 |
| Víctimas y activistas se felicitan por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la violencia cometida por servidores públicos en 2006.Foto Jesús Villaseca |
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2019, p. 14
Viernes 25 de enero de 2019, p. 14
El gobierno debe acatar íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la tortura sexual de la que fueron víctimas 11 mujeres durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006.
Esto incluye la reactivación de la indagatoria por esos delitos y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios estatales y federales que planificaron y supervisaron el operativo, entre ellos el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, y el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora.
Esa fue la exigencia de las 11 mujeres violentadas sexualmente (de un total de 27) durante los hechos en Atenco y que por 10 años siguieron un proceso para alcanzar justicia ante el Sistema Interamericano.
En conferencia, recordaron que la sentencia de la CorIDH ordena investigar a las autoridades de mayor rango, entre quienes también se encuentran el ex secretario de gobierno del estado de México, Víctor Humberto Benítez; el ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo; y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del estado mayor de la entonces Policía Federal Preventiva.
“Nuestra exigencia es clara: cumplimiento cabal de la sentencia. Lo más relevante para nosotras es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, y cito la sentencia: ‘amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos’. No nos conformaremos con menos de eso”, enfatizó Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas.
Junto a representantes de los centros Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que las han acompañado en todo este proceso, 9 de las once denunciantes subrayaron que pese a las denostaciones que sufrieron por parte de varios gobiernos mexicanos, la sentencia del organismo interamericano –emitida en diciembre pasado– demostró que siempre dijeron la verdad de la violencia policial.
