La CNDH frente a Ayotzinapa

Magdalena Gómez

E

l pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el informe denominado Estado de la investigación del caso Iguala. Al respecto se ha destacado en los diversos medios el hecho significativo de que contiene elementos que a todas luces cuestionan, sin señalarlo explícitamente, la insostenible verdad histórica de Jesús Murillo Karam en torno al basurero de Cocula como escenario del supuesto crimen e incineración masiva de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya diez meses en el municipio de Iguala, Guerrero.

Son numerosas y de fondo las observaciones y sugerencias a la Procuraduría General de la República (PGR): no se ha desahogado el conjunto de diligencias ministeriales necesarias, integrar fichas de identificación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, continuar con las acciones de búsqueda, agotar todas las líneas de investigación (menciona tres: que están en la sierra de Guerrero, que uno ya apareció en Apango y que están autosecuestrados), obtener la georreferenciación sobre cuatro líneas de celulares de estudiantes desaparecidos, desde las cuales se habrían emitido mensajes y una llamada en una de ellas.

Indagar si otros cuerpos de seguridad municipales inciden en la forma de operar de las organizaciones criminales .Que declaren los buzos de la secretaría de Marina que localizaron en río San Juan las bolsas con supuestos restos de los estudiantes desaparecidos; comparar mediante peritajes tierra del basurero de Cocula y la que se encontró en bolsas del río; que los familiares puedan observar y comparar objetos como hebillas y botones en bolsas del mismo río para identificar si presumiblemente pertenecieron a los estudiantes desaparecidos, se realicen dictámenes de balística forense y análisis de índices biológicos en prendas de ropa localizadas a unos metros del autobús Estrella Blanca que formaba parte de la caravana de cuatro de los seis que transportaban a los estudiantes.

Asimismo sugiere peritajes forenses, perfiles hemáticos y odontológicos. En síntesis y, cual piedra de toque, anota que los testimonios recreados en Cocula constituyen diligencias aisladas que no reúnen el requisito de una reconstrucción de hechos. Insiste en el concepto de reconstruir la ruta de desaparición. Un elemento central es el relativo al Ejército, que coincide con la demanda de las madres y los padres, así como los organismos de derechos humanos, incluso con el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el cual hay coincidencias en la sugerencia de acumulación por conexidad de cuatro causas penales. Al respecto sugiere recabar declaraciones y testimonios de personal militar asignado a Iguala y Cocula; en especial, refiere, tres que acudieron al lugar de los hechos, dos que acudieron la tarde noche a la vía pública y otro sobre elementos tangenciales; y retoma un asunto de suyo delicado al solicitar que la Secretaría de la Defensa Nacional precise sobre quién o quiénes de los estudiantes desaparecidos pudieron haber pertenecido al Ejército.

También hace sugerencias a la comisión especial de atención a víctimas, a la fiscalía general del estado de Guerrero (donde encontró dos peritajes contradictorios sobre el asesinato de Julio César Mondragón, uno de que fue desollado con un arma punzocortante y otro de que fue la fauna nociva) y al ayuntamiento de Iguala.

Sin restar relevancia al informe de la CNDH, contiene elementos que preocupan, como el alcance de la llamada “connivencia entre autoridades y delincuentes de ‘al menos’ autoridades municipales de Iguala y Cocula”. Favorece la tesis del peñanietismo de que no es el Estado el implicado. Por otra parte, introduce una sugerencia a la PGR cuya fuente, señala, es una petición de los padres de los estudiantes expresada en una reunión con ellos: investigar por qué motivo fueron a Iguala el 26 de septiembre, quién los llevó, por qué de primer grado, sin que aparezca cuál sería el sentido de la misma en el contexto de la investigación, si es que no se pretende abrir la puerta a la especie que criminaliza a los normalistas de Ayotzinapa insinuando propósitos distintos a sus prácticas tradicionales de recaudación de fondos.

Es deseable que el conjunto del informe, si bien no definitivo, tenga un sólido respaldo.

La propia CNDH indicó en su documento que entregó a la PGR información detallada relacionada con lo señalado, que no se hace pública para no entorpecer la investigación.

Llaman la atención las declaraciones inmediatas de la PGR de que atenderá las observaciones, cuando en los hechos no hay avances en líneas de investigación distintas a la de Cocula; así como la postura del Secretario de Gobernación al declarar queremos la verdad y que los responsables sean castigados, a la vez que avala la negativa a que el GIEI se entreviste con los militares del 27 batallón del Ejército en Iguala. El estado de derecho es inseparable del camino a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Ayotzinapa: no al silencio ni al olvido

Javier Flores

E

l informe presentado el pasado 23 de julio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una bocanada de aire fresco, un síntoma de salud en una sociedad que parecía condenada a perder toda esperanza de justicia ante uno de los hechos más atroces ocurridos en nuestro país en los años recientes. Al cumplirse 10 meses de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y cuando algunos sectores pugnaban por el olvido, el organismo autónomo que preside Luis Raúl González Pérez, interpreta correctamente la dimensión que corresponde a México en diversos órdenes al señalar que ante los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “(…) no es el momento de callar ni de olvidar”.

El documento de 63 páginas, titulado Estado de la investigación del caso Iguala, presentado el jueves por la CNDH contiene 32 observaciones y propuestas, la mayoría de las cuales (26) están dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR). En ellas se señala, entre otras cosas, la falta de realización de diligencias ministeriales en los niveles locales y federal que se consideran indispensables para establecer los hechos. En otras palabras, se indican faltas o carencias en las indagaciones realizadas hasta ahora por la PGR, lo que ha dado como resultado una investigación incompleta.

No es casual que sea así. Un hecho que hasta ahora ha sido poco analizado es la remoción en febrero de 2015 del licenciado Jesús Murillo Karam como titular de la PGR y el nombramiento en su lugar de la maestra en políticas comparadas Arely Gómez. La figura de Murillo Karam quedó muy desgastada luego de la construcción de una historia, que si bien fue elogiada en los más altos círculos del poder político (los estudiantes fueron asesinados por el crimen organizado, incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río), era evidente que en muchos aspectos carecía de verosimilitud.

El cambio era algo necesario no sólo por los reclamos internos de justicia, sino por una creciente presión internacional. Murillo había llegado a su límite y ya no podía defender más allá de lo que lo había hecho su propia historia. El cambio fue además algo muy positivo pues, en mi opinión, dejaba abierta la posibilidad de ajustar la versión oficial ante nuevas evidencias, sobre todo las provenientes de los estudios de instituciones y organismos nacionales e internacionales involucrados en este caso; como lo ilustra el mencionado documento presentado por la CNDH, en el cual la versión de la PGR aparece claramente como parcial e incompleta, al menos desde la óptica de los derechos humanos.

Pero además de ésta hay otras dimensiones, como la científica, que pronto requerirán de respuestas. Luego del cambio en la PGR, no se ha informado de algún avance en las investigaciones, o se ha caído deliberadamente en el silencio. Por ejemplo, en el caso de los análisis encargados al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck. Han pasado ya varios meses desde que el gran deterioro de las muestras enviadas por la procuraduría –las cuales no permitieron siquiera el análisis del ácido desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt)– obligó al empleo de otras técnicas como la secuenciación masiva en paralelo (MPS, sus siglas en inglés). Las preguntas aquí son: ¿cuáles fueron los resultados de estos análisis? ¿Corresponden con los perfiles genéticos de alguno de los estudiantes desaparecidos?, o todavía peor, ¿los fragmentos de ADN pertenecen a otras personas? La Universidad de Innsbruck ha sido muy clara al señalar: Los resultados de las investigaciones obtenidas en nuestro instituto se proporcionarán exclusivamente a la autoridad responsable que emitió la orden, es decir, sólo a la PGR. ¿Ya las recibieron?

Otros aspectos ante los cuales también se ha optado por el silencio son las observaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En un comunicado, emitido desde el pasado febrero, este grupo de expertos había señalado fallas graves en la investigación, entre ellas, la ausencia de custodia por un periodo prolongado en el basurero de Cocula, la falta de certeza sobre el origen de las muestras supuestamente recogidas en dicho tiradero y en el río San Juan, la diferencia de los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos enviados a Innsbruck por la PGR y los de la EAAF, las evidencias satelitales sobre múltiples focos de fuego en el basurero en los años recientes y la presencia de restos humanos en ese tiradero que no corresponden con los normalistas.

Algunas de las propuestas de la CNDH tienen también la intención de dar un mayor sustento científico a una investigación que aún no ha concluido. Un país que aspira al desarrollo en todos los órdenes y a una verdadera vida democrática necesita saber la verdad.

No habrá resignación por las desapariciones: padres de los 43

• Marcha en el DF para exigir que normalistas aparezcan con vida
• Demostrado, que el gobierno apuesta al olvido y la impunidad, señalan

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos e integrantes de diversas organizaciones civiles marcharon ayer en la ciudad de México para demandar justiciaFoto Cristina Rodríguez

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos e integrantes de diversas organizaciones civiles marcharon ayer en la ciudad de México para demandar justiciaFoto Cristina Rodríguez

José Antonio Román y Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Lunes 27 de julio de 2015, p. 4

No, no habrá resignación. Así lo dijeron los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que fueron desaparecidos desde hace 10 meses. Y no la habrá porque hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto no nos ha entregado ningún resultado. Por eso no nos resignamos; seguiremos luchando todos los días hasta tener a nuestros hijos de regreso en casa.

Ayer se cumplieron 10 meses de la embestida contra los estudiantes de Ayotzinapa, cuando el 26 de septiembre fueron atacados a balazos por un comando de la policía municipal de Iguala, Guerrero, lo que dejó seis personas muertas –tres eran normalistas–, más de 20 heridos y 43 desaparecidos.

Los familiares de las víctimas, junto a decenas de ciudadanos, realizaron una jornada más por Ayotzinapa, la cual incluyó por la mañana un brigadeo por diversas zonas de la ciudad de México, una rodada en bicicleta y la lectura de un pronunciamiento; por la tarde, unas 2 mil personas (de acuerdo con reportes policiacos) marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos, justicia por el crimen de Estado y castigo a los responsables.

La jornada del día se puede resumir en una sola exigencia: Que el gobierno de Peña Nieto presente ya resultados sobre lo que pasó y que entregue con vida a los normalistas. No queremos más mentiras. Y si no puede, que se vaya.

Anunciaron que del 30 de julio al 13 de agosto realizarán dos caravanas: una por el norte y otra por el sur del país, a fin de seguir difundiendo el caso, así como para sumar luchas y testimonios de las víctimas de la represión de Estado en todo el territorio mexicano.

Por la mañana, al dar lectura al pronunciamiento justo al pie del Hemiciclo a Juárez, los padres de los desaparecidos y estudiantes de la normal rural aseguraron que la supuesta verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos de Iguala es, en realidad, una salida política cuyo fin es fomentar el olvido para permitir la impunidad de los autores materiales e intelectuales.

No podemos regresar a casa sin saber lo que verdaderamente ocurrió con nuestros hijos. Por ello, pese a que políticos y autoridades nos piden aceptar que nuestros 43 estudiantes fueron asesinados, los seguiremos buscando con vida, hasta en tanto no se esclarezca lo sucedido con ellos, mediante pruebas científicas irrefutables, dijo Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos.

En el posicionamiento, que fue suscrito por los comités de padres y de estudiantes, señaló que la decisión del gobierno por apostar al olvido y a la impunidad ha quedado demostrada con las indagatorias realizadas por el equipo de forenses argentinos y por el reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y seguramente será ratificado por el que presente en septiembre el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son las únicas instancias en las que creeremos.

Afirmaron que el reporte de la CNDH echa abajo la supuesta verdad histórica con la que el gobierno federal pretende cerrar el caso, afirmando que fueron asesinados e incinerados por integrantes del crimen organizado y sus cenizas arrojadas a un río.

Exigieron que el expediente del caso se mantenga abierto hasta agotar todas las líneas de investigación; que se atiendan todas las peticiones del grupo de expertos de la CIDH, incluida la solicitud de entrevistarse con los mandos militares que pudieron estar involucrados en el crimen, y permitir el acceso de este grupo y del comité de padres al cuartel militar de Iguala.

Además, que el gobierno asuma las recomendaciones de diversas instancias internacionales sobre los temas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

A la marcha que se realizó en la tarde se sumaron estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones sociales y sindicales, así como un contingente del magisterio disidente.

La movilización hizo un alto en el llamado antimonumentoque se instaló hace tres meses en Paseo de la Reforma, justo durante los actos por el séptimo mes de los hechos. Ahí, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, envió un mensaje a Peña Nieto: “En Los Pinos nos dijiste que nos ibas a ayudar a encontrar a nuestros hijos, que todo el apoyo estaba con nosotros, y a 10 meses no nos los has entregado. El 26 de septiembre no lo vamos a olvidar hasta encontrarlos (...) Te hablo así, porque tú en Los Pinos (durante la reunión entre los familiares y el titular del Ejecutivo en octubre) me tuteaste, me dijiste ‘Chuy’”.

Ya en el mitin, con el que concluyó la jornada de ayer, Epifanio Álvarez agradeció el apoyo de la ciudadanía, aunque convocó a realizar acciones más contundentes para presionar al gobierno federal a dar resultados y hallar a los normalistas. Ya no basta con marchas, siempre he querido hacer algo fuerte, que les duela, pero para ello debemos estar unidos.

Alfredo Galindes Araujo, padre de Giovani Galindes Guerrero, aseveró: Este gobierno no se tienta el corazón para seguirnos dando puñaladas en el corazón. Nosotros desde aquí le decimos: si es que es gobierno, que nos dé resultados pronto. La última acción sería tomar las armas, porque solamente ese camino nos va a dejar, y nosotros estamos decididos a dar la vida por nuestros hijos.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, resumió: Por nuestros hijos daremos la vida. Una vez más, la consigna de Fuera Peña se escuchó entre los participantes en la movilización.

“Verdad histórica”, sólo una salida política: padres de los 43

Por José Antonio Román

dom, 26 jul 2015 12:27

Al cumplirse 10 meses de la desaparición de 43 normalistas, padres exigen en el Hemiciclo a Juárez la presentación con vida de los estudiantes. Foto María Luisa Severiano

México, DF. Los padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa afirmaron que la supuesta “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos de Iguala es, en realidad, una salida política cuyo fin es fomentar el olvido para permitir la impunidad de los autores materiales e intelectuales de esos hechos.

Al conmemorar los diez meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, insistieron en su reclamo al Estado mexicano por la presentación con vida de sus hijos y compañeros.

“No podemos regresar a casa sin saber lo que verdaderamente ocurrió con nuestros hijos. Por ello, pese a que políticos y autoridades nos piden aceptar que nuestros 43 estudiantes fueron asesinados, los seguiremos buscando con vida, hasta en tanto no se esclarezca lo sucedido con ellos, mediante pruebas científicas irrefutables”, señala el posicionamiento de padres y estudiantes.

En el Hemiciclo a Juárez, los padres y estudiantes de Ayotzinapa fijaron su postura sobre estos diez meses de investigaciones y el informe reciente que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señalaron que el reporte de la comisión nacional hecha abajo la supuesta “verdad histórica” con la que el gobierno federal pretende cerrar el caso de los normalistas desaparecidos. Exigieron que el expediente se mantenga abierto hasta agotar todas las líneas de investigación.

Tras una “rodada de bicicletas” del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, se realizó un breve acto en el que participaron también representantes de organizaciones de la sociedad civil y abogados que acompañan el caso de los normalistas.

Al darle lectura al posicionamiento, Melitón Ortega, padre de unos de los desaparecidos, pidió que el gobierno federal atienda las peticiones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entrevistarse con los mandos militares involucrados en los hechos del 26 de septiembre del año pasado y para permitir el acceso de este grupo y del comité de padres al cuartel militar de Iguala.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, informó que tras este evento diversas comisiones realizarán un “volanteo masivo” por diversas zonas de la capital del país, en la que informarán sobre este posicionamiento y el rechazo a las investigaciones de la PGR.

A las 16:00 se tiene prevista una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, dentro de la jornada global por Ayotzinapa.

Ayotzinapa: 10 meses sin respuestas

S

e cumplen hoy 10 meses de los asesinatos de tres estudiantes normalistas, la desaparición forzada de 43, así como otros tres homicidios y la comisión de lesiones graves, todo ello perpetrado, según la versión oficial, por la policía municipal de Iguala. El caso provocó la caída y luego el encarcelamiento del alcalde de esa localidad guerrerense y la separación del cargo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y, a la postre, la salida de Jesús Murillo Karam, quien encabezó la investigación oficial que presentó como conclusión la Procuraduría General de la República (PGR).

Más allá de esas aprehensiones y remociones, el Estado ha sido incapaz de atender la demanda de una investigación creíble, procuración de justicia efectiva y la búsqueda de los desaparecidos. Al contrario, hasta la fecha, el gobierno federal ha logrado convencer a la ciudadanía de la certeza de lo que Murillo Karam llamó la verdad histórica del caso –la versión de que los 43 normalistas desaparecidos fueron ejecutados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula– y ni siquiera ha podido formular un mensaje convincente de compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

A más de 300 días de los trágicos acontecimientos de Iguala, la supuesta verdad histórica ha recibido toda clase de cuestionamientos y se ha sumido en el descrédito generalizado de los familiares de las víctimas, su entorno social de apoyo, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la propia institucionalidad oficial, si se toma en cuenta el informe presentado esta misma semana por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que las pesquisas son incompletas y adolecen de fallas diversas. Al día de hoy persisten múltiples preguntas sin respuesta y un sentido de confusión entre las propias versiones oficiales.

Por lo demás, la ausencia de justicia se percibe en que, de cerca de un centenar de detenidos por su presunta participación en ese episodio de barbarie, ninguno ha sido sentenciado, amén de que faltan por capturar dos de los principales involucrados, de acuerdo con líneas de investigación de la propia procuraduría.

El episodio de Iguala y el agravio permanente de la ausencia de los 43 normalistas constituyen un emblema de los incontables abusos, atropellos y omisiones de la autoridad en contra de la población, así como un símbolo de la violencia delictiva, policial y militar que se ha abatido sobre diversos sectores desde hace casi una década y que ha continuado y se ha agudizado del 26 de septiembre del año pasado a la fecha: en ese periodo han sido localizadas más de 25 fosas clandestinas en Guerrero; se han registrado mil 428 homicidios dolosos y 113 secuestros, así como la desaparición de más decenas de personas. Las instancias de esa violencia incontrolable se han saldado, en casi todos los casos, con la impunidad, la opacidad y la apuesta oficial por el olvido y el desgaste social, y ello ha ahondado la fractura entre la percepción gubernamental –que suele cristalizar en un discurso triunfalista, en el que la violencia y los atropellos a los derechos humanos son fenómenos aislados– y la terrible realidad que padecen millones de personas en el país.

En un contexto nacional recorrido por la indignación, el dolor, la zozobra y el sentir generalizado de indefensión, el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa –las causas por las que los normalistas fueron secuestrados, la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno en los hechos y el paradero de los 43 desaparecidos– sigue siendo un elemento central para remontar el déficit de gobernabilidad y restañar la normalidad institucional en el país.

Informe de la CNDH respalda versión de padres sobre fallas en pesquisas

Ayotzinapa, a la espera de justicia

• Pide ONG a Sedena aclarar versión de que había un militar entre los estudiantes

César Arellano García

 

Periódico La Jornada
Domingo 26 de julio de 2015, p. 5

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en de Ayotzinapa, Guerrero, señalaron que el informe Estado de la investigación del caso Iguala, que emitió el jueves pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) retoma lo que siempre hemos declarado, que hay una serie de fallas e irregularidades en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Este domingo se llevará a cabo una nueva jornada global por Ayotzinapa, cuando se cumplen 10 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, en Iguala, Guerrero

En la ciudad de México, los padres de los normalistas desaparecidos comentaron que ofrecerán una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para fijar su postura sobre el documento de la CNDH. A las 16 horas, los familiares e integrantes de diversas organizaciones sociales y del magisterio disidente marcharán del Ángel de la Independencia hasta llegar al Hemiciclo a Juárez.

Al final del mitin, señalaron, exigirán al gobierno federal que acepte la solicitud que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó para entrevistar a los soldados del 27 batallón de infantería del Ejército Mexicano, que se localiza en Iguala, Guerrero, así como a los elementos de las policías estatal y ministerial y federal involucrados en el hecho ocurrido los pasados días 26 y 27 de septiembre del año pasado.

En entrevista por separado, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que en el informe la CNDH solicita que la Secretaría de la Defensa Nacional transparente los datos sobre la posibilidad de que algún elemento activo del Ejército hubiese estado entre los estudiantes desaparecidos. Esa información ha trascendido públicamente y la Sedena no ha sido clara.

Agregó que el informe preliminar da cuenta de lo que los padres han reiterado: que la verdad oficial no es la verdad histórica de los hechos y por tanto no se ha asegurado la verdad, la justicia y la reparación del daño para los familiares.

Permanecen pendientes peticiones del grupo de expertos de la CIDH

Ayotzinapa, a la espera de justicia

• Hay fuertes presiones para evitar una entrevista con militares del 27 batallón

Las imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos acompañan siempre las protestas que se realizan por todo el paísFoto Carlos Ramos Mamahua

José Antonio Román y Emir Olivares

 

Periódico La Jornada
Domingo 26 de julio de 2015, p. 4

Aunque fue la condena y la presión internacionales por los hechos de Ayotzinapa lo que obligó al gobierno mexicano a aceptar la intervención del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, a 10 meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, persisten los obstáculos, la dilación y la falta de voluntad política para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Desde el poder se ha apostado al olvido. Casi la mitad de las peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formuladas al gobierno mexicano siguen pendientes. La lista es larga, pero una que resulta clave, que es la entrevista directa con los militares del 27 batallón del Ejército que estuvieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, es probable que nunca se dé.

Y a pesar de que el gobierno mexicano ha declarado que todavía estudia esta petición, formulada desde hace más de cuatro meses, hay fuertes presiones desde las más altas esferas castrenses para cerrar esa puerta, considera Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, instancia que desde el principio ha acompañado el proceso.

Reconoce que tras las negativas y la dilación de las respuestas del gobierno, la única esperanza que hoy tienen los padres de familia y la justicia es el informe final y las recomendaciones que emita el grupo de expertos de la CIDH los primeros días de septiembre, cuando vence su mandato de seis meses.

Para Abel Herrera, pero también para el abogado Vidulfo Rosales –representante legal de los padres de familia de Ayotzinapa– los testimonios y entrevistas con los militares que estuvieron esos días son un elemento esencial para esclarecer los hechos y lo ocurrido a los jóvenes normalistas. (Los militares) supieron, saben, lo que pasó en Iguala, por eso es importante hablar con ellos.

Sin embargo, desde la Secretaría de Gobernación –que ha pasado de la negativa total a la declaración de analizar la petición–, se argumenta que esta opción no está prevista en el convenio que aceptó la llegada del grupo de expertos, y que, en todo caso, podría darse a través del Ministerio Público. El GIEI ha insistido en las entrevistas directas, sin intermediarios. Incluso, el encuentro se daría más allá de los 36 elementos castrenses que hasta ahora han declarado en calidad de testigos.

Está próximo a vencerse el mandato, y probablemente no se les permita entrevistar a los militares. Eso es lo más grave, porque se sigue teniendo ese tipo de excepcionalidad y protección al Ejército, pese a las reformas aprobadas al Código Militar, subraya Abel Herrera.

El grupo no prorrogará mandato

Hasta ahora, en sus cuatro informes parciales, el GIEI ha señalado una serie de deficiencias en el proceso de las investigaciones, entre las cuales está la fragmentación de las pesquisas, omisiones para investigar todos los delitos cometidos, falta de atención integral a víctimas y un insuficiente protocolo para la investigación del delito de desaparición forzada.

Sin ofrecer detalles, el GIEI ha suministrado a las autoridades mayores datos e información para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes, pero será en su informe final cuando den a conocer los pormenores y las recomendaciones al gobierno mexicano.

Hasta hace unas semanas, la representación de los padres de familia había expresado la posibilidad de solicitar al GIEI una prórroga de su mandato por seis meses más. No obstante, en conversiones informales con algunos de sus miembros, se optaría preferentemente por concluir el mandato con el informe final y sus respectivas recomendaciones, e integrar, posteriormente, conforme al mismo convenio, un grupo que dé seguimiento a sus sugerencias, según comentó el abogado Vidulfo Rosales. Esto sólo se ha platicado de manera informal con algunos de ellos, no hay ninguna decisión tomada, insistió.

La resolución deberá ser tomada antes de que concluya el mandato inicial del grupo de expertos en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes del Estado mexicano y de los afectados por el caso de Iguala, en una prórroga que contempla el mismo convenio de asistencia técnica suscrito desde noviembre del 2014.

Iguala, un parteaguas contra la impunidad: Abel Barrera

Ayotzinapa, a la espera de justicia

• Los 43 destaparon la crisis de derechos humanos en México
• Imposible para el gobierno revertir esa marca de sangre

Trabajo de peritos en el tiradero de Cocula, Guerrero, en noviembre del año pasadoFoto Jesús Villaseca

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña TlachinollanFoto Jesús Villaseca

Emir Olivares Alonso y José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Domingo 26 de julio de 2015, p. 3

Hace 10 meses un hecho cimbró la conciencia social en el país: el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 no será una fecha más en el memorial de las trágicas represiones nacionales. Lo sucedido en Iguala, Guerrero, causó tal indignación ciudadana que podría convertirse en el parteaguas para dar el primer paso contra la impunidad.

Será imposible para el gobierno de Enrique Peña Nieto revertir esa marca de sangre, ese crimen quedó grabado en la memoria colectiva del país. A 10 meses, el caso de los 43 es ejemplo de impunidad, infamia e injusticia; pero al mismo tiempo es un símbolo para alcanzar un cambio en el país, aseveró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que han acompañado a los familiares de las víctimas en un viacrucis que busca verdad y justicia.

El 26 de septiembre, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa se trasladaron desde su escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, hasta Iguala para realizar una colecta de recursos con los que financiarían su viaje a la ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968. No imaginaron sin embargo que correrían con una suerte similar a la de los ejecutados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Por la noche, fueron emboscados por un comando de la policía municipal. Varios fueron subidos a vehículos oficiales y otros más cayeron heridos o ejecutados. Se repitieron ataques similares a lo largo de la madrugada de 27 de septiembre. Las agresiones alcanzaron incluso al camión en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.

Seis personas asesinadas –tres de ellas normalistas, uno, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado–, varios heridos y 43 estudiantes de la normal desaparecidos fue el saldo de los ataques. Los policías municipales habrían entregado a los alumnos a integrantes del cártel Guerreros Unidos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los principales responsables del crimen, se dio a la fuga al igual que varios de sus colaboradores.

De inmediato hubo reclamos de justicia. El gobierno de Peña Nieto en principio argumentó que se trataba de un caso local. Al paso de los días los reclamos se transformaron en indignación social y el clamor por la presentación con vida de los 43 normalistas se expresó desde las calles, redes sociales, mantas, carteles, conciertos, estadios deportivos, espacios públicos, universidades y algunos más.

Los 43 destaparon una verdad que el gobierno había negado: que en México hay una crisis de derechos humanos. Las autoridades tenían una estrategia para mostrar a México en el plano internacional como un país de vanguardia en garantías fundamentales. El caso Iguala desplomó ese falso escenario y apareció el México real, el de la violencia, la represión, las ejecuciones y las desapariciones forzadas, apuntó el director del Centro Tlachinollan.

Las multitudinarias movilizaciones sociales tuvieron algunos impactos: la administración federal se vio orillada a dar atención al caso y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pidió licencia a finales de octubre y meses después no tuvo más que renunciar. La ciudadanía resumió su rabia en una frase: Todos somos Ayotzinapa.

El 29 de octubre de 2014, el mandatario federal recibió en Los Pinos a los padres de los normalistas. Se firmaron 10 compromisos. No todos cumplidos, en palabras de Barrera, particularmente el referente a fortalecer esfuerzos para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. Fueron los padres quienes tuvieron que buscar a sus hijos, lamentó.

A principios de noviembre se logró la detención del alcalde de Iguala y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ya habían sido aprehendidos algunos policías municipales y varios presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.

El 7 de ese mes el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia para presentar los avances de las indagatorias. Su principal hipótesis fue que los 43 normalistas desaparecidos habrían sido ejecutados, calcinados en el basurero de Cocula hasta convertir sus cuerpos en cenizas, las cuales se arrojaron a un río.

Ante el cúmulo de preguntas de los reporteros, el procurador expresó: Ya me cansé, frase que fue retomada por la ciudadanía y llegó a convertirse en trending topic en redes sociales para manifestar el hartazgo de la sociedad ante lo que sucede en el país.

La versión no fue aceptada por los deudos, sus abogados y las organizaciones que los han acompañado debido a que carece de elementos científicos. Demandaron que se ampliaran las líneas de investigación, pues consideraban desde semanas atrás que elementos del Ejército pudieron estar implicados en los hechos, también exigieron indagar al ex gobernador Aguirre.

En las calles continuaba la exigencia de justicia y presentación con vida de los desaparecidos y la imagen del Ejército fue severamente cuestionada por la ciudadanía. A las miles de voces que se expresaban en México y el mundo se sumó un nuevo clamor: la exigencia por renuncia de Peña Nieto.

Frente a la presión social, el 27 de noviembre el mandatario federal trató de hacer suya la consigna Todos somos Ayotzinapa. Esto sólo generó más indignación social y los familiares le respondieron: Peña, tú no eres Ayotzinapa.

El 4 de diciembre, durante una gira por Coyuca de Benítez, Guerrero, el titular del Ejecutivo convocó a superar el dolor causado por Ayotzinapa. Después de ello, el tema salió del discurso presidencial.

En una nueva conferencia, el 27 de enero de 2015, el procurador Murillo afirmó que ya se conocía la verdad histórica del caso Iguala, el cual, dijo, debía cerrarse y ratificó que de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Casi un mes después fue removido como procurador y en su lugar fue nombrada Arely Gómez, quien apenas se reunió por primera vez con los padres de los normalistas hace un par de semanas.

“Hay un intento por cerrar el caso, por dejarlo en el olvido. Si bien es cierto que han sido detenidas 110 personas, 10 meses después del crimen no hay avances. No se ha logrado saber quiénes dispararon y por qué, quién lo ordenó. La PGR pretende erigir una ‘verdad histórica’ que carece de elementos científicos, por eso es que se rechaza”, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

A más de 300 días de los hechos, el litigante sostuvo que sólo se cuenta con una investigación deficiente que no ha aportado elementos para conocer la verdad y mucho menos para acceder a la justicia.

Sumado a ello, apenas el jueves pasado, al rendir un informe sobre el caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la indagatoria de la PGR está incompleta y presenta fallas y omisiones. Enfatizó que no es momento de callar ni de olvidar.

A la par, el equipo de forenses argentinos –reconocidos por realizar análisis de restos óseos en varios casos de desaparición en el continente– trabajan en un informe que presentarán en agosto.

Para cerrar, Abel Barrera reconoció que si bien las movilizaciones sociales han decrecido en número, la exigencia de justicia sigue vigente y tiene que ser respondida por las autoridades.

Hay 110 inculpados, pero ninguna condena

Ayotzinapa, a la espera de justicia

• La UNAM aclara que no participó en investigación
• En 10 meses han encontrado 25 fosas clandestinas en Guerrero
• La procuraduría estatal contabiliza mil 428 homicidios dolosos

Hoy los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y diversas organizaciones sociales realizarán una jornada global de protestaFoto Pablo Ramos

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Domingo 26 de julio de 2015, p. 2

En 10 meses de investigación del llamado caso Iguala, 110 personas han sido inculpadas de participar en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero ninguna ha sido sentenciada, falta por detener a dos de los principales involucrados en lo ocurrido en ese municipio el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de ese acontecimiento a la fecha han sido localizadas más de 25 fosas clandestinas en el estado de Guerreo, se han contabilizado mil 428 homicidios dolosos, se han cometido 113 secuestros, y hay más de 30 personas desaparecidas.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de que durante la gestión de Jesús Murillo Karam se informó que el Instituto de Biología de la UNAM participó en la investigaciones, en respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia reveló que no existen documentos que respalden esa afirmación.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación, refiere que de septiembre de 2014 a junio de este año se han contabilizado en el estado de Guerrero mil 428 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.

Asimismo, el número de secuestros, en el mismo lapso, fue de 113 casos, y la cantidad de extorsiones que se reportaron fue de 140.

Las estadísticas gubernamentales refieren que no han disminuido los índices de criminalidad en esa entidad, por el contrario, se ha ido incrementando el número de homicidios y hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas, principalmente en la zona de Acapulco y también en la zona de La Montaña.

En el caso Iguala, la PGR mantiene abiertas dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dos averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los normalistas.

No hay cargos por desaparición

Por otra parte los familiares de víctimas de desaparición y también de personas que resultaron lesionadas por las agresiones de los policías municipales están recibiendo atención de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Colaboradores de la procuradora Arely Gómez González señalaron que de los 110 consignados, la PGR mantiene en su contra las acusaciones de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad agravado (este delito por lo que hace la desaparición de los 43 normalistas, ya que el Ministerio Público continúa con la política de que es mejor que los inculpados sean sentenciados por secuestro, ya que con ello alcanzarían penas de hasta 140 años de prisión, mientras que si los sentenciaran por desaparición forzada se les impondrían penas que van de los 8 a los 40 años de cárcel.

En cuanto a las investigaciones realizadas durante la gestión de Jesús Murillo Karam, el ex procurador afirmó que parte de los peritajes para la búsqueda de los normalistas y respecto de los restos encontrados en el río Cocula, los realizaron integrantes del Instituto de Biología de la UNAM, pero en respuesta a una petición ciudadana, la dependencia señaló que en los archivos y bases de datos no se cuenta con algún documento que registre la realización de estudios entomológicos y biológicos.

La dependencia también da dado cuenta de que en los estudios y peritajes realizados participaron un total de 87 peritos de la PGR, y que de ellos, 30 tenían entre uno y cinco años de antigüedad en la institución; mientras otros 33, entre 11 y 15 años laborando en la PGR.

Los gastos erogados por la institución ministerial como viáticos ascendieron a 345 mil 845 pesos, en los más de dos meses que laboraron en la zona.

Asimismo, la PGR ha señalado que no cuenta con reportes escritos del contacto formal o informal que estableció la institución con la Universidad de Innsbruck, Austria, para la realización de peritajes en fragmentos de huesos que presuntamente corresponderían a los restos de los 43 normalistas.

¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón?

Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.

NOVIEMBRE 5, 2014

Por: Sayuri Herrera Román

                                                                Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,

                                                   clamando: “¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!”

                                                                                                         MASA

 César Vallejo

Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes

Morirse todo de terror y de angustia.

Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos

y las cárceles y las prisiones militares son para ellos.

Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga

y hay miedo en los ojos y nadie habla

y nadie escribe y nadie quiere saber nada de nada,

porque el plomo de la mentira cae, hirviendo,

sobre el cuerpo del pueblo persignado.

Porque hay engaño y miseria

y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria.

¡MI PAÍS, OH MI PAÍS! 

Efraín Huerta

El mensaje

Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal.

El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado.

Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo.

Los torturadores

La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar.

Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico.

El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta:

“Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”.

La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy.

Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”.

Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida: la arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura, ésta es el abuso de poder llevado al extremo.

Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador “pretende ante todo mostrar y mostrarse que es él incuestionablemente el más fuerte. Ese es su propósito fundamental, así sea enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de “lo hago para obtener información útil para el Estado”, “estoy obedeciendo”, “cumplo con mi deber”, “defiendo los valores de la civilización occidental”. La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores”.

Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.

Los responsables

La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos. Por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el Gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el presidente de la República y comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto.

El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y, en cambio, silencia a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder, pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador: “unidos unos contra otros para que acabemos con ellos”. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos (PRI, PAN, PRD) están “unidos unos contra otros” para acabar con el pueblo.

El amor

La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio y madre de su hija, Melisa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer y recoger el cuerpo destrozado, herido, mancillado, del joven estudiante de 22 años que murió en su deseo de ser maestro. El médico forense y otros burócratas explicaron: “fue desollado vivo”. La aseveración se corrobora, entre otras cosas, por la forma en que sus restos mantienen los dientes y mandíbula apretados. El dolor debió ser inimaginable.

Fue pronto y discreto el regreso de Iguala. Ya en casa, la familia organizó el entierro y novenario para Julio; el levantamiento de la cruz se realizó el 9 de octubre. Los amigos y familiares que le conocen bien aseguran que Julio era valiente, entregado, decidido, no dudan que cuerpo a cuerpo hubiese salido avante en una lucha, “¡pero así, armados y en bola, lo despedazaron!”

“¿Quién torturó hasta la muerte a Julio César? ¿Quién lo mató?”, preguntaba Marisa, con lágrimas en los ojos a Enrique Peña Nieto en la reunión sostenida el martes 28 de octubre pasado. El presidente, ante el reclamo, no dio respuesta.

Memoria, Verdad, Justicia 

Los días siguientes al novenario de Julio, Marisa recibió en su casa la visita imprevista de personal del gobierno de Guerrero; para “reparar el daño” se ocuparon de entregarle un cheque por diez mil pesos. Ofende y lastima profundamente el gesto, la ignorancia, la incompetencia.

El daño perpetrado contra el normalista, su familia, el pueblo mexicano, es profundo, la deuda es histórica: verdad, justicia, memoria. Esa es la deuda. ¿Cómo van a pagarla?

El Estado está obligado a suprimir las condiciones que alientan la práctica de la tortura, es decir, a prevenirla. Acabar con la impunidad y transformarse. La reparación debe ser ética y jurídica por medio de la reivindicación de la verdad de lo acontecido y el castigo a los responsables; en cuanto a lo material, los daños provocados, el proyecto de vida alterado, no sólo de Julio, sino de su esposa y su hija, debe ser cubierto a través de indemnizaciones o restituciones adecuado todo ello a estándares internacionales.

También nosotras, nosotros podemos reparar. Podemos reparar a cada paso que damos exigiendo justicia, podemos reparar cuando afrontamos el mensaje de terror que fue inscrito en el cuerpo de Julio y seguimos caminando, con cada poema escrito, con cada acopio ofrendado con cariño, con la memoria que guardamos de lo acontecido, con la transmisión y recuento de la verdad. Por Julio César Mondragón Fontes y los 43 normalistas desparecidos, ni perdón, ni olvido.

* Sayuri Herrera Román es colaboradora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. @CDHVitoria

La verdad histórica sobre Ayotzinapa está hecha añicos, asegura Tlachinollan

• El relato oficial fue construido con retazos y testimonios forzados, sostiene
• Es momento para que se atienda el planteamiento de la CIDH de que se investigue al Ejército

Encuentro de los padres de los estudiantes desaparecidos con habitantes de San Pedro de la Cal, municipio de TepoztlánFoto Rubicela Morelos

Sergio Ocampo Arista y Rubicela Morelos

Corresponsales

Periódico La Jornada
Sábado 25 de julio de 2015, p. 4

En el caso de Ayotzinapa la verdad histórica que presentó el gobierno federal está hecha añicos, aseguró Ábel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se refirió a las fallas y omisiones en las diligencias ministeriales detectadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sentenció: es de vital importancia que se investigue al Ejército.

Mientras tanto, en Morelos, la comisión de padres de los 43 desaparecidos estuvo acompañada por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Eric Hernández, quien cursa el primer año, acusó al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y al Ejército de haberse llevado a sus 43 compañeros, porque: desde ya hace mucho tiempo quieren cerrar la normal de Ayotzinapa, y ahora con esto intentan sembrar terror en los nuevos aspirantes, ahora sí que quisieron callarnos, pero aparecimos por todos lados, declaró ayer en Amatlán, municipio de Tepoztlán, Morelos. Por la tarde la comisión visitó Amilcingo, municipio de Temoac.

En entrevista telefónica, Barrera Hernández demandó al presidente Enrique Peña Nieto que dé indicaciones a las instancias correspondientes para que se abra una línea de investigación entre crimen organizado y los tres niveles de gobierno, porque estos hechos no son aislados, son la expresión de una descomposición del ejercicio del poder que se ha dado, no sólo en las corporaciones policíacas, sino en los tres niveles de gobierno.

Señaló que la línea que hay entre la delincuencia y las autoridades tiene que indagarse porque las pautas de violencia ejercida por los cuerpos policiacos y el permitir que desaparezcan 43 jóvenes demuestra que hay un ambiente de impunidad y complicidad entre los diferentes órganos de gobierno.

Reiteró: Es momento oportuno para que se atienda el planteamiento que han hecho los padres y madres, así como los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que se investigue al Ejército, es un planteamiento de vital importancia. Se tienen que reformular y replantear estas líneas de investigación, y buscar la verdad, que requiere de pruebas científicas y todo un trabajo profesional en cuanto a la indagatoria. Se deben tomar en cuenta estas líneas que se están planteando, porque hay muchas líneas inconsistentes en el expediente.

Resaltó que Luis Raúl González Pérez, en su calidad de presidente de la CNDH, calificó de incompleta la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR), relacionada con Ayotzinapa.

Sin duda constituye un avance porque tanto los papás como los abogados han estado insistiendo: primero, de que la verdad histórica fue construida a base de retazos y testimonios, que como ya se documentó, varios de los indiciados fueron obligados a confesar datos que el gobierno federal presentó como oficiales.

Se nota, insistió, que en la medida en que se profundiza en el expediente se van detectando las irregularidades, y es evidente que lo hicieron para cuadrar una verdad que complacía al Estado, pero que quedaban sumamente endeble, para los hechos lamentables ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, concluyó.

Hay que revisar la investigación del caso Ayotzinapa, acepta la SG

• El objetivo, llegar a la verdad y que los responsables sean castigados: Osorio Chong
• Reporte de la CNDH detalla múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales
• Rechaza la dependencia que se llame a declarar a nueve militares de la zona de Iguala

Diversas organizaciones sociales han visitado las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa en solidaridad con la lucha de los padres de los 43 desaparecidosFoto Sergio Ocampo

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Sábado 25 de julio de 2015, p. 3

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el gobierno federal debe revisar a profundidad la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). El objetivo es llegar a la verdad y que los responsables sean castigados, dijo el funcionario a La Jornada.

–¿Eso significa reconocer errores en la indagatoria que hizo la PGR?, la cual se presentó en su momento como la verdad histórica de los hechos de Iguala, Guerrero.

–Eso significa llegar a la verdad, a partir de ver todas las investigaciones, revisarlas a profundidad con el propósito de satisfacer las recomendaciones que en lo nacional y en lo internacional se nos hagan.

“Más allá de eso –añadió–, lo estamos haciendo por convicción. Queremos la verdad y que los responsables sean castigados.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el jueves un avance de la investigación de los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuyo saldo es seis muertos, 43 desapariciones forzadas de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 33 heridos, uno de los cuales permanece desde entonces en estado neurovegetativo.

En el reporte del organismo se detallan múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales del caso, cuya investigación está a cargo de la PGR.

Miguel Ángel Osorio Chong durante una ceremonia donde el Estado ofreció una disculpa pública a los militares con VIH dados de baja del Ejército.Foto Francisco Olvera

El entonces procurador general Jesús Murillo Karam expuso ante la opinión pública una indagatoria y testimonios de presuntos sicarios, para sustentar la versión de que los jóvenes estudiantes fueron asesinados, quemados en el basurero de Cocula y las cenizas esparcidas en un río.

Cada uno de los pasos del trabajo de la procuraduría fue analizado por la CNDH. Hasta el momento, dijo el ombudsmanLuis Raúl González Pérez, la investigación oficial está incompleta.

Otro punto destacado es la sugerencia de la CNDH para que se llame a declarar –o ampliar declaración– a nueve militares de la zona de Iguala. El grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indaga también las características de la investigación del caso Ayotzinapa solicitó al gobierno entrevistar directamente a los elementos castrenses. El secretario de Gobernación dijo que los testimonios ya estaban en el expediente.

Osorio Chong, responsable de la política interna, fue entrevistado en el Museo Memoria y Tolerencia, al término del acto público de reconocimiento de responsabilidad, por los casos de dos militares, quienes fueron despedidos –en hechos ocurridos en 1998 y 2001, respectivamente– por ser portadores de VIH.