El reconocimiento de responsabilidad oficial es aún muy limitado, afirman ante la Coridh
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia sobre el caso San Salvador Atenco, el jueves pasado en San José, Costa RicaFoto Xinhua
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 18 de noviembre de 2017, p. 4
Sábado 18 de noviembre de 2017, p. 4
Los actos de tortura sexual cometidos por policías de diversas agrupaciones contra mujeres durante el operativo efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no fueron hechos aislados, sino parte de una actuación sistemática que fue tolerada por las autoridades mexicanas, a través de la falta de investigación de las denuncias y la descalificación de las víctimas.
Así lo afirmaron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) las representantes legales de las 11 mujeres que iniciaron un litigio contra el Estado mexicano por los abusos sexuales que sufrieron.
En la segunda jornada de audiencias sobre el tema, las abogadas de las sobrevivientes de tortura sexual en Atenco señalaron que los actos de los policías no fueron
aberraciones imprevisibles, sino muestras de un patrón de tortura, abusos e impunidad, todo ello rodeado de insultos con estereotipos de género.
Tras destacar que las aprehensiones masivas y arbitrarias formaron parte de una
estrategia de control socialmediante el uso excesivo de la fuerza, destacaron que la falta de castigo para los policías fue posible gracias a que altos funcionarios –incluido el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto– pusieron en tela de juicio las acusaciones sin haberlas investigado.
Recordaron que la indagatoria sobre el caso nunca se llevó a cabo de manera eficiente e incluso fue suspendida apenas un año después de los hechos, lo cual propició que, aunque varios policías fueron investigados, a final de cuentas no recibieron sanción.
Por ello, las abogadas subrayaron que las víctimas de tortura sexual exigen que el Estado mexicano les ofrezca una disculpa pública, las reconozca como víctimas de violaciones de derechos humanos y, sobre todo, les dé garantías de no repetición de los hechos.
En su respuesta, los delegados del gobierno de México –encabezados por el subsecretario para asuntos multilaterales y de derechos humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas– subrayaron que desde 2013 el Estado admitió su responsabilidad en los actos de tortura sexual cometidos en Atenco y ofreció una disculpa a las víctimas.
Aunque enfatizó que el objetivo del gobierno mexicano no es poner en duda las agresiones sufridas por las 11 mujeres demandantes, el funcionario insistió en que los abusos sexuales no formaron parte de una estrategia deliberada, y destacó que el operativo policiaco tenía razón de ser, debido a que el día 3 de mayo de 2006 los manifestantes habían recurrido a medios violentos.
Indicó que las autoridades consignaron a 29 servidores públicos acusados de tortura y a otros 22 por el encubrimiento de dichos actos, y que el Estado mexicano efecutó una adecuada reparación del daño, además de ofrecer una serie de medidas que no fueron aceptadas por las demandantes.
En su réplica, las abogadas de las víctimas consideraron que el reconocimiento de responsabilidad del gobierno sigue teniendo un carácter muy limitado; trata de legitimar los abusos al decir que los policías habían sido agredidos antes, y omite que sus indagatorias no han llevado a ningún agresor a la cárcel.
En su postura final sobre el tema, la comisionada Margaret May Macaulay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que
es claro que la tortura sufrida por las víctimas no fue aislada, sino parte de un patrón de brutalidad policiaca y tortura sexual, en el marco de una operación masiva que necesariamente tendría que haber sido diseñada y autorizada por autoridades de alto rango. El fallo de la Coridh sobre el caso Atenco se dará a conocer en 2018.
