Lemic Madrid
Después de tres años, la PGR concluye que 30 funcionarios son responsables de los hechos de San Salvador Atenco
La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que existen elementos de prueba para acusar y detener a 30 servidores públicos del gobierno del Estado de México involucrados en los hechos violentos de San Salvador Atenco, del 3 y 4 de mayo de 2006. En breve se solicitará a un juez federal las órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en actos de tortura y delitos sexuales, en agravio de varias mujeres que se encontraban en la población mexiquense durante la aplicación de un operativo de seguridad.
Fuentes de primer nivel de la PGR informaron que la investigación del caso está bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); tras tres años de diversas diligencias, este organismo sustenta las acusaciones en diferentes pruebas testimoniales, periciales y de reconocimiento ocular.
Sin embargo, apuntaron las fuentes consultadas, en esta investigación no se comprobó que elementos de seguridad y procuración de justicia federal participaran en los actos violatorios de las garantías individuales y en contra de la integridad física de las víctimas.
Cabe recordar que el conflicto se originó en el municipio mexiquense de Texcoco, el 3 de mayo de 2006, cuando policías estatales impidieron que floristas se instalaran a las afueras del mercado local.
Este hecho generó un primer enfrentamiento con las autoridades, ya que los comerciantes solicitaron el apoyo de integrantes de la agrupación civil Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los mismos que se opusieron a la construcción de una terminal aérea en esa región.
En respuesta a la intervención policiaca, los pobladores de San Salvador Atenco, en varias acciones, bloquearon el tránsito vehicular sobre la carretera Texcoco-Lechería de manera violenta.
Personal de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) fue requerido para intentar restablecer la paz social en el lugar, haciendo uso de la fuerza pública contra la población civil; sin embargo, el operativo resultó fallido.
El gobierno de Enirque Peña Nieto solicitó el apoyo de la Policía Federal para una nueva incursión en San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006, donde se registraron actos de abuso de autoridad y violaciones a las garantías individuales de varias mujeres detenidas en esta acción.
Sobre este caso, detallaron las fuentes de la PGR, se ha concluido con todas las diligencias y se determinó que hubo actos de tortura con connotaciones sexistas; hechos graves de violación de derechos de las mujeres.
Las actuaciones ministeriales están documentadas y se ampliaron diversos exámenes periciales, se revisó la mecánica de hechos y se dio parte a víctimas extranjeras que quisieran sumarse a la denuncia en Chile, Alemania y España.
En este último país, una mujer que se encontraba en el poblado mexiquense al momento de la incursión policial agregaron las fuentes, aceptó rendir su testimonio, lo que finalmente resultó esencial para fincar cargos en contra de los 30 servidores públicos del gobierno estatal.
Durante el proceso de investigación se brindó atención a 47 mujeres que resultaron agraviadas por la fuerza pública, principalmente el 4 de mayo de 2006, a pesar de que cambiaron de domicilio por temor a un acto de represión.
Explicaron que el agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Fiscalía que promueve erradicar la violencia en contra de las mujeres, tomó como referencia el pronunciamiento realizado en su momento por los ministros del máximo tribunal de justicia del país para que se ejercitara acción penal por actos de tortura, principalmente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre este asunto, ordenó la integración de una comisión investigadora para el caso Atenco, para detectar qué autoridades violaron las garantías individuales durante los operativos y para devolver el orden en esa zona del país.
Indicaron que el delito de tortura está tipificado como grave, por lo que los presuntos responsables no alcanzarían el beneficio de la libertad bajo fianza.
Encargado se perfila a dirigir Fiscalía
El nuevo encargado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), informaron fuentes de la dependencia, será Óscar González Mendívil.
Este nombramiento se registró 24 horas después de que renunciara al cargo María Guadalupe Morfín Otero, como lo informó Excélsior en su edición del pasado 1 de septiembre, para postularse a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, aprobó de manera inmediata que González Mendívil fuera el encargado de despacho, debido a que se venía desempeñando como titular de la Coordinación General Técnica de la Fevimtra.
De acuerdo con el expediente laboral del servidor público, de 1997 a 1998 trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, cuando Morfín Otero era la titular de ese organismo estatal.
También fue titular de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJS) y, posteriormente, se integró al equipo de trabajo de la Fevimtra el 1 de febrero de 2008, colaborando de nueva cuenta con Guadalupe Morfín Otero.
El delito de trata de personas será el principal problema que enfrentará como encargado de despacho de la Fevimtra.
Informes federales advierten que la trata es la tercera actividad ilícita que genera mayores recursos para la delincuencia organizada, después del tráfico de drogas y de armas de uso restringido para la población civil.
Después de tres años, la PGR concluye que 30 funcionarios son responsables de los hechos de San Salvador Atenco
La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que existen elementos de prueba para acusar y detener a 30 servidores públicos del gobierno del Estado de México involucrados en los hechos violentos de San Salvador Atenco, del 3 y 4 de mayo de 2006.
En breve se solicitará a un juez federal las órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en actos de tortura y delitos sexuales, en agravio de varias mujeres que se encontraban en la población mexiquense durante la aplicación de un operativo de seguridad.
Fuentes de primer nivel de la PGR informaron que la investigación del caso está bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); tras tres años de diversas diligencias, este organismo sustenta las acusaciones en diferentes pruebas testimoniales, periciales y de reconocimiento ocular.
Sin embargo, apuntaron las fuentes consultadas, en esta investigación no se comprobó que elementos de seguridad y procuración de justicia federal participaran en los actos violatorios de las garantías individuales y en contra de la integridad física de las víctimas.
Cabe recordar que el conflicto se originó en el municipio mexiquense de Texcoco, el 3 de mayo de 2006, cuando policías estatales impidieron que floristas se instalaran a las afueras del mercado local.
Este hecho generó un primer enfrentamiento con las autoridades, ya que los comerciantes solicitaron el apoyo de integrantes de la agrupación civil Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los mismos que se opusieron a la construcción de una terminal aérea en esa región.
En respuesta a la intervención policiaca, los pobladores de San Salvador Atenco, en varias acciones, bloquearon el tránsito vehicular sobre la carretera Texcoco-Lechería de manera violenta.
Personal de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) fue requerido para intentar restablecer la paz social en el lugar, haciendo uso de la fuerza pública contra la población civil; sin embargo, el operativo resultó fallido.
El gobierno de Enirque Peña Nieto solicitó el apoyo de la Policía Federal para una nueva incursión en San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006, donde se registraron actos de abuso de autoridad y violaciones a las garantías individuales de varias mujeres detenidas en esta acción.
Sobre este caso, detallaron las fuentes de la PGR, se ha concluido con todas las diligencias y se determinó que hubo actos de tortura con connotaciones sexistas; hechos graves de violación de derechos de las mujeres.
Las actuaciones ministeriales están documentadas y se ampliaron diversos exámenes periciales, se revisó la mecánica de hechos y se dio parte a víctimas extranjeras que quisieran sumarse a la denuncia en Chile, Alemania y España.
En este último país, una mujer que se encontraba en el poblado mexiquense al momento de la incursión policial agregaron las fuentes, aceptó rendir su testimonio, lo que finalmente resultó esencial para fincar cargos en contra de los 30 servidores públicos del gobierno estatal.
Durante el proceso de investigación se brindó atención a 47 mujeres que resultaron agraviadas por la fuerza pública, principalmente el 4 de mayo de 2006, a pesar de que cambiaron de domicilio por temor a un acto de represión.
Explicaron que el agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Fiscalía que promueve erradicar la violencia en contra de las mujeres, tomó como referencia el pronunciamiento realizado en su momento por los ministros del máximo tribunal de justicia del país para que se ejercitara acción penal por actos de tortura, principalmente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre este asunto, ordenó la integración de una comisión investigadora para el caso Atenco, para detectar qué autoridades violaron las garantías individuales durante los operativos y para devolver el orden en esa zona del país.
Indicaron que el delito de tortura está tipificado como grave, por lo que los presuntos responsables no alcanzarían el beneficio de la libertad bajo fianza.
