No serán liberados ya que enfrentan pena de 67 años de cárcel por secuestro equiparado
Alfredo Méndez
Alfredo Méndez
Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina, presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, por ser considerados los principales instigadores del enfrentamiento registrado el 6 de mayo de 2006 entre pobladores de Atenco y Texcoco y agentes policiacos, fueron exonerados judicialmente de esos hechos.
El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito les concedió ayer un amparo definitivo y ordenó su inmediata libertad.
Aunque este recurso legal los libera del cargo de ataques a las vías de comunicación, no podrán ser excarcelados porque tienen una sentencia condenatoria de más de 67 años de prisión por el secuestro de funcionarios mexiquenses ocurrido unas semanas antes del mencionado enfrentamiento.
Para Bárbara Zamora, abogada de ambos detenidos, este amparo que se les había negado en primera instancia es importante porque demuestra que los hechos del 6 de mayo de 2006 fueron “un acto de represión de las autoridades policíacas” federales, estatales y municipales, y no, como se acusó a los detenidos, una acción delictiva encabezada por los manifestantes.
En mayo pasado, Álvarez Hernández y Del Valle Medina, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables de secuestro equiparado, delito que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la retención de funcionarios entre febrero y abril del año pasado.
La PGJEM les imputó la retención ilegal de Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona oriente del estado, perpetrada el 8 de febrero de 2006, así como de otros cuatro funcionarios de la Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año, cuando los atenquenses se quejaron por la inasistencia del secretario del ramo, Isidro Muñoz, con quien tenían programada una reunión para determinar los programas a aplicar en la comunidad.
La penalista Bárbara Zamora indicó que ya prepara una demanda de amparo directo para impugnar esa sentencia condenatoria, y llevar el caso del ámbito común a los tribunales federales.
Esto permitirá, dijo la litigante, que el caso salga de la jurisdicción del gobierno mexiquense, lo cual dará mayores garantías de imparcialidad para los detenidos.
Zamora confía en que sus defendidos obtendrán la protección de la justicia federal, lo que les permitirá recuperar su libertad.
El amparo definitivo que les concedió a ambos el cuarto tribunal colegiado es la segunda resolución de tribunales federales fallada en favor de presuntos implicados en el caso del enfrentamiento del 6 de mayo de 2006.
El primero fue concedido hace un mes a la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien había sido considerada por Amnistía Internacional como la única “presa de conciencia” en México durante el primer año del sexenio calderonista.
