Olvida la funcionaria que dio carpetazo a violaciones en Atenco
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 21 oct 09 (CIMAC).- Guadalupe Morfín Otero –candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ex titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra)– compareció ayer por la noche ante senadoras y senadores de las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, ante quienes afirmó: “no dejé solas a las mujeres que tocaron las puertas de la institución que representé”.
No obstante, este señalamiento dista mucho de la realidad, ya que durante la gestión de Morfín al frente de la Fevimtra, organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), las mujeres de Atenco intentaron entrevistarse con ella para conocer el avance de las investigaciones y no tuvieron éxito, pues la funcionaria siempre argumentó que “tenía que hacer una revisión del caso.”
Cabe recordar que durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, 26 mujeres fueron violadas y abusadas sexualmente por policías de los tres niveles de gobierno; de ellas 15 interpusieron denuncia en la Fevimtra, entonces presidida por Alicia Elena Pérez Duarte.
En abril de 2008, Morfín Otero recibió a las mujeres de Atenco, cuya exigencia es la misma desde el día de los operativos: “que se consigne a los responsables, porque sí tienen elementos para ello”. La respuesta de Morfín fue que desconocía el caso, “porque recién había sido nombrada fiscal especial”. La funcionaria dio carpetazo al asunto y, 17 meses después de ese encuentro, dejó el cargo para buscar la presidencia de la CNDH.
UNA FISCAL SIN RESULTADOS
Durante su comparecencia, la ex fiscal fue cuestionada por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Adriana González Carrillo acerca de cuál sería su aporte como mujer en la CNDH, a lo que respondió: “somos las mujeres las que cuidamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestras hijas e hijos, a los enfermos, a los ancianos, por lo que es importante valorar esa etiqueta del cuidado que no trae dividendos, pero sí aportes a la familia, y crear la compatibilidad de este cuidado con el ámbito público, del que las mujeres hemos sido históricamente relegadas”.
Al preguntársele qué propondría para lograr que las víctimas de trata denuncien y para que ese mismo proceso no lastime la dignidad de las mujeres, respondió que “el cumplimiento de la ley”, y añadió: “no fui una fiscal con resultados en términos numéricos, porque no llevé prisa para encarar a las víctimas con sus agresores”.
Asimismo, indicó que la CNDH tiene que “brindar un servicio efectivo a través de la atención puntual a las quejas del pueblo. Yo he actuado bajo la perspectiva de género”.
Guadalupe Morfín también fue la comisionada especial de la Comisión para Juárez –cargo que desempeñó de 2003 a 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, como enlace entre las organizaciones civiles y las autoridades gubernamentales–. Durante su gestión no se logró la consignación de ningún funcionario como responsable del feminicidio en la localidad.
CNDH: COMPROMISOS INCUMPLIDOS
En el ámbito internacional, México se ha propuesto combatir la tortura, la desaparición forzada y la detención arbitraria, entre otros flagelos; sin embargo, en los hechos, esas compromisos no son parte de lo cotidiano en las instituciones defensoras de los derechos humanos del país, denunció a su vez la también candidata a la presidencia de la CNDH Patricia Olamendi Torres.
Durante su comparecencia, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores explicó que, aunque México impulsó la reforma a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instaurar el nuevo Consejo de Derechos Humanos, la CNDH no puede considerarse un ejemplo para otros países.
“No se cuenta con un organismo moderno que logre prevenir las violaciones a derechos humanos, que colabore con otras instituciones y que logre proteger a todas las personas por igual. ¿Donde está la CNDH vigilando y defendiendo? ¿En dónde están las denuncias penales?”, inquirió.
Olamendi Torres –quien cuenta con el respaldo de 398 organizaciones de 20 estados del país con las que ha trabajado en los últimos cuatro años, y con el del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), organismo que ayer envió un documento a las y los senadores donde refrenda su apoyo a la ex canciller–, se pronunció por una estrategia de cero tolerancia a violaciones de derechos humanos por parte de cualquier autoridad.
Agregó que, si bien se han logrado reformas importantes para consolidar la autonomía de la CNDH, aún hay limitaciones en la Constitución y en la legislación de la propia comisión, la cual, a su decir, está muy alejada de los estándares internacionales. Por ello, considera necesaria una nueva CNDH que defienda a las víctimas, contribuya a fortalecer el Estado de derecho y haga posible el acceso a la justicia, y que inste, asimismo, al reconocimiento de la diversidad y la pluralidad étnica y cultural.
“La CNDH ha realizado un buen trabajo en la prevención de tortura y detenciones arbitrarias; sin embargo, no ha logrado ser más ciudadana y cercana al pueblo”.
Participaron en la segunda jornada de comparecencias, realizada ayer, Raquel Gutiérrez Nájera, María Guadalupe Morfín Otero, Patricia Olamendi Torres, Lucrecia Ortega Sánchez.
Luis Raúl González Pérez, Francisco Javier Jasso Méndez, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, Javier Moctezuma Barragán y Alejandro Fermín Ortiz Peña, aspirantes a la presidencia de la CNDH.
Cada uno expuso su plan de trabajo durante 10 minutos. Las y los senadores cuestionaron su trayectoria, sus proyectos y expectativas con respecto a los derechos humanos. Las comparecencias concluirán hoy con la participación de los últimos nueve aspirantes.
Será el próximo lunes 26 de octubre que en reunión de trabajo la Comisión de Derechos Humanos discutirá y buscará conformar la terna, de los aspirantes que deberán ser votados por el Pleno del Senado de la República, en virtud de que se tiene hasta el 29 de octubre como fecha límite la aprobación del sucesor de titular de la CNDH.
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 21 oct 09 (CIMAC).- Guadalupe Morfín Otero –candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ex titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra)– compareció ayer por la noche ante senadoras y senadores de las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, ante quienes afirmó: “no dejé solas a las mujeres que tocaron las puertas de la institución que representé”.
No obstante, este señalamiento dista mucho de la realidad, ya que durante la gestión de Morfín al frente de la Fevimtra, organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), las mujeres de Atenco intentaron entrevistarse con ella para conocer el avance de las investigaciones y no tuvieron éxito, pues la funcionaria siempre argumentó que “tenía que hacer una revisión del caso.”
Cabe recordar que durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, 26 mujeres fueron violadas y abusadas sexualmente por policías de los tres niveles de gobierno; de ellas 15 interpusieron denuncia en la Fevimtra, entonces presidida por Alicia Elena Pérez Duarte.
En abril de 2008, Morfín Otero recibió a las mujeres de Atenco, cuya exigencia es la misma desde el día de los operativos: “que se consigne a los responsables, porque sí tienen elementos para ello”. La respuesta de Morfín fue que desconocía el caso, “porque recién había sido nombrada fiscal especial”. La funcionaria dio carpetazo al asunto y, 17 meses después de ese encuentro, dejó el cargo para buscar la presidencia de la CNDH.
UNA FISCAL SIN RESULTADOS
Durante su comparecencia, la ex fiscal fue cuestionada por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Adriana González Carrillo acerca de cuál sería su aporte como mujer en la CNDH, a lo que respondió: “somos las mujeres las que cuidamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestras hijas e hijos, a los enfermos, a los ancianos, por lo que es importante valorar esa etiqueta del cuidado que no trae dividendos, pero sí aportes a la familia, y crear la compatibilidad de este cuidado con el ámbito público, del que las mujeres hemos sido históricamente relegadas”.
Al preguntársele qué propondría para lograr que las víctimas de trata denuncien y para que ese mismo proceso no lastime la dignidad de las mujeres, respondió que “el cumplimiento de la ley”, y añadió: “no fui una fiscal con resultados en términos numéricos, porque no llevé prisa para encarar a las víctimas con sus agresores”.
Asimismo, indicó que la CNDH tiene que “brindar un servicio efectivo a través de la atención puntual a las quejas del pueblo. Yo he actuado bajo la perspectiva de género”.
Guadalupe Morfín también fue la comisionada especial de la Comisión para Juárez –cargo que desempeñó de 2003 a 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, como enlace entre las organizaciones civiles y las autoridades gubernamentales–. Durante su gestión no se logró la consignación de ningún funcionario como responsable del feminicidio en la localidad.
CNDH: COMPROMISOS INCUMPLIDOS
En el ámbito internacional, México se ha propuesto combatir la tortura, la desaparición forzada y la detención arbitraria, entre otros flagelos; sin embargo, en los hechos, esas compromisos no son parte de lo cotidiano en las instituciones defensoras de los derechos humanos del país, denunció a su vez la también candidata a la presidencia de la CNDH Patricia Olamendi Torres.
Durante su comparecencia, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores explicó que, aunque México impulsó la reforma a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instaurar el nuevo Consejo de Derechos Humanos, la CNDH no puede considerarse un ejemplo para otros países.
“No se cuenta con un organismo moderno que logre prevenir las violaciones a derechos humanos, que colabore con otras instituciones y que logre proteger a todas las personas por igual. ¿Donde está la CNDH vigilando y defendiendo? ¿En dónde están las denuncias penales?”, inquirió.
Olamendi Torres –quien cuenta con el respaldo de 398 organizaciones de 20 estados del país con las que ha trabajado en los últimos cuatro años, y con el del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), organismo que ayer envió un documento a las y los senadores donde refrenda su apoyo a la ex canciller–, se pronunció por una estrategia de cero tolerancia a violaciones de derechos humanos por parte de cualquier autoridad.
Agregó que, si bien se han logrado reformas importantes para consolidar la autonomía de la CNDH, aún hay limitaciones en la Constitución y en la legislación de la propia comisión, la cual, a su decir, está muy alejada de los estándares internacionales. Por ello, considera necesaria una nueva CNDH que defienda a las víctimas, contribuya a fortalecer el Estado de derecho y haga posible el acceso a la justicia, y que inste, asimismo, al reconocimiento de la diversidad y la pluralidad étnica y cultural.
“La CNDH ha realizado un buen trabajo en la prevención de tortura y detenciones arbitrarias; sin embargo, no ha logrado ser más ciudadana y cercana al pueblo”.
Participaron en la segunda jornada de comparecencias, realizada ayer, Raquel Gutiérrez Nájera, María Guadalupe Morfín Otero, Patricia Olamendi Torres, Lucrecia Ortega Sánchez.
Luis Raúl González Pérez, Francisco Javier Jasso Méndez, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, Javier Moctezuma Barragán y Alejandro Fermín Ortiz Peña, aspirantes a la presidencia de la CNDH.
Cada uno expuso su plan de trabajo durante 10 minutos. Las y los senadores cuestionaron su trayectoria, sus proyectos y expectativas con respecto a los derechos humanos. Las comparecencias concluirán hoy con la participación de los últimos nueve aspirantes.
Será el próximo lunes 26 de octubre que en reunión de trabajo la Comisión de Derechos Humanos discutirá y buscará conformar la terna, de los aspirantes que deberán ser votados por el Pleno del Senado de la República, en virtud de que se tiene hasta el 29 de octubre como fecha límite la aprobación del sucesor de titular de la CNDH.
