Podría sentar precedente ante violencia de género perpetrada por el Estado
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 14 oct 09 (CIMAC).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga la petición de acceso a la justicia presentada por 11 de las 26 mujeres víctimas de la represión durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y el 4 de mayo de 2006.
El caso de estas mujeres violadas por policías durante dichos operativos fue presentado ante el organismo internacional el 29 de abril de 2008 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia, una de las víctimas.
La denuncia responsabiliza al Estado mexicano de haber violado los derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación e incluye los testimonios de las 11 mujeres violentadas, así como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El punto de acuerdo, promovido desde finales de septiembre de este año en la ALDF por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Ana Estela Aguirre y Juárez, condena, además, que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata (Fevimtra) de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR) haya “dado carpetazo” al conflicto.
De acuerdo con la legisladora, luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual contra las once mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fevimtra cerró el caso y declinó su competencia en favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), lo que abre la posibilidad de que los crímenes queden impunes
Además, en el exhorto Aguirre denuncia la detención arbitraria de 145 personas en sus domicilios, allanamiento de morada perpetrado por los cuerpos policíacos, así como el trato cruel, inhumano y degradante hacia las y los detenidos por parte de la PGJEM y las autoridades del Centro Preventivo y de Readaptación Social Estatal de Santiaguito.
De igual manera, la propuesta aprobada también denuncia la incomunicación de que fueron objeto las personas retenidas en el Penal de Santiaguito, además de la tortura sufrida por los menos por 207 personas, a quienes funcionarios mexiquenses les violaron su dignidad humana y su integridad física, además de sus derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, entre otras acciones.
LA HISTORIA
Los hechos en San Salvador Atenco ocurrieron el 3 y el 4 de mayo de 2006, cuando un grupo de floricultores fue desalojado violentamente en Texcoco; hubo 211 detenidos, entre ellos 47 mujeres y varios heridos, y se registró la muerte de un niño a causa de un petardo.
Durante el operativo, ordenado por las autoridades del estado que gobierna el priísta Enrique Peña Nieto con el respaldo del Partido Acción Nacional y la sumisión del gobierno municipal perredista, 26 mujeres fueron torturadas sexualmente y una de ellas fue detenida porque “se le quedó viendo al camión de la policía”; posteriormente, fue violada tumultuariamente.
La policía sitió San Salvador Atenco mientras que organizaciones civiles, como La Otra Campaña, llamaron a realizar acciones de protesta civiles y pacíficas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la alerta roja. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el lugar en contra de las mujeres fueron denunciadas casi inmediatamente y dieron la vuelta al mundo.
A tres años de los hechos, varios organismos internacionales se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron tortura sexual contra 26 mujeres detenidas en el operativo –de las cuales 11 decidieron emprender la acción legal– para que se repare el daño a las víctimas; sin embargo, hasta hoy, ninguno de los policías ha sido castigado con prisión y sólo a uno de ellos se le multó por “actos libidinosos”.
En contraste, 12 personas de Atenco permanecen en prisión, condenadas a decenas de años. Numerosos organismos internacionales defensores de los derechos humanos las consideran presos políticos.
Hasta el momento, la petición de acceso a la justicia presentada por las mujeres víctimas de los operativos policíacos se encuentra en trámite ante la CIDH. De resolverse favorablemente sentaría un precedente importante para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual contra mujeres perpetrada por el Estado.
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 14 oct 09 (CIMAC).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga la petición de acceso a la justicia presentada por 11 de las 26 mujeres víctimas de la represión durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y el 4 de mayo de 2006.
El caso de estas mujeres violadas por policías durante dichos operativos fue presentado ante el organismo internacional el 29 de abril de 2008 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia, una de las víctimas.
La denuncia responsabiliza al Estado mexicano de haber violado los derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación e incluye los testimonios de las 11 mujeres violentadas, así como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El punto de acuerdo, promovido desde finales de septiembre de este año en la ALDF por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Ana Estela Aguirre y Juárez, condena, además, que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata (Fevimtra) de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR) haya “dado carpetazo” al conflicto.
De acuerdo con la legisladora, luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual contra las once mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fevimtra cerró el caso y declinó su competencia en favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), lo que abre la posibilidad de que los crímenes queden impunes
Además, en el exhorto Aguirre denuncia la detención arbitraria de 145 personas en sus domicilios, allanamiento de morada perpetrado por los cuerpos policíacos, así como el trato cruel, inhumano y degradante hacia las y los detenidos por parte de la PGJEM y las autoridades del Centro Preventivo y de Readaptación Social Estatal de Santiaguito.
De igual manera, la propuesta aprobada también denuncia la incomunicación de que fueron objeto las personas retenidas en el Penal de Santiaguito, además de la tortura sufrida por los menos por 207 personas, a quienes funcionarios mexiquenses les violaron su dignidad humana y su integridad física, además de sus derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, entre otras acciones.
LA HISTORIA
Los hechos en San Salvador Atenco ocurrieron el 3 y el 4 de mayo de 2006, cuando un grupo de floricultores fue desalojado violentamente en Texcoco; hubo 211 detenidos, entre ellos 47 mujeres y varios heridos, y se registró la muerte de un niño a causa de un petardo.
Durante el operativo, ordenado por las autoridades del estado que gobierna el priísta Enrique Peña Nieto con el respaldo del Partido Acción Nacional y la sumisión del gobierno municipal perredista, 26 mujeres fueron torturadas sexualmente y una de ellas fue detenida porque “se le quedó viendo al camión de la policía”; posteriormente, fue violada tumultuariamente.
La policía sitió San Salvador Atenco mientras que organizaciones civiles, como La Otra Campaña, llamaron a realizar acciones de protesta civiles y pacíficas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la alerta roja. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el lugar en contra de las mujeres fueron denunciadas casi inmediatamente y dieron la vuelta al mundo.
A tres años de los hechos, varios organismos internacionales se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron tortura sexual contra 26 mujeres detenidas en el operativo –de las cuales 11 decidieron emprender la acción legal– para que se repare el daño a las víctimas; sin embargo, hasta hoy, ninguno de los policías ha sido castigado con prisión y sólo a uno de ellos se le multó por “actos libidinosos”.
En contraste, 12 personas de Atenco permanecen en prisión, condenadas a decenas de años. Numerosos organismos internacionales defensores de los derechos humanos las consideran presos políticos.
Hasta el momento, la petición de acceso a la justicia presentada por las mujeres víctimas de los operativos policíacos se encuentra en trámite ante la CIDH. De resolverse favorablemente sentaría un precedente importante para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual contra mujeres perpetrada por el Estado.
