La CIDH acreditó violencia física, sexual y sicológica en 2006
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 9 de noviembre de 2017, p. 13
Jueves 9 de noviembre de 2017, p. 13
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dio a conocer ayer el calendario de su 120 periodo ordinario de sesiones, donde uno de los temas que analizará es el caso de la tortura sexual, física y sicológica de agentes del Estado contra 11 mujeres durante los operativos policiacos en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Los hechos se relacionan con las violaciones a las garantías fundamentales cometidas contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el asunto a la jurisdicción de la corte en septiembre de 2016,
por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. Esto después de haber realizado varias recomendaciones al gobierno mexicano, que no han sido atendidas. El 120 periodo de sesiones de la Coridh se realizará del 13 al 24 de noviembre. Se espera que el caso Atenco se discuta entre los días 16 y 17. Las sentencias de este penal son vinculantes para los estados.
La CIDH presentó un informe de fondo sobre los hechos, en el que consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de agresión sexual contra las 11 denunciantes, y de violación a siete de ellas. Confirmó que esos delitos fueron cometidos por agentes estatales, en el contexto de su captura, traslado y llegada al centro de detención.
El organismo estableció que su aprehensión fue ilegal, arbitraria y no se les informó por qué ni los cargos que se les imputaban, y determinó que las 11 se vieron obligadas a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
También acreditó que el Estado mexicano no cumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, ni profundizó en la cadena de mando. El actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador del estado de México, asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Atenco.
Al someter el caso a la Coridh, la CIDH lamentó que después más de 10 años no haya esclarecimiento judicial por los hechos.
