Por: Redacción Revolución / 1 octubre, 2015
(01 de Octubre, 2015).- El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere fuera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de México, sin embargo, a conveniencia permitió la visita de los comisionados a Ayotzinapa para evitar aparecer en la lista negra del organismo a nivel internacional.
Las tensiones entre el gobierno federal y la CIDH se han intensificado luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el cas Ayotzinapa, por lo el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa, se confrontó con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo del organismo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo que invitar a los comisionados de la CIDH para evitar que incluyera a México entre las naciones del continente que violan los derechos humanos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que la visita ‘in loco’ de la CIDH, en pleno aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, responde a que México estuvo a punto de ser incluido en el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH.
“Era muy probable que México estuviera en el capítulo cuarto del informe anterior de la Comisión, reglamentariamente hay esta salvaguarda de hacer esta invitación de visita in loco a cambio de no estar en ese capítulo. Es en ese contexto donde el Gobierno mexicano decide hacer una invitación a la Comisión Interamericana” dijo el representante de los derechos humanos.
De acuerdo con el informe de la CIDH del 2014, un Estado entra en el capítulo cuarto si el organismo reúne información de múltiples fuentes que evidencien violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos sobre la situación del país, como fue el caso de Cuba y Venezuela en 2014.
México no será incluido a la lista negra de la CIDH, pues permitió la investigación directa de parte de los comisionados sobre los hechos de violaciones a los derechos humanos.
Como parte de las tensiones, Isabel Miranda de Wallace planteó la salida del GIEI y de Emilio Álvarez Icaza, pues aseguró que existe conflicto de interés de su parte.
Asimismo, el gobierno federal presionó al Sistema de las Naciones Unidas para que reconsiderara su posición en el caso Ayotzinapa, pues en primera instancia se mostró a favor del informe del GIEI y posteriormente comunicó el avance de la reunión de Peña Nieto con los padres de los desaparecidos.
