Justicia, no propaganda
Alma E. Muñoz y Cristina Gómez
Enviada y Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de septiembre de 2019, p. 3
Martes 3 de septiembre de 2019, p. 3
Hermosillo, Son., La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el expediente sobre el incendio de la guardería ABC ocurrido hace más de 10 años, en el que se incluye al ex gobernador priísta Eduardo Bours y a los dueños de la estancia infantil que no habían sido imputados, entre ellos Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.
Al término del segundo encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en privado con padres de las víctimas de la guardería –el primero se dio el 6 de junio en Palacio Nacional–, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que a los afectados directos e indirectos se les restituyó el servicio médico subrogado de manera vitalicia.
Robledo explicó que el 22 de agosto el IMSS ratificó la denuncia que presentó su antecesor, Germán Martínez, en mayo pasado, y que tiene como base el proyecto –que en su momento fue rechazado– del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, donde
se establece la responsabilidad de 14 funcionarios, entre ellos el ex gobernador Bours, y particulares que eran dueños y socios de la guardería. Lo que no queremos, y nos lo dijo el Presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia y no propaganda, hay que hacerlo bien.
Anoche, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y el IMSS, se informó que se ofrecieron elementos de prueba adicionales a los presentados originalmente. Indicaron que se iniciaron los procesos de diálogo para construir un memorial vivo que funja como reparación colectiva, ayude a reconstruir el tejido social, a honrar la vida de los niños fallecidos, a garantizar que un hecho así no se repita y, además, beneficie a la comunidad donde sucedieron los hechos.
Robledo también señaló que investigarán a los proveedores del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del IMSS –que atiende a los lesionados por el incendio en la estancia infantil– que
hayan cometido anomalías en el momento de cobrar facturas a sobreprecio, a costa del dolor y sufrimiento de los niños. Con ese fin se presentó una denuncia penal en contra de una empresa, mientras de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación se dio vista al Órgano Interno de Control.
Las autoridades también acordaron con los afectados en el caso ABC, que se homologará la ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores fallecidos, lesionados y expuestos, así como a las maestras y adultos lesionados, al monto más alto calculado. Esto beneficiará a 164 familias.
Además, se brindará una ayuda económica por solidaridad a los padres y madres de los menores afectados que no tengan una pensión otorgada por el IMSS.
Julio César Márquez, padre de Yeyé, quien falleció en el incendio del 5 de junio de 2009, señaló que su principal demanda es la procuración de justicia contra los mandos altos en la administración de Eduardo Bours, que
se burlaron de la tragedia a través de su poder político. Resaltó los acuerdos asumidos con el gobierno de López Obrador.
La procuración de justicia, que es lo que le compete al gobierno federal, tiene que llegar a sus últimas consecuencias; por ello la importancia de que toquemos este punto con el Presidente, y se alcancen las altas esferas, como no se hizo antes.
Julio César Márquez subrayó, como otros padres –de entre los casi cien que asistieron a la reunión–, la importancia de que se ratificara la denuncia contra Bours.
Mientras se llevaba a cabo la reunión, un grupo de inconformes se manifestó en las afueras del hotel sede el encuentro, irrumpiendo en las vallas de seguridad con el afán de acercarse al mandatario para entregarle sus demandas. Los papás informaron que el Presidente les aseguró que se reunirá nuevamente con ellos en tres meses.
