Mariana Norandi
La justicia mexiquense no reconoce que hubo violación a los derechos humanos en el caso de las mujeres agraviadas sexualmente en el caso de San Salvador Atenco, aseguró Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Entrevistada tras conocer que la procuraduría de justicia estatal sostuvo que no cuenta con elementos para consignar a los 34 policías locales identificados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la defensora del caso anunció que la próxima semana solicitará por escrito a las instancias judiciales que llame a declarar a los 34 agentes.
“Desde hace años existen elementos para acreditar los dos extremos, es decir, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Más bien es una falta de voluntad política para consignar, aunque sabíamos que, por la declinación de la Fevimtra a su competencia, la justicia mexiquense iba a emitir estas declaraciones” comentó.
Agregó que desde los sucesos represivos –3 y 4 de mayo de 2006–, las autoridades estatales nunca admitieron que en esos hechos hubo violación a los derechos humanos, pese a que así lo reconocieron la Suprema Corte y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que, “ante los recursos inefectivos internos, hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Aclaró que, si bien las posibles recomendaciones que emita ese organismo internacional no son vinculantes, si el Estado mexicano no responde a ellas, el caso puede derivarse a la Corte Interamericana, cuyo trámite sí sería jurisdiccional y vinculante.
“Como coadyuvantes hemos hecho lo que debíamos, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Pero también tenemos que proponer vías y evitar que el caso se cierre y se archive.”
Recalcó la desproporción que existe en la impartición de justicia cuando se sanciona a un luchador social respeto de un policía.
La brutalidad en Atenco “en comparación con la nula consignación e investigación de policías es desproporcionada. Recordemos que se detuvo a 207 personas, muchas enfrentaron procesos penales en prisión y, aunque algunas lograron salir, todavía tenemos 12 presos políticos, y en contraposición no se ha consignado a ningún policía.
“Eso habla de un Estado que no quiere aceptar responsabilidad de las violaciones a los derechos y que no actúa como corresponde a un Estado democrático y de derecho: investigar, procesar y sancionar como requisito mínimo para tener una policía transparente.”
