Rafael Alvarez Díaz
Nueve mujeres aún permanecen arbitrariamente detenidas desde los pasados 3 y 4 de mayo en el penal de Santiaguito, estado de México, por lo que hay que persistir en la exigencia de que pronto regresen a sus respectivos hogares, algunos furiosamente destruidos durante los allanamientos ilegales perpetrados por las fuerzas policiaco-militares que invadieron Atenco.
Los autores intelectuales y materiales de las deportaciones ilegales de jóvenes mujeres nacidas fuera de México, las torturas, violaciones sexuales y otras vejaciones cometidas durante la operación de las fuerzas públicas, que abarcó su violento arresto y prolongado traslado, permanecen todavía después de seis meses en la impunidad. Las autoridades locales y federales lejos de plantearse la urgencia de la reparación o mitigación del daño, añaden a los agravios ya sufridos irregularidades procesales de muy diversos tipos, en un tortuoso laberinto interminable de maniobras legalistas que se traduce de hecho en retraso y negación de justicia, intentando hacer aparecer a la parte ofendida como agresora y fuera de la ley.
La comunidad internacional ha mostrado reiteradamente su preocupación por este caso que se ha convertido en señal alarmante de la situación de violencia, riesgo y no acceso a la justicia que viven las mujeres en México, sobre todo si son pobres, indígenas y deciden defender sus derechos.
Diversos organismos como Amnistía Internacional y el Comité de la ONU por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han elaborado sólidos informes y han dirigido al gobierno mexicano recomendaciones que son propuestas viables y razonables para hacer frente a este asunto, pero hasta ahora no han sido atendidas.
La manera como se planeó y ejecutó la acción durante la cual se privó ilegalmente de la libertad a estas mujeres expresa de manera brutal el desprecio gubernamental por sus derechos fundamentales y su dignidad; estos hechos confirmaron además, de forma contundente y ante los ojos del mundo, que el discurso acerca de la legalidad y el estado de derecho en nuestro país es sólo eso: un discurso, instrumentado discrecionalmente como justificación del uso de la violencia contra los ciudadanos, en particular las mujeres, por el mero hecho de serlo.
El cúmulo de violaciones del derecho al debido proceso del que han sido víctimas las detenidas y sus compañeros de infortunio desde aquellos días, nos habla de la utilización de las instituciones de procuración e impartición de justicia para fines distintos a los que les dieron origen y sentido, es decir, nos encontramos ante una evidente desviación de poder. No es la única vez que aconteció esta desviación en la administración foxista, pero es uno de los conflictos no resueltos que forman parte de la triste herencia de sufrimiento de madres, esposas, hermanas e hijas, entre otros graves casos de violencia contra las mujeres que conforman el escenario de dolor, sangre y muerte con que se inicia el sexenio.
