikan Sound Systrema y bandas como Lumaltok, nativos de Zinacantán.

Al concluir el evento, muchos de ellos, se desplazaron hacia el municipio de San Cristóbal de Las casas para participar del evento cultural del Grito Alternativo de los Barrios en Defensa de la Madre Tierra, convocado por organizaciones de barrios y vecinales quienes, entre muchas de sus defensas están la protección de los humedales, la democracia barrial, el buen gobierno municipal, la defensa de las áreas verdes, el adecuado manejos de implementación de programas de desarrollo urbano, entre muchas otras cosas más.

La fiesta se realizó en el Barrio de El Relicario, donde desde hace 10 años se realiza el grito alternativo, evento que sucedía paralelamente a otros varios barrios más que realizan una actividad semejante, y quienes de forma dislocada, hacen presencia en el municipio.

Con la presencia de unas 100 personas y representantes de la Costa, la Selva y los Altos, dieron a conocer su manifiesto en favor de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Los Sound Systems Manik B, Van T, Mexikan Sound System y Panchito, junto a los trovadores Isaí Robledo y Josep Miranda de Tonalá, con la presencia de la performance Galletita de Gengibre, juntaron sus talentos para hacer del evento una fiesta.

La jornada concluyo al darse lectura al pronunciamiento y al posicionamiento de los barrios frente al contexto nacional y en favor de la memoria, la justicia y la vida.

¡Tuitéalo!

Remiten caso Atenco a Corte Interamericana de Derechos Humanos

Gustavo Castillo García

Once mujeres sufrieron tortura sexual durante el operativo en San Salvador Atenco, en 2006, y rechazaron el fondo económico creado por el gobierno del estado de México. Foto Cuartoscuro/archivo

Ciudad de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá del caso denominado como “Mariana Selvas Gómez y otras”, todas ellas mujeres mexicanas y extranjeras que fueron objeto de violencia sexual por parte de policías los días 2 y 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.

Las autoridades mexicanas dieron a conocer la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno mexicano señaló que fueron las autoridades quienes solicitaron que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso”.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno mexicano señaló que “hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.

En ese contexto, el gobierno de México dijo que “desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión. Acorde con ello, el Estado ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares.

“Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha, hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso. Se subraya que las investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han tomado debida consideración de las conclusiones a las que en su momento arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero de 2009.

“Además de ello, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y la entrega de viviendas.

“Por otra parte, el Estado mexicano ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública; el establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género; y la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local, así como el establecimiento de sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Las autoridades mexicanas señalaron que “ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH. Sin perjuicio de los procedimientos ante la Corte Interamericana, el gobierno de México continuará fomentando este diálogo, a fin de alcanzar una reparación integral del daño”.

Asimismo, el gobierno de México manifestó manifestó “su total disposición a dar seguimiento al caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un foro compuesto por juristas latinoamericanos de elevado prestigio y calidad profesional, que con toda certeza analizará con objetividad y estricto apego a criterios jurídicos todos los elementos que conforman este caso”.

Tomás Zerón: protección inexplicable

L

a designación de Tomás Zerón de Lucio como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, apenas unas horas después de que se anunció su salida de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), ha levantado nueva ámpula entre los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace casi dos años en Iguala, su entorno social de apoyo y la sociedad en general, que ve con asombro a un gobierno federal dispuesto a defender a uno de sus funcionarios más desacreditados.

El pasado jueves, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos calificaron el nombramiento de Zerón de Lucio de una burla y un mensaje presidencial que apunta a la impunidad. Cabe recordar que la renuncia del ex jefe de la AIC se había convertido en una de las principales demandas de los padres de las víctimas, particularmente por su documentada participación en diligencias ministeriales que terminaron por contaminar la escena en que presuntamente se incineraron los cuerpos de los normalistas –de acuerdo con la versión de la PGR– y desvirtuaron así las pesquisas oficiales en su conjunto. Si la llamada verdad histórica de la Procuraduría resultó inverosímil y cuestionable desde el momento mismo en que fue enunciada, las conductas imputadas a Zerón de Lucio en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la llevaron a una nueva cima de descrédito.

En un entorno institucional celoso de la legalidad, la transparencia y el mínimo sentido del decoro, la permanencia del funcionario en su cargo habría sido insostenible desde hace meses, y su destitución habría sido una medida obligada, así fuera para no entorpecer las investigaciones emprendidas en su contra por la Visitaduría General de la PGR.

En cambio, su designación de secretario técnico del CNS y los elogios prodigados hacia su persona por la Secretaría de Gobernación –que encomió la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores– hace pensar que las autoridades federales no tienen ningún interés en enmendar sus actitudes erráticas, equívocas e improcedentes que las han caracterizado en lo que concierne el episodio del 26 de septiembre de 2014; por lo contrario, el empeño en mantener al cuestionado ex jefe de la AIC dentro del gabinete presidencial hace inevitable preguntarse cuáles son las razones para proteger a un servidor público que se ha convertido en un inocultable lastre político para el actual gobierno.

A casi dos años del crimen cometido en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, el hecho sigue concentrando muchos de los rasgos más indeseables y oprobiosos de una realidad nacional recorrida por la violencia, la impunidad, la opacidad y la falta de justicia y esclarecimiento. Acaso lo más preocupante sea que, ante la persistente debilidad y descrédito que el episodio ha generado para el conjunto de la institucionalidad política en el país, el gobierno no parece tener más soluciones que la apuesta oficial por el olvido y el desgaste social.

Mensaje alarmante: Wola

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Sábado 17 de septiembre de 2016, p. 12

El nombramiento de Tomás Zerón en el Consejo de Seguridad Nacional envía un mensaje alarmante de que los altos funcionarios implicados en irregularidades graves (en México) no serán castigados, sino promovidos, aseguró Maureen Meyer, coordinadora del Programa México en la Oficina en Washington para Asuntos Internacionales (Wola, por sus siglas en inglés).

Meyer subrayó que el fracaso del gobierno en investigar y sancionar las acciones de Zerón (como director de la Agencia de Investigación Criminal) y de otros funcionarios que presuntamente manipularon pruebas y torturaron a sospechosos (en el caso Ayotzinapa) deja claro que el gobierno se está protegiendo a sí mismo y que no habrá consecuencias para los que participaron en el encubrimiento.

Cuestionó que el caso siga sin resolverse. Sin embargo, consideró que en vista del segundo aniversario de la desaparición de los 43, el gobierno tiene la oportunidad de replanter la investigación.

Peña protege a Zerón; su nombramiento apunta a la impunidad: padres de los 43

Se le investiga por manipular indicios, darle otro cargo es una burla, señalan

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Sábado 17 de septiembre de 2016, p. 12

La designación de Tomás Zerón de Lucio como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) es una burla y con esta decisión el presidente Enrique Peña Nieto envía un mensaje claro de protección política, afirmaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Anunciaron que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se les informa el resultado de la investigación interna contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y éste sea sancionado por sus actuaciones ilegales en las indagatorias del caso Iguala, las cuales fueron reveladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En conferencia, los padres de familia, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos consideraron que en los hechos se trata de un mensaje que apunta a la impunidad.

El nombramiento de este funcionario corrupto es un agravio a los padres de familia que llevamos dos años en busca de nuestros hijos desaparecidos, pero también es una burla para todos los mexicanos, dijo Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento de los padres de familia.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, instancia que representa legalmente a los padres de familia, señaló que lo que pudo ser un signo de distensión y oportunidad en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas en Guerrero, con la renuncia de Tomás Zerón se convirtió en un signo de protección política por el nuevo cargo.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, destacó la sorpresiva renuncia, hace unos días, del visitador general de la PGR, César Chávez, quien llevaba la investigación interna contra Zerón. El 18 de agosto, dijo, se les informó que las investigaciones por la manipulación de posibles indicios, hallazgos y vestigios que no fueron reportados por el Ministerio Público indicaban que había elementos suficientes para determinar la existencia de responsabilidades.

Los padres anunciaron que el 26 de septiembre, a las 14 horas, marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo por los dos años de la desaparición.

En Chilpancingo, cerca de 4 mil personas marcharon el jueves, bloquearon la autopista del Sol México-Acapulco y realizaron un antigrito, en demanda de la presentación con vida de los 43.

Investigaciones de José Torero vuelven a echar abajo la verdad histórica: De la Cruz

• La revista Science publicó su tesis sobre la imposibilidad de una incineración
• Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos demandan indagar al ex procurador Jesús Murillo Karam y al ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2016, p. 4

Chilpancingo, Gro.

El resultado de la investigación realizada por el especialista en fuego José Torero, de la cual se publicó una reseña en la revista Science, ‘‘echa abajo una vez más la ‘verdad histórica’ a la que se aferraba el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam’’.

El ahora ex funcionario afirmó que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala hace casi dos años, habían sido incinerados en el río de Cocula.

‘‘Lo mismo planteaban las supuestas investigaciones de Tomás Zerón de Lucio, ahora ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la PGR’’, afirmó el vocero de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, Felipe de la Cruz.

Entrevistado vía telefónica, exigió castigo y que se investigue al ex procurador Murillo Karam y a Zerón de Lucio: ‘‘Nosotros, desde que conocimos las primeras versiones del señor José Torero, sabíamos que Murillo Karam y Zerón mintieron no sólo a los padres de familia, sino al mundo entero, que ha seguido de cerca el problema de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas’’.

Manifestó que el especialista en incendios por la Universidad de Queensland, Australia, José Torero concluyó que ‘‘para incinerar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se habrían necesitado 27 mil kilos de madera. Tan sólo en una prueba con un cerdo de 70 kilos se utilizaron 630 kilos de madera, y aun así permaneció 10 por ciento de la carne del animal’’.

Por eso, destacó De la Cruz, ‘‘somos testigos de que de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, no era posible que se incineraran los cuerpos de los 43 estudiantes normalistas, porque además estaba lloviendo en toda la zona de los municipios de Iguala y Cocula’’.

Añadió que las investigaciones de José Torero reafirman que ‘‘no existió tal posibilidad de incinerar a los 43 estudiantes y, por tanto, la mentira de Murillo Karam y Zerón de Lucio se viene abajo; por eso pedimos que se les investigue y se les castigue conforme a la ley’’.

Abundó: ‘‘Queremos decir a la sociedad de México y del mundo que estamos en cero; hemos patinado en el mismo lugar dos años, no hay ningún avance en la investigación del paradero de nuestros hijos’’, puntualizó.

En tanto, un grupo de normalistas de Ayotzinapa tomó las instalaciones de Radio Universidad y convocó al pueblo de Guerrero a ‘‘un grito popular de resistencia’’ para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos.

A su vez, familiares de los 43 jóvenes anunciaron que este 15 de septiembre, en que se conmemora el 206 aniversario del inicio de la Independencia nacional, se manifestarán en el zócalo de la ciudad de Chilpancingo para demandar la presentación de los estudiantes y para exigir justicia por los miles de desaparecidos en Guerrero y en el país.

Estupor de padres de los 43

Este jueves darán a conocer su posición

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2016, p. 3

Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos darán a conocer este jueves su posición en torno a la decisión presidencial de nombrar a Tomás Zerón nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de SAeguridad (CNS).

Anoche, tras conocerse primero la renuncia del funcionario a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), y posteriormente su nuevo encargo en el CNS, los padres de familia se encontraban en asamblea discutiendo el mensaje que envía el Presidente con esta decisión de mantener en el gobierno federal a un funcionario tan severamente cuestionado.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, expresó el deseo de que la renuncia de Zerón no fuera ‘‘moneda de cambio’’ para no ser investigado por lo ocurrido en el río San Juan.

Incluso, Epifanio Álvarez, uno de los padres, señaló que la renuncia de Zerón ‘‘no es suficiente’’, sino debía ser investigado y sancionado por su ‘‘actuación ilegal’’ en las investigaciones del caso Iguala.

Minutos más tarde se conocía que el ex funcionario de la PGR pasaba, por designación del presidente Peña Nieto, a la secretaría técnica del CNS.

A Zerón se le responsabiliza de participar directamente en la posible manipulación de una diligencia, de la que nunca se integró a la investigación oficial del caso Iguala, realizada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde fueron localizadas bolsas de plástico de donde presumiblemente fueron encontrados fragmentos óseos del joven normalista Alexander Mora Venancio.

Zerón pasa de la PGR al Consejo de Seguridad Nacional

Peña lo designa secretario técnico del CNS

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2016, p. 3

Apenas tres horas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la renuncia de Tomás Zerón de Lucio como responsable de la Agencia de Investigación Criminal de esa instancia, se dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto lo designó secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CNS).

‘‘El nombramiento de Zerón de Lucio es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores’’, dijo la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

Esta dependencia había emitido en principio un boletín en el que hacía alusión al nombramiento como ‘‘secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública’’ y 15 minutos después precisó el cargo correcto para el ex funcionario de la PGR, quien sustituye a Luis René Martínez Souvervielle.

Zerón de Lucio enfrenta una demanda de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por presuntas irregularidades en la investigación. El desempeño de este funcionario en las indagatorias de los hechos de Iguala fue cuestionado también por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en cuyo último reporte incluyó videos en los que Zerón presuntamente manipula hechos y no incorpora una diligencia en el expediente.

En su nuevo encargo, muy cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, deberá proponer políticas, lineamientos y acciones en materia de seguridad, así como el Programa para la Seguridad Nacional. También, presentar la agenda de riesgos y elaborar los informes de actividades que ordene este consejo, el cual es encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto; la secretaría ejecutiva recae en el secretario Osorio Chong.

En este consejo participan los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, Función Pública, Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público.

Igualmente, los responsables de la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Este cónclave conoce además de los procesos de clasificación y desclasificación en materia de seguridad nacional; los programas de cooperación internacional; el programa y la evaluación de resultados en la materia y la definición de la Agenda Nacional de Riesgos.

De igual forma autoriza los lineamientos para que el Cisen preste auxilio y colaboración en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Nuevo estudio descarta que incineraran a los 43 en Cocula

• Revela Science Magazine investigación de José Torero
• Demuestra que la materia orgánica no desaparece en su totalidad

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2016, p. 7

Una reciente investigación del especialista en fuego José Torero, académico de la Universidad de Queensland, Australia, arrojó nuevos elementos que apuntan a descartar la posibilidad de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 hayan sido incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, como señalan versiones oficiales.

En un artículo publicado en el portal online de la reconocida Science Magazine, se dice que el especialista –quien colaboró en parte de los trabajos que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso– realizó pruebas con cuerpos de cerdos y encontró que al aire libre la materia orgánica no desaparece totalmente.

El texto, escrito por Lizzie Wade, corresponsal de esa publicación para América Latina, detalla que uno de los experimentos de Torero fue incinerar cuatro cerdos a la vez y concluyó que la hoguera necesaria para hacer cenizas 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero (de Cocula).

El experto –quien ha investigado incendios de alto perfil, como los que provocaron el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001– simuló, en un terreno del campus de Gatton de la Universidad de Queensland, las supuestas pilas en las que se dice que incineraron a los normalistas.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República, un grupo de traficantes de drogas habría incinerado a los normalistas en el basurero. Según la versión oficial, se usaron neumáticos y madera para mantener el fuego y habrían sido calcinados totalmente, por lo que no es posible reconocer el ADN.

Junto a un equipo de colaboradores, Torero recreó las condiciones para quemar cuerpos al aire libre y no en un horno. Usó leños completamente secos, apilados de forma precisa y descartó el uso de neumáticos, pues éstos podrían haber reducido la eficiencia de la hoguera.

Science reporta que el equipo incineró sistemáticamente cuerpos de cerdos. En una de las pruebas se utilizaron 630 kilogramos de madera para quemar a un solo cerdo de 70 kilos de peso. Una vez que el fuego se consumió, se advirtió la presencia de 10 por ciento de la carne del animal.

El experto concluyó que para incinerar 43 cuerpos de tamaño y peso similar se habrían necesitado más de 27 mil kilos de madera y aun así se habría conservado materia orgánica, además de que la intensidad del calor hubiese dejado marcas en los troncos de los árboles de la zona.

Para colaborar con el GIEI, Torero visitó el basurero y no observó esas marcas, por lo que, sumado a otras indagatorias, determinó entonces que no hay posibilidades de que los normalistas hayan sido incinerados en ese lugar.

Otro de sus recientes experimentos fue quemar hasta cuatro cerdos al mismo tiempo para determinar si la grasa corporal pudo servir de combustible para el fuego. Sin embargo, halló que cada vez que se agregaba un cuerpo la intensidad del fuego disminuía.

De acuerdo con Science, en las próximas semanas el profesor presentará estos hallazgos a revisión de algunos colegas. Afirmó: hay que dejar de buscar en el basurero porque ahí no se encuentra la verdad de los hechos.

Dos años después de la desaparición de los 43, el caso está empantanado

Clara intención del gobierno de no seguir las pesquisas del GIEI: abogado

Padres de los normalistas comenzaron ayer movilizaciones con motivo del segundo año de los hechos en Iguala, Guerrero, que culminarán el próximo 26 con una marcha a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalinoFoto Alfredo Domínguez

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Martes 13 de septiembre de 2016, p. 7

Casi dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el caso se encuentra empantanado. Además hay una clara intención del gobierno de no seguir las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de esos jóvenes.

Consideró que aunque hay decenas de detenidos relacionados con el caso, estamos como al principio, pues se desconoce todavía el paradero de los alumnos. Tenemos un agrio sabor de boca, ya que el Estado mexicano tiró por la borda el trabajo serio, profesional y comprometido que efectuó el GIEI durante más de un año.

Se perdió esa oportunidad. Hoy estamos atrasados, iniciando de nueva cuenta, retomando los trabajos de febrero. Estamos tratando de retomar las líneas de investigación que dejó el grupo. Nos encontramos como al principio, aseveró.

Entrevistado en el Hemiciclo a Juárez, donde los padres se reunieron para comenzar actividades rumbo al segundo aniversario de la desaparición, labores que se efectuarán los días 26 y 27 próximos, el también abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan confirmó que el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) seguirá roto mientras Tomás Zerón de Lucio no sea separado de su cargo al frente de la Agencia de Investigación Criminal.

La jornada de actividades se inició con la mesa redonda Búsqueda de la verdad y la justicia. A dos años de Ayotzinapa, perspectivas de lucha y resistencia, en la que participaron los analistas políticos y académicos Luis Hernández Navarro, César Navarro Gallegos y Enrique González Ruiz. Además se premió un cartel conmemorativo, que será difundido durante todas las actividades para exigir la presentación con vida de los normalistas.

En el mensaje de bienvenida, Hilda González Hernández y Cristina Bautista, madres de dos desaparecidos, ofrecieron disculpas por los problemas que ocasionan durante sus movilizaciones, pero también agradecieron el respaldo de la sociedad civil en la demanda de conocer el paradero de los normalistas.

En el templete, Emiliano Navarrete, padre de un desaparecido, advirtió que no cesará la lucha por encontrar a sus hijos, aunque en ello también vaya nuestra vida. Lamentó que durante todo este tiempo no haya habido una pinche dependencia que nos diga adelante, les vamos a ayudar. Por el contrario, han encontrado obstáculos y mucha resistencia para continuar las pesquisas.

Respecto del mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vidulfo Rosales dijo que tras el acuerdo alcanzado para financiar esos trabajos el comité de padres espera el comienzo de las labores de quienes integrarán ese mecanismo.

Ahorita están en la etapa documental. Una vez que terminen comunicarán su primera visita al país. Cuando arriben se reunirán con víctimas y miembros del Estado, explicó.

El abogado destacó que el reciente cambio de relator, Enrique Gil Botero sustituyó a James Cavallaro en ese mecanismo de la CIDH, no afectará sus labores, pues el nuevo funcionario es una persona comprometida y una personalidad reconocida en el sistema interamericano de derechos humanos.

Padres de la ABC rechazan nuevo peritaje de la PGR

Padres de la víctimas de la guardería ABC rompieron las cintas amarillas que resguardan las instalaciones de la estancia y entraron para exigir que se suspenda el peritaje que realizan expertos de la firma texana LWG Consulting, que por orden de la PGR efectúa la cuarta inspección para determinar las causas y el sitio donde se originó el incendio del 5 de junio de 2009, cuyo saldo fue de 49 niños muertos y casi 100 heridos. Las autoridades buscan dar carpetazo al proceso penal, denunciaron Foto Cuartoscuro

La PGR intenta dar carpetazo al proceso penal, afirman

Padres de víctimas de la guardería ABC impiden inspección pericial

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 10 de septiembre de 2016, p. 28

Hermosillo, Son.

Padres de las víctimas de la guardería ABC ingresaron ayer a las instalaciones donde estuvo la estancia infantil, la cual es ocupada por expertos de la empresa texana LWG Consulting, que por orden de la Procuraduría General de la República (PGR) efectúa el cuarto peritaje para determinar las causas y el sitio en que se originó el incendio el 5 de junio de 2009.

El lugar lo resguardan elementos del Ejército y de la Gendarmería Nacional, quienes no lograron impedir que los padres inconformes rompieran las cintas amarillas de seguridad que rodean los restos del albergue para mostrar su rechazo a la nueva inspección pericial, ante lo que, advirtieron, será para que la PGR le dé carpetazo al proceso penal.

Integrantes de los movimientos Manos Unidas y 5 de Junio, que representan los grupos de padres de los 49 niños que fallecieron en el incendio, así como de los lesionados y expuestos, exigieron mediante un manifiesto la destitución de la agente del Ministerio Público que lleva el caso, Laura Flores Cansino, a quien acusan de mantener la impunidad en el incendio.

Este viernes, el segundo día de los 10 en los cuales se hará el peritaje, los padres se reunieron en las instalaciones y decidieron en grupo romper la cinta de seguridad e ingresar. Ahí leyeron un manifiesto: Exigimos a la PGR que suspenda de inmediato los trabajos del peritaje que realiza. Ya basta de simulaciones en la procuración de justicia, queremos justicia de verdad, expresaron en su documento.

Después ocuparon las instalaciones de la guardería por varios minutos, sin importar que personal de la empresa internacional realizaba la inspección, que según un comunicado de la PGR, es en atención a dos solicitudes por escrito realizadas por los propios padres de las víctimas ante la procuraduría.

La bodega contigua a la estancia infantil estuvo resguardada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, para continuar con las diligencias que iniciaron el pasado miércoles como parte de la investigación que realiza la justicia federal.

Julio César Márquez y Estela Báez en la Guardería ABC

Algunos papás de #GuarderíaABC, incluyendo a Julio Cesar Marquez y Estela Baez Gill están en las ruinas de la guardería, desde hace dos horas aproximadamente, buscando que las personas que están haciendo un peritaje sin su aprobación, les den alguna respuesta.

Al ser ignorados, decidieron cruzar el perímetro. Entonces, las autoridades presentes han amenazado con detenerlos.

La PGR estuvo de acuerdo hace un mes en no llevarlo a cabo. Los papás se oponen a este peritaje porque no confían en la empresa que lo está realizando, ni en las condiciones en las que lo están haciendo. Es obvio que es un peritaje que se podría utilizar y manipular para darle carpetazo al caso ABC.

Hay que estar atentos.

Alistan movilizaciones para conmemorar la desaparición de los 43, hace dos años

El 26 de septiembre, magna acción en la Ciudad de México

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 4 de septiembre de 2016, p. 6

Chilpancingo, Gro.

La Asamblea Nacional Popular acordó poner en marcha un plan de acción con motivo de los dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En reunión celebrada en las instalaciones de esa escuela, unos 200 representantes de 40 organizaciones acordaron que a partir del 12 de septiembre una caravana recorrerá varias ciudades hasta llegar a la Ciudad de México.

En Chilpancingo, el 15 de septiembre se efectuará por separado la ceremonia del Grito de Independencia para recordar la desaparición de los 43 normalistas.

Del 16 al 18 de setiembre se efectuarán nuevas movilizaciones en la Ciudad de México.

Rosales Sierra señaló que a partir del 20 de septiembre se emprenderán movilizaciones en el estado de Guerrero, iniciando en Tixtla, Tlapa, Ayutla, Iguala y Chilpancingo, entre otras ciudades.

Finalmente el 26 de septiembre se realizará una magna movilización en la Ciudad de México.

Peña omite de su Informe el caso Iguala para que quede en el olvido: paterfamilias

Aguardan reporte de la CIDH sobre el mecanismo de seguimiento

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Domingo 4 de septiembre de 2016, p. 6

El vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, aseguró que la ausencia de este caso en el cuarto Informe presidencial fue con la clara intención de que quedara en el olvido.

En entrevista, indicó que siguen a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les reporte sobre la integración del mecanismo de seguimiento especial a las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Condenó que se dejara fuera del Informe presidencial éste y otros casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Ya sabíamos qué Informe iban a dar; es un informe de mentiras y que nunca iban a hablar con la verdad, afirmó.

Para nosotros queda claro que hay intención de que este caso de Ayotzinapa quede en el olvido, la verdad que no se sepa. Definitivamente querían que en ese tipo de informes y resultados (de gobierno) quedara en el pasado, pero nosotros vamos a seguir con el reclamo y la exigencia, insistió.

De la Cruz afirmó que los padres y madres de los normalistas no descansarán, en tanto que la muestra de repudio de la población es cada vez mayor. Pretendemos que el pueblo de México vea que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando tanta impunidad, subrayó.

El vocero indicó que contra el disimulo del Estado, nos queda el recurso de la justicia y la razón, y la gente está pendiente de todo esto.

Afirmó que mientras esperan que la CIDH les informe sobre el mecanismo de seguimiento especial para el caso, no hay ninguna reunión programada con el gobierno federal.

Estamos a la espera de la coadyuvancia, que nos avisen porque son ellos los enlaces, dijo.

Informe omite reporte del GIEI sobre los 43 normalistas

POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 1 SEPTIEMBRE, 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobierno marcado por el registro oficial de al menos 27 mil desaparecidos, en particular por el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa, el IV Informe de la gestión de Enrique Peña Nieto muestra los bajos resultados en materia de búsqueda y localización de personas y la ausencia del caso que puso a México en la mirada internacional.

En el apartado “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, del primer capítulo “México en paz”, destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2015, “la cual al 31 de julio de 2016, localizó a 13 personas”.

El resultado magro de la FEBPD es evidente al tener bajo investigación al menos mil averiguaciones previas.

De acuerdo con el documento presidencial, la entidad presidió 45 mesas de trabajo con familiares de desaparecidos de Coahuila, Guerrero, México, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, encuentros en los que participaron representantes de la Policía Federal Ministerial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las fiscalías y procuradurías de dichas entidades.

Durante la existencia de la FEBPD, se indica en el IV Informe, se publicaron 22 acuerdos de recompensa para obtener información de mismo número de desaparecidos, a través del Comité de Recompensas.

El documento señala que otra de las plataformas institucionales para abatir la desaparición se ejerció a través de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mueres y Trata de Personas (Fevimtra), que en el año de análisis integró 176 expedientes, de los cuales 145 correspondían a personas desaparecidas y 31 casos se refirieron a violaciones de derechos humanos.

Tras sostener que las denuncias presentadas derivaron en la implementación de mil 911 acciones de colaboración, el informe asegura que se localizaron a 36 personas, 31 de ellas con vida.

En materia de menores de edad, el informe registra la activación de 132 prealertas y alertas AMBER, además de la localización de 84 menores y adolescentes en las primeras 72 horas de presentadas las denuncias.

En cuanto a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se advierte un crecimiento de las mismas, pues mientras en 2015 se canalizaron 60, en los primeros siete meses de 2016 se habían acumulado 36, lo que representa 60% de los documentos emitidos por el ombudsman nacional.

De acuerdo con el documento, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, 33 recomendaciones de la CNDH estuvieron dirigidas a entidades de la administración pública federal.

En el apartado destinado a las Resoluciones de Organismos Internacionales, el reporte presidencial de Peña Nieto no hace referencia a la entrega de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de un acuerdo de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los informes del GIEI fueron entregados en septiembre 2015 y en mayo de este año, ambos están dentro del periodo del reporte de actividades del gobierno federal.

En la sección de las resoluciones internacionales se da cuenta de cuatro soluciones amistosas de casos contenciosos ante la CIDH, un acuerdo para la atención a un informe de fondo, dos reconocimientos públicos de responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos y la instalación de un Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, en cumplimiento con la recomendación de la CIDH.

Respecto al tema de la tortura, el Cuarto Informe de gobierno refiere que desde la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura –en octubre de 2015–, al 31 de julio de 2016 existen 4 mil 715 expedientes de averiguaciones abiertas en las 32 delegaciones de la PGR.

Agrega que para la investigación del delito de tortura se integraron 783 actas circunstanciadas que se elevaron a averiguación previa y se libraron 19 órdenes de aprehensión. “De éstas se cumplimentaron cinco contra elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal a los cuales se les ejerció acción penal y auto de formal prisión”.

En tanto que, ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, esa unidad realizó entre enero y julio del año en curso, 131 atenciones y abrió 36 carpetas de investigación por tortura.

Lamentable, no hablar de violaciones a derechos: ONG

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Sábado 3 de septiembre de 2016, p. 5

Organizaciones de derechos humanos lamentaron que en el cuarto Informe de gobierno estuvo ausente el tema de las violaciones graves a las garantías fundamentales. En redes sociales, se preguntaron dónde quedó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los casos de Apatzingán, de Tanhuato, de Tlatlaya y otras tantas violaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mencionó que no se habla de los más de 28 mil desaparecidos en el país, de las más de 150 mil personas asesinadas en menos de 10 años.

El Centro Pro cuestionó que no hay una propuesta de reforma a las instituciones civiles de seguridad y el retiro de las fuerzas armadas de éstas.

Resaltó que no se cuenta que 98 por ciento de los crímenes siguen impunes y no se precisan cifras sobre la tortura.

Amnistía Internacional México, en un video, indicó que el cuarto Informe debió tomar en cuenta que muchas personas han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad, que la tortura es una violación persistente y que 46 por ciento de los habitantes del país temen ser torturados.

Recordó que en México son asesinadas aproximadamente siete mujeres al día, y los migrantes que atraviesan el territorio nacional rumbo a Estados Unidos siguen siendo víctimas de extorsión, secuestro y desaparición.

Agregó que tan sólo en 2016 han asesinado a siete periodistas, mientras Artículo 19 afirmó que este año las agresiones a la prensa crecieron 115 por ciento. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, 24 periodistas han sido asesinados. Los casos permanecen impunes, subrayó.

Denuncian al Estado mexicano por violaciones a los derechos de los pueblos

Pronunciamiento de la Sexta Asamblea General en Defensa de la Madre Tierra y Territorio. Temacapulín, Jalisco.

MARIO MARLO

Guadalajara, 1 de septiembre 2016.-   Las 94 luchas de todo el país que integran la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio se reunieron en su sexta Asamblea General en la comunidad de Temacapulin, Jalisco los días 27 y 28 de agosto donde solicitaron la cancelación definitiva de todos y cada uno de los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos. Desde el pasado 10 de abril que dio inicio la campaña, pueblos, organizaciones, músicos, artistas, académicos y activistas han realizado diversas actividades en las 10 regiones que la conforman  como una respuesta a los proyectos de contaminación, explotación y destrucción de los bienes naturales.

En su sexta asamblea, la campaña se pronunció por la cancelación total y definitiva de todos los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos, el cese de violencia, la represión y la criminalización de las y los defensores del territorio e hicieron hincapié en los casos de la mina a cielo abierto de Peña Colorada, la represa Las Cruces en el Río San Pedro-Mezquital, la concesión para explotar una mina en Zacualpan, Colima, y el caso del pueblo Wixárica que exige  la cancelación definitiva  de todas las concesiones mineras existentes dentro del Área Natural Protegida del territorio sagrado Wirikuta.

Resaltaron la anulación de las órdenes de aprehensión en contra de los defensores del territorio, la liberación de los presos políticos y de conciencia y que se esclarezcan los crímenes perpetrados por el Estado contra defensores y activistas, incluyendo agresiones, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas.

Denunciaron al Estado mexicano por no garantizar los derechos de los pueblos y, por el contrario, esforzarse por propiciar el despojo por parte de grandes capitales, atropellando la vida y derecho de los habitantes del país.  Recordaron casos como el de Xochicuautla, donde el pasado 11 de marzo de este año 800 policías del Estado de México y maquinaria del Grupo Higa destruyeron  el campamento en defensa del bosque  y derrumbaron la casa del Doctor Salazar, delegado de la comunidad.

Recordaron que México ha ratificado instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, el Estado no los ha respetado y los ha violado sistemáticamente por lo que resaltaron que el Estado mexicano está incumpliendo y violando constantemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Solicitaron que en el marco de la visita oficial del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Campaña exigió  que el Estado mexicano reconozca y visibilice la violación de derechos humanos  que las empresas nacionales e internacionales cometen contra los pueblos.

La campaña clausuró su encuentro con la realización de un mega-tapete tradicional de Temacapulin que se instaló en la plaza de la Liberación en la ciudad de Guadalajara donde voceros de los pueblos leyeron el pronunciamiento que resultó de este encuentro.