Sin ustedes no habríamos llegado aquí, agradecen padres de los 43

Marcha sobre Paseo de la Reforma.Foto Luis Castillo

Fernando Camacho y Emir Olivares

 

Periódico La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 6

Cinco años después, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se hacen la misma pregunta: ¿dónde están? Han transcurrido mil 826 días desde que fueron desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero.

Ayer, sus familias volvieron a las calles. Sí, expresaron confianza en el actual gobierno federal, pero exigieron resultados, celeridad en las indagatorias y firmeza con las instituciones y funcionarios que no han cooperado totalmente en el proceso.

Miles de personas se unieron a las madres y los padres de los normalistas para marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México en demanda de verdad y justicia. La movilización fue aprovechada por jóvenes vestidos de negro y embozados para vandalizar negocios, monumentos y hasta una parte de la fachada de Palacio Nacional.

Los desmanes provocaron la inconformidad de cientos de asistentes. Cuando la movilización entró al Zócalo, un grupo de embozados arremetió con palos y tubos contra la puerta Mariana de Palacio Nacional, sobre la cual también grafitearon el numero 43 y lanzaron un cohetón, lo que causó molestia. Decenas de universitarios les reclamaron y hasta Felipe de la Cruz, vocero de las familias, los confrontó: no nos estamos manifestando así, tranquilos. Y es que momentos antes habían vandalizado ya una treintena de negocios.

Las actividades por el quinto aniversario de la desaparición forzada de los normalistas comenzaron poco después de las 3 de la tarde, cuando un grupo de representantes de diversas organizaciones religiosos celebraron una misa para honrar la memoria de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En un templete instalado frente al Ángel de la Independencia, donde se colocó una mesa con un crucifijo y un cirio, leyeron diversos fragmentos de la Biblia y convocaron a los asistentes a la marcha a orar juntos para alcanzar la verdad y la justicia en el caso Iguala.

La movilización convocó a varios miles de personas (5 mil, según las autoridades capitalinas, y más de 10 mil, según los organizadores) que acompañaron a los padres y madres de los 43 en medio de consignas y gritos de apoyo. Ahí estuvieron presentes normalistas, estudiantes universitarios, sindicalistas e integrantes de organizaciones populares.

Durante el mitin en el Zócalo, los familiares de los 43 manifestaron su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo lo apremiaron a dar resultados con prontitud.

Es cierto, tenemos empeñada la palabra del señor Presidente, y eso a los 43 padres nos abre una esperanza muy grande, pero también les decimos que esa palabra debe ser cumplida para poder tenerle confianza, no sólo esperanza, afirmó Mario César González, padre de uno de los desaparecidos.

Es momento de ser un poco más duro con las dependencias que no quieren dar información (sobre la desaparición de los estudiantes), porque no nada más con el discurso y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad, sino que debemos ser un poquito más contundentes con aquellas personas involucradas en los hechos, afirmó entre consignas y gritos de apoyo.

Joaquina García, madre de otro de los normalistas ausentes, asentó que las familias lo único que piden “es que se aclare dónde están nuestros hijos y que se investigue a los culpables de la verdad histórica que inventaron, que nos ha lastimado mucho”.

Los padres agradecieron la solidaridad de los ciudadanos y las organizaciones que los han acompañado. Sin ustedes no habríamos llegado hasta aquí.

5 años: Ayotzinapa

¡Nos faltan 43!

Iguala: a cinco años de la barbarie

E

l 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en México. La noche de ese día, en Iguala, Guerrero, cuerpos armados del Estado agredieron a un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían llegado a la ciudad para tomar autobuses a fin de trasladarse a la capital de la República para participar en los actos conmemorativos del 2 de octubre. Policías municipales de Iguala, posiblemente respaldados por otros de Cocula y de Huitzuco, y presuntamente con algún grado de participación de la policía estatal, la Federal y efectivos del Ejército, balacearon a los normalistas, mataron a tres de ellos y a otros tres civiles, causaron graves lesiones a dos de los estudiantes y se llevaron a 43, de los cuales hasta la fecha se ignora su paradero.

La atrocidad fue minimizada desde un principio por los gobiernos estatal y federal, los cuales despreciaron el clamor social que llamaba, antes que nada, a buscar a los muchachos desaparecidos y que en los días siguientes creció a una exigencia masiva y multitudinaria de justicia y esclarecimiento. La extinta Procuraduría General de la República tardó dos semanas en atraer el caso y cuando al fin lo hizo emprendió una investigación que ha quedado registrada como ejemplo de desaseo, omisión, fabricación de culpables, alteración de indicios, desaparición de pruebas y engaño a la sociedad. A fines del mes siguiente el entonces procurador, Jesús Murilllo Karam, presentó unas conclusiones inverosímiles: los normalistas, dijo, habían sido entregados por sus captores uniformados a un grupo local de la delincuencia organizada –los llamados Guerreros Unidos–, trasladados a la vecina Cocula, donde fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de esa población.

Lo que el funcionario llamó verdad histórica resultaba insostenible por sus múltiples inconsistencias con la realidad, y, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se aferró a esa versión hasta el último día del sexenio. La presión y la movilización social encabezada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la desconfianza en las autoridades nacionales obligó al régimen a aceptar la coadyuvancia de instancias internacionales como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las cuales dieron a conocer múltiples aspectos que desmentían los dichos oficiales.

Ante las revelaciones de esos equipos y la falta de resultados creíbles en el trabajo de la PGR el descrédito del Ejecutivo federal creció de manera exponencial. Junto con la revelación de la Casa Blanca de las Lomas, que tuvo lugar unos meses después, la barbarie de Iguala marcó un punto de declive irremediable para el gobierno peñista y para el régimen en su conjunto. Buena parte de la sociedad cobró conciencia de golpe de lo irrelevantes que eran para la autoridad la protección de los derechos humanos y la escandalosa impunidad resultante. Los sucesos trágicos y exasperantes de hace cinco años y la secuela de opacidad, irresponsabilidad y encubrimiento en que se desarrolló la investigación incidieron en forma decisiva en la erosión final del ciclo de gobiernos neoliberales. El impacto en la población influyó a su manera en la aplastante derrota electoral sufrida por el Partido Revolucionario Institucional en los comicios generales del año pasado.

El nuevo gobierno, por su parte, tenía desde su arranque el compromiso ineludible de esclarecer las razones reales de la barbarie, dar con el paradero de los normalistas e impulsar la revisión de los graves vicios en los que incurrió la PGR.

Ciertamente, esta revisión es una tarea colosal y complicada y debe llevar no sólo al establecimiento de la verdad a secas, sino también a fincar responsabilidades penales a quienes pervirtieron la procuración de justicia. La Cuarta Transformación ha empeñado en ello voluntad política y la sensibilidad de la que careció el gobierno anterior, pero estas condiciones favorables deben traducirse en resultados. Las madres y los padres de los muchachos asesinados, heridos y desaparecidos tienen derecho a conocer con toda precisión qué ocurrió con sus hijos y, en el caso de los últimos, dónde están. La justicia plena ante crímenes que pueden ser tipificados de lesa humanidad no debe demorar mucho tiempo más. A México le urge saldar ese episodio de tragedia y barbarie y para ello no hay otro camino que establecer la verdad, hacer justicia, reparar el daño y garantizar la no repetición. Hoy, a cinco años de la atrocidad, el país debe construir la certeza de que un caso semejante no va a suceder nunca más.

Aplaude la ONU las acciones del gobierno para esclarecer el caso Iguala

Diputados instan a la FGR a consignar a los responsables // Señalan a Tomás Zerón de Lucio por manipular las pesquisas

A gritos, mujeres y hombres demandaron llamar a declarar al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.Foto Afp

Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 8

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó ayer las acciones del actual gobierno en el caso Ayotzinapa, a cinco años de ocurrida la desaparición forzada de los 43 normalistas, pues han significado un cambio de rumbo y la construcción de una relación de confianza con los padres de familia de los jóvenes.

Mientras, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia aprobó un resolutivo dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Además se pide dar continuidad a las indagatorias en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario de la extinta Procuraduría General de la República, por la presunta manipulación de la investigación del caso.

En un comunicado, la ONU-DH indicó que merece un reconocimiento particular el establecimiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias de los estudiantes.

De igual forma, elogió que se hayan celebrado convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia ONU-DH, así como que se haya nombrado a un nuevo fiscal especial para el caso, mismo que cuenta con el respaldo de las familias y las organizaciones que las acompañan.

La comisión presidencial ha significado un verdadero cambio de rumbo. Logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano. Consideramos de particular relevancia que la instancia haya permitido abrir espacios de diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas, afirmó Jan Jarab, representante del ONU-DH en México.

Por su parte, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) refrendaron ayer su decisión de ordenar la apertura, en versión pública, de la carpeta de investigación sobre el caso Iguala.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, señaló, a su vez que sigue siendo urgente que las autoridades resuelvan lo que ha sucedido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y exhortó a las fuerzas políticas y a la sociedad en general a actuar con responsabilidad y no lucrar políticamente.

Familiares de los 43 exigen a la FGR sancionar a quienes inventaron la verdad histórica

• Marcharon por Reforma e Insurgentes
• Demandan llamar a declarar al ex secretario Osorio Chong y al procurador Murillo Karam

Fernando Camacho y Georgina Saldierna

 

Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 7

En vísperas del quinto aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, padres de estos jóvenes y normalistas realizaron un mitin frente a la Fiscalía General de la República, en el que pidieron que se llame a declarar y se sancione a ex funcionarios que inventaron la llamada verdad histórica, pues con su actuación impidieron que la justicia llegara y no se conociera la realidad del caso.

Los centenares de manifestantes se apostaron frente al organismo tras marchar por las avenidas Reforma e Insurgentes desde el llamado antimonumento a los 43 alumnos sin localizar.

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, dijo que la fiscalía debe cumplir su obligación de llamar a declarar a ex funcionarios, como el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex procurador general, Jesús Murillo Karam.

Tras las negociaciones que los padres de familia han sostenido con representantes de la nueva administración federal, confió en que se realizará una verdadera investigación, ya que en esos trabajos están incluidos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre consignas exigiendo conocer al paradero de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el planteamiento de que defenderán a las normas, De la Cruz estimó positivo que se haya llamado a declarar al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a sus colaboradores, porque no se debe dejar de lado a ninguno de los funcionarios de los tres niveles de gobierno que puedan aportar algún dato o evidencia sobre el caso.

Frente a los padres que portaban cartulinas con los nombres y las fotografías de sus hijos y en múltiples entrevistas a medios nacionales e internacionales, el vocero expuso que conocer la verdad de lo sucedido hace cinco años en Iguala no debilitará a las instituciones, sino que las fortalece.

Más tarde, familiares de los 43 desaparecidos y sus abogados dijeron que la lentitud con la que han ocurrido algunas acciones oficiales en el caso Ayotzinapa se debe en gran medida a la permanencia de funcionarios del gobierno anterior en la Fiscalía General de la República y el Ejército, pero también a que la indagatoria realizada por la extinta procuraduría genera mucha desconfianza y no sirve de base para realizar nuevos avances.

Vemos muy difícil (que haya avances más rápidos en la investigación) porque todavía están personas del gobierno anterior y puede ser que obstaculicen, pero nosotros le hemos dicho al fiscal especial del caso que si hay obstáculos, nos avise, porque nos tenemos que movilizar, afirmó ayer Cristina Bautista, madre de uno de los alumnos agredidos, durante una jornada informativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Pese a ello, indicó que las familias de los alumnos desaparecidos hace ya cinco años deben tener paciencia, porque a diferencia del gobierno anterior, que nos llevó cuatro años con puras mentiras, en el actual hay una actitud de apertura, aunque la confianza se irá construyendo conforme avancen las investigaciones.

Cinco años en espera de justicia para los estudiantes

Emir Olivares y Gustavo Castillo

 

Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 5

Este jueves se cumplen cinco años de los hechos ocurridos en la ciudad guerrerense de Iguala. Hace un lustro, a las ocho de la noche, alrededor de 100 estudiantes de Ayotzinapa se encontraban en ese municipio –se habían apoderado de cuatro autobuses que utilizarían para realizar prácticas escolares y acudir a la manifestación conmemorativa del 2 de octubre–, cuando decenas de agentes del Estado, sobre todo policías de varios municipios, los atacaron, privaron de su libertad a 43 normalistas y los entregaron a integrantes del grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos.

Desde hace cinco años los 43 jóvenes están desaparecidos. La versión oficial fue que se les asesinó e incineró. Un total de 142 presuntos involucrados en el delito de secuestro fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales; sin embargo, 77 de ellos ya han sido liberados por fallas en la investigación, detención y formulación de imputaciones que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El 26 de septiembre, ante las agresiones de los policías de los municipios de Iguala y Cocula, algunos normalistas resultaron heridos de bala, otros decidieron, espantados, correr al monte, se escondieron en una casa abandonada o pidieron auxilio en las viviendas de la zona cercana a la avenida Periférico, donde la agresión dejó como saldo un estudiante fallecido y decenas de lesionados.

Durante los ataques, uno de los agentes les gritó: ¡Hijos de su pinche madre, se van a morir como perros!, relató uno de los sobrevivientes de la agresión ante el Ministerio Público del fuero común el 27 de septiembre de 2014.

Las indagatorias realizadas por el Ministerio Público Federal establecieron que en las agresiones participaron también policías municipales de Cocula y Huitzuco, en tanto que las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan la presunta participación de dos agentes de la Policía Federal y dos elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, y presumiblemente uniformados de al menos tres municipios más.

La llamada verdad histórica –dada a conocer el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam– señala que los agentes municipales entregaron a los 43 estudiantes a miembros de Guerreros Unidos, y un número no definido de ellos fueron asesinados e incinerados la misma noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta la fecha, formalmente, de los estudios realizados a 64 de un total de 28 mil restos óseos localizados en el río Cocula, apenas uno dio resultados positivos para la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas que fueron privados de su libertad.

Tras la desaparición de los estudiantes, padres de las víctimas e integrantes de la normal de Ayotzinapa realizaron grandes movilizaciones tanto en Guerrero como en la Ciudad de México en demanda de esclarecer el paradero de las víctimas, y castigo a los responsables.

Ante la falta de resultados, exigieron y consiguieron el apoyo de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con ello que las investigaciones fueran revisadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La participación de los especialistas internacionales derivó en múltiples recomendaciones para que el gobierno mexicano continuara con las indagatorias. Asimismo, la CNDH presentó en noviembre pasado su recomendación por el caso, donde acreditó graves violaciones a derechos humanos –aunque los padres rechazaron parte de ese documento.

Muchos de los señalamientos de esas instancias no han sido atendidos y ahora, con la llegada del nuevo gobierno federal, se integró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, como lo ordenó un tribunal federal luego de múltiples recursos de amparo presentados por los representantes de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

De los acusados por la desaparición de los estudiantes, ya han sido liberados algunos jefes de Guerreros Unidos, entre ellos Gildardo López Astudillo, así como presuntos autores materiales, entre ellos Agustín Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio.

Ayotzinapa y la institucionalidad podrida

Mario Patrón

A

21 días del quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa surgen nuevamente hechos que dan cuenta de que la verdad no está tutelada en beneficio de las víctimas y de que, aún peor, dicha ausencia de verdad es consecuencia principalmente de que hay instituciones del Estado mexicano que están podridas y que –ya sea por acción o por omisión– generan impunidad. Esto es el máximo agravio para las víctimas de un delito, más aún para quienes desde hace cinco años se encuentran viviendo una grave violación a los derechos humanos.

Los índices nacionales sobre impunidad son devastadores: las propias cifras oficiales develan que sólo .1 por ciento de cada 10 casos denunciados accede a la justicia. Una impunidad de 99 por ciento da cuenta de que hoy en México las instituciones que deberían auxiliar, acompañar y representar a las víctimas no hacen su trabajo. Por el contrario, acuden a métodos ilegales de investigación, distorsionan hechos, manipulan pruebas y ensucian la verdad de lo sucedido.

Esa es la impunidad: la negación máxima de procesos serios de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables. La impunidad pone en el centro intereses contrarios a la legalidad y al estado de derecho, en tanto que la justicia pone en el centro a las personas que se duelen de la peor atrocidad, como lo es la desaparición forzada.

La liberación de Gildardo López Astudillo es una mala noticia. Todos los reportes lo señalan como jefe de plaza de Guerreros Unidos y como el actor que se vinculaba con las instituciones públicas para corromperlas. Así lo develó la investigación de las autoridades estadunidenses, quienes detuvieron a integrantes de ese grupo criminal por traficar heroína en dicho país. Escuchas telefónicas y particularmente un racimo de mensajes extraídos de los teléfonos celulares dan cuenta del papel de López Astudillo, muestran con nitidez que las instituciones policiales presentes en la zona trabajaban para la banda criminal y apuntan a que ese entramado de corrupción no se agota en las instituciones municipales, sino que involucra a actores estatales e incluso federales.

Ayotzinapa marcó al país: develó el México de la macrocriminalidad y la corrupción, de los contubernios entre las autoridades policiales y políticas con el crimen organizado, de los territorios sujetos al control criminal y de instituciones públicas que forman parte de la delincuencia. Sólo así se explica un entorno que posibilitó la vulnerabilidad extrema de las víctimas y luego una tragedia del mayor calado: personas ejecutadas y estudiantes desaparecidos a plena luz del día en una ciudad.

El factor diferencial para revertir esta cruenta realidad era la justicia como traducción de la verdad: explicar sin reserva qué sucedió, incluido el paradero de los estudiantes, pero también el involucramiento del crimen y de las autoridades a todos los niveles y la detención y sanción de las personas responsables.

Frente a la tragedia, el Estado tenía la oportunidad de marcar un antes y un después. Por desgracia, así como Ayotzinapa fue la expresión profunda del contubernio crimen-autoridades, también se constituyó en la máxima expresión de la impunidad y la podredumbre de las instituciones que deberían tutelar la verdad.

Ya en septiembre del 2015, el GIEI advirtió las ilegalidades de la PGR en la investigación y en mayo de 2016 proporcionó una lista de personas torturadas para imponer una mentira como verdad histórica en el caso. La ONU-DH, en su informe Doble Injusticia, advirtió la existencia de un mecanismo ilegal de investigación que pasaba por detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas e incluso un caso de ejecución arbitraria, cometidas tanto por la PGR como por la Marina y la Sedena. La propia CNDH, en su recomendación sobre el tema, alud≠e a más de 50 casos de métodos ilegales que han manchado lo que debió ser la investigación más profunda y profesional en México y que terminó siendo la expresión de la podredumbre institucional.

En junio de 2018, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia histórica que dio origen a la Comisión Presidencial creada por AMLO para el caso. Los magistrados concluyeron que la PGR no hizo una investigación imparcial e independiente y que se habían cometido graves irregularidades, como la elaboración de pruebas ilegales que debían ser eliminadas del caudal jurídico. Pasó un año y dos meses desde esta resolución y la PGR y la hoy FGR no han podido reconfigurar las acusaciones. Tan mal hecha está la investigación que no presentaron nuevas pruebas que evitaran que personas como López Astudillo salieran en libertad a pesar de haber delinquido de manera evidente.

Hoy, el caso Ayotzinapa cuenta con un andamiaje institucional inédito. Existe una Comisión Presidencial, una Fiscalía Especializada dentro de la FGR y asistencia técnica internacional a cargo de la CIDH y la ONU, lo que ha posibilitado el regreso de dos de los expertos del GIEI. No hay duda de que este andamiaje es expresión de voluntad del nuevo gobierno, pues suma recursos políticos del mayor nivel con recursos jurídicos y presencia internacional. El gran reto de este andamiaje es romper con prácticas de instituciones podridas que privilegian intereses oscuros y que se materializan en la máxima impunidad.

Ante ello, como sociedad nos toca seguir acompañando a los 43 padres y madres que, a cinco años, siguen buscando a sus muchachos y que constituyen la reserva moral del México digno.

EL CASO SE REABRE-Fisgón

Concentrará la Suprema Corte los procedimientos pendientes del caso ABC

Eduardo Murillo

 

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de septiembre de 2019, p. 5

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso la concentración en el máximo tribunal de los procedimientos pendientes de resolver acerca del incendio en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

Se trata de 14 solicitudes de amparo presentadas por padres de los niños fallecidos y lesionados en la tragedia, que fueron atraídos por la SCJN el año pasado y concentrados en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Los amparos de los padres reclaman temas como las reducidas sentencias impuestas a los funcionarios menores procesados por estos hechos, el cierre del caso por parte de las autoridades federales y la necesidad de ahondar en otras líneas de investigación, como la de la posible responsabilidad en los hechos del ex gobernador Eduardo Bours Castelo.

El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de las víctimas de la guardería ABC; al término del encuentro, trascendió que el caso será reabierto, a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En 2009, la SCJN inició una investigación sobre el caso, la cual estuvo a cargo del actual ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien en su proyecto final proponía imputar a altos funcionarios del IMSS, entre ellos al entonces director general Juan Molinar Horcasitas, ya fallecido.

El proyecto no fue aprobado totalmente por la SCJN; sin embargo, se anunció que será retomado en la nueva investigación del caso, a cargo de la Fiscalía General de la República.

Respecto de los amparos pendientes en la SCJN, éstos fueron atraídos a petición del segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del quinto circuito, instancia que argumentó que el asunto causó una gran conmoción en la sociedad mexicana, dada la gravedad de los hechos en los que perdieron la vida cuarenta y nueve niñas y niños, así como lesiones en cuarenta y tres personas más, en su mayoría menores de edad. Incluso, con repercusión internacional, ante la posibilidad de una eventual condena al Estado mexicano, debido a que los padres de las víctimas y ofendidos del incendio denunciaron esos acontecimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reactivan pesquisa por caso ABC; van tras Bours y dueños de la guardería

Justicia, no propaganda

Alma E. Muñoz y Cristina Gómez

Enviada y Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 3 de septiembre de 2019, p. 3

Hermosillo, Son., La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el expediente sobre el incendio de la guardería ABC ocurrido hace más de 10 años, en el que se incluye al ex gobernador priísta Eduardo Bours y a los dueños de la estancia infantil que no habían sido imputados, entre ellos Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Al término del segundo encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en privado con padres de las víctimas de la guardería –el primero se dio el 6 de junio en Palacio Nacional–, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que a los afectados directos e indirectos se les restituyó el servicio médico subrogado de manera vitalicia.

Robledo explicó que el 22 de agosto el IMSS ratificó la denuncia que presentó su antecesor, Germán Martínez, en mayo pasado, y que tiene como base el proyecto –que en su momento fue rechazado– del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, donde se establece la responsabilidad de 14 funcionarios, entre ellos el ex gobernador Bours, y particulares que eran dueños y socios de la guardería. Lo que no queremos, y nos lo dijo el Presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia y no propaganda, hay que hacerlo bien.

Anoche, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y el IMSS, se informó que se ofrecieron elementos de prueba adicionales a los presentados originalmente. Indicaron que se iniciaron los procesos de diálogo para construir un memorial vivo que funja como reparación colectiva, ayude a reconstruir el tejido social, a honrar la vida de los niños fallecidos, a garantizar que un hecho así no se repita y, además, beneficie a la comunidad donde sucedieron los hechos.

Robledo también señaló que investigarán a los proveedores del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del IMSS –que atiende a los lesionados por el incendio en la estancia infantil– que hayan cometido anomalías en el momento de cobrar facturas a sobreprecio, a costa del dolor y sufrimiento de los niños. Con ese fin se presentó una denuncia penal en contra de una empresa, mientras de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación se dio vista al Órgano Interno de Control.

Las autoridades también acordaron con los afectados en el caso ABC, que se homologará la ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores fallecidos, lesionados y expuestos, así como a las maestras y adultos lesionados, al monto más alto calculado. Esto beneficiará a 164 familias.

Además, se brindará una ayuda económica por solidaridad a los padres y madres de los menores afectados que no tengan una pensión otorgada por el IMSS.

Julio César Márquez, padre de Yeyé, quien falleció en el incendio del 5 de junio de 2009, señaló que su principal demanda es la procuración de justicia contra los mandos altos en la administración de Eduardo Bours, que se burlaron de la tragedia a través de su poder político. Resaltó los acuerdos asumidos con el gobierno de López Obrador.

La procuración de justicia, que es lo que le compete al gobierno federal, tiene que llegar a sus últimas consecuencias; por ello la importancia de que toquemos este punto con el Presidente, y se alcancen las altas esferas, como no se hizo antes.

Julio César Márquez subrayó, como otros padres –de entre los casi cien que asistieron a la reunión–, la importancia de que se ratificara la denuncia contra Bours.

Mientras se llevaba a cabo la reunión, un grupo de inconformes se manifestó en las afueras del hotel sede el encuentro, irrumpiendo en las vallas de seguridad con el afán de acercarse al mandatario para entregarle sus demandas. Los papás informaron que el Presidente les aseguró que se reunirá nuevamente con ellos en tres meses.

Reactiva FGR expediente sobre el caso ABC

Alma E. Muñoz, enviada, y Cristina Gómez, corresponsal 

Familiares de víctimas de la guardería ABC exigen justicia, en una manifestación en junio de 2014. Foto Francisco Olvera

Hermosillo, Son. La Fiscalía General de la República reactivó el expediente sobre el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace diez años, en el que se incluye al ex gobernador priísta, Eduardo Bours, y a los dueños de la estancia infantil que no habían sido imputados.

Entre los señalados está Marcia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Al término del segundo encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en privado con padres de las víctimas de la guardería, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que a los afectados directos e indirectos se les restituyó el servicio médico subrogado, de manera vitalicia.

Robledo explicó que el 22 de agosto el Seguro Social ratificó la denuncia que presentó su antecesor, Germán Martínez, en mayo pasado, y que tiene como base el proyecto del presidente de la Corte, donde “se establece la responsabilidad de varios funcionarios -entre ellos el ex gobernador- y de particulares, que son los dueños de la guardería.

“La denuncia presentada por Germán Martínez es contra el ex gobernador Bours, pero nosotros estamos considerando incluir también a los particulares, porque no puede haber justicia si no se incluye a los grandes dueños de esta guardería”. 

“Lo que estamos pidiendo en la investigación es que se consideren los elementos del proyecto del ministro Zaldívar, que desafortunadamente (en su momento) se votó en contra y fue lo que imposibilitó que se diera la investigación”.

Lo que estamos haciendo, dijo, es "retomar la investigación para pedirle a la fiscalía que la integre en nuestra denuncia”, que ya fue ratificada y la fortaleceremos en 24 horas, porque “ahora viene la ampliación y eso estamos por hacerlo, porque es integrar un expediente bastante voluminoso. Lo que no queremos, y nos lo dijo el presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia y no propaganda, hay que hacerlo bien”.

También señaló que investigará a los proveedores del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del IMSS que “hayan cometido anomalías en el momento de cobrar facturas a sobreprecio, a costa del dolor y sufrimiento de los niños”.

Robledo recordó que en diciembre se suspendió la atención de los servicios subrogados para más víctimas y familiares, “a partir de una interpretación de la Auditoría Superior de la Federación”.

Padres de los 43 exigen diálogo con el Presidente

Se cumplen cuatro años 11 meses de la desaparición de los alumnos

Cuando falta un mes para que se cumplan cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes fueron atacados los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, sus familiares demandan dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de que ratifique su compromiso de resolver el caso y aplicar la justicia.Foto Pablo Ramos

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 27 de agosto de 2019, p. 5

Después de 59 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jóvenes siguen en búsqueda de verdad y justicia. Ayer, al conmemorarse cuatro años y 11 meses de los hechos en Iguala, Guerrero –que dejaron 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, seis asesinados y varios lesionados de gravedad–, madres y padres de los normalistas exigieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba el próximo mes, al cumplirse cinco años de los hechos, con el fin de que reafirme su compromiso con la resolución del caso.

Como cada día 26 de todos los meses, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, acompañados de unas 300 personas, entre estudiantes de varias normales e integrantes de organizaciones sociales. Señalaron que si bien con el actual gobierno federal se han dado pasos concretos en búsqueda de la verdad y la justicia, “el proceso va lento y la desesperación ya es mucha.

Seguimos exigiendo la presentación de nuestros hijos, que nos los devuelvan. Tenemos un poco de esperanza con este gobierno, que al menos avanza paso a pasito, no como el anterior, que aun cuando firmó documentos, nunca hizo nada, aseveró doña María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez.

Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, manifestó que la desesperación es patente en las familias, pues han pasado casi cinco años desde aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Demandó que se empiece a sancionar a los funcionarios involucrados en las irregularidades de las indagatorias, como al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República Tomás Zerón de Lucio. Si están ahí, no entiendo por qué no los atrapan, por qué no van por ellos.

Ofelia Medina llama a respetar los acuerdos de San Andrés

La actriz Ofelia Medinay el elenco de Cada quien su Frida llevaron ayer un espectáculo gratis a Acteal, Chiapas, en solidaridad con los deudos tras la matanza de indígenas tzotziles, ocurrida hace 21 años.Foto Elio Henríquez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 17 de junio de 2019, p. 12

Acteal, Chis., Los que luchan bien saben gozar y deben de gozar, aseguró la actriz Ofelia Medina, quien ofreció este domingo junto con el elenco de la obra de teatro Cada quien su Frida un concierto a los pobladores de Acteal, donde hace 21 años fueron masacrados 45 indígenas tzotziles.

Con este concierto va implícita la exigencia de que se haga justicia en Acteal y en México; que se vuelva a los diálogos de San Andrés porque es la única manera de resolver el conflicto armado en Chiapas, afirmó en entrevista.

Estamos contentos de haberles venido a cantar, dijo a los asistentes, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, antes de comenzar la gala ayer pasadas las 13:30 horas, con la canción La Valentina.

La velada empezó después de que los pobladores participaron en la celebración religiosa dominical en la ermita de Acteal. Ya iniciada la música, integrantes del elenco de Cada quien su Frida y la propia Ofelia bailaron con algunos habitantes, la mayoría niñas.

La actriz explicó que la compañía teatral fue a Acteal a cantar gratuitamente para los pobladores, a quienes además regalaron frutas, para celebrarlos a ellos. Sólo celebrar. Los que luchan bien saben gozar. ¡Viva la vida!, vamos a cantar, los que luchan deben de gozar.

Recordó que prevalece la exigencia de que se haga justicia en Acteal y en otras latitudes deMéxico; que se vuelva al diálogo pues la única manera de resolver esto (el conflicto armado) es volver al diálogo. Sólo se hizo una mesa (de derechos y cultura indígenas) y los acuerdos alcanzados ni siquiera se respetan. Entonces, están buscando por otros lados cuando la solución está ahí: volver al diálogo. Los zapatistas son una fuerza beligerante que declaró la guerra. Lo natural es que siga el diálogo.

Medina recordó que mediante el Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, fundado en 1990 por ella y por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, desde 1994 apoya a pobladores de comunidades originarias con el programa de nutrición y recuperación del amaranto para la dieta diaria.

"Cada quien su Frida" Acteal

"Cada quien su Frida" se presenta en Acteal. La actriz Ofelia Medina y el elenco de "Cada quien su Frida" presentaron el pasado 16 de junio, un concierto a los pobladores de Acteal, lugar donde hace 21 años fueron masacrados 45 indígenas tzotziles. Durante el concierto, el elenco se sumo a la a exigencia de que se haga justicia en Acteal y en México.

ABC 10 años - Buenos Aires, Argentina

La muerte de los hijos

Hoy pedimos verdad y justicia para las mamás, papas y familias de la Guarderia ABC, Hermosillo, Sonora, México a 10 años de su conmemoración.

La historia 
El 5 de Junio de 2009 la guardería infantil ABC se incendió y fallecieron 49 bebés , niños y niñas y tantos otros quedaron severamente lastimados.
Llevar a tu hijo a la guardería y que no regrese nunca más
Fue negligencia. Fue el estado.

Hoy un 5 de junio de 2009 asesinaron a 49 bebés , niños y niñas por desidia y corrupción.
Llevar a tu hijo a la guardería y encontrarte con una tragedia, un incendio, gritos confusión , la morgue. SIN PALABRAS.
Fue Negligencia. Fue el estado.

En el caso de Guardería ABC además del dolor constante quedó la lucha de sus familiares y se organizo el Movimiento 5 de Junio que consiguió la ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil " Ley 5 de Junio"
Pero no se implementa adecuadamente y los bebes, niños y niñas siguen muriendo en espacios que deberían cuidarlos
Esta problemática no solo se vive en México, es común en todo latinoamerica, porque ya sabemos que lugar ocupan los niños en el interés político.

Nuestro aporte
Tengo el inmenso honor que Julio Cesar Marquez yPatty Duarte Franco nos acompañen en nuestro congreso y ojalá pudiésemos invitar a todos los papás y mamás.
Tengo el inmenso honor que un dramaturgo comoHumberto Robles nos haya cedido los derechos de la obra " Nosotros Somos los culpables" a propósito de la tragedia y que la estrenemos en el Congreso.

Hoy desde Argentina los acompañamos en su marcha y en su dolor desde aquí no cesaremos de trabajar para que la infancia entre en la agenda de los estados.

Verdad y justicia para cada niño y cada niña.

#JusticiaABC

Guardería ABC: 10 años sin justicia

E

l 5 de junio de 2009 un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que pertenecía al sistema de casas cuna subrogadas a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mató a 49 bebés y niños y dejó a otros 106 con heridas, tan graves en algunos casos que los afectados han debido someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas, en tanto que madres y padres de las víctimas han debido recibir atención sicológica desde entonces, lo cual no ha impedido que se mantengan en la lucha por el esclarecimiento y la justicia.

El presidente municipal de Hermosillo era Ernesto Gándara, la entidad del noroeste era gobernada por Eduardo Bours Castelo, el fallecido Juan Molinar Horcasitas había dirigido el IMSS desde el primero de diciembre de 2006 (dejó el cargo tres meses antes de la tragedia) y Felipe Calderón Hinojosa era el titular del Ejecutivo federal. Por añadidura, una de las socias principales del negocio era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima por lados distintos de la esposa de Calderón, Margarita Zavala, y de la cónyuge de Bours, Lourdes Laborín.

Desde 2003 el IMSS relajó los requisitos para subrogar estancias infantiles a particulares, lo que llevó a una proliferación de estas empresas. Un año más tarde, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del IMSS hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia. Esa instancia estableció que el siniestro se inició en una bodega contigua a la guardería (en realidad, la bodega y la estancia infantil compartían una misma edificación) donde la Secretaría de Hacienda estatal almacenaba gran cantidad de documentos. Posteriormente se sabría que ni las autoridades municipales ni las estatales ni la federal verificaron las condiciones de seguridad del establecimiento, que carecía de las más elementales: extintores, salida de emergencia y personal suficiente para el cuidado de los pequeños.

En medio de una confrontación verbal entre los gobiernos federal y de Sonora, una veintena de empleados y funcionarios menores fueron perseguidos y encarcelados, en lo que constituyó una evidente maniobra de encubrimiento a los responsables principales. Sólo algunos de los dueños de la guardería fueron detenidos durante unos meses, y excarcelados antes del fin de 2009. Ante las negativas de la Procuraduría General de la República a emprender acción penal en contra de éstos, los padres y madres de las víctimas acudieron a la SCJN, donde un proyecto de resolución estableció la responsabilidad de Bours, Molinar Horcasitas y su sucesor, Daniel Karam, y otros altos funcionarios, pero fue desechado por el pleno de ese organismo. En el curso de las pesquisas surgió, además, la posibilidad de que el incendio hubiese sido intencional, e iniciado por un chofer del gobierno de Sonora de nombre Carlos López Meza, asesinado a mediados de 2013.

Independientemente de si hubo o no un acto doloso en el origen de la tragedia, es claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones de consecuencias catastróficas y que durante los siguientes tres años y medio del gobierno calderonista y los seis del peñista hubo, por parte del poder público, el designio de impedir el esclarecimiento de los hechos y de encubrir a los responsables. En ningún otro episodio como el de la guardería ABC se expresa de manera tan clara el carácter criminal de las privatizaciones corruptas de bienes y servicios públicos operadas durante 36 años ni los agravios irreparables causados a la sociedad por ese modelo político-económico.

Además, el caso de la estancia infantil sonorense exhibe con crudeza la cadena de complicidades y encubrimientos que recorrió los sexenios anteriores. Tan pesada y sórdida ha sido esa cadena que ayer se cumplieron 10 años de la tragedia y los familiares de los niños muertos y heridos y la sociedad en su conjunto siguen a la espera de justicia. Es claro que el tiempo se ha agotado y que hoy debe reiniciarse una doble investigación –por el inconmensurable dolor causado y por el encubrimiento de sus responsables– y llevarse hasta sus últimas consecuencias.

Comunicado a 10 Años de Tragedia en Guardería ABC

Justicia ABC - Marcha solemne: 10 años de impunidad

Marcha este 5 de junio, 18:00 hrs. Plaza Emiliana de Zubeldía, Hermosillo, Sonora

#10AñosSinJusticia
#ABCNuncaMás

Justicia Para Tefany

Ciudad de México, 20 de Mayo de 2019

JUEZ FEDERAL NEGÓ EL AMPARO AL PROFESOR DEL COLEGIO WILLIAMS QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE NUESTRA HIJA TEFANY DE 3 AÑOS DE EDAD

Amigos y familia que apoyan a Tefany, les compartimos que nos acaban de notificar la sentencia de 13 de mayo de 2019, dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México Sandra Leticia Robledo Magaña, del Poder Judicial de la Federación, en la cual, le NEGÓ EL AMPARO al profesor del COLEGIO WILLIAMS que abusó sexualmente de nuestra hija Tefany.

La Juez Federal resolvió que son infundados los argumentos de la defensa del profesor y le negó el amparo respecto de la resolución de 8 de febrero de 2019, en la que el Magistrado Jorge Guerrero Meléndez del TSJCDMX, en apelación, le confirmó por segunda ocasión el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de Tefany. Este era el segundo amparo promovido por el profesor y el último que podía promover contra su vinculación a proceso.

Agradecemos a la Juez Federal del Poder Judicial de la Federación, pues esta sentencia en la que se negó el amparo, le permite a Tefany acceder a un juicio en contra del profesor por el delito que cometió en su contra, en donde esperamos que sea sentenciado y no quede en la impunidad su delito.

Por otro lado, también está próximo a resolverse por Magistrados del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión que promovió el COLEGIO WILLIAMS en contra de la sentencia dictada por el Juez Federal Agustin Tello Espindola, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, en la que concedió el AMPARO a nuestra hija Tefany en contra de autoridades de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que en su investigación, no respetaron el interés superior del menor y los derechos humanos de Tefany. En su momento les compartiremos el resultado de la sentencia que se dicte en este recurso de revisión.

Les pedimos como siempre a todos su ayuda, con oraciones a los que así nos han acompañado en esta lucha, compartiendo que seguimos en el proceso, luchando para que nuestra niña reciba Justicia y que la persona que la agredió sexualmente sea castigada por las autoridades.

Muchas gracias de corazón a todos por su apoyo, palabras de ánimo, solidaridad y por no dejarnos solos en esta lucha.

Reciban un fuerte abrazo y muchas Bendiciones para todos ustedes.

Juan Gabriel Salas Galindo y Xochitl Almendra Hernandez Torres.
Papás de Tefany

#JusticiaParaTefany

VIII Marcha de la Dignidad Nacional

Atenco: Mayo Rojo

Represión en Atenco, 13 años de impunidad

La lucha por la justicia no ha terminado

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 4 de mayo de 2019, p. 13

San Salvador Atenco, Méx., Al conmemorar 13 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por fuerzas federales y estatales, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron al gobierno federal castigo a los autores intelectuales, entre ellos el ex presidente, Enrique Peña Nieto, por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, así como de las agresiones sexuales contra las mu- jeres ocurridas en mayo de 2006.

El gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador debe cumplir con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por las agresiones sexuales a nuestras compañeras, y brinde castigo ejemplar a todos los involucrados, dijo María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT.

Este viernes los campesinos se congregaron en la explanada principal de Atenco donde participaron en una misa celebrada por el párroco Juan José Castorena Jaramillo. Los atenquenses pidieron justicia porque a 13 años de la represión de los días 3 y 4 de mayo de 2006, ninguno de los autores ha sido castigado.

A 13 años no vemos justicia y no han cumplido con esa justicia que hemos pedido. Tenemos la razón y tenemos que lograr que este gobierno ponga tras la rejas a quienes ordenaron la represión como Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo y Nazario Gutiérrez (ex alcalde de Texcoco), dijeron.

Hoy el turno es para López Obrador, él debe hacer que el Estado mexicano cumpla con un castigo ejemplar. Si se dice Presidente de la Cuarta Transformación debe cumplir, no podría haberla si no hay justicia para Atenco, para las mujeres que fueron violadas, para los que fueron asesinados y para todo un pueblo que fue agraviado, expresó Trinidad Ramírez.

Durante la misa, el padre Juan José Castorena Jaramillo hizo un llamado a los pobladores a tener conciencia y no olvidar lo vivido en estos años de lucha. No nos vamos a cansar ni a callar voces, porque la lucha no ha terminado aquí; pareciera que terminó porque ya no se va hacer el aeropuerto, no es así, porque ¿qué va pasar con las tierras? Un pueblo que olvida su historia puede cometer el mismo error, manifestó.

Víctimas: no aceptaremos justicia simbólica sobre Atenco

Fernando Camacho Servín

Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas. Foto Jesús Villaseca

Viernes 3 de mayo de 2019. Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.

Mujeres víctimas de Atenco exigen se cumpla sentencia de la Coridh

A 13 años de la represión

Apoyan a quienes han padecido el mismo flagelo como forma de sanar sus propias heridas // Muchas viven con miedo a la policía y sufren depresión

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 3

Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.