Gustavo Castillo García
El juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl, estado de México, concedió “la protección y amparo de la justicia federal”, a 27 de los pobladores de San Salvador Atenco acusados de ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, por considerar que no existieron elementos suficientes de prueba para acreditar su responsabilidad en esos ilícitos durante los hechos violentos registrados en esa comunidad mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, informó el abogado Juan de Dios Hernández Monge.
Pese a que se ganó este recurso judicial, el Ministerio Público aún puede solicitar la revisión de la sentencia dictada por el juez Mauricio Torres Martínez, por lo que un tribunal deberá dictar el fallo definitivo.
El litigante informó que este viernes fue notificada la sentencia que se dictó en primera instancia dentro del juicio de amparo 1094/2007, promovido por 27 de los acusados de ataques a las vías generales de comunicación –derivados del bloqueo que realizaron en la carretera Ecatepec-Texcoco el 3 de mayo, en demanda de la liberación de Ignacio del Valle, líder del Frente Popular en Defensa de la Tierra–, y también por el delito de secuestro, presuntamente cometido en agravio de policías mexiquenses.
Hernández Monge señaló que de los 27 beneficiados por esta sentencia, solamente dos, Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Rufino González Rojas, se encuentran presos, mientras que los otros 25, aunque están sujetos a proceso penal, están en libertad bajo fianza.
En el caso de Rosales Gutiérrez, el juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl la amparó por el delito de secuestro, pero negó el beneficio por el de ataques a las vías de comunicación.
