Marchas a nueve años de la represión

El movimiento atenquense demanda cárcel para Peña y Fox

Javier Salinas y César Arellano

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 5

San Salvador Atenco, Méx.

Al cumplirse nueve años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas policiacas, el Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) señaló que ‘‘no habrá olvido ni perdón’’, porque a la fecha no ha habido justicia ni castigo a los responsables materiales e intelectuales por las violaciones de las mujeres y por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés.

‘‘Los primeros que deberían estar en la cárcel por asesinato y los agravios que han hecho a nuestros pueblos, y sobre todo a las mujeres, son el ex presidente Vicente Fox y Enrique Peña Nieto (ex gobernador mexiquense), porque son los autores intelectuales de la represión a nuestros pueblos. Ellos dieron la orden a los mandos policiacos y esto no lo olvidamos, porque es un agravio para nuestra comunidad’’, dijo Ignacio del Valle, dirigente del FPDT.

En la ciudad de México también hubo una movilización que marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Machetes en mano y mantas en las que se solidarizaron con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, los ejidatarios de Atenco aseguraron que sus tierras no están en venta.

La fuerte tormenta que se abatió sobre la capital del país no detuvo la marcha de los asistentes, quienes durante el recorrido gritaron consignas en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y por la aparición con vida de los normalistas. ‘‘Tierra sí, aviones no’’, ‘‘Atenco rebelde, no se rinde ni se vende, se ama y se defiende’’.

El movimiento atenquense advirtió que continuará con su resistencia y reforzará sus movilizaciones para impedir que sus tierras de cultivo sean ocupadas para el proyecto del aeropuerto alterno anunciado por el gobierno federal; advirtieron además que evitarán que los pueblos originarios desaparezcan.

Por otro lado, este lunes un grupo de activistas realizó una marcha desde la explanada principal de San Salvador Atenco hacia el entronque de la carretera federal Texcoco-Lechería, sitio donde el 4 de mayo de 2006 cayó el estudiante Alexis Benhumea herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía durante la irrupción de las fuerzas federales y estatales al poblado mexiquense. El joven falleció días después.

Ahí, los manifestantes bloquearon unos 20 minutos la circulación de la carretera y montaron una ‘‘guardia de honor’’ en recuerdo del estudiante asesinado. Los integrantes del FPDT recordaron los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando por la represión policiaca detuvieron a más de 200 pobladores y activistas y perpetraron abusos sexuales contra mujeres.

Denunciaron que actualmente no hay castigo a los autores materiales ni intelectuales por las múltiples violaciones a los derechos humanos, ni por los asesinatos de José Enrique Espinoza Juárez (asesinado en 2002), Javier Cortés y Alexis Benhumea.

Ignacio del Valle señaló que en los próximos días realizarán movilizaciones para protestar por la construcción del nuevo aeropuerto capitalino; por lo pronto, este fin de semana recibieron a la Caravana de las Dignas Resistencias, que aglutina diversos movimientos sociales y de resistencia contra los proyectos que despojan a los pueblos del agua y la tierra.

La caravana recorrerá varios municipios del estado de México y el próximo 15 de mayo, Día del Maestro, concluirá su recorrido en la ciudad de Toluca.

Justicia y no dinero, piden 11 víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco

La procuraduría del estado de México las convoca a pactar una indemnización

Mario Patrón, Norma Jiménez, Stephanie Brewer, Edith Rosales y Bárbara Italia Méndez, durante la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProFoto Luis Humberto González

Emir Olivares e Israel Dávila

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 5

Mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo policiaco de hace nueve años en San Salvador Atenco advirtieron que la reparación real del ataque que sufrieron no pasa por lo económico, sino por el acceso a la verdad y la justicia.

Las 11 víctimas, quienes acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano, demandaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no persista en el intento por evitar que el organismo internacional emita su informe sobre el caso.

Confiaron en que ese organismo internacional emita su resolución de fondo sobre los actos en su contra. Esto, para que entre las recomendaciones de la CIDH se pueda establecer la necesidad de investigar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo a las cadenas de mando y a quienes ocupaban cargos institucionales, entre ellos el entonces gobernador del estado de México y hoy titular del Ejecutivo federal, Peña Nieto, quien asumió públicamente haber ordenado el operativo.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, tres de las agredidas criticaron que en la Gaceta Oficial del estado de México se haya informado sobre la creación de un fideicomiso para dar apoyo económico a las mujeres que durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 (con elementos estatales y federales) sufrieron tortura sexual.

Edith Rosales lamentó que, lejos de buscar la justicia, las autoridades continúen obstaculizando el proceso. ‘‘El fideicomiso es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizado nuestro cuerpo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha’’.

Otra de las víctimas, Norma Jiménez, indicó que continuarán su lucha sin importar cuánto tiempo más tengan que pelear por la justicia. A su vez, Stephanie Brewer, abogada del Centro Prodh, indicó que el fondo económico es un intento del Estado mexicano por postergar el informe de la CIDH, mismo que se podría presentar en la próxima sesión de esa comisión en junio.

Posteriormente, el organismo daría a las autoridades un periodo para cumplir con los exhortos y si el Estado mexicano no los cumple, el caso podría llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, en Toluca, el titular de la Procuraduría General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez, llamó a las 11 víctimas de tortura en los operativos de Atenco para que acudan al Instituto Estatal de Atención a Víctimas del Delito para pactar la indemnización que debe cubrir el gobierno mexiquense, como parte de la reparación del daño ocasionado por el Estado.

Aclaró que el Estado mexicano ha reconocido ante la CIDH la responsabilidad de violaciones a garantías individuales en el operativo policiaco de mayo de 2006, y ha manifestado su voluntad de avanzar en el cumplimiento de justicia.

Reparación por ataque en Atenco no es económica: mujeres

Por Emir Olivares Alonso

lun, 04 may 2015 13:14

Once mujeres que sufrieron tortura sexual durante el operativo en San Salvador Atenco, hace once años, rechazaron el fondo económico creado por el gobierno del estado de México no repara lo ocurrido. Foto: Cuartoscuro / archivo

México, DF. Las 11 mujeres que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando al Estado mexicano como responsable de tortura sexual por los hechos suscitados hace nueve años en San Salvador Atenco, confiaron en que ese organismo internacional emita pronto su informe final sobre este caso.

En conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organismo que acompaña en este proceso a las víctimas-- tres de las 11 denunciantes subrayaron que la reparación de los hechos en su contra no pasa por lo económico, sino por la verdad y la justicia.

Ello después de que recientemente en la gaceta oficial del estado de México se publicara que se había creado un “fondo para la reparación” económica a las mujeres que denunciaron violencia sexual durante el operativo policíaco, realizado por elementos federales y estatales el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco.

Bárbara Italia Méndez, una joven que fue agredida hace nueves años, subrayó: “No hay salida amistosa, nuestro interés no es el dinero, se trata de dignidad y de justicia. No nos detendremos hasta conseguirla”.

La abogada del caso, Stephanie Brewer, indicó que el fondo económico es un intento del Estado mexicano por dilatar el informe de fondo de la CIDH, donde entre otras cosas se podrían hacer recomendaciones en el sentido de que no sólo sean castigados los policías que participaron en los operativos, sino también la cadena de mando y autoridades institucionales.

En ese sentido, resaltó que el entonces gobernador del estado de México y hoy titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, asumió públicamente haber mandatado el operativo, del cual diversas organizaciones internacionales y nacionales han acreditado violación a los derechos humanos.

Edith Rosales, otra de las víctimas, lamentó que lejos de buscar la justicia y la verdad, las autoridades mexicanas continúen obstaculizando el proceso. “El fideicomiso que intentan dar es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizad nuestro cuerpo como una forma de castigo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha”.

La abogada del Centro Prodh explicó que el informe de fondo –que se podría presentar en la próxima sesión de la CIDH, en junio de este año-- incluirá recomendaciones para el Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual. Posteriormente se daría a las autoridades un periodo para cumplir con los exhortos del organismo internacional, y en caso de que estos no sean cumplidos el caso podría llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, enfatizó que este informe será fundamental para establecer e investigar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo a las cadenas de mando y a quienes ocupaban cargos institucionales cuando se dieron los hechos.

Reclaman justicia y verdad a nueve años de represión en Atenco

Por Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

lun, 04 may 2015 14:42

El movimiento atenquense advirtió que continuarán con su resistencia y reforzarán sus movilizaciones, en la conmemoración del noveno aniversario de la detención de más de 200 pobladores. Foto Javier Salinas Cesáreo

San Salvador Atenco, Méx. Al conmemorarse nueve años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas policiacas, el Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) señaló que “no habrá olvido ni perdón” porque a la fecha no hay justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales por las violaciones de las mujeres y por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés.

"Desde luego los primeros que deberían estar en la cárcel purgando una condena por el asesinato y los agravios que ha hecho a nuestros pueblos y sobre todo a las mujeres, son el ex presidente Vicente Fox y Enrique Peña Nieto (ex gobernador del estado de México) porque son los autores intelectuales de la represión a nuestros pueblos. Ellos dieron la orden a los mandos policiacos y esto no lo olvidamos porque es un agravio para nuestra comunidad”, dijo Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT.

El movimiento atenquense advirtió que continuarán con su resistencia y reforzarán sus movilizaciones para impedir que sus tierras de cultivo sean ocupadas para el proyecto del Aeropuerto alterno a la ciudad de México anunciado por el gobierno federal y evitar que los pueblos originarios desaparezcan.

Este lunes, un grupo de activistas realizó una marcha desde la explanada principal de San Salvador Atenco hacia el entronque de la carretera federal Texcoco-Lechería con la entrada de la comunidad; sitio en donde el 4 de mayo de 2006 cayó el estudiante Alexis Benhumea, herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía, durante la irrupción de las fuerzas federales y estatales al poblado, quien días después falleció.

Ahí, bloquearon por unos 20 minutos la circulación de la carretera y montaron una guardia de honor, en recuerdo al estudiante asesinado. Los integrantes del FPDT recordaron los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando por la represión policiaca detuvieron a más de 200 pobladores y activistas, y perpetraron abusos sexuales contra las mujeres.

Denunciaron que actualmente no hay castigo ni a los autores materiales ni intelectuales por las múltiples violaciones a los derechos humanos, ni por los asesinatos de Josè Enrique Espinoza Juàrez (asesinado en 2002), Javier Cortés y Alexis Benhumea.

"La posición del FPDT a nueve años de la represión y a 14 años del decreto ex propiatorio para ese proyecto aeroportuario de muerte es la misma: No olvidamos, no perdonamos porque a la fecha no ha habido justicia, sabemos que en este régimen la justicia no la vamos a obtener desde luego, estamos conscientes de esa parte. No renunciamos a esos principios de dignidad que el pueblo ha manifestado a pesar de la represión y abuso constante y latente”.

"Nuestra posición sigue siendo la misma, exigimos justicia. Desde luego el primero que debería estar en la cárcel purgando una condena por el asesinato y los agravios que ha hecho a nuestros pueblos y sobre todo a las mujeres es Peña Nieto y Fox y eso no se lo vamos a perdonar jamás. No ha sido una situación coyuntural, ha sido una situación bien premeditada, muy directa hacia querer desmoronar la resistencia por defender la tierra en nuestro pueblo”, dijo Del Valle Medina.

Destacó que ahora el nuevo proyecto que pretender imponer sólo significa “muerte” para sus poblados. “Porque le llamamos así, porque eso ha sido para nuestros pueblo han venido a ocasionar la división y el enfrentamiento entre nuestras mismas comunidades a meter codicia en ese anhelo de quitarnos la tierra para establecerse en ese proyecto de muerte”.

Nueve años después la PGJEM aún no da con los asesinos de Atenco

DE LA CORRESPONSALÍA
4 DE MAYO DE 2015
NACIONAL

Ejidatarios de Atenco protestan en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda

TOLUCA, Edomex. (apro).- A nueve años de distancia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sigue sin identificar a los responsables de los homicidios de dos jóvenes durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

A la fecha, la dependencia sólo ha consignado a tres comandantes y tiene pendiente por emitir la mayoría de las sentencias contra entonces servidores públicos acusados de tortura, tortura equiparada, encubrimiento y agresiones sexuales.

El procurador Alejandro Gómez reconoció que la resolución de los homicidios de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago es “un asunto complejo”.

“No se trata de inventar culpables. Estos muchachos perdieron la vida aparentemente por gas lacrimógeno que les cayó al estar entre la multitud, no hemos podido identificar hasta este punto quién disparó el gas lacrimógeno y en qué circunstancias para determinar una probable responsabilidad y, en su caso, el ejercicio de la acción penal”, arguyó.

Gómez Sánchez precisó que en contraste existe un proceso penal abierto en contra de 22 exservidores públicos de la dependencia a su cargo, de Prevención y Readaptación Social, así como médicos legistas, quienes están siendo investigados por los delitos de tortura, encubrimiento, y/o tortura equiparada.

“De esos 22, 21 son médicos: 11 son de la Procuraduría, 10 de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público que fue quien integró la averiguación previa correspondiente”, expuso.

También se indaga la responsabilidad de más de 20 policías, quienes se ocuparon del traslado de los detenidos, pero aún existen órdenes de aprehensión pendientes.

A la fecha, tres elementos de la extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE), comandantes de los vehículos en los que se transportó a las mujeres víctimas de abusos, ya han sido consignados.

Gómez Sánchez aseguró que la tardanza responde a que se procesan bajo el sistema de justicia anterior (el tradicional, de averiguación previa), y a que se han promovido recursos por parte de los inculpados, tanto apelaciones diversas como juicios de amparo, lo que ha retrasado que se concluyan los procedimientos y se emitan las sentencias definitivas.

“Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la acumulación de los juicios de amparo, contra orden de aprehensión o contra formal prisión, para evitar que eventualmente pudiera haber sentencias contradictorias”, afirmó.

El proceso penal, consideró, avanza; “recientemente en una audiencia larga los testigos manifestaron su interés por presentar una denuncia, para lo que estamos abiertos”, ofreció.

Además, indicó, el gobierno mexiquense ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad y voluntad de avanzar y resolver el caso.

Hace unos días, recordó, se publicaron en la Gaceta de Gobierno las reformas que harán posible indemnizar a las 11 mujeres víctimas del delito de tortura que han presentado su queja ante la CIDH, por lo que “hemos solicitado a la autoridad judicial, en un procedimiento no contencioso, notificar a estas mujeres para que se acerquen y se cuantifique su indemnización”.

El 3 de mayo de 2006, en Texcoco, y al día siguiente, en San Salvador Atenco, fueron detenidos líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponían a la construcción del aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en sus terrenos, en virtud de que pretendían ser adquiridos a costos irrisorios.

En junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 12 líderes detenidos y determinó que durante los operativos de mayo de 2006 se cometieron abusos, se agredió a ciudadanos ajenos al conflicto, se realizaron allanamientos ilegales, se cometieron violaciones sexuales, se violaron derechos consulares de extranjeros, se hacinó a los detenidos y se les negó atención médica.

No hay salida amistosa con el gobierno de Peña: víctimas de Atenco

GLORIA LETICIA DÍAZ
4 DE MAYO DE 2015
NACIONAL

"Tierra sí, aviones no", el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- A nueve años de la represión en San Salvador Atenco, 11 mujeres que litigan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto obstaculiza el proceso y trata de confundir a los integrantes del organismo.

En conferencia de prensa, tres de las víctimas y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informaron que en días pasados el gobierno del Estado de México notificó que había conformado un fideicomiso para sufragar las indemnizaciones de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual ante la CIDH.

Al respecto, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y la abogada del caso, Stephanie Brewer, señalaron que el anuncio del gobierno de Eruviel Ávila tiene la intención de convencer a los comisionados de la CIDH sobre la supuesta disposición del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa con las víctimas.

No sólo eso, también busca que no emitan un informe de fondo en el que se exhiba la cadena de mando del operativo donde podría salir a flote la responsabilidad de Peña Nieto.

Bárbara Italia Méndez, Edith Rosales Gutiérrez y Norma Jiménez Osorio, tres de las mujeres agredidas en mayo de 2006, recordaron que desde 2008, cuando ingresaron su queja ante la CIDH, hicieron pública su decisión de rechazar una salida negociada, posición que reiteraron ante el organismo en una audiencia pública en Washington, en marzo de 2013.

Brewer dijo que pese a esa posición, representantes del Estado mexicano continuaron acercándose a los abogados y enviaron escritos a la CIDH para insistir en la solución amistosa, y en “varias ocasiones pidieron que no emitiera el informe de fondo porque el Estado iba a solucionar el caso a nivel interno”.

La abogada resaltó que el gobierno estatal anunció la constitución de “un fondo  ad hoc de indemnización para las mujeres denunciantes del caso a través del Instituto de Atención a Víctimas del Estado de México, lo que consideramos un acto de presión y hostigamiento”.

En la página 21 de la Gaceta del gobierno del Estado de México, con fecha 19 de marzo, se publicó un Edicto por el que se notifica a las 11 mujeres y al Centro Prodh sobre la creación de un “fondo de atención que a su favor ha constituido el gobierno del Estado de México en su calidad de victimas de los hechos sucedidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San salvador Atenco”.

El fondo, del que no se detallan montos, “se encuentra a su disposición (de las víctimas) en las oficinas que ocupa el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (IAVDEM)”, en Metepec.

El aviso está firmado por la directora general del IAVDEM,, Marcela Mora Córdoba.

Edith Rosales consideró “ofensivo” el edicto, además de que, dijo, pone en riesgo a las mujeres al hacer creer a la opinión pública que van a recibir recursos.

“La intención es pagar para acabar con el proceso de lucha. No vamos a vender la dignidad, tienen que hacer justicia real, definir dónde está la cadena de mando, que tiene que llegar hasta el que se jactó de haber implementado el operativo, porque hasta ahora ninguno de la cadena de mando está  detenido ni procesado”, subrayó.

Bárbara Méndez, quien en marzo de 2013 fue la encargada de leer la carta firmada por 11 mujeres en la audiencia en Washington, reiteró al Estado mexicano que “no hay salida amistosa” ni negociada.

“No se trata de dinero, sino de dignidad y justicia, y no vamos a cesar el paso hasta que lo consigamos. Ya no somos sólo 11,  en este camino hemos conseguido fortalecer el camino de otras mujeres torturadas sexualmente por militares, policías y marinos”, sostuvo.

De su lado, Norma Jiménez apuntó que aunque no pudieron acudir todas las denunciantes a la conferencia de prensa, hay un acuerdo entre las 11 de continuar el litigio ante la CIDH, “aunque a lo largo de estos nueve años hayamos recibido golpes del Estado mexicano para que desistamos”.

Para Stephanie Brewer, la intención de publicar el edicto tiene como objetivo “presionar a las mujeres, dilatar el proceso ante la CIDH y confundir. Pretenden hacer creer a la CIDH que hay un diálogo y negociación con el fin de bloquear el informe de fondo”.

La abogada recordó que uno de los objetivos de las mujeres es que en el informe de fondo el organismo dé lineamientos para lograr “cambios estructurales que pongan fin a la tortura sexual”, además de que la CIDH podría decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que las recomendaciones que emita en su resolución no son atendidas.

Al señalar que hay probabilidades de que la conclusión  del organismo se dé a conocer en alguno de los dos periodos de sesiones que se desarrollarán este año (julio u octubre), Mario Patrón recordó que en el informe del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, se reconoció que en México “el grado de impunidad de la tortura sexual es todavía mayor a la que se aplica para incriminar a personas en delitos”.

De igual manera, destacó que en el operativo de mayo de 2006 fueron detenidas 47 mujeres; al ser remitidas, 26 de ellas denunciaron tortura sexual, pero sólo 11 decidieron continuar la lucha por el castigo a los responsables.

“Al Estado mexicano no le interesa hacer justicia, verdad y reparación, sino atajar un caso en el  que está involucrado el presidente y antes era gobernador. Esta campaña para dilatar gira en la lógica de intentar comprar la palabra de las victimas con dinero”, puntualizó el director del Centro Prodh.

“Ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles”, grita Atenco nueve años después

Por Mayela Sánchez mayo 3, 2015 - 13:02h 

Pobladores de Atenco conmemoraron la fecha con un bloqueo sobre la carretera Los Reyes-Lechería. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

San Salvador Atenco, Estado de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Al cumplirse nueve años de los enfrentamientos entre pobladores de los municipios mexiquenses de Atenco y Texcoco contra policías municipales, estatales y federales, este día pobladores y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) –opositor al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México– conmemoraron la fecha con un bloqueo momentáneo sobre la carretera Los Reyes-Lechería a la altura de la entrada a la comunidad e hicieron un recorrido por sus calles.

El 3 de mayo de 2006 un conflicto entre policías municipales y floricultores en Texcoco, quienes pidieron el apoyo del FPDT, desató bloqueos carreteros y enfrentamientos entre pobladores de Atenco, otras comunidades cercanas y agentes policiales de los tres niveles de gobierno, que se extendió al día siguiente.

El saldo de las refriegas fue de dos jóvenes muertos -uno de ellos menor de edad-, casi 200 detenidos, lesionados y allanamientos de casas. La gran mayoría de los detenidos denunciaron abusos policiales durante su detención y traslado, incluidos casos de abusos sexuales de mujeres.

Al cumplirse nueve años de esos hechos, un grupo de alrededor de 60 personas se congregó en la entrada del pueblo, donde Ignacio del Valle, el líder más visible del FPDT, expresó que mantienen la misma posición desde 2009: “no dejar la tierra”.

Desde que en 2001 el entonces Presidente Vicente Fox Quesada intentó construir un nuevo aeropuerto en la zona, los pobladores integrantes del Frente han mantenido su oposición a la obra, que implica el “despojo” de sus tierras ejidales.

El FPDT rechaza el proyecto actual para un nuevo aeropuerto anunciado en septiembre pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

En su mensaje, del Valle refrendó esa lucha que han mantenido desde hace más de una década y dijo que no aceptaban la forma en que el gobierno intenta dividir a los pobladores, algunos de los cuales han aceptado la compra de sus terrenos.

Recordó que hace nueve años hubo una “represión” contra la comunidad que se oponía a la obra.

Ante el grupo -que se fue haciendo más grande durante el recorrido por las calles de la comunidad- dijo que si bien parecieran pocos, eso no determinaba la posición que mantienen de defender la tierra.

Durante 15 minutos, el grupo bloqueó la carretera Los Reyes-Lechería, donde fueron los enfrentamientos de hace nueve años. Ahí se les sumó el contingente de la Caravana de las Dignas Resistencias, un movimiento que aglutina varias luchas sociales en el Estado de México, y que durante 15 días llevará el llamado “fuego de la dignidad” por distintos municipios, hasta culminar en Toluca, capital del Estado de México.

El movimiento entregó el “fuego de la dignidad” a un grupo de mujeres atenquenses. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Hoy fue el tercer día de recorrido de la Caravana proveniente del Reclusorio de Molino de las Flores. El movimiento entregó el “fuego de la dignidad” –que consiste en un copal con incienso encendido– a un grupo de cuatro mujeres atenquenses.

Posteriormente, comenzó una caminata por calles de la comunidad, hacia las tierras que consideran “amenazadas” por el proyecto del nuevo aeropuerto.

Los integrantes del contingente gritaban consignas como “3 de mayo no se olvida, es de lucha combativa”, “mayo rojo, no se olvida” y “Ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles”.

Del Valle concluyó su mensaje diciendo: “Atenco no olvida ni olvidará jamás la represión que fue en el 2006 a nuestra comunidad”.

“3 de mayo no se olvida, es de lucha combativa”, fueron alguna de las consignas de los pobladores. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Conferencia: A 9 años de la tortura sexual en Atenco - Centro PRODH

Conferencia:

A 9 años de la tortura sexual en Atenco

Para este año 2015 se espera el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fecha: 4 de mayo a las 11:30 horas

Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Serapio Rendón 57 B, Colonia San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Refrenda EZLN apoyo a padres de los 43 normalistas

ISAÍN MANDUJANO
3 DE MAYO DE 2015
DESTACADO

Milicianos zapatistas. Foto: Especial

OVENTIK, Chis. (proceso.com.mx).- El subcomandante Galeano, vocero y jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), ratificó hoy su respaldo y apoyo a los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: “No teman quedarse solos por quienes nunca han estado con ustedes. No teman ser abandonados porque quienes sólo pretenden usarlos y después olvidarlos”.

En el arranque hoy del “Seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”, Galeano se explayó en el apoyo y afecto de los zapatistas hacia los padres y madres de los desaparecidos, luego de escuchar de viva voz en el templete a Bertha Nava Ramírez, madre de Julio César Ramírez Nava, quien llegó junto a su esposo Tomás Ramírez desde el estado de Guerrero, para traer la representación de quienes buscan a sus 43 desaparecidos.

Bertha Nava, madre de uno de los jóvenes que fallecieron aquella noche del 26 de septiembre, dijo que aunque tuvo enfrente el cuerpo de su hijo a quien pudo darle sepultura, su dolor no cesa porque aún espera el regreso de su hijo que se fue a estudiar a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En el templete, junto a los escritores Adolfo Gilly, Juan Villoro y los mandos zapatistas, El subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante insurgente Galeano, Nava exclamó: “Les pido que nos ayuden, que no nos dejen solos para exigir la aparición con vida de nuestros muchachos, porque fue el Estado, de eso no hay duda”.

“El gobierno no tenía porque hacer esa barbaridad. Si lo que querían era la Normal con gusto se la hubiéramos dado, pero no había necesidad de que hicieran lo que hicieron, desaparecer a nuestros muchachos. Nos 43 nos hacen falta, están 43 butacas en la escuela. También sus compañeros los buscan y los esperan”, dijo con lágrimas ante una multitud igual conmovida.

“Nosotros estamos muriendo en vida día con día. Mientras yo siga con vida los seguiré buscándolos hasta que me muera. Yo les pido de corazón que estén con nosotros, que nos digan apoyando, porque no tenemos a donde más refugiarnos, porque el día que ustedes nos dejen le gobierno hará lo que quiera con nosotros”, les dijo mirando a los encapuchados.

“El gobierno ya lo han intentado, nos han mandado a sus fuerzas federales, a sus militares, a sus granaderos, para agredirnos pero no tenemos miedo, porque son 43 vidas las que están en juego. Si el gobierno dicen que ya los mataron, que nos debe prueba de ellos, señaló.

“Si en realidad ya los mataron que nos enseñen su cuerpos, porque a nosotros no nos van a engañar con unos huesitos. Dicen que los quemaron, pero como podrían conseguir tanta leña y de dónde sacaron tantas llantas para quemar su cuerpos? En ese lugar de Cocula donde dicen que los quemaron está naciendo la hierba y las plantas, si hubieran quemado ahí a tantos cuerpos la grasa aún impediría el crecimiento de la hierba. Está reverdeciendo ese lugar”, indicó.

“A nosotros no nos engañan. Para nosotros la PGR es mentirosa, porque sólo nos has entregado mentiras, puras mentiras”, dijo Nava.

Dijo que en su vida jamás pensó que pudiera llegar a querer a un hijo ajeno, pero no, ahora el dolor la ha unido a todas las madres y todos los padres y piden que les regresen a sus muchachos que les arrebataron.

De igual forma , Hilda Hernandez y Mario González, padres de César Manuel González Hernández, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, hablaron vía un video que enviaron y que fue exhibido a la multitud. Ambos de igual forma pidieron el apoyo total de los zapatistas para poder seguir en esta lucha por ver a sus hijos de nuevo.

“Yo no entendía la lucha de los zapatistas contra el mal gobierno hasta que nos pasó esto”, dijo Hilda Hernández, quien sostenía la foto de su hijo en sus piernas.

Indicó el padre que ahora más que nunca requieren del apoyo de todos mis movimientos sociales y políticos, como el de los zapatistas para enfrentar esta tragedia que lleva ya más de siete meses.

Ante ello, el subcomandante Galeano dedicó sus primeras palabras para ratificar el apoyo del EZLN a todos los padres y madres de Ayotzinapa y todos los que buscan a sus hijos en todo el país.

“Aunque pequeña es nuestra lucha, algo hemos aprendido en todo este tiempo, a estar y acompañar muchas otras luchas”, afirmó Galeano.

“Y su lucha también es nuestra”, les dijo.

Explicó que aunque hay quienes permanecen ajenos y distantes ante la lucha que ellos han emprendido, “la mayoría del mundo y en nuestro país, es como ustedes, hermanos y hermanas de Ayotzinapa, son como ustedes”.

“Cualquiera son como ustedes que simpatizan con su lucha, se identifican con su rabia. La mayoría no ha ido a marchar, no ha gritado consignas, no les han dicho que no están solas, solos, no lo han hecho simple y sencillamente porque no han podido hacerlo. Pero seguro están con ustedes”.

“No desfallezcan porque quienes estuvieron a su lado se fueron después de haber cobrado su parte o porque se dieron cuenta que no podrían cobrarla”,
agregó.

Dijo que uno de los engaños de arriba es Convencer a los abajo que las luchas largas solo cansas y nada logran. Porque a los de arriba, lo que les aterroriza son las rabias y las indignaciones de abajo.

Indicó Galeano que los zapatistas están atento ya no solo a su rabia, también a su dolor de los padres y madres de Ayotzinapa.

Y que no se preocupen, pues su lucha no depende del número de personas en su manifestación ni que se hagan tema del momento en las redes sociales.

“Habrá gente que les diga otras cosas, les dirán que es más importante estar con ellas, que es más importante por tal o partido político van a encontrar a sus desaparecidos. Ya ven como hay partidos que ofrecen todo, tortas, cubetas, mochilas, pases ara el cine”, le dijo Galeano.

Indicó que la esperanza es la necesidad con la que más se lucra y se
trafica allá arriba.

Narro que hace muchos años los zapatistas no marchaban ni  entonaban consignas, hasta que los indígenas salieron de sus comunidades aquel 12 de octubre de 1992.

“La estatua del conquistador cayó. Unos meses después, en enero de 1994, salimos a las ciudades, esta vez no llevábamos arcos ni flechas, llevábamos fusiles y balas. Nos alzamos para mandarnos a nosotros mismos no para que otros mandaran”, agregó.

Y que 20 años después, en la tierra zapatista mandan los pueblos y el gobierno obedece.

No teman quedarse solo por quienes nunca ha estado con ustedes. No teman ser abandonados porque quienes solo pretenden usarlos y después olvidarlos”, les dijo Galeano.

Acoge París la Eurocaravana 43, que demanda justicia por el caso Ayotzinapa

• Sus integrantes denuncian la situación de los derechos humanos en México
• ‘‘Aunque nos ofrezcan millones de pesos no los vamos a aceptar’’, expresa un padre de familia

Afp

 

Periódico La Jornada
Lunes 4 de mayo de 2015, p. 6

París, Francia.

La capital francesa acogió este domingo una marcha para reclamar justicia por los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y denunciar la situación de los derechos humanos en México, con motivo de la llegada de la Eurocaravana 43, encabezada por el padre de uno de los normalistas.

Bajo una fina lluvia y al grito de ‘‘¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!’’, unas 200 personas partieron del barrio parisino de Belleville para apoyar a las familias de los 43 estudiantes.

‘‘Queremos justicia, queremos a nuestros hijos, a los 43 estudiantes’’, reclamó Eleucadio Ortega, padre del normalista desaparecido Mauricio Ortega Valerio. ‘‘Aunque nos ofrezcan millones de pesos, no los vamos a aceptar’’, dijo.

Noruega, Alemania e Italia, otros destinos de la protesta

Eleucadio Ortega inició el 16 de abril, junto al normalista sobreviviente Omar García, un periplo por 12 países europeos, entre ellos Noruega, Alemania e Italia. Tras París, sus próximas etapas serán las ciudades españolas de Zaragoza, Madrid y Barcelona, antes de finalizar el 20 de mayo en Londres.

‘‘Los derechos humanos se violan constantemente y no podemos dejar impunes a los responsables’’, dijo Isis González, estudiante mexicana de doctorado, mientras manifestantes portaban una pancarta con las imágenes de los 43 normalistas.

Participar en la marcha es, a su juicio, una manera de apoyar a las familias y de ‘‘presionar internacionalmente’’ al gobierno de Enrique Peña Nieto.

‘‘Aquí es donde le duele al gobierno mexicano, en su imagen exterior’’, subrayó en esta línea Sofía, otra estudiante mexicana en Francia y miembro del Collectif París Ayotzinapa, uno de los organizadores de la marcha.

Corresponsabilidad de países europeos

Este colectivo también reclama al presidente francés, François Hollande, que retire la invitación cursada a su homólogo mexicano a visitar Francia el 14 de julio, por considerarlo ‘‘un dirigente indigno que representa, por su política autoritaria, una amenaza para los derechos fundamentales de los mexicanos’’.

Añaden que ‘‘el problema de la desaparición forzada es social, político y producto de las relaciones entre Estado y la sociedad’’, aseguró el normalista sobreviviente Omar García, para quien ‘‘echarle la culpa al narco es no contextualizar el problema de los derechos humanos en México’’.

Y en este ámbito, los países europeos tienen –a su juicio– parte de responsabilidad, con base en los tratados en materia de seguridad y comercio firmados con México. ‘‘Se ha demostrado que armas de diferentes países de la Unión Europea (UE) se han accionado contra civiles en México’’, aseguró.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos siguen sin creer en la investigación oficial de la Procuraduría General de la República. Los padres y madres de familia, que acusan al gobierno de querer dar carpetazo al caso, han llevado también sus protestas a Estados Unidos y a mediados de mayo podrían iniciar una nueva marcha por Argentina, Uruguay y Brasil.

Marcha en París por los 43 normalistas

Por Afp

dom, 03 may 2015 16:10

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen su aparición con vida, en el marco del Día Internacional del Trabajo, en la ciudad de México. Foto Xinhua

París. París acogió este domingo una marcha para reclamar "justicia" por los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y denunciar la situación de los derechos humanos en México, con motivo de la llegada de la "Eurocaravana 43" encabezada por el padre de uno de los normalistas.

Bajo una fina lluvia y al grito de "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", unas doscientas personas partieron a las 13:45 horas (GMT) del barrio parisino de Belleville para apoyar a las familias de los 43 estudiantes, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en un brutal ataque de policías de Iguala (Guerrero, sur) y narcotraficantes.

"Queremos justicia, queremos a nuestros hijos, a los 43 estudiantes", reclamó Eleucadio Ortega, padre del normalista desaparecido Mauricio Ortega Valerio. "Aunque nos ofrezcan millones de pesos, no los vamos a aceptar", dijo este campesino.

Eleucadio Ortega inició el 16 de abril, junto al normalista sobreviviente Omar García y a un activista de derechos humanos mexicano, un periplo por doce países europeos, entre ellos Noruega, Alemania e Italia. Tras París, sus próximas etapas serán las ciudades españolas de Zaragoza, Madrid y Barcelona, antes de finalizar el 20 de mayo en Londres.

"Los derechos humanos se violan constantemente y no podemos dejar impunes a los responsables", dijo Isis González, una estudiante de doctorado mexicana residente en París, mientras manifestantes portaban una pancarta con las imágenes de los 43 normalistas.

En este sentido, participar en la marcha es, a su juicio, una manera de apoyar a las familias y de "presionar internacionalmente" al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto.

"Aquí es donde le duele al gobierno mexicano: su imagen exterior", subrayó en esta línea Sofía, una estudiante mexicana en Francia y miembro del Collectif Paris Ayotzinapa, uno de los grupos organizadores de la marcha en París.

Actividades del FPDT a 9 años del mayo rojo en Atenco

Caso Ayotzinapa: la CIDH, a punto de concluir análisis para presentar informe

Los familiares centran su esperanza en la recomendación que emita el órgano de la OEA

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 3 de mayo de 2015, p. 8

Actualmente, 105 personas se encuentran detenidas por el caso Ayotzinapa.

Mientras, las instancias federales revisan los expedientes para responder a las solicitudes de información de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se halla en la parte final del análisis para la elaboración de su informe de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado.

Entre los delitos imputados a los presuntos responsables se incluye delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, homicidio calificado y portación de armas de fuego.

A policías de Iguala se les ha acusado también de desaparición forzada de personas, cuyos cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas en ese municipio, pero que resultaron no pertenecer a los normalistas de Ayotzinapa; no obstante, los hechos se encuentran en la misma indagatoria.

Mientras la versión oficial del paradero de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos se concentra en un asesinato colectivo e incineración de cuerpos, en hechos en los que participaron policías municipales e integrantes de grupos delictivos, los familiares de las víctimas tienen puesta su esperanza en el dictamen de la CIDH.

Hasta ahora no avalan la conclusión de la Procuraduría General de la República (PGR) y exigen una indagatoria distinta y ampliada que incluya –por ejemplo– a los militares de Iguala.

Melitón Ortega, padre de uno de los muchachos y vocero de los familiares de las víctimas, dijo que se han reunido dos veces con los especialistas de la CIDH y ahora esperan una tercera comunicación, en especial para conocer los avances de las conclusiones de su investigación y de la actuación del Estado mexicano.

Los familiares basan sus esperanzas en la recomendación que emitirá a mitad de año esta comisión de la Organización de Estados Americanos.

El objetivo de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa es que el gobierno federal retome la investigación y no sólo se dejen correr los días con las aportaciones y sugerencias de los familiares.

El caso Ayotzinapa cobró relevancia en la marcha del pasado 1º de mayoFoto Carlos Ramos Mamahua

Afirman que la PGR no ofreció los elementos científicos suficientes para dar por hecho que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos triturados y quemados para después esparcir las cenizas en un río.

Desde el punto de vista científico, no pudieron haber quemado a los estudiantes en ese espacio (basurero del municipio Cocula, Guerrero); no se reúnen las condiciones para que eso se diera la madrugada del 27, dijo Ortega.

Esa es la razón, señaló en entrevista, por la cual nosotros decimos que la investigación debe continuar.

“Consideramos que en ese espacio, según versiones, ha sido un lugar en el que han ejecutado a personas y, por lo tanto, sabemos que no pudieron haber sido los estudiantes (los quemados) sino otras personas.

Consideramos que pudieron quitarle una parte del cuerpo a los estudiantes, pero eso no quiere decir que estén muertos. Por eso decimos que la búsqueda debe seguir.

Igualmente, agregó, es necesario ampliar las declaraciones de los estudiantes sobrevivientes al ataque, en el sentido de que hubo participación de militares en los hechos.

Exigimos que se abra la investigación, que se dé a conocer la verdad ahí también con ellos (militares), dijo.

El caso Ayotzinapa es analizado por los nuevos funcionarios de la PGR, del primer círculo de la procuradora Arely Gómez, así como de otras instancias del gabinete de seguridad. En un reporte interno de la PGR se detallan las acusaciones a los 105 detenidos.

Por la Secretaría de Gobernación toca al subsecretario Roberto Campa, nuevo responsable del área de Derechos Humanos, atender el caso, en especial a las víctimas y, junto con la cancillería, de las solicitudes de información y acción que les formulen los expertos de la CIDH.

Caravana Sudamérica 43

Parlamento de Quebec más preocupado por caso Ayotzinapa que Congreso mexicano: legisladora

Por: Cecilia Balderas / 1 mayo, 2015

(01 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján declaró que el Estado mexicano ha ignorado sistemáticamente la crisis de derechos humanos que se vive en el país, pues en el caso específico de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, no ha respondido con acciones concretas para solucionar la desaparición forzada de los estudiantes.

“Este no es un hecho aislado y, como muchos otros similares, forma parte de la constante actuación autoritaria y contraria a derechos humanos por parte del Estado mexicano”, argumentó la legisladora.

Recordó que Amnistía Internacional ha señalado que existe una discrepancia entre la versión oficial del gobierno de la República y lo que se presume que verdaderamente pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, donde elementos de la policía municipal de la comunidad, en contubernio con el crimen organizado, desaparecieron a los normalistas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas también manifestó que se percibe un preocupante contexto de desapariciones forzadas, sobre todo por lo generalizado del fenómeno, además de que ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, entre otras prácticas claramente contrarias a la promoción de los derechos humanos que el Estado mexicano ha signado al ratificar diversos tratados internacionales.

Alcalde Luján argumentó que en el informe presentado por Juan Méndez, relator especial sobre tortura, se exhortó al gobierno mexicano a reconocer públicamente la dimensión de impunidad respecto a tortura, malos tratos, castigos y represalias sobre las víctimas, sin que hasta el momento Peña Nieto o algún integrante de su gabinete se hayan mostrado sensibles a la petición; por el contrario, el Canciller José Antonio Meade, desestimó las afirmaciones del relator.

El pasado 20 abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un informe en el que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PRG), abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las existentes, sobre el caso Ayotzinapa.

En tanto, la Organización Internacional Human Rights Watch, envió una carta a la PGR transmitiéndole su preocupación por la crisis de derechos humanos que actualmente enfrenta México.

“Finalmente, el Parlamento de Quebec, apenas el 23 de abril, aprobó la siguiente moción: que la Asamblea Nacional exprese su profunda preocupación en cuanto a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014 en el estado de Guerrero, en México, y que exprese su solidaridad con las familias afectadas”, informó la legisladora.

“Todos estos pronunciamientos tienen algo en común, reconocen la crisis de derechos humanos que nosotros, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, hemos ignorado. ¿Por qué el Parlamento de Quebec externa su preocupación por el caso Ayotzinapa y no este Congreso? ¿Por qué no se reconoce que este caso se tiene que esclarecer para probar que México está en un Estado democrático de derecho? ¿Por qué no nos damos cuenta de la trascendencia de este caso y reconocemos que el caso de Ayotzinapa tiene que ser resuelto?”, cuestionó Alcalde.

“Necesitamos encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sus familias los necesitan. Pero sobre todo los necesita México. Los necesitamos todos los mexicanos para ganar la confianza y tener la certeza de que en este país la corrupción, las violaciones graves a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y cualquier violación a la ley sean efectivamente investigadas y castigadas, sea quien sea el culpable. Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, concluyó la diputada.