Procesos cayeron en lentitud institucional, indica el abogado
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de octubre de 2017, p. 4
Miércoles 18 de octubre de 2017, p. 4
La defensa legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, señaló que durante el año que Raúl Cervantes Andrade fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR) las indagatorias del caso ‘‘entraron en un bache’’ y los procesos se vieron inmersos en una lentitud institucional ‘‘que mostró la falta de voluntad del procurador’’ para hallar a los jóvenes y alcanzar la verdad y la justicia.
En entrevista con este diario, Vidulfo Rosales, abogado de las familias e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó que una vez más el titular de la dependencia deje el cargo con el gran pendiente de Ayotzinapa. ‘‘Cada que hay un cambio hay más lentitud, y eso es terrible para casos de desaparición forzada’’, expresó.
El litigante detalló que durante la gestión de Cervantes, la investigación por la desaparición forzada de los normalistas no avanzó y ‘‘sólo se dio una especie de administración a los tonos y ritmos marcados por el gobierno federal. El procurador ofreció resultados a cuenta gotas y así estuvimos todo 2017; esa fue la dinámica que revistió las investigaciones’’.
Rosales aseveró que el hoy ex funcionario ofrecía compromisos en las mesas de diálogo con los familiares de las víctimas, pero días después funcionarios gubernamentales ‘‘salían y declaraban descalificando y desestimando lo que se venía avanzando, y siempre regresaban al basurero de Cocula’’, donde de acuerdo con las primeras versiones oficiales habrían incinerado a los normalistas hasta las cenizas, hipótesis que fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) creó para el caso.
Pese a los escasos avances durante la gestión de Cervantes, el abogado del Centro Tlachinollan deploró que por tercera ocasión haya un cambio en la PGR, pues cada que hay un relevo en el cargo las indagatorias se complican aún más.
‘‘Es obvio que cada que hay un cambio de procurador el caso se retrasa. Con él (Cervantes), bien o mal y pese a todos los problemas que entraña la forma en cómo condujo las investigaciones, llevábamos una dinámica. Este fin de mes tenemos en teoría una reunión programada; esperemos que pese a este cambio se mantenga, pues la salida podría moverla.
‘‘Ya no se puede esperar más tiempo; en un tema de desaparición forzada éste es vital para encontrar a las víctimas y para llegar a la verdad y la justicia. Entre tanto, quienes seguirán en la incertidumbre serán los familiares. Han desfilado ya tres procuradores (Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Cervantes) y nada. Esto sólo ha implicado retrasos por la dinámica que cada uno le ha puesto al caso, a la relación con las víctimas y con nosotros como abogados.’’
Rosales censuró el anuncio que hizo el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, de que será mejor nombrar al titular de la nueva fiscalía general hasta después de las elecciones del próximo año. El abogado argumentó que esto no hará sino complicar la resolución del caso de los normalistas.
‘‘Esto es una muestra de que el tema de la administración de la justicia se ve desde el lente electoral, pasando por encima de la necesidad de llegar a la verdad y la justicia. La procuración de justicia debe tener políticas propias y no estar relacionadas con lo electoral.’’