Padres de los 43 y gobierno, sin acuerdo previo a la reunión a realizarse en EU

• En unos días se presentará en Washington el mecanismo de seguimiento al caso
• Tras tres juntas, los familiares de los normalistas reportan avances en elementos mínimos

Fabiola Martínez y José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 21 de julio de 2016, p. 10

A unos días de que se presente en Washington el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa, se prepara la herramienta que servirá para atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, la representación del gobierno federal y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos podrían llegar sin acuerdo previo a su reunión, en Washington, el próximo día 27.

Aunque se han logrado algunos avances, en medio de una fuerte resistencia gubernamental, todavía persisten discrepancias esenciales sobre el número de visitas que puedan realizar al país los dos integrantes de dicha comisión, así como en la estancia o no en territorio nacional del equipo técnico (de al menos otras dos personas) que los auxiliará.

Hasta el momento han sido tres las reuniones de funcionarios gubernamentales con los padres de los 43 y sus abogados y representantes, donde han avanzado sólo parcialmente en los elementos mínimos establecidos por la CIDH para este mecanismo especial de seguimiento.

El organismo regional dictó desde 2014 medidas cautelares en cuanto a atención a normalistas heridos, atención integral a víctimas, acciones de búsqueda e investigación para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos en septiembre de aquel año. Estas recomendaciones están vigentes. L Secretaría de Gobernación es la encargada de coordinador la planeación de este mecanismo de seguimiento, en ciernes.

Funcionarios de la dependencia confiaron en tenerlo en tiempo y forma especialmente la integración y alcances del equipo técnico que hará el seguimiento, con el parámetro de los informes del comité expertos independientes de la CIDH, que realizaron una larga investigación en México.

Hace casi un mes, en un oficio dirigido a ambas partes, la CIDH detalló los requisitos indispensables. El primero de ellos fue que debía tener como objetivo dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la CIDH y todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes.

Suscrito por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, el oficio también indica, en su segundo punto, que para poder hacer este seguimiento se necesita contar con un equipo especial de la CIDH en México (como mínimo dos personas), debido a la amplitud del expediente y nivel de información, la necesidad de evaluar las acciones realizadas en la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos, así como la atención a víctimas.

Dadas las características del asunto, será necesario que el equipo pueda reunirse con las autoridades estatales que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del mecanismo, dice.

CNDH: en caso Iguala, muchos pendientes de la PGR

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Miércoles 20 de julio de 2016, p. 8

A casi un año de la emisión de las 26 observaciones y propuestas planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso Iguala, todavía hay una larga lista de pendientes de la Procuraduría General de la República (PGR), muchos de ellos que resultan claves para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

De las tareas por realizar destaca la elaboración de los peritajes para comparar si la tierra contenida en la bolsa recuperada del río San Juan –donde presumiblemente fueron hallados los restos de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos– corresponde a la del basurero de Cocula, y si otros objetos encontrados contienen elementos propios de los combustibles que, según la parte oficial, fueron usados para incinerar los cuerpos de estudiantes.

Otro punto es que la PGR todavía no atrae el caso de Julio César Mondragón Fontes, torturado y muerto el día de los hechos a causa de una salvaje golpiza, cuyo cuerpo mostró 64 fracturas.

Es una omisión que resulta inexplicable, pues se tienen todos los elementos legales para hacer dicha atracción. Además, este homicidio no puede observarse de manera aislada, sino como parte del cúmulo de hechos que ocurrieron en Iguala.

Acciones claves

Para José Larrieta Carrasco, director de la Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH, el cumplimiento de estas 26 observaciones y propuestas planteadas a la PGR desde el 23 de abril de 2015 son acciones claves para avanzar en el caso.

Es fundamental que estas observaciones sean atendidas, porque desde nuestro punto de vista son esenciales para el caso, para la investigación; sin esas, no creo que se pueda llegar a la verdad, advirtió.

Sin dar detalles, adelantó que la PGR entregó hace casi un mes a la CNDH un informe sobre la actuación de Tomás Zerón de Lucio (director de la Agencia de Investigación Criminal, de la procuraduría) en el caso, mismo que fue analizado.

No obstante, declaró que ya se tenía detectada la presencia de Zerón de Lucio con uno de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, en una diligencia sobre el río San Juan que no está contenida en las investigaciones.

Precisó que la actuación del funcionario estaba vinculada con las terribles deficiencias y omisiones que se cometieron con la cadena de custodia de la bolsa que supuestamente fue hallada en el río.

Empantanada, negociación con SG del seguimiento al caso Ayotzinapa

El gobierno aún no acepta algunos requisitos de la CIDH

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de GobernaciónFoto Cuartoscuro

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Martes 19 de julio de 2016, p. 11

Las negociaciones para acordar el mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala entre el gobierno federal y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se empantanaron este lunes.

El gobierno federal todavía se opone a aceptar algunos requisitos mínimos señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), principalmente los relativos al número de visitas y estancias necesarias, tanto de los dos comisionados que integrarán dicho mecanismo como del equipo operativo técnico que los auxiliará en las investigaciones.

Para los padres de familia estos puntos son centralesdel esquema que debe continuar las medidas cautelares emitidas por la CIDH y las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar las investigaciones.

Tras una reunión de más de hora y media y a nueve días de su cita con la CIDH, el 27 de julio en Washington, los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa, y de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, así como el subprocurador Eber Betanzos, por un lado, y los padres de los 43 normalistas y representantes del Centro Pro de Derechos Humanos y de Fundar, por el otro, no conciliaron varios de los requisitos mínimos planteados por la comisión.

Tras el encuentro en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, señaló que el Estado mexicano pretende limitar las visitas del equipo técnico operativo y de los comisionados de la CIDH, lo cual resulta inaceptable.

Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigaciones, señaló que la CIDH fijó sus propios mínimos y que los padres de los 43 tienen total disposición de abrirse al diálogo, pero no han visto esa misma actitud en el gobierno federal.

Por la noche, en un comunicado, la SG informó que durante el encuentro pudieron observar y analizaron la conformación del esquema del mecanismo de seguimiento en las investigaciones. Agregó que en la reunión se reiteró a los familiares de los normalistas que el único interés de la administración federal es construir y contar, junto con ellos, con un mecanismo de seguimiento eficaz.

Artistas alzan la voz para defender la tierra de megaproyectos devastadores

Únanse a esta lucha por la humanidad: Rubén Albarrán

Rubén Albarrán e integrantes de La Maldita Vecindad durante su participación en la Caravana por la Defensa de la Madre TierraFoto Cuartoscuro

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Lunes 18 de julio de 2016, p. 3

La Caravana por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio comenzó ayer en la Ciudad de México y se desarrollará hasta septiembre en estados donde megaproyectos, sobre todo mineros, hidroeléctricos o turísticos han causado un impacto impacto negativo a los recursos naturales y a las poblaciones.

Artistas apoyan el movimiento, como Rubén Albarrán, de Café Tacuba, Lengualerta e integrantes de La Maldita Vecindad, entre otros, quienes participarán en festivales y foros de análisis en Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Colima, estado de México y Michoacán.

En nombre de algunos de los afectados, se hizo un llamado a la participación en este movimiento, con el fin de sensibilizar a la gente acerca del impacto negativo que existe en los recursos naturales y los pueblos.

La lucha va tanto por los yaquis en Sonora como por los opositores a la presa La Parota en Guerrero o la construcción de la autopista en Xochicuautla, estado de México, que afectará zonas de bosques y viviendas, explicó Gerardo Meza, de la Organización Popular Francisco Villa Independiente.

En conferencia de prensa, Rubén Albarrán dijo que estamos enamorados de nuestro entorno, de la madre tierra, por eso queremos protegerla, igual que los pueblos. Por eso nos unimos y alzamos esta voz y de la misma forma invitamos a todos para que se unan. Lo que queremos es que podamos desarrollarnos de forma alegre y gozosa no en un entorno afectado por todos los proyectos. Es una lucha por la humanidad.

Roco, de La Maldita Vecindad, expuso que “más de 180 organizaciones nos llamaron. Todos juntos podemos hacer frente a esta avalancha devastadora. Pueblos completos son amenazados por proyectos que benefician a las oligarquías, no a las poblaciones. Cuando éstos exigen respeto a su territorio, la respuesta es la represión. Es el momento de que todos juntos luchemos.

El sistema neoliberal es la cultura de la muerte y es la que hace ver al territorio como una mercancía más. Nosotros construimos la cultura de la paz. Quienes llevan más de 500 años defendiendo el territorio son las comunidades indígenas, agregó.

Lanzamiento de la Caravana por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

Primer Mitote Por La Madre Tierra

Evento en Facebook

Dentro de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio los músicos solidarios, integrantes del COMITÉ POR LA MADRE TIERRA, preparan un primer evento para generar una caravana cultural a las diferentes comunidades que integran la campaña.

Domingo 17 de julio

16:00 hrs

Donativo: $100

Participan:

• Ruben Albarran (Cafe Tacvba)
• Roco Pachukote, Aldo, Pato (Maldita Vecindad)
• Moyenei
• Ruben Pastor (Rastrillos)
• Lengualerta
• Mexican Sound System

Nuevo Foro Hilvana

Puente de Alvarado No. 17 – Metro Hidalgo – Col. Buenavista

TODOS LOS RECURSOS GENERADOS SERAN DESTINADOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA MADRE Y EL TERRITORIO.

PREVENTA DE BOLETOS

https://primer-mitote-por-la-madre-tierra.boletia.com/

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/1811234299104982/

CONFERENCIA DE PRENSA: 17 de julio, 14 hrs.

CONFERENCIA DE PRENSA que se realizará este domingo 17 de julio a las 14:00 hrs. en el “Nuevo Foro Hilvana”, anunciarán la realización de la CARAVANA CULTURAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA en varias partes del país.

Exige viuda de normalista desollado que autoridades federales retomen el caso y sancionen a los responsables

(17 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo público un informe respecto al asesinato de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la familia del joven exigió que el caso sea retomado por las autoridades federales y que se sancione a los responsables, informó la abogada de la familia, Sayuri Herrera.

En el documento, la dependencia a cargo de Luis Raúl González Pérez sostiene que el que el cuerpo del joven apareciera sin piel en el rostro no fue producto de desollamiento intencional, sino que se atribuye a la “fauna nociva” de la zona; es decir, perros y roedores, señalamiento que causó polémica entre funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), los peritos argentinos y la viuda del normalista.

La divulgación del informe también generó controversia respecto al origen de la imagen del rostro de Mondragón que fue difundida a través de redes sociales la mañana del 27 de septiembre de 2014, a escasas horas de los hechos registrados en Iguala, Guerrero, en los que perdió la vida él y cinco personas más, que dejó varias decenas de heridos y la desaparición de 43 de sus compañeros.

Cabe recordar que el pasado lunes 11, José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, presentó los resultados de la investigación sobre el asesinato de Mondragón, que incluía un análisis fotográfico, bibliografía especializada y entrevistas con estudiantes sobrevivientes.

En noviembre pasado, el cuerpo de Julio César fue exhumado y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General realizaron una segunda necropsia. En el texto presentado por Larrieta, la CNDH resalta su participación como observadora del procedimiento.

El informe también incluye dictámenes realizados por solicitud del Poder Judicial de Guerrero, entidad donde se desarrolla el proceso penal por la muerte de Julio César Mondragón y cinco personas más acaecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Aunque la CNDH concuerda con los dictámenes del EAAF y la PGR al señalar que un traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones en tórax fueron la causa de muerte del estudiante, discrepa de los peritos independientes y de la dependencia a cargo de la senadora con licencia, Arely Gómez, en el punto que causó indignación mundial: la ausencia del rostro del estudiante normalista, por lo que su familia exige que el caso sea atraído por dependencias federales.

Padres de los 43 deciden convocar a una marcha para el 26 de julio

Dar seguimiento a recomendaciones del GIEI, uno de los motivos

Laura Poy Solano

 

Periódico La Jornada
Domingo 17 de julio de 2016, p. 14

Padres y demás familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas y organizaciones sociales acordaron convocar a una marcha para el 26 de julio, que saldrá de la Procuraduría General de la República (PGR) hacia el antimonumento por los 43, para exigir al gobierno “justicia y verdad, así como para que responda a la demanda de instalar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala.

A casi dos años de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron seis normalistas asesinados y 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, afirmó que ayer se reunió la Comisión Nacional Provisional de la Asamblea Nacional Popular con el propósito de organizar la próxima 22 Acción Global por Ayotzinapa y por México.

En el encuentro, al que asistieron representantes de organizaciones sociales y populares, se informó de cómo va el proceso de definición del mecanismo especial de seguimiento, del resultado de los encuentros que hemos tenido con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y para definir las actividades de este 26 de julio.

Destacó que el viernes anterior, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, nos mandó una propuesta más acabada, pero en cuanto a los temas medulares de la presencia en terreno por tiempo ilimitado del mecanismo, y de lo que puedan abordar los comisionados internacionales, eso nos sigue complicando, así como el tiempo que puedan estar, junto con el equipo operativo técnico. A esto se suma la demanda de acceso a todas las fuentes de información, ejes en los que, dijo, no hay avances sustantivos.

Piden a EPN instalar ya mecanismo de seguimiento sobre el caso Iguala

Se demostraría que hay compromiso: AI, Wola y otros

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2016, p. 15

Una docena de organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el retraso en el establecimiento del mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala, a más de dos meses del final del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto exhortaron al gobierno mexicano no sólo a instalar este mecanismo a la brevedad, sino también a que cuente con los elementos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Encabezadas por Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Open Society Justice Initiative, el grupo de organizaciones destacaron que este mecanismo representa una nueva oportunidad del gobierno mexicano para demostrar a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, advirtieron que para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero, como es la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, este mecanismo debe incluir al menos cinco puntos planteados por el organismo regional.

Estos puntos son: el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del grupo de expertos en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; visitas periódicas por parte de la CIDH; la difusión de información del estado de cumplimiento, y acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.

Hasta el momento, los padres de 43 y sus representes legales negocian con el gobierno federal las características de dicho esquema, a fin de llegar a un acuerdo para finales de mes, cuando se prevé se reúnan con la CIDH en Washington. Este viernes, los familiares y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostendrán una nueva reunión.

En la carta pública, las organizaciones que la suscriben solicitan que el mecanismo cuente con la plena cooperación y coordinación del Estado mexicano de manera que no se presenten nuevamente los obstáculos que enfrentó el GIEI durante su mandato.

De manera particular, Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México en Wola, advirtió que de no garantizar las condiciones mínimas para poder operar, el gobierno mexicano estará impidiendo nuevamente el trabajo de la CIDH alrededor del caso y mostraría su falta de voluntad para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas.

Otras organizaciones firmantes son Robert F. Kennedy Human Rights, Brigadas Internacionales de Paz, Conectas Direitos Humanos, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (Lawgef), JASS (Asociadas por lo Justo), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otros.

Refutan peritos argentinos conclusiones de CNDH sobre Julio César Mondragón

Si bien hay pruebas de que el cuerpo del estudiante normalista fue atacado por fauna nociva y carroñera, no existen condiciones técnicas para poder concluir de forma definitiva si fue desollado o no, señalan.

(Foto: Cuartoscuro

Juan Omar Fierro

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) refutó las conclusiones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que el joven Julio César Mondragón Fontes no fue desollado por sus agresores y de que las heridas presentadas en su rostro son consecuencia únicamente de mordidas realizadas por animales carroñeros como ratas y perros.

En un comunicado, los peritos argentinos explicaron que ellos entregaron su dictamen pericial a la familia de Mondragón Fontes el pasado 30 de junio, puesto que son coadyuvantes de las víctimas tanto en este caso como en el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en los eventos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

En sus conclusiones, los integrantes del EAAF reconocen que, si bien existen pruebas de que el cuerpo del estudiante normalista fue atacado por fauna nociva y carroñera, también existen indicios de que en la zona del cuello se utilizó un arma cortante para provocarle una herida, sin que existan condiciones técnicas para poder concluir de forma definitiva si fue desollado o no como apuntaban las primeras versiones sobre su muerte.

“Lamentablemente, a más de un año después de su fallecimiento y enterramiento, y luego de diferentes intervenciones médico forenses realizadas después de su fallecimiento, los restos ya no se encuentran en las mismas condiciones para su examen que en septiembre del 2014 cuando sucedió el homicidio y no nos permite ahondar en mayor detalle en este aspecto”, concluyó el peritaje de los forenses argentinos.

El peritaje del EAAF sí reconoce que no existe ningún indicio de que se haya accionado un arma de fuego en contra de Mondragón Fontes y que la causa de su muerte fue un fuerte golpe en la cabeza que le fue propinado con un objeto contundente, conclusión en la que coincide con la CNDH y con la primera autopsia que se le practicó al cuerpo del joven normalista por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Además, los peritos argentinos corroboran que Julio César Mondragón fue víctima de tortura y de una brutal golpiza en todo el cuerpo, por lo que presentaba lesiones múltiples y profundas en cara, cráneo, cuello y tórax, incluyendo un total de 12 costillas fracturadas.

Por lo anterior, los forenses argentinos coinciden con la CNDH en la exigencia de que laProcuraduría General de la República se haga cargo de las investigaciones con el fin de evitar una mayor fragmentación de la indagatoria.

“Para la coadyuvancia y la familia es evidente la insuficiencia de la investigación que condujo la Procuraduría de Guerrero; por ello, resulta fundamental que la PGR se avoque a la investigación de los delitos cometidos contra Julio César desde una perspectiva integral que evite la mayor fragmentación de la indagatoria, lo que conllevaría a analizar el futuro y la solidez de la acusación que se sostiene en el proceso penal que se sigue ante un juzgado local en Iguala por estos hechos”, concluye el comunicado de los peritos argentinos.

Fuertes resistencias del gobierno para crear plan de seguimiento al caso Iguala

• Padres de los 43 normalistas informan sobre avances mínimos en las pláticas
• La normatividad no permite remover a Tomás Zerón, les asegura Arely Gómez 

Luego de reunirse con la procuradora Arely Gómez y con el subsecretario Roberto Campa, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos levantaron el campamento que mantenían frente a las sede de la Secretaría de Relaciones ExterioresFoto Cristina Rodríguez

Gustavo Castillo y José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2016, p. 12

En el diálogo con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno federal todavía presenta fuertes resistencias para avanzar en la definición del mecanismo especial de seguimiento del caso Iguala, y en la separación de Tomás Zerón de su cargo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En sendas reuniones de los padres de familia, primero con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, y posteriormente con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, apenas lograron avances mínimos, por lo que el diálogo continuará en los próximos días, con el intercambio de propuestas y documentos.

Los familiares decidieron levantar ayer por la tarde el campamento que desde la semana pasada habían instalado en las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y anunciaron diversas movilizaciones en Guerrero para los próximos días, las cuales continuarán en la Ciudad de México el 26 de julio, cuando se cumpla el vigésimo segundo mes de la desaparición de los jóvenes normalistas.

Tras la reunión en la PGR, la cual duró más de dos horas, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, advirtió que, luego del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre que el normalista Julio César Mondragón Fontes fue muerto a golpes y su rostro desollado por fauna del lugar, hay temor de que los 22 policías municipales de Iguala detenidos por este homicidio queden en libertad, y la impunidad prevalezca. Los elementos policiacos están detenidos por haber disparado.

En conferencia, el litigante señaló que los avances de las investigaciones del caso Iguala son muy mínimos, relacionados sobre todo con el tema de la telefonía celular de los implicados en los hechos.

Sobre el cese de Tomás Zerón, indicó que el tema está empantanado, y que la procuradora Gómez argumentó que la normatividad no permite que sea separado del cargo, por lo que tendrían que esperar a finales de mes, fecha en que se estima que concluya la investigación que se realiza en su contra.

Añadió que en los próximos días la PGR dará a conocer los avances que se tienen de las indagatorias, en el caso particular en el tema de telefonía, es decir, los resultados que se han obtenido en cuanto a los cruces de información, llamadas y mensajes que se generaron entre policías, autoridades municipales y miembros de Guerreros unidosdurante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como del rastreo de llamadas y mensajes que se generaron de los teléfonos celulares de los estudiantes en esas fechas.

De igual forma, aseguró que para la búsqueda de los normalistas la PGR ha adquirido tecnología muy importante que permite hacer revisión del subsuelo en zonas donde la tierra no ha sido removida a fin de tratar de localizar restos que pudieran haber sido sepultados de manera clandestina y que se relacionen con este caso.

Al concluir esta reunión, los padres de los 43 se trasladaron de inmediato al Centro Pro de Derechos Humanos, donde se realizó el encuentro con el subsecretario Roberto Campa, que duró una hora, a fin de avanzar en la definición de este esquema que deberá ser presentado a fin de mes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al término, los familiares declararon el gobierno federal todavía presenta fuertes resistencia en cinco de los ocho puntos planteados en este esquema. Algunas de estas discrepancias son sobre la estancia del mecanismo en nuestro país, y la información que puedan solicitar a las autoridades, además de las visitas e indagatorias que puedan realizar en terreno dichos comisionados y su equipo técnico.

Estamos atorados en la visita del equipo técnico operativo, ya aceptaron que sean dos (integrantes), que permanezcan el tiempo que sea necesario, pero están poniendo una traba: ellos quieren que la visita sea en coordinación con el Estado, lo cual limita mucho el trabajo operativo, señaló.

Otro punto divergente es que los integrantes de este mecanismo, encabezado por el mismo presidente de la CIDH y relator país para México, James Cavallaro, sólo podrían visitar México de manera reducida, mientras que los padres proponen que se realicen cuando menos cuatro visitas entre agosto de este año y marzo del próximo.

A su salida del encuentro, realizado en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, el subsecretario Campa se mostró confiado en que dicho mecanismo estará listo para finales de este mes, cuando ambas partes se reúnan en el contexto de la asamblea general de la CIDH, en Washington. No tengan duda, habrá mecanismo de seguimiento, declaró al término de la reunión.

El subsecretario Campa, los padres de familia de los 43 y sus representantes acordaron reunirse nuevamente el próximo viernes, luego de que este miércoles intercambien documentos.

De Ayotzinapa a Nochixtlán

Magdalena Gómez

A

casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, nos encontramos el escenario de la justicia aplazada. Mucho dolor de por medio para las madres y los padres de esos jóvenes, que mientras no conozcan el paradero de sus hijos viven el infierno de la incertidumbre. Han encontrado un eficaz apoyo en sus abogados del Centro Tlachinollan y del Centro Pro de Derechos Humanos, así como en la movilización de amplios sectores de movimientos sociales dentro y fuera del país. Han superado el desafío que implicó la llamada verdad histórica del ex procurador Murillo; a ello contribuyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, de manera tal que el Estado mexicano se negó a renovar la asistencia técnica de dicho grupo. Como justificación insostenible en círculos oficiales se sigue señalando que el GIEI no aportó algo distinto a lo que ya su investigación –¡la de la verdad histórica!– había encontrado. Corolario de la decisión de prescindir del GIEI es la obstrucción y aplazamiento en la definición y el diseño del mecanismo de seguimiento a la investigación del caso Iguala. Han transcurrido 10 semanas desde que el GIEI-CIDH salió del país. Los familiares y sus abogados proponen que el mecanismo esté a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para vigilar el avance de las medidas cautelares emitidas en 2014, las cuales exigen que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos, es decir, el ámbito de la búsqueda, pero se refieren también a la investigación y la atención de las víctimas. Las madres y los padres solicitan que el mecanismo esté integrado por dos comisionados, entre ellos el relator James Cavallaro, y por un equipo operativo que deberá tener facilidades para estar de manera permanente en México. Además, piden para los comisionados acceso pleno a la información y que puedan visitar el país cada dos meses. En tanto, el gobierno federal ha insistido en que el mecanismo sólo debe dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la CIDH. Los familiares se han desgastado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para derivar hace unos días en la Secretaría de Gobernación, donde desde la Subsecretaría de Derechos Humanos les ofrecieron apoyo en la gestión del mecanismo aludido por lo que esperan la decisión oficial de acudir ante la CIDH y formalizarlo.

Por otra parte, en virtud de que en el expediente de la PGR se registra que los estudiantes se dividieron en dos grupos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los familiares han decidido organizar brigadas ciudadanas de búsqueda que encabezarán los padres en los primeros días de agosto en Coalla, Huitzuco y municipios aledaños, en un radio amplio que involucra ranchos y cuevas. Para ello solicitaron en Gobernación el apoyo perimetral de la Policía Federal, por tratarse de una zona de riesgo. En suma, por lo pronto han reactivado contacto en Bucareli y acordado mecanismos de seguimiento y relación periódica. El problema de fondo, hemos insistido, está en las deficiencias estructurales que se han mostrado durante la búsqueda e investigación. La PGR habrá de responder hoy a los familiares, si ya concluyó su investigación sobre las evidencias que mostró el GIEI en su segundo y último informe sobre una probable siembra de pruebas por parte del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Como vemos, hay muchos cabos sueltos.

Sin justicia en Ayotzinapa, llegó Nochixtlán, en Oaxaca, el pasado 19 de junio, con la intervención de la Policía Federal para romper un bloqueo carretero del magisterio y los padres y pobladores que les apoyan. El saldo: nueve muertos y 108 heridos, cifras imprecisas, pues la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que hay dos desaparecidos.

El titular de la Policía Federal afirmó que no usaron armas y las evidencias han sepultado su dicho. El gobernador Cué declaró que sólo uno de los fallecidos era maestro. ¿Y? Esta vez no se intentó, como en Iguala, señalar que es un asunto local, pero de nueva cuenta se interviene tardíamente, y en buena parte por la auténtica rebelión de las autoridades municipales e indígenas de la región que se trasladaron a la Ciudad de México para exigir justicia integral. Diecisiete días después la PGR atrajo la investigación de los delitos cometidos durante la intervención de la Policía Federal. Al día siguiente acudió el subsecretario de Derechos Humanos a Nochixtlán. En encuentro complejo, ofreció dos mesas, una de investigación y la otra sobre reparación integral. Por cierto, habrá que valorar el informe de la CNDH, pues ella sí ha estado en la zona desde el primer momento. Estamos ante otro caso de disputa por la investigación: ¿masacre o enfrentamiento?, ¿autores intelectuales o sólo materiales? Nochixtlán ha quedado en la ruta de los pueblos mixtecos, la CNTE y los ojos del mundo. Otra piedra en el zapato para el régimen priísta.

Se utilizó un instrumento cortante en el ataque al normalista: EAAF

Fue atroz la golpiza; le destruyeron tórax y cráneo, afirma

José Antonio Román y Laura Poy Solano

 

Periódico La Jornada
Martes 12 de julio de 2016, p. 11

Aunque la herida en el cuello de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa torturado y asesinado en los hechos de Iguala, en septiembre de 2014, tiene huellas de actividad de fauna, también presenta áreas de sospecha de intervención de instrumento cortante, advirtió el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Tras conocerse la afirmación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de que el desprendimiento de la piel de cráneo y cara del joven normalista fue producto sólo de la acción de animales en el sitio donde quedó el cuerpo sin vida, el EAAF destacó que el tiempo y las diferentes intervenciones médico forenses realizadas después del fallecimiento, impiden ahondar en mayor detalles sobre si el joven normalista fue desollado por sus victimarios.

En un comunicado conjunto con los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de La Montaña Tlachinollan, el equipo de peritos argentinos reconoció que no existe ningún indicio de que se haya accionado un arma de fuego en contra de Mondragón Fontes, y que la causa de su muerte fue a consecuencia de traumatismo craneoencefálico por instrumento contundente, conclusión que, en este caso, sí es coincidente con la presentada por la CNDH y la de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en la primera de las autopsias.

Así, al hacer públicas sus principales conclusiones sobre el dictamen de exhumación, identificación, causa y circunstancias de la muerte del normalista, el equipo argentino destacó que el alto número de lesiones, su severidad y su ubicación en el cuerpo escenifican una golpiza severa con múltiples impactos en zonas de vital importancia, como son el tórax y el cráneo.

De igual forma, expresó que para la coadyuvancia y la familia es evidente la insuficiencia de la investigación que condujo la procuraduría de Guerrero, por lo cual resulta fundamental que la Procuraduría General de la República se dedique a la investigación de los delitos cometidos contra Julio César, desde una perspectiva integral que evite la mayor fragmentación de la indagatoria, lo que conllevaría a analizar el futuro y la solidez de la acusación que se sostiene en el proceso penal que se sigue ante un juzgado local en Iguala por estos hechos.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que el informe presentado por la CNDH sobre el homicidio del estudiante revela que hay un grave caso de tortura que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias.

En entrevista, aseguró que si bien la opinión técnica la tiene el EAAF, creemos que uno de los ejes centrales es la forma en que se relata la tortura tan atroz que sufrió Julio César. En el informe de la CNDH se especifica que sufrió múltiples fracturas en su cuerpo, más de 60, es decir, se trató de una muerte terrible.

Nos parece, indicó, que el tema prioritario no es el desollamiento ni el tema de la fauna, sino el que existen elementos que identifican la tortura que sufrió, y que es evidente que sabía que iba a ser asesinado. Nos revela que vivió momentos de terror.

Por ello, insistió en que es necesario abundar en la investigación y sancionar a los responsables. Se trata de un hecho gravísimo que debe ser investigado

Padres de los 43 normalistas posponen reunión

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 11 de julio de 2016, p. 10

Chilpancingo, Gro.

La reunión de padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala, que se efectuaría este domingo en instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, se pospuso para el próximo 13 de julio, informaron integrantes de la Asamblea Nacional Popular, como parte de los convocantes.

Se detalló que la reunión fue suspendida porque los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 se encuentran en la Ciudad de México, y otras entidades del país, realizando diversas actividades.

Este lunes habrá una movilización a las 13 horas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, para demandar “la separación inmediata de Tomás Zerón de Lucio, de su cargo. Así como el cumplimiento inmediato de las nuevas líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales y la presentación con vida de los 43 estudiantes.

Lxs Jóvenes También Defendemos la Madre Tierra

Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

http://defensamadretierra.mx/

Padres de los 43 endurecen protestas para que se instale mecanismo propuesto por la CIDH

El gobierno no quiere porque descubriría a involucrados en desaparición de estudiantes

Padres de los normalistas de Ayotzinapa protestaron en la caseta de la autopista México-CuernavacaFoto Francisco Olvera

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Domingo 10 de julio de 2016, p. 6

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizaron ayer un mitin en la caseta Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, para exigir que el gobierno federal instale el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Indendientes (GIEI) al caso Iguala.

Además, insisten en su demanda de que sea destituido Tomás Zerón de Lucio como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de la República.

De manera sorpresiva, los familiares de los normalistas se apostaron desde la 9 de la mañana en la caseta y durante dos horas permitieron que los vehículos pasaran sin pagar cuota.

Colocaron una gran manta con las fotografías de los estudiantes desaparecidos y la leyenda Ayotzinapa, ni perdón ni olvido. Además, realizaron pintas en las divisiones de los carriles, en las que se podía leer: Nos faltan 43, Solución, ya e Investigación sin restricciones.

Durante el tiempo que duró la protesta, los padres hicieron saber a los automovilistas de su dolor y desesperación por no saber dónde están sus hijos.

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los desaparecidos, señaló que el objetivo fue informar a la sociedad que el gobierno no tiene la sensibilidad para resolver el caso, y no podemos permitir que quede impune.

Afirmó que en las reuniones con los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores “hemos visto una actitud negativa hacia el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, porque sólo nos dicen: ‘Espérense’… Nosotros no confiamos en la palabra de los políticos y queremos una respuesta inmediata para que se integre y empiece a funcionar”.

Insistió en que su demanda es que los comisionados que lo conformen tengan facultades plenas y total acceso al expediente, así como la posibilidad de entrevistar a todos los detenidos por el caso, que puedan participar en la búsqueda de los estudiantes y en las reuniones de funcionarios de alto nivel.

“El gobierno no quiere definir el mecanismo –propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– porque sabe que vamos a descubrir quiénes son los políticos que están involucrados en la desaparición de los estudiantes.

“Hoy sabemos que el gobierno hizo su propia investigación de manera unilateral y como resultado salió la llamada verdad histórica, que fue hecha a través de la tortura de muchos detenidos, de sembrar evidencias, de manipular el escenario del crimen, bajo los intereses del Estado.”

Este movimiento, recalcó, va a seguir hasta que el mecanismo se defina y que sea destituido Zerón de Lucio, porque “inventó y contribuyó a crear esa verdad histórica que hoy ya no existe. No podemos permitir que un mentiroso como él siga a cargo de una investigación tan seria, por eso hemos emplazado a (Miguel Ángel) Osorio Chong (secretario de Gobernación) a que lo separe de manera inmediata del cargo”.

Felipe de la Cruz, vocero del movimiento de los padres, resaltó por su parte que la protesta de ayer formó parte del endurecimiento de las acciones que seguirán realizando hasta que el gobierno cumpla su palabra.

“No podemos adelantar lo que vamos a hacer (en los próximos días), pero tampoco vamos a seguir esperando como antes a que nos acepten una reunión, porque no avanzamos… Posiblemente para los gobernantes sea un día más, pero para nosotros un día es un infierno. Por eso la necesidad de movilizarnos hasta que veamos los resultados.”

La SG, interlocutora entre la CIDH y padres de normalistas

• Alista un borrador que integre las peticiones de los familiares
• Endurecerán sus acciones para encontrar a los estudiantes

Alrededor de una hora duró la reunión del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, con familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014Foto Cuartoscuro

Se prevé que en agosto realicen una búsqueda en la zona norte de Guerrero, para lo cual pidieron vigilancia perimetralFoto Guillermo Sologuren

Alma E. Muñoz y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Sábado 9 de julio de 2016, p. 9

La Secretaría de Gobernación (SG) aceptó con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, ser interlocutora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la construcción del mecanismo especial de seguimiento en la investigación del caso Ayotzinapa.

La dependencia entregará el lunes el borrador de una propuesta a los paterfamilias, que considere las peticiones que han hecho para el mecanismo: que esté integrado por dos comisionados de la CIDH –entre ellos el presidente del organismo, James Cavallaro–, con un equipo operativo permanente, con un número mínimo de dos integrantes de la secretaría ejecutiva de la misma Comisión, con estancias y visitas de manera ilimitada en el país.

Además que tengan acceso pleno a toda fuente de información del caso y que los comisionados puedan estar en México cada dos meses para monitorear la investigación.

Tras alrededor de una hora de reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián, ayer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los padres de familia destacaron cuatro puntos:

Primero, que Gobernación se compromete a ser el principal interlocutor con la CIDH para ver lo relativo al mecanismo y trabajar la agenda con nosotros, dijo el abogado Vidulfo Rosales.

Segundo, que Gobernación trabajará el borrador para el mecanismo este fin de semana; tercero, se hará una calendarización de reuniones mensuales entre los padres y el titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, y cuarto, la Policía Federal responderá a los requerimientos de los padres para realizar búsquedas ciudadanas en los próximos meses.

Tienen previsto ir en los primeros días de agosto a la zona norte de Guerrero, controlada por la delincuencia organizada, para lo cual pidieron seguridad perimetral.

Los padres fueron informados que el titular de Gobernación tratará directamente con la procuradora General de la República, Arely Gómez –con quien ellos se reunirán el día 12–, la petición de que Tomás Zerón de Lucio sea destituido como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Campa Cifrián, en entrevista aparte, señaló que sin duda habrá un mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa y aunque reconoció que no hay una fecha para ir a la CIDH, indicó que se hará la solicitud –tentativamente el lunes– para que la comisión nos reciba en los próximos días.

Mario Patrón, director del Prodh, comentó que los paterfamilias ya pidieron a la CIDH fecha y hora para una reunión de trabajo en Washington.

El subsecretario de Gobernación indicó que en el encuentro con los padres no se plantearon condiciones, estamos trabajando a partir de sus exigencias, para avanzar de manera importante. Resaltó que el caso Ayotzinapa es muy importante para el país y también que el mecanismo ofrezca certidumbre y transparencia.

A pesar de los acuerdos, los padres mantendrán su jornada de lucha hasta que se concrete el mecanismo especial de seguimiento, por lo cual seguirán con el plantón que instalaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –misma que clausuraron ayer de manera simbólica– por lo menos hasta el 12 de julio, y se trasladarían después a Guerrero. El 26 de este mes contemplan movilizarse en la Ciudad de México.

Desde horas antes del encuentro, en una conferencia de prensa en el antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos, el movimiento de los padres y madres anunció un endurecimiento en sus acciones para dar con la verdad.

El vocero Felipe de la Cruz recordó que la víspera le habían advertido a Osorio Chong, con palabras similares a las que él usó para referirse a las acciones de la disidencia magisterial, que “todo tiene un límite y para nosotros se ha terminado la tolerancia; se han decido acciones diferentes porque el gobierno no respeta la ley.

Las 43 vidas que nos faltan no están a negociación y no nos van a detener, vamos a seguir caminando hasta saber la verdad, subrayó.

De la Cruz señaló que este sábado y domingo también llevarán a cabo diversas acciones de inconformidad en la Ciudad de México.

Molestos, padres y madres de los 43 abandonan negociaciones en SRE

Hubo resistencia oficial para crear el mecanismo de seguimiento planteado por la CIDH

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, a su llegada a la cancilleríaFoto Roberto García Ortiz

José Antonio Román y Georgina Saldierna

 

Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2016, p. 7

Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se levantaron ayer de la mesa de negociación instalada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), molestos por la resistencia gubernamental a aceptar los términos para crear el mecanismo de seguimiento del caso Iguala, planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esto se interpretó como un rompimiento del diálogo con el gobierno; sin embargo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, rechazó que haya una fractura, y prueba de ello, aseguró, es que la tarde de este jueves los familiares de los jóvenes se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Tras una reunión ‘‘ríspida y muy complicada’’ de poco más de dos horas en la SRE, los padres y madres de los 43 normalistas decidieron retirarse de la mesa e instalarse en plantón permanente frente a las instalaciones de la dependencia.

Incluso, los paterfamilias y su abogado, Vidulfo Rosales, acusaron de manera directa a la SRE de ‘‘entorpecer’’ la concreción de este mecanismo, que daría seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a las medidas cautelares emitidas por la CIDH. ‘‘No hay voluntad política’’, dijo el representante legal.

Las diferencias sustanciales con el Estado mexicano son, entre otras, el rechazo gubernamental a que un ‘‘equipo técnico operativo’’ de este esquema permanezca en México el tiempo que sea necesario, y el ‘‘acceso pleno’’ a la información del caso, limitándolo solamente a la contenida en los expedientes.

Desde hace unos días, la Comisión Interamericana envió una resolución al Estado mexicano en la que establece algunos mínimos que debe tener este mecanismo, como el hecho de que esté integrado por dos comisionados; que se pueda visitar el país cada dos meses, con duración de cinco días, y se tenga ‘‘acceso pleno’’ a la información, además de dotarlo de un ‘‘equipo mínimo técnico operativo’’, integrado al menos por dos personas, y que permanezca el tiempo que sea necesario.

El plazo de 15 días que tenía el Estado mexicano para responder a esta resolución de la CIDH venció este mismo miércoles.

Vidulfo Rosales señaló que en reuniones previas, tanto en Washington como en México, se había avanzado más. Dijo que los argumentos de la cancillería son básicamente de carácter técnico y ‘‘muy ambiguos’’, en el sentido de que el acceso a la información del caso es una decisión que compete a la Procuraduría General de la República.

Al igual que los padres y el abogado, el subsecretario Ruiz Cabañas ofreció por separado su versión del encuentro. Rechazó de entrada que se hayan roto las pláticas con los familiares y aseguró que sólo son ‘‘diferencias de matiz’’ las que existen entre las partes para establecer el modelo para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

El subsecretario agregó que ya hay acuerdos muy importantes sobre lo que será el citado esquema y confió en que durante una próxima reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puedan resolver los pendientes.

Cuestión de palabras

El funcionario evitó aclarar en qué consisten los diferendos y sólo dijo que se trata de términos, de palabras que en una reunión de redacción se pueden resolver. Ruiz Cabañas expresó su confianza en que antes de concluir julio pueda tenerse el mecanismo, aunque puntualizó que ello no depende ni del gobierno ni de los padres de familia, sino de la CIDH.

A la pregunta de por qué ha tardado tanto en crearse dicha estructura, respondió que los tiempos los ha marcado la comisión. No ha sido el gobierno el que los ha manejado, enfatizó.

Recordó incluso que el presidente el organismo multilateral pidió tiempo para consultar a los otros comisionados sobre el mecanismo de seguimiento.

A su vez, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, coincidió con el funcionario en que no están frente a un contexto de ruptura. ‘‘Se puede hablar de que no avanzamos como esperábamos y se sigue en el proceso’’, señaló.

Familiares de los normalistas recibirán el premio de derechos humanos Tata Vasco

El galardón, entregado por el Sistema Universitario Jesuita

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Martes 5 de julio de 2016, p. 7

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos recibirán el premio Tata Vasco de Derechos Humanos en su 12 edición, el cual es entregado por la junta de rectores del Sistema Universitario Jesuita (SUJ).

El reconocimiento Tata Vasco fue instituido en 1994 con la intención de distinguir y estimular el trabajo de aquellas organizaciones no gubernamentales que sobresalen por su compromiso efectivo y real en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo de los sectores más pobres y desprotegidos de México.

En ediciones anteriores, el galardón pro derechos humanos ha sido otorgado a organizaciones como el movimiento Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y a Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Con esta decisión del jurado, integrado por los rectores de las universidades que conforman el SUJ, los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos –candidatura postulada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– recibirán el premio, que consiste en una estatuilla de Tata Vasco, defensor de los indios purépechas de Michoacán, y 100 mil pesos en efectivo.

El galardón será entregado en el contexto del 12 Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Memoria, Verdad y Justicia: la Desigualdad Presente, que se llevará a cabo los próximos 12, 13 y 14 de octubre en la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, Guerrero.