miércoles, noviembre 15, 2017

Hablar de las agresiones es sentir como si hubiera pasado ayer, relatan las víctimas

En espera de justicia
El sistema utiliza las vejaciones para intimidar a las luchadoras sociales, señalan
Edith Rosales y Norma Jiménez acudirán a rendir testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos HumanosFoto José Antonio López
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Para las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales la madrugada del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no hay lugar a dudas: lo que les pasó no fue un accidente o la ocurrencia de unos cuantos policías que perdieron el control, sino parte de un sistema que utiliza las violaciones y las humillaciones como una forma de intimidar a las luchadoras sociales, de acuerdo con los testimonios de dos de las agredidas.
Y es justamente el recuerdo de esas agresiones, junto con el deseo de que no le ocurran a nadie más, lo que ha llevado a 11 mujeres a seguir adelante en una demanda de justicia que, más de una década después, llegará finalmente a discutirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).
En víspera de las audiencias que podrían desembocar en el octavo fallo de la Coridh contra el Estado mexicano, La Jornada platicó con dos de las promotoras de la queja.
Norma Jiménez Osorio, al igual que muchas otras personas, llegó a Atenco movida por la indignación. Hace 11 años ella trabajaba en una publicación feminista y le seguía los pasos a La Otra Campaña, del EZLN, pero al enterarse de que el 3 de mayo había muerto un adolescente en los enfrentamientos entre policías y lugareños, decidió trasladarse a la zona del conflicto.
La idea era que la presencia de ciudadanos de otras regiones pudiera aminorar la violencia, pero alrededor de las seis de la mañana del 4 de mayo se movilizó una cantidad inmensa de policías que llegaron por todas partes.
Norma –en ese entonces de 23 años de edad– trató de huir, pero de repente sintió un golpe en la cabeza y un empujón que la mandó al piso. Lo siguiente que recuerda es a un grupo de alrededor de 10 policías que me patearon por varios minutos.
Sin castigo, los agentes que se excedieron en el uso de la fuerza durante el operativo en AtencoFoto Alfredo Domínguez
Luego de una serie de actos vejatorios sobre los que prefiere no abundar, porque todo vuelve y se siente como si hubiera pasado ayer, la estudiante de artes plásticas fue llevada a la parte trasera de un camión, donde fue violada por cinco o seis policías.
Tomaban turnos y llamaban a otros. No sé cuánto tiempo pasó... fue horrible. Comenzaron a subir a mucha gente más y escucho cómo están torturando sexualmente a otras mujeres, rememora.
Una experiencia similar describe Edith Rosales Gutiérrez, quien llegó a Atenco para sumarse en apoyo de los manifestantes. A las seis de la mañana empezaron a tocar las campanas (del pueblo) porque venían los policías. Al que alcanzaban, era para golpearlo, a tirarlo con lujo de violencia, narra.
“Cuando me alcanzan, me agarran del pelo y me jalan hacia atrás. Me empezaron a golpear, imagino que con toletes, y empezaron a decir palabras ofensivas. ‘Puta, perra’, mil cosas. Me suben a una camioneta de redilas y ahí es donde... abusan de uno. Me quitan los zapatos y me empiezan a romper la ropa”, dice. La crudeza del momento la vuelve incapaz de dar detalles.
Aun así, tiene bien presente el recuerdo de que “en todo el transcurso (los policías) se dieron vuelo con las compañeras. Se oía cómo ellas decían que las dejaran, y como ellos gritaban: ‘tráete a la güerita, tráete a ésta, a la otra’. Bien grotesco”.
Aunque permanecieron tiempos diferentes en prisión y tuvieron experiencias singulares, las dos coinciden en afirmar que lo vivido por ellas no fueron actos aislados, sino un patrón de conducta que no sólo se registró en Atenco, sino en la contención de otros movimientos sociales.

Abusos en atenco, a corte internacional

En espera de justicia
Mañana la Coridh revisará los testimonios de 11 mujeres atacadas sexualmente
A varias chavas arrestadas las violaron, señaló la entonces estudiante de cinematografía Valentina Palma, de origen chileno, tras ser detenida en mayo de 2006Foto Mario Antonio Núñez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 4
La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue posible debido a que la justicia mexicana no llevó a cabo una investigación eficiente para esclarecer esas agresiones cometidas por policías, y por tanto los presuntos responsables de los hechos no han sido castigados.
Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres –aunque el número de agraviadas fue mayor– llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Coridh el 17 de septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas.
En víspera de que la corte analice el caso –este jueves y viernes–, en el contexto de su 120 periodo de sesiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas.
Recordó que los hechos se denunciaron como torturas sexual, física y sicológica, las cuales se documentaron por parte de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El Centro Prodh detalló que aunque inicialmente se consignó a 21 policías por abuso de autoridad, todos fueron absueltos por considerarse un delito no grave. Un agente estatal fue condenado por el delito de actos libidinosos, pero también fue absuelto porque no se considera grave.
Un ejemplo de la forma en que se concretó la impunidad en favor de los servidores públicos supuestamente involucrados en el caso es el del policía Baltazar Nateras Nava, contra quien no se pudo emitir una orden de aprehensión por el hecho de que un juez consideró que había defectos técnicos en la solicitud. El juzgador dio un plazo de 90 días para corregir la falta, pero nuevos detalles legales hicieron que dicho periodo fuera rebasado, y el agente tramitó y obtuvo un recurso de amparo.
Diez médicos legistas que atendieron a las víctimas a su llegada al penal también fueron puestos en libertad. Los jueces estimaron que, por las características propias de su función, no tenían obligación de denunciar los hechos de tortura. Consideraron que al dejar constancia de las lesiones en sus reportes médicos, permitieron que los hechos pudieran ser investigados después.
Un agente del MP fue liberado luego de que un juez de distrito afirmó que su labor no era denunciar los delitos que hubiera podido notar en el transcurso de la indagatoria, sino únicamente investigar los que ya se le habían planteado en el expediente a su cargo.
Al analizar el caso, la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable; esclarecer los hechos; sancionar a los responsables, y profundizar en la cadena de mando, lo cual no se ha cumplido. Consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual contra las 11 denunciantes, y violación sexual de siete de ellas. Por ello dio conocimiento a la Coridh.

A más de 11 años del exceso de fuerza

En espera de justicia
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 autoridades del estado de México y del gobierno federal implementaron un operativo policiaco en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. A continuación una breve cronología de los hechos:
2 de mayo
Negociaciones entre autoridades de Texcoco y floricultores inconformes con su reubicación en la Central de Abasto. Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) los apoyan.
3 de mayo
Al no haber acuerdos, los floristas e integrantes del FPDT realizan varias acciones de protesta, lo que produce varios enfrentamientos con policías municipales, estatales y federales. Hay lesionados de ambos lados.
Los pobladores de ese municipio mexiquense retienen a 12 uniformados. Las autoridades aprehenden a 84 manifestantes, entre ellos al líder del FPDT, Ignacio del Valle.
Comienzan a llegar a Atenco ciudadanos y activistas en apoyo al FPDT.
4 de mayo
En la madrugada, más de 2 mil elementos de la Policía Federal y de la Agencia de Seguridad Estatal irrumpen en Atenco para restablecer el orden y liberar a los secuestrados.
Pobladores, simpatizantes de La Otra Campaña y activistas los enfrentan.
Uniformados arremeten con excesivo uso de la fuerza. Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benhumea, de 20, perdieron la vida por impacto de cartuchos de gas lacrimógeno.
Son capturadas 106 personas. En el trayecto al penal de Santiaguito, se dan las agresiones sexuales contra al menos 26 de las 47 mujeres detenidas.

Exigen Justicia para Ranferi

El 11 de noviembre, durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular realizada en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, las organizaciones, colectivos y personas que asistimos acordamos repudiar los salvajes asesinatos contra el compañero Ranferi Hernández Acevedo, dirigente de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero (OICVG), su esposa, Lucía Hernández; su suegra, Juana Dircio, y el compañero Antonio Pineda, cometidos el 14 de octubre anterior en el camino de Ahuacuotzingo, rumbo a Chilapa de Álvarez, Guerrero, a menos de 500 metros de un retén militar.
Exigimos castigo a los asesinos materiales e intelectuales, una investigación imparcial, científica y exhaustiva acorde con los protocolos internacionales y el urgente otorgamiento de medidas cautelares a los familiares e integrantes de la OICVG. ¡Alto a los crímenes de Estado! ¡Justicia para todos los asesinados! ¡Ranferi vive, la lucha sigue!
Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, H. Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal de Ayotzinapa y Asamblea Nacional Popular. Gustavo López

martes, noviembre 14, 2017

Mujeres de Atenco

El operativo resultó en decenas de detenciones arbitrarias, 2 muertes y 26 denuncias de violencia sexual.

Las mujeres sobrevivientes de Tortura Sexual en San Salvador Atenco llevaron su caso ante la Corte Interamericana de DH



Esta semana es muy importante: Las mujeres sobrevivientes de #TorturaSexual en San Salvador#Atenco llevaron su caso ante la Corte Interamericana de DH. Esta semana serán las audiencias. Han pasado 11 años sin justicia en México: han sido humilladas, tachadas de mentirosas, calumniadas. Hoy son un ejemplo de fuerza y valentía. 


Más info en la página del Centro Prodh , les cito:
"La búsqueda de justicia de las once sobrevivientes de Atenco es emblemática: por un lado, muestra un patrón de violación a los derechos humanos –que se utilizó entonces en represiones políticas y que hoy se ha trasladado al contexto de la Guerra contra el narcotráfico–; y por el otro, demuestra la falta de voluntad y capacidad de las autoridades para hacer justicia.

Han transcurrido once años desde los hechos; las mujeres no han dejado de alzar la voz y han mostrado que los ataques que denunciaron –aunque fueron tachadas de mentirosas por las autoridades– no solamente fueron ciertos, sino que evidencian un patrón común: detención ilegal – tortura (agravada por la condición de género) – fabricación de pruebas – condena – impunidad para los perpetradores.

Acompáñalas rumbo a la corte este 16 y 17 de noviembre y comparte los materiales que hemos generado desde el Centro Prodh."

viernes, noviembre 10, 2017

La tortura sexual, en estado crítico


Gabriela Rodríguez
U
na chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.
Son 11 las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Gracias a la búsqueda de justicia emprendida por estas luchadoras sociales, el tema no se ha tirado al olvido, ellas también han abierto la posibilidad de que la violación sexual logre tipificarse como tortura.
El 4 de mayo de 2006 Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México. El actual presidente de México reunió esa tarde al gabinete de seguridad, ocasión en que se decidió usar la fuerza pública para desalojar la carretera, el operativo era contra un grupo de personas solidarias que bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco con el fin de exigir la liberación de las personas detenidas (también habían retenido a algunos servidores públicos). El día anterior las fuerzas de seguridad habían detenido a los floricultores de Texcoco, cuando intentaban instalar puestos autorizados en el mercado, con lujo de violencia los habían desalojado y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya.
El operativo de la madrugada del 4 de mayo más que violento fue infernal. Para romper el bloqueo enviaron a mil 815 policías estatales y 700 policías federales. En total fueron detenidas más de 200 personas incluyendo a 50 mujeres. Un menor de edad y un joven fueron privados de la vida por elementos policiales que les disparon con arma de fuego y latas de gas lacrimógeno. La violencia se intensificó durante los traslados al Cepreso abarcando violencia física sicológica y sexual. A juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 80 por ciento de las personas detenidas fueron certificadas con lesiones que requerían hospitalización, se recurrió a la violencia con quienes ya estaban sometidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en el traslado apilaron un cuerpo sobre otro, sin importar el sexo, golpeando con los pies y toletes, amenazando con que los matarían y desaparecerían. Una vez dentro de dicho Centro, hombres de negro los pateaban y azotaban contra la pared, desde el momento de la detención y hasta después de ser ingresadas al penal, 31 de las cerca de 50 mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales que fueron corroboradas por testigos.
Mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma y secuestro equiparado, las violaciones en su contra se mantuvieron impunes. Por la ineficacia de las investigaciones por los delitos cometidos, 11 de las denunciantes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el caso en noviembre de 2011. En octubre de 2015 la Comisión resolvió en favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, sicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia. La Comisión recomendó al Estado investigar de manera efectiva y dentro de un plazo razonable, sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales para prevenir la repetición de hechos similares. Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado sustantivamente y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El próximo 16 y 17 de noviembre se realizará la audiencia pública en la CIDH. La resolución del caso es una oportunidad para contar con medidas para atacar las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas la tortura generalizada, especialmente la sexual. La Corte podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación, garantizar la independencia de especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales para prevenir y sancionar los excesos en el uso de la fuerza. En el tema de género, la Corte podría desarrollar los tipos de violencia sexual que pueden constituir tortura, esta grave violación de derechos reconocida por la ONU como generalizada en México. El caso podría ordenar la eliminación de las disposiciones que hoy criminalizan la protesta, modificando la práctica de detenciones masivas.
De gravedad, el viacrucis que hay que recorrer para acceder a la justicia, y que siempre haya que recurrir a instancias internacionales. No sé si estas compañeras hubiesen llegado hasta donde van, sin el acompañamiento durante 11 años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.
Me parece obvio el interés por actuar con tanta saña en el caso. Los floricultores desalojados pertenecían al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el cual se conformó en 2001 para oponerse a la expropiación de tierras en el municipio de San Salvador Atenco, en las que la administración federal de Vicente Fox Quesada pretendía construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enrique Peña Niego logró desalojar a los dueños de la tierra, hoy avanza la construcción de esta multimillonaria obra.
Nota: ¡Una buena noticia! Nashieli Ramírez, verdadera defensora de derechos humanos, presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Twitter: @Gabrielarodr108

jueves, noviembre 09, 2017

Analizará la Coridh abusos de policías contra once mujeres en el caso Atenco

La CIDH acreditó violencia física, sexual y sicológica en 2006
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de noviembre de 2017, p. 13
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dio a conocer ayer el calendario de su 120 periodo ordinario de sesiones, donde uno de los temas que analizará es el caso de la tortura sexual, física y sicológica de agentes del Estado contra 11 mujeres durante los operativos policiacos en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Los hechos se relacionan con las violaciones a las garantías fundamentales cometidas contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el asunto a la jurisdicción de la corte en septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. Esto después de haber realizado varias recomendaciones al gobierno mexicano, que no han sido atendidas. El 120 periodo de sesiones de la Coridh se realizará del 13 al 24 de noviembre. Se espera que el caso Atenco se discuta entre los días 16 y 17. Las sentencias de este penal son vinculantes para los estados.
La CIDH presentó un informe de fondo sobre los hechos, en el que consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de agresión sexual contra las 11 denunciantes, y de violación a siete de ellas. Confirmó que esos delitos fueron cometidos por agentes estatales, en el contexto de su captura, traslado y llegada al centro de detención.
El organismo estableció que su aprehensión fue ilegal, arbitraria y no se les informó por qué ni los cargos que se les imputaban, y determinó que las 11 se vieron obligadas a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
También acreditó que el Estado mexicano no cumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, ni profundizó en la cadena de mando. El actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador del estado de México, asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Atenco.
Al someter el caso a la Coridh, la CIDH lamentó que después más de 10 años no haya esclarecimiento judicial por los hechos.

lunes, noviembre 06, 2017

Reporte de la DEA confirma la hipótesis del quinto autobús en el caso Iguala

Grupos del narco usan esas unidades para llevar cargamentos ilegales a EU, asegura
El quinto autobús involucrado en el caso AyotzinapaFoto La Jornada
David Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de noviembre de 2017, p. 14
El uso de autobuses de pasajeros por grupos del crimen organizado para transportar metanfetaminas y cocaína de México a Estados Unidos reafirma la línea de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De acuerdo con el informe desclasificado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), varios grupos dedicados a la venta ilegal de drogas, entre ellos Guerreros Unidos, utilizan estos vehículos para despistar a la autoridad y cruzar el cargamento ilegal.
Destaca que las organizaciones criminales trasnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) cuentan con rutas específicas para llegar a las ciudades más alejadas de la frontera sur, como Chicago, Nueva York y Washington.
“El método más común empleado por estas TCO es transportar drogas ilícitas por puertos de entrada, en vehículos de pasajeros con compartimientos ocultos o mezclados con productos legítimos en tráilers de camiones.
Además, las TCO mexicanas transportan ilícitamente drogas, como la metanfetamina y cocaína, disuelta en soluciones líquidas, por la frontera sur. Una vez al otro lado de la frontera, las organizaciones delictivas coordinan los envíos de drogas ilícitas y los dividen en paquetes más pequeños a puntos de distribución en todo Estados Unidos, se lee en el documento.
Este señalamiento reafirmó la secuencia de investigaciones que dejó el GIEI sobre un quinto autobús que fue tomado, de manera accidental, por normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Según las diligencias de los expertos, esa unidad transportaba droga que pertenecía Guerreros Unidos, hacia Chicago. Eso provocó que integrantes armada de esa banda detuvieran a los jóvenes con el argumento de que eran integrantes de Los Rojos, con quienes disputa la plaza de la Tierra Caliente guerrerense.

viernes, octubre 27, 2017

Falta voluntad para aclarar el caso Iguala: padres de los 43

  • Muchos sólo se colgaron de nosotros, lamenta una madre
  • Se cumplieron 37 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas
Acompañados por cientos de personas, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir a las autoridades federales que aclaren el caso IgualaFoto Roberto García Ortiz
Fernando Camacho y Rubicela Morelos
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de octubre de 2017, p. 6
Treinta y siete meses después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, padres, madres y compañeros de las víctimas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la presentación con vida de los jóvenes y denunciar la falta de voluntad política de las autoridades para resolver el caso.
Acompañados por integrantes de organizaciones sociales y populares, los manifestantes caminaron sobre Paseo de la Reforma enarbolando los retratos de los normalistas atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 y gritando consignas como ¡Ayotzi vive, la lucha sigue! y ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!.
Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, señaló durante la marcha que en la más reciente audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa –celebrada el martes pasado en Uruguay– otra vez quedó clara la estrategia gubernamental de desgastar a las familias al darles resultados nulos a cuentagotas.
En la audiencia pensamos que el gobierno tendría algunos avances positivos sobre la investigación, porque 37 meses (después de los hechos) no es creíble que no se pueda avanzar. Desgraciadamente, no tienen avances que nos satisfagan; han descubierto quién tendría los celulares (de nuestros hijos), pero no tienen nada que nos tranquilice, lamentó Navarrete.
En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, consideró ocioso dirigirse a la Procuraduría General de la República (PGR) en este momento para preguntarle cómo va la indagatoria del caso, ya que la dependencia está acéfala.
Al hacer un pausa frente al llamado Antimonumento de los 43, Hilda Hernández –madre del estudiante César Manuel González– señaló: Como ya pasamos de moda, muchas personas ya no están con nosotros. Me da mucha tristeza que a tres años y un mes muchos nada más se colgaron de nosotros.
Sin embargo, la mujer también dedicó palabras de agradecimiento a los grupos que aún responden a sus convocatorias y los siguen apoyando. Esa es la fuerza que, como madres, nos hace seguir adelante. Vamos a seguir con esos poquitos que nos aman de corazón a nosotros y a nuestros hijos, a pesar de que no los conocen físicamente.
Durante un mitin en el Hemiciclo a Juárez, Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio, subrayó que es una vergüenzapara el gobierno mexicano la falta de respuestas sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, a más de tres años del ataque en su contra, y afirmó que continuarán movilizándose para evitar que el caso quede en el olvido.
Solidaridad de morelenses
En Cuernavaca, Morelos, organizaciones defensoras de derechos humanos, maestros e integrantes de diversos sindicatos se manifestaron en el zócalo de esta ciudad para exigir a las autoridades federales la presentación con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Expresamos nuestra solidaridad con madres y padres de los 43 estudiantes que, a tres años y un mes de dolor, aún no han tenido acceso a la verdad y la justicia, expresaron los colectivos.

jueves, octubre 26, 2017

Hoy marchan familiares de los 43; exigen justicia

37 meses del ataque a normalistas
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de octubre de 2017, p. 7
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharán este jueves del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez con el propósito de conmemorar los 37 meses de la agresión contra los estudiantes y denunciar lo que consideran falta de voluntad política del gobierno mexicano para resolver el caso.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los jóvenes agredidos, subrayó en entrevista que la movilización busca que la fecha no pase desapercibida, además de reiterar la exigencia de que las autoridades presenten con vida a los estudiantes y den resultados concretos de la investigación, porque no podemos vivir en espera para siempre.
El activista lamentó que el gobierno federal siga intentando mantener la verdad lo más oculta que pueda. ¿Qué podemos hablar de avances si hasta hoy no sabemos el paradero de los jóvenes, si no hay ninguna pista de dónde están ni quiénes son los responsables? (de su desaparición), recalcó.
Asimismo, De la Cruz señaló que aunque las autoridades dicen que están cumpliendo con las exigencias de los padres y madres de los normalistas, en el sentido de agotar diversas líneas de investigación, hasta hoy no hay ningún resultado positivo para nosotros y eso quiere decir que nuevamente el gobierno mexicano vuelve a mentirle a la sociedad y a los familiares.
Familiares y compañeros de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, marcharán este jueves para exigir justicia y la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos en Iguala hace 37 mesesFoto Yazmín Ortega Cortés
Por otra parte, indicó que a 37 meses de la desaparición de los estudiantes sí existe cierto nivel de desgaste en los familiares de las víctimas, porque es algo verdaderamente tormentoso esperar día con día a los jóvenes, pero también puedo decir que siguen tan firmes como el primer día hasta saber qué pasó y que se castigue definitivamente a los responsables para que no vuelva a suceder.
La marcha de hoy tendrá lugar dos días después de la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, en la que los padres de los jóvenes acusaron nuevamente al gobierno de México de obstaculizar las indagatorias y permitir que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, siga reivindicando la verdad histórica, pese a que dicha teoría ya ha sido descartada científicamente.

miércoles, octubre 25, 2017

Obstaculiza el Estado pesquisas sobre Ayotzinapa, afirman familiares


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de octubre de 2017

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años señalaron al Estado mexicano de seguir poniendo trabas a la investigación del caso, en una actitud que los mata poco a poco, y lamentaron que los escasos avances en la indagatoria sean echados abajo por declaraciones de ex funcionarios que aún reivindican la verdad histórica (presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam), pese a que ésta ya fue descartada científicamente.

Durante las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebradas ayer en Uruguay, como parte del 165 periodo ordinario de sesiones, los familiares de los normalistas desaparecidos se encontraron nuevamente con representantes del Estado mexicano, a quienes reprocharon su falta de compromiso para resolver el caso.

Se han burlado del dolor de nosotras como madres y cada mentira es destruirnos más. Nos están matando poco a poco y no podemos avanzar, porque cada vez que hay algo ellos nos ponen trabas para no seguir, afirmó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes atacados el 26 de septiembre de 2014.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, subrayó que el cronograma del gobierno mexicano para avanzar en las indagatorias sobre Ayotzinapa se concentra en detalles del tema, pero diluye la visión integral de lo ocurrido, y lamentó que se sigan dando pasos notoriamente incompletos que no agotan las líneas de investigación que han sugerido los familiares de los jóvenes.

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó los constantes actos de mala fe del gobierno mexicano hacia los familiares de los normalistas, entre ellos las declaraciones de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien ha reivindicado en varias ocasiones la validez de la llamada verdad histórica.

El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, fue el principal encargado de atajar las críticas de los padres y sus abogados al admitir que los familiares de los estudiantes tienen razón de estar molestos porque ya se cumplieron tres años de ocurrida la desaparición de sus seres queridos. Aun así, les pidió trabajar juntos, unidos en lo posible, para dar con el paradero de los jóvenes.

Como pruebas de que el gobierno sigue trabajando en el caso, dijo que la Procuraduría General de la República ya analizó los datos de los teléfonos celulares tanto de los normalistas como de sus agresores, y que ya definió más de 270 sitios en un área de 60 kilómetros cuadrados donde se realizará una nueva búsqueda, usando la llamada tecnología Lidar.

Al hacer preguntas y comentarios a las posiciones de ambas partes, los comisionados de la CIDH James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas cuestionaron el papel de Zerón de Lucio al defender hipótesis imposibles y descartadas, y subrayaron que es casi inconcebible desconocer después de tres años la responsabilidad de todos los funcionarios públicos involucrados en la desaparición.

miércoles, octubre 18, 2017

"Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía" *

Adolfo Gilly
Para Mislova Breach y Javier Valdez
L
a señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso– contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él, su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.
En esta tarea, larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra con su larga lucha por la aparición con vida y por la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, empresa incansable llevada junto con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje.
Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y el título de República.
§
En estos días Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. Acaba de lograr una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDH) al gobierno de la entidad en favor de la comunidad El Coyul, en defensa de su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros.
Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en 2002, la Coidh asumió el caso en 2010; Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan.
El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barrera y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional.
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La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barrera su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar de los Campos Quemados.
Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento, como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento pero también de la utopía.
Y después: La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y sobre todo la justicia.
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En 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de 2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero. En esa ocasión estas fueron sus palabras de agradecimiento:
“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas, porque se ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.
“En el sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]
La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de que goza el Ejército Mexicano.
Abel Barrera Hernández recibió el pasado día 12 el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017, en el Palacio de MineríaFoto Yazmín Ortega Cortés
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Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples organizaciones, en el vasto movimiento por la aparición con vida y en libertad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.
En su castillo de falsificaciones en torno al caso, el procurador general de la República dijo una sola verdad: El Ejército no se manda solo. En efecto: el Ejército obedece al mando del gobierno federal de la nación, de cuyo gobierno formaba parte destacada el procurador general. Es imposible, entonces, que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un Ejército que, como él bien dice, obedece solamente órdenes superiores. ¿Y quién dio esas órdenes en el caso de Ayotzinapa?
Su verdad histórica –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula– fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno y publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y sus conclusiones.
Esa investigación está espléndidamente resumida en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, México y España, editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada, salvo repeticiones de la verdad histórica del procurador general de aquel entonces, han podido responder hasta hoy el gobierno federal y sus dependencias.
No diré más aquí de ese caso, histórico por sí mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un tiempo, pero no se puede borrar: Temamos a la historia, decía José María Morelos.
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En estos nuestros días, después de más de tres años, la lucha de las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana, la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo. Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.
Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro: [https://www.youtube.com/watch?v=P5u156nRe3g]
“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres–- proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos, donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.
La Comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia, y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa.
En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud, antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández.#
* Leído en ocasión de la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barreda en el Palacio de Minería, Ciudad de México, el 12 octubre.

La gestión del ex procurador, bache en indagatorias sobre los 43: Rosales

Procesos cayeron en lentitud institucional, indica el abogado
Marcha en Reforma, el pasado 26 de septiembreFoto Yazmín Ortega Cortés
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de octubre de 2017, p. 4
La defensa legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, señaló que durante el año que Raúl Cervantes Andrade fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR) las indagatorias del caso ‘‘entraron en un bache’’ y los procesos se vieron inmersos en una lentitud institucional ‘‘que mostró la falta de voluntad del procurador’’ para hallar a los jóvenes y alcanzar la verdad y la justicia.
En entrevista con este diario, Vidulfo Rosales, abogado de las familias e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó que una vez más el titular de la dependencia deje el cargo con el gran pendiente de Ayotzinapa. ‘‘Cada que hay un cambio hay más lentitud, y eso es terrible para casos de desaparición forzada’’, expresó.
El litigante detalló que durante la gestión de Cervantes, la investigación por la desaparición forzada de los normalistas no avanzó y ‘‘sólo se dio una especie de administración a los tonos y ritmos marcados por el gobierno federal. El procurador ofreció resultados a cuenta gotas y así estuvimos todo 2017; esa fue la dinámica que revistió las investigaciones’’.
Rosales aseveró que el hoy ex funcionario ofrecía compromisos en las mesas de diálogo con los familiares de las víctimas, pero días después funcionarios gubernamentales ‘‘salían y declaraban descalificando y desestimando lo que se venía avanzando, y siempre regresaban al basurero de Cocula’’, donde de acuerdo con las primeras versiones oficiales habrían incinerado a los normalistas hasta las cenizas, hipótesis que fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) creó para el caso.
Pese a los escasos avances durante la gestión de Cervantes, el abogado del Centro Tlachinollan deploró que por tercera ocasión haya un cambio en la PGR, pues cada que hay un relevo en el cargo las indagatorias se complican aún más.
‘‘Es obvio que cada que hay un cambio de procurador el caso se retrasa. Con él (Cervantes), bien o mal y pese a todos los problemas que entraña la forma en cómo condujo las investigaciones, llevábamos una dinámica. Este fin de mes tenemos en teoría una reunión programada; esperemos que pese a este cambio se mantenga, pues la salida podría moverla.
‘‘Ya no se puede esperar más tiempo; en un tema de desaparición forzada éste es vital para encontrar a las víctimas y para llegar a la verdad y la justicia. Entre tanto, quienes seguirán en la incertidumbre serán los familiares. Han desfilado ya tres procuradores (Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Cervantes) y nada. Esto sólo ha implicado retrasos por la dinámica que cada uno le ha puesto al caso, a la relación con las víctimas y con nosotros como abogados.’’
Rosales censuró el anuncio que hizo el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, de que será mejor nombrar al titular de la nueva fiscalía general hasta después de las elecciones del próximo año. El abogado argumentó que esto no hará sino complicar la resolución del caso de los normalistas.
‘‘Esto es una muestra de que el tema de la administración de la justicia se ve desde el lente electoral, pasando por encima de la necesidad de llegar a la verdad y la justicia. La procuración de justicia debe tener políticas propias y no estar relacionadas con lo electoral.’’

domingo, octubre 15, 2017

Mi Fideicomiso ha conservado deducibilidad de impuestos por 27 años: Ofelia Medina. Con Maxine Woodside

La actriz reveló que gracias al donativo de Café Tacvba y de la Fundación Alma Fondo de Ayuda Social, su Fideicomiso entró a una comunidad a 16 horas de Juchitán "en unos caminos en los que la gente amarra las camionetas en las que llevamos la ayuda y las cargan prácticamente porque si no se hunden en el lodo".


La actriz Ofelia Medina, dijo que por 27 años, su Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México ha logrado conservar la deducibilidad de impuestos, "y tenemos nuestras cuentas abiertas y nuestro oficina del Fideicomiso aquí en la Ciudad en Tlalpan".

En entrevista para el programa "Todo para la Mujer", solicitó donativos de dinero, filtros de agua, lámparas y pilas, para llevárselos a La Montaña de Guerrero en hermandad con la Organización Tlachinollan.

Informó que su Fideicomiso se dedica a los niños indígenas del Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde hoy día, hay comunidades aisladas y a las que no se puede acceder.

Ante esto, Ofelia Medina reveló que gracias al donativo de Café Tacvba y de la Fundación Alma Fondo de Ayuda Social, su Fideicomiso entró a una comunidad a 16 horas de Juchitán "en unos caminos en los que la gente amarra las camionetas en las que llevamos la ayuda y las cargan prácticamente porque si no se hunden en el lodo".

Asimismo, comentó que su Fideicomiso compra maíz, frijol, azúcar, café, chile, sal, arroz y chile lo más cerca de la comunidades porque "nosotros no hacemos acopio, el acopio es para la gente más urbana, pero en las comunidades que nosotros vamos, ni siquiera a veces saben lo que es una lata, ni hay con qué abrirla".

Detalló que el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México está relacionado en Oaxaca, con la organización local "Consolidando nuestro estado", quienes hicieron una exploración "porque yo les dije, queremos llegar al lugar más distante. Estamos entrando a Maninaltepec, municipio de Choapan".

amd

miércoles, octubre 04, 2017

Expertos del GIEI presentan libro sobre su investigación en el caso Ayotzinapa

  • El texto Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas
  • La nueva Fiscalía General de México no puede heredar los vicios de la PGR
Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain, integrantes del GIEI recorren la exposición Plataforma Forensic Architectura, en el Museo Universitario de Arte ContemporáneoFoto María Luisa Severiano
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de octubre de 2017, p. 23
En el caso Ayotzinapa se han dado una serie de pactos de silencio entre diferentes actores institucionales que de romperse podrían aportar datos relevantes para las investigaciones y sobre todo para acceder a la verdad y la justicia.
Así lo señalaron cuatro de los cinco integrantes que formaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la CIDH creó en su momento para el análisis y acompañamiento en las indagatorias por los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes agregaron que la próxima Fiscalía General del país no pude seguir los vicios de la PGR.
Casi un año y medio después de que terminaron su mandato, los expertos regresaron a México para presentar ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el libro Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Del caso Ayotzinapa a nuevos mecanismos en la lucha contra la impunidad, en el que hacen una serie de recomendaciones metodológicas para abordar indagatorias en las que se presentan graves violaciones a los derechos humanos.
Ángela Buitrago, Francisco Cox, Carlos Beristain y Alejandro Valencia delinearon algunas de las fallas en las que incurrió la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso: como el centrar sus trabajos en la búsqueda y detención de los presuntos responsables, pero dejó en segundo término la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y el acompañamiento a los familiares.
También se estigmatizó a los jóvenes refiriéndose a ellos como los ayotzinapos, con lo que se influenció la indagatoria mediante de un sesgo cognitivo; la incapacidad para analizar el contexto en el que se dieron los hechos; la excesiva dependencia de declaraciones por sobre otras pruebas; que no se uso la tecnología disponible para apoyar la investigación; entre otras.
Buitrago subrayó que en el caso Ayotzinapa falta mucho por develarse, pero lo fundamental es: Escribir la verdad del caso en toda su extensión y que se acepte. Beristain enfatizó que aún se necesita saber qué pasó con los normalistas y fincar responsabilidades contra aquellos funcionarios que manipularon y ocultaron pruebas.
El defensor de derechos humanos Valencia apuntó que en este caso los pactos de silencio han sido una gran barrera de impunidad al grado que a tres años de suscitados los hechos, aún no se sabe nada de los 43 jóvenes. Cuando nosotros llegamos siempre nos lo intentaron plantear así: el éxito de la investigación radica en el número de personas capturadas, entonces la investigación es un éxito porque tenemos ciento y pico personas capturadas.
Buitrago, ex fiscal colombiana, refirió: El gran problema y la gran complejidad que hubo en esta investigación es que siempre se habló del crimen organizado pero nunca se estructuró en la investigación, ni cuál era la organización, ni cómo estaba construida, ni cuáles eran los niveles de jerarquización de esos aparatos de poder.
Los expertos internacionales también enfatizaron que la nueva Fiscalía General de México no puede heredar los vicios de la PGR y tampoco a funcionarios formados en el sistema inquisitivo.
El abogado defensor Cox señaló por ejemplo que en expedientes de decenas de tomos, como el de Ayotzinapa, las fallas pueden pasar desapercibidas cuando se leen las carpetas, pero eso no ocurre en los juicios orales.

martes, octubre 03, 2017

FISANIM por Chiapas, Oaxaca y Guerrero


1 octubre de 2017

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indigenas de Mexico (FISANIM) desde su fundacion en el año de 1990, se ocupa de realizar programas y proyectos de salud, nutrición y creatividad, en comunidades de culturas originarias de alta marginalidad, ahora, en los estados de Chiapas, Jalisco y Yucatán.

A lo largo de nuestra historia hemos colaborado en ayuda humanitaria y de reconstrucción en comunidades afectadas por desastres naturales. En este momento hermanadas con la Fundación Alma Fondo Ayuda Social IAP, Fundación Alejandro Diaz Guerra, con el poeta Mardonio Carballo, el etnólogo José del Val, Rubén Albarrán, Leo Heiblum, César Romero, Claudia Santiago, Demian Flores, Anilú Pardo, Mario Mandujano, Humberto Robles, Petrona de la Cruz y otros amigos y organizaciones, les invitamos a participar en acciones para acceder y llevar ayuda humanitaria a comunidades indigenas incomunicadas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados y las recientes lluvias.

Hemos establecido contacto y nos coordinaremos con organizaciones locales que conocen el terreno y tienen ya un trabajo avanzado en la localización de las comunidades que han quedado aisladas, en las que no hay servicios médicos, sus precarias viviendas están cuarteadas o derrumbadas y la situación alimentaria es de desnutrición en grados alarmantes, para que, coordinados con ellas, asesorados por expertos en logística y acompañados por intérpretes y traductores, podamos acceder a las comunidades con ayuda humanitaria y médica.

En la Montaña de Guerrero, la organización con la que nos coordinaremos es “Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña”. En Oaxaca, esta primera acción la haremos con “Consolidando nuestro estado”, quienes desde Ixtaltepec realizan acciones para las comunidades mixe en la Sierra Norte. Y en Chiapas, será el FISANIM quien coordinará desde su oficina que desde 1994, opera en San Cristóbal de las Casas.

Les invitamos a participar ya sea como voluntarios para integrar brigadas, haciendo propia, enriqueciendo y difundiendo esta propuesta, o con donativos a la cuentas:

Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A. C. 
Banco: Scotiabank

Cuenta: 00107853564

Clabe interbancaria: 044180001078535644.


Podemos extender recibos deducibles de impuestos, envíennos sus datos al correo fisanimdf@gmail.com y/o llamen al 5171 3705 con Fabiola de las 10:00 a las 14:00 de lunes a viernes.

Su contribución será utilizada para que con la ayuda de las organizaciones locales podamos adquirir alimentos, insumos y herramientas en localidades lo más cercano posible a las comunidades afectadas y de este modo contribuir a reactivar la economía local.

Nuestro apoyo consistirá en:

- Maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar, sal, café, chile, amaranto y alegrías. Lonas y aditamentos para instalarlas y casas de campaña.

- Utensilios como comales, ollas, molinos y otros enseres de cocina. Cobijas, jabón ecológico, cubetas y bidones con tapa.
- Picos, palas, guantes de carnaza, carretillas y otras herramientas.

- Apeos de labranza.

- Medicinas, material de curación, hierbas medicinales, ungüentos, microdosis.

- Cuadernos, lápices y colores.

Muchas gracias, les abrazamos con cariño,

Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C.: Ofelia Medina; Begoña Lecumberri, Yolanda García y de Montanaro, Pilar Torre, Eufrosina Rodríguez.
Fundación Alejandro Díaz Guerra ac: Patricia Díaz Romo y familia. Alma Fondo Ayuda Social IAP: Gerrit Lenz, Miguel Angel Carmona. 

Acopio permanente para los pueblos de Oaxaca


domingo, octubre 01, 2017

Urgente resolver el caso Ayotzinapa, Ben Cardin

Fallas del sistema frenan investigaciones
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 1º de octubre de 2017, p. 23
El senador estadunidense Ben Cardin urgió al gobierno mexicano a resolver cuanto antes la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que hace unos días cumplió tres años de ocurrida, y lamentó que las fallas del sistema judicial en México sigan frenando la llegada de la justicia para las familias de miles de personas desaparecidas.
En un mensaje a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el legislador demócrata por el estado de Maryland, subrayó que aunque han pasado tres años, la tragedia de este evento sigue pesándole a las familias de las víctimas, quienes aún no han recibido una explicación concluyente de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Aunque reconoció los esfuerzos iniciales del gobierno de México para trabajar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los normalistas, Cardin llamó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a tomar todos los pasos necesarios para asegurar que se llegue a una solución en este caso.
La desaparición de estos estudiantes es emblemática de muchas formas. Mientras México lidia con más de 28 mil casos de personas desaparecidas, la falta de resolución de estos casos disminuye la esperanza de justicia y rendición de cuentas, lamentó.