Represión en Atenco, 13 años de impunidad

La lucha por la justicia no ha terminado

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 4 de mayo de 2019, p. 13

San Salvador Atenco, Méx., Al conmemorar 13 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por fuerzas federales y estatales, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron al gobierno federal castigo a los autores intelectuales, entre ellos el ex presidente, Enrique Peña Nieto, por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, así como de las agresiones sexuales contra las mu- jeres ocurridas en mayo de 2006.

El gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador debe cumplir con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por las agresiones sexuales a nuestras compañeras, y brinde castigo ejemplar a todos los involucrados, dijo María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT.

Este viernes los campesinos se congregaron en la explanada principal de Atenco donde participaron en una misa celebrada por el párroco Juan José Castorena Jaramillo. Los atenquenses pidieron justicia porque a 13 años de la represión de los días 3 y 4 de mayo de 2006, ninguno de los autores ha sido castigado.

A 13 años no vemos justicia y no han cumplido con esa justicia que hemos pedido. Tenemos la razón y tenemos que lograr que este gobierno ponga tras la rejas a quienes ordenaron la represión como Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo y Nazario Gutiérrez (ex alcalde de Texcoco), dijeron.

Hoy el turno es para López Obrador, él debe hacer que el Estado mexicano cumpla con un castigo ejemplar. Si se dice Presidente de la Cuarta Transformación debe cumplir, no podría haberla si no hay justicia para Atenco, para las mujeres que fueron violadas, para los que fueron asesinados y para todo un pueblo que fue agraviado, expresó Trinidad Ramírez.

Durante la misa, el padre Juan José Castorena Jaramillo hizo un llamado a los pobladores a tener conciencia y no olvidar lo vivido en estos años de lucha. No nos vamos a cansar ni a callar voces, porque la lucha no ha terminado aquí; pareciera que terminó porque ya no se va hacer el aeropuerto, no es así, porque ¿qué va pasar con las tierras? Un pueblo que olvida su historia puede cometer el mismo error, manifestó.

Víctimas: no aceptaremos justicia simbólica sobre Atenco

Fernando Camacho Servín

Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas. Foto Jesús Villaseca

Viernes 3 de mayo de 2019. Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.

Mujeres víctimas de Atenco exigen se cumpla sentencia de la Coridh

A 13 años de la represión

Apoyan a quienes han padecido el mismo flagelo como forma de sanar sus propias heridas // Muchas viven con miedo a la policía y sufren depresión

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 3

Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.

Abril, mes de los niños: Justicia ABC

El caso de Ayotzinapa y 40,000 personas desaparecidas

Atenco: sentencia histórica

P

or conducto del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el gobierno federal se comprometió ayer a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante el asalto contra la comunidad de San Salvador Atenco efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006. De acuerdo con la resolución del tribunal, el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, que van desde detenciones ilegales y arbitrarias hasta la referida tortura física, sicológica y sexual.

De especial trascendencia resulta que, además de las insoslayables medidas de no repetición y atención a la salud de las afectadas, la sentencia vinculante establezca la obligación del Estado de profundizar la indagatoria penal en lo que respecta a la cadena de mando a cargo de los operativos que tuvieron lugar en la población mexiquense.

Con este acatamiento, el gobierno federal deberá llevar sus pesquisas hasta los más altos mandos de las corporaciones policiales involucradas: el entonces presidente, Vicente Fox Quesada, y el a la sazón gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Además deberá indagarse el papel desempeñado por el ministro de la Suprema Corte y entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, por quien era comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), general brigadier Eduardo Alejandro Martínez Aduna, y por el ex comisionado de la misma corporación y entonces encargado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, así como de cualquier otro que resulte responsable.

La singular importancia de este punto radica en que, como han denunciado las víctimas y corroborado las evidencias disponibles, los atroces abusos perpetrados en Atenco no derivaron de decisiones espontáneas ni extralimitaciones personales de los agentes policiacos, sino que formaron parte de una estrategia deliberada de control y amedrentamiento que requirió una planificación centralizada y obliga a investigar quién dictó las órdenes recibidas y ejecutadas por los elementos de seguridad. Si se demuestra que los ataques sexuales contra las 11 mujeres fueron perpetrados bajo consigna, la responsabilidad de los mencionados remitiría no sólo a lo que les atañe por los actos cometidos durante la sanguinaria jornada, sino también al encubrimiento posterior que les permitió evadir el castigo durante dos sexenios.

A contrapelo de la impunidad sostenida por las pasadas administraciones, la sentencia del tribunal internacional y la voluntad de las autoridades actuales para acatarla suponen una oportunidad y una esperanza de que se haga justicia a 13 años de uno de los atropellos a los derechos humanos más emblemáticos en la historia reciente de México. En efecto, por la gravedad de los actos cometidos, por la responsabilidad directa o indirecta de las más altas figuras del poder público y por la impunidad que hasta ahora ha cubierto a los perpetradores, Atenco se inscribe en la estela de episodios como los suscitados en Tlatelolco, Acteal, Tlatlaya o Iguala y, como ocurre con todos ellos, la exigencia de esclarecimiento y justicia no tiene que ver con alguna suerte de revisionismo histórico, sino con el imperativo de garantizar que este tipo de tragedias no se repita nunca más.

Cumplirá el gobierno sentencia en beneficio de mujeres de Atenco

Emir Olivares Alonso

Durante la sentencia de la CorteIDH sobre el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, en imagen del 24 de enero pasado. Foto Jesús Villaseca

Ciudad de México. El gobierno federal se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos en San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.

Este medio día, en la Secretaría de Gobernación (SG), se instalaron formalmente las mesas para la implementación del fallo. Este tribunal internacional resolvió que el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el marco de los operativos desplegados los días 3 y 4 de mayo de ese año en Texcoco y Atenco.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, y participaron algunas de las víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes las han acompañado en todo el proceso. Ahí, el funcionario federal expresó el compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador de cumplir cabalmente la sentencia (que consta de nueve puntos) y a no revictimizar a las agraviadas.

Entre los primeros acuerdos alcanzados destaca que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal (incluyéndola profundización en la cadena de mando), medidas de no repetición y atención de salud.

Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas, señaló al finalizar la reunión que si bien esta administración federal muestra disposición para atender su exigencia de justicia, esperan que los compromisos se materialicen en hechos concretos.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Prodh, enfatizó que la sentencia de la CorteIDH es vinculante, por lo que el Estado está obligado a cumplirla. Por ello, existe esperanza que las 11 mujeres puedan acceder, tras casi 13 años de espera, a la justicia.

Comunicado de prensa respecto a visita del Presidente López Obrador a Hermosillo, Sonora

Acciones: ¡Samir Vive!

Apoyen de acuerdo a las formas y condiciones de cada quien. Estas son las acciones que hasta ahora están programadas:

1. Marcha de Huexca a Cuautla, Morelos. 9 am
2. Marcha del Calvario al Zocalo de Cuernavaca. 9 am
3. Marcha del Angel de la Independencia al Zócalo, Cd. Mx. 4 pm
4. Concentración en Zócalo de Puebla. 11 am
5. Toma de oficinas de la CFE en Huajuapan, Oaxaca. 9 am
6. Toma de oficinas de la CFE en Matías Romero, Oaxaca
7. Protesta en Palacio Nacional, Cd. Mx. 7:30 am

Acciones: Justicia para Samir

Cancelación del PIM

Agua Sí, Termo No

Comunicado sobre el asesinato de Samir Flores Soberanes

Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala sobre el asesinato de Samir Flores Soberanes

Asesinan a opositor de gasoducto y termoeléctricas en Morelos

Rubicela Morelos Cruz, corresponsal 

Cuernavaca, Mor. Samir Flores Soberanes, uno de los opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado esta mañana afuera de su casa, ubicada en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac.

Según sus familiares y compañeros de lucha, alrededor de las 6 de la mañana llegaron dos coches a su domicilio; los ocupantes le llamaron, él salió y le dispararon cuatro balazos.

Sus familiares y vecinos lo llevaron al hospital de Jonacatepec, pero murió en el camino.

Según Jaime Domínguez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Samir se preparaba para ir a conducir un programa de la radio comunitaria de Amilcingo, medio por el que los habitantes de esa población resisten lo que consideran una imposición oficial, el tendido del gasoducto que pasa por sus tierras, así como las dos termoeléctricas de Huexca, y el acueducto que, según dicen, dejará a los campesinos de Ayala sin agua.

Domínguez, compañero de lucha de Flores Soberanes, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo “que se esclarezca el asesinato de nuestro compañero, porque en nuestro país las cosas quedan impunes; exigimos que se dé con el paradero tanto de los asesinos materiales como de los autores intelectuales de este cobarde asesinato, que se haga justicia”.

Samir ya había sido agredido a golpes por un grupo de choque que se creó en ese pueblo en el 2014. En aquella ocasión él, junto con otros vecinos, trataron de parar las obras del gasoducto en su comunidad.

También sufrió varios desalojos violentos y golpes en movilizaciones, por parte de elementos del Mando Único de la administración del ex gobernador,Graco Ramírez, tanto en Amilcingo como en Huexca.

Samir Flores Soberanes sufrió agresiones directas por parte del dirigente de la Central Campesina Cardenista, Humberto Zamora y su gente, mismos que actuaban como un grupo de choque contra los opositores locales al PIM.

Ayer Samir Flores Soberanes cuestionó al delegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores, en un foro que realizó el gobierno del estado en el municipio de Jonacatepec.

Le dijo al funcionario federal, según Jaime Domínguez, que ellos se oponían a la termoeléctrica en Huexca porque acabaría con el agua y por la contaminación que traería para todo el estado.

Le pidió al delegado federal que no mintiera a la población respecto de la escasez de agua que traerá el proyecto hidroeléctrico, y que admitiera que habrá contaminación al medio ambiente.

Flores Soberanes había quedado con otros compañeros del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos acudir a increpar a Hugo Erick a Hueyapan, en donde el gobierno estatal tiene agendado otro foro al respecto.

Miembros del grupo social responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a los gobiernos estatales, actual y anterior, “por las políticas sucias que han hecho en los pueblos afectados, enfrentándolos y creando incluso grupos de choque para agredir a los opositores del PIM.

"Hace unos días enviamos una carta abierta al presidente del país, en donde le preguntamos a Obrador, a quien responsabilizaríamos si las agresiones contra nuestros compañeros seguían en aumento, ya que en Amilcingo y en Huexca, y en otras comunidades los agredían constantemente verbal y físicamente, incluso hubo hasta amenazas de muerte”.

Alerta Defensoras: Obtilia Eugenio Manuel

Obtilia Eugenio Manuel. Es defensora de los derechos humanos en Ayutla y miembro del Consejo Municipal de Ayutla. La compañera participó en la denuncia de la violación de las indigenas por el ejercito mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fue privada ilegalmente de su libertad por hombres armados en el trayecto de Ayutla a Chilpancingo y hasta el momento se desconoce su paradero.

Urge exigir a las autoridades competentes se inicie la búsqueda inmediata.

Exigen ejecutar sentencia contra funcionarios por el caso Atenco de 2006

Víctimas y activistas se felicitan por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la violencia cometida por servidores públicos en 2006.Foto Jesús Villaseca

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2019, p. 14

El gobierno debe acatar íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la tortura sexual de la que fueron víctimas 11 mujeres durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006.

Esto incluye la reactivación de la indagatoria por esos delitos y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios estatales y federales que planificaron y supervisaron el operativo, entre ellos el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, y el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora.

Esa fue la exigencia de las 11 mujeres violentadas sexualmente (de un total de 27) durante los hechos en Atenco y que por 10 años siguieron un proceso para alcanzar justicia ante el Sistema Interamericano.

En conferencia, recordaron que la sentencia de la CorIDH ordena investigar a las autoridades de mayor rango, entre quienes también se encuentran el ex secretario de gobierno del estado de México, Víctor Humberto Benítez; el ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo; y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del estado mayor de la entonces Policía Federal Preventiva.

“Nuestra exigencia es clara: cumplimiento cabal de la sentencia. Lo más relevante para nosotras es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, y cito la sentencia: ‘amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos’. No nos conformaremos con menos de eso”, enfatizó Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas.

Junto a representantes de los centros Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que las han acompañado en todo este proceso, 9 de las once denunciantes subrayaron que pese a las denostaciones que sufrieron por parte de varios gobiernos mexicanos, la sentencia del organismo interamericano –emitida en diciembre pasado– demostró que siempre dijeron la verdad de la violencia policial.

Conferencia de prensa: Mujeres de Atenco

Llega la solidaridad a Chalchihuitán

Solidaridad con Chalchihuitán

Amigas queridas, compas y compitas.
Esperamos estén muy bien y preparándose a recibir el 2019.

Esta mañana hace mucho frío aquí en San Cristóbal y sus alrededores.

Todas las compañeras del Fideo, hemos decidido que mañana, día 28, iremos a uno de los campamentos de desplazados de Chalchihuitán guiadas por su representante, Marcos, a llevar frijolitos y alimento enriquecido que nos dona Alma Fondo de Ayuda Social.

Ojalá puedan poner un granito de frijol, o nos acompañen con algo para comprar tazas y tinas para preparar y repartir el alimento.

Les agradecemos de corazón.

Si necesitas recibo deducible de impuestos por el donativo, envíalo a:
Scotiabank 
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C.
Cuenta: 00107853564
Clabe interbancaria: 044180001078535644

Y avísanos a fisanimdf@gmail.com

Y si no a:
Si no requieres recibo, entonces a:
Scotiabank
Medina Torres María Ofelia 
Cuenta: 00102877011
Clabe: 044180001028770116

Campaña de solidaridad: #NievesNoEstáSola

#NievesNoEstáSola
#TierraSíAvionesNo
#LagoSí
#ProgresoConDignidadYRespetoAlaVida

CIDH responsabiliza al Estado mexicano por violación de mujeres en Atenco

El entonces gobernador de Edomex las estigmatizó al llamarlas guerrilleras, señala

Ana Langner

Periódico La Jornada
Sábado 22 de diciembre de 2018, p. 12

El ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del estado de México, estigmatizó a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco en mayo de 2006 al llamarlas guerrilleras, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal interamericano notificó la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, sicológica y sexual y falta de acceso a la justicia.

Los hechos ocurrieron hace 12 años durante un operativo de las policías municipal, estatal y federal desplegado en Texcoco, San Salvador Atenco y en la carretera Texcoco-Lechería, estado de México para reprimir manifestaciones.

La resolución indica que la credibilidad de las víctimas fue puesta en duda y fueron estigmatizadas públicamente como guerrille-ras por el entonces gobernador Peña Nieto; el secretario General de Gobierno del estado de México de esa época, Humberto Benítez Treviño, y Wilfrido Robledo Madrid, en el momento comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal.

Asimismo, la Corte estableció que la violencia sexual fue utilizada por parte de agentes estatales como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder.

Ello, toda vez que instrumentalizaron los cuerpos de las detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes.

Inaceptable arma represora

La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado; conducta que el tribunal calificó de inaceptable.

La Corte concluyó que las detenciones de las 11 mujeres que le presentaron su caso –aunque vale destacar que hubo más agraviadas– fueron ilegales y arbitrarias.

Determinó que existió dilación en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades y que la pesquisa de tortura y violencia sexual no fue conducida con perspectiva de género.

Conforme a la información que consta en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CIDH expuso que la noche del 3 de mayo de 2006 hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, en la que se decidió utilizar la fuerza pública a fin de restablecer el estado de derecho en San Salva-dor Atenco.

“El gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron una vez que se acordó el uso de la fuerza pública, consta en el documento.

Como medidas de reparación, la CIDH ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. También investigaciones para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo encargó a México implementar medidas de atención a las mujeres y para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.

México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Culpa CorteIDH al Estado por tortura de mujeres de Atenco

Ana Langner

Ciudad de México. El Estado mexicano es responsable por la tortura sexual, violación y tortura sufridas por 11 mujeres en Atenco, Estado de México durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Este día el tribunal interamericano hizo pública la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2018, cuya resolución indica que México responsable internacionalmente por agresiones cometidas en contra de las 11 mujeres que llevaron el caso ante esta instancia internacional. Sin embargo, vale destacar que el número de agraviadas fue mayor.

La Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo deberá brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas así como crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México.

También deberá establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Hace 12 años, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto, gobernaba el Estado de México, la policía municipal, estatal y Federal, realizaron un operativo en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaron a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006.

En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas.

Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual

Ante ello, se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada.

Asimismo, reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En este contexto, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones.

Asimismo concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

Bazar navideño del FIDEO

🎄Ya es la época del tan anhelado Bazar del Fideo🎄 ¡ayúdennos a pasar la voz!

Fideicomiso para La Salud de los Niños Indígenas de México A.C. 

Los esperamos en Casa Xitla en Calle del Convento 37, Colonia Santa Ursula Xitla en la Delegación Tlalpan.

12 y 16 de diciembre - Evento en Facebook

AMLO firma decreto para dar con normalistas desaparecidos

La verdad por encima de todo

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la firma en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.Foto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Méndez y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin encubrir a nadie.

En una ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. No nos vamos a lavar las manos.

También, en su conferencia de prensa matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía general.

En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la firma del decreto su administración inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y se ordena a las distintas áreas del gobierno prestar todo el apoyo a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad.

En respuesta a María Martínez Seferino –madre de Miguel Hernández Martínez–, quien lo definió como ejemplo de que hay que seguir luchando, pero le exigió demostrar que sí los apoyará, el mandatario sostuvo que ganó con el apoyo del pueblo y por eso no habrá ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió.

El resultado, dijo, dependerá del trabajo de los responsables de la comisión, que tendrán amplias facultades. Por eso tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso, con el apoyo del pueblo, que es el soberano y al que le tengo respeto y lealtad.

Antes, en la conferencia, resaltó que su gobierno no va a ocultar la verdad, y puntualizó que la investigación incluirá a toda la administración, a los involucrados, y en el supuesto de que elementos del Ejército estuviesen inmiscuidos, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde. Pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación.

Se trata, delimitó, de llevar todo el proceso y no de que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano, si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades.

Aclaró que si bien la investigación se realizará de manera independiente por el Ministerio Público, estará pendiente del avance. “No es decir ‘ya, se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver’. Seremos respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a los mexicanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, y esclarecer lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces.

Alejandro Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas.

"No nos falle, camine con nosotros", piden padres de los estudiantes

Emir Olivares Alonso y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

Una rúbrica presidencial renovó la esperanza de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Tuvo que darse el relevo en la Presidencia de la República para que por fin, más de 50 meses después de la desaparición forzada de sus hijos, en sus rostros se asomara una pequeña luz de ilusión. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande.

Con esas palabras, María Martínez Seferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que no les falle, como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto.

Nosotros, como padres, pedimos a usted, como padre, que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, porque no vimos ningún avance con él.

Durante la firma del decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, realizada ayer en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, doña María aprovechó su turno al micrófono para hablar de frente, sin tapujos y desde el corazón, al mandatario federal.

Aquí estamos, a 50 meses que hemos andado exigiendo la presentación de nuestros 43 jóvenes. Estamos aquí, señor, para pedirle que esta firma que acaba de hacer no nada más quede así. Queremos que usted siga caminando con nosotros. Busquemos hasta encontrar a nuestros hijos.

La mujer ocupó el lugar central en el presídium, lo que resultó simbólico para las familias. Sus palabras conmovieron a los presentes. Recordó a López Obrador que él es el mejor ejemplo de que para alcanzar los objetivos se debe ser perseverante, por lo que remarcó que las madres y los padres no descansarán en su empeño de hallar a sus hijos. Añadió que no sólo son los 43 estudiantes, sino miles de desaparecidos en todo el país.

“Gánese la confianza de todos los mexicanos. Como ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en usted (...) Lo que hemos hecho es defendernos y usted nos puso el ejemplo de que el que persevera alcanza. Usted no se rindió. Así le pedimos también que camine con nosotros (…) Ayúdenos, señor. No queremos que esto quede impune. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, va a ser grande”.

Al finalizar el acto, las familias, junto a los miembros de las organizaciones civiles que los han acompañado, ofrecieron en el mismo salón una conferencia en la que indicaron que con la firma del decreto inicia una nueva etapa en la lucha por la presentación de los estudiantes y que la confianza en el nuevo gobierno federal se irá ganando conforme avance el proceso.

Criticaron la irresponsable y poco ética recomendación sobre el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues consideraron que los revictimiza y apunta a avalar parte de la llamada verdad histórica al indicar que existe la posibilidad que un grupo de normalistas haya sido incinerado en el basurero de Cocula.

Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, indicó que esta nueva etapa de lucha incluirá avanzar en varias líneas de investigación estancadas y en las que la Procuraduría General de la República no quiso profundizar, entre ellas la posible participación de elementos del 27 batallón de infantería y de elementos de corporaciones policiacas tanto de otros municipios de Guerrero como estatal y federal, y la telefonía vinculada a la operación del crimen organizado en la zona.

Obrador firma Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa

CDMX, 3 de diciembre 2018.- Con la firma del Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se compromete  con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia.

Al encabezar la firma del decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló:

“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad, misma que contará con amplias facultades: “Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”, expuso.

El mandatario agregó que una da de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de los hechos será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso: “Lo de los testigos es algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia”.

Recordó que el Poder Judicial determinó que será la Procuraduría General de la República (PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la encargada de constituir la Comisión de la Verdad, “pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con todo nuestro apoyo”.

El decreto será publicado mañana martes 4 de diciembre y establece la creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes del gabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes desaparecidos y expertos. Trabajará de manera autónoma bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, quien señaló que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.

Por su parte Alejandro Encinas informó que serán retomadas investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) de la administración anterior.

Subrayó que se dará la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo federal para que faciliten la información que les sea requerida y que no se podrá clasificar como reservada la que tenga relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruya la persecución de delitos.

El decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Comisión de la Verdad será instalada en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.

Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.