Nueve meses sin verdad ni justicia

Miguel Concha

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enemos una herida abierta, un dolor e indignación compartidos con familiares y amigos de los jóvenes normalistas ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos forzadamente hace nueve meses. Hoy seguimos igual de firmes en nuestra exigencia de presentación con vida de los 43 jóvenes y el castigo a los culpables por los lamentables hechos de los pasados 26 y 27 de septiembre en Guerrero. Nos negamos a creer lo que el actual régimen arguye respecto a cómo sucedió este escandaloso acontecimiento en México.

Ninguna de las madres, padres y familiares acepta la supuesta verdad histórica que narró el entonces procurador de la República. Hoy sabemos que esa verdad se tambalea aún más. A través de la revista Proceso, en semanas pasadas conocimos las declaraciones del juez de barandilla Ulises Bernabé García, quien asegura que los jóvenes nunca llegaron a la base de la policía municipal en Iguala, como hasta ahora ha sostenido la versión oficial. Como bien se dice en el artículo publicado el pasado 14 de junio, esta declaración configura un enorme vacío en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que, dicho sea de paso, ahora con su nueva titular evita hacer cualquier tipo de pronunciamiento o brindar información alguna de cara a la sociedad sobre avances en el caso Ayotzinapa.

Existen algunos elementos que vale la pena recordar sobre los pendientes del Estado mexicano a nueve meses de la tragedia. Por un lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha solicitado al gobierno federal entrevistarse con los miembros del Ejército Mexicano adscritos al 27 batallón de infantería los días que ocurrieron los hechos, quienes hasta el momento han quedado exentos de cualquier tipo de diligencia que arroje información sobre lo que en realidad pasó.

¿Qué pretende esconder el gobierno con sus negativas a abrir esta línea de investigación? ¿Acaso no existen elementos suficientes para vencer cualquier reticencia para investigar a los militares?

Un segundo elemento se relaciona con la ausencia de investigación por graves violaciones a derechos humanos, que como hemos dicho pueden configurar delitos de lesa humanidad. Tomando como base los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia, que son parte de nuestra Constitución, me refiero a los temas de la desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Es inaceptable que hasta la fecha la PGR aún no abra estas líneas de investigación. ¿Dónde quedó el sólido compromiso de la actual administración con la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos a la verdad y a la justicia que las madres, padres y familias tienen, y con los que se comprometieron los titulares de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en repetidas ocasiones? En este sentido están todavía vigentes los 10 puntos que familiares y organizaciones de derechos humanos presentaron en enero pasado en respuesta a la intentona de cerrar el caso. Éstas y otras razones esgrimidas por las familias frente al inminente carpetazo son base fundamental en el sostenimiento de esta lucha por la justicia y aparición con vida de los jóvenes.

Ya es más que sabido que el régimen actual se empeña en hacer que este capítulo se olvide y quede cerrado. Se equivoca, pues le queda mucho por hacer. No debe escatimar esfuerzos para continuar con la búsqueda en vida de los jóvenes, al menos hasta que haya certeza contundente y científica de su paradero.

Otro aspecto relevante es el caso de Julio César Mondragón Fontes, del cual se ha dicho que también es clave para entender qué pasó, pero que está pendiente de vincularse al caso amplio, pues queda como un cabo suelto en la investigación. Asimismo, hay que ampliarla hacia otros implicados, no sólo entre presidentes y jefes de policía municipal, sino también a distintas jerarquías, incluido el gobernador de entonces.

Si son conscientes de la corrupción que albergan las instituciones municipales, ¿por qué únicamente llegan a ese nivel, cuando es un asunto que atraviesa a los diferentes órdenes de gobierno? En razón de los anteriores elementos, la sociedad no olvida y continúa con sus exigencias en torno al caso Ayotzinapa.

En estos momentos, por ejemplo, se da cita en un plantón de 43 horas en el contexto de las acciones en solidaridad con Ayotzinapa que se llevan a cabo mes con mes. Con ocasión de la conmemoración de los nueve meses, los cientos de organizaciones y personas que se reúnen desde ayer y hasta mañana al mediodía, refrendan su solidaridad con las familias de los jóvenes normalistas.

Mediante la convivencia, el compartir y el diálogo directo fortalecen la esperanza en que los jóvenes aparecerán con vida, que la justicia es posible, y que juntos como sociedad y como pueblos seguiremos luchando por hacer realidad ¡nunca más Ayotzinapa! ¡Ni un, ni una desaparecida más! Es precisamente en esta solidaridad compartida donde se hace realidad aquel apotegma antiquísimo: Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres.

Hoy es evidente que esa verdad es la que surgirá desde la lucha compartida por los derechos humanos de las familias y la sociedad. Una parte de esa verdad verdadera es que fue el Estado el responsable de los hechos. De eso ya no cabe duda. Por ello la búsqueda de la verdad no cesa. Todo el país y buena parte del mundo exigimos conocer todo lo que pasó y por qué sucedió. Conforme transcurren los meses continúan surgiendo piezas de información fundamentales. Sería injusto ceder en nuestra exigencia de conocer y coadyuvar en la construcción de esa verdad verdadera. Convoquémonos entonces a no olvidar y a seguir en solidaridad con las familias y normalistas, y evitemos que se imponga la verdad histórica del Estado. Ayudémonos a que este caso sea ciertamente un punto de no retorno. La lucha de Ayotzinapa es por la aparición con vida de los 43, pero al tiempo se convierte en una muestra contundente de la violencia y corrupción del Estado, que habilita un mecanismo perverso de muerte y desaparición de personas. Contra el olvido fortalezcamos nuestra exigencia de verdad, justicia y memoria. Contra la violencia del Estado nos queda la organización desde abajo, hermanándonos en la esperanza y el amor por la vida.