ABC Nunca Más

"Aunque nuestros cuerpos se derrumben... no descansaremos hasta ver juzgados estos horrendos crímenes..."

La investigación del caso Iguala no fue independiente ni imparcial

• Tribunal echa abajo versión de la PGR sobre la desaparición de normalistas
• No se exploraron las líneas que apuntaban a la participación del Ejército y la Policía Federal
• Magistrados ordenan reponer el procedimiento y crear una comisión para la verdad y la justicia

Tribunal resuelve que representantes de padres de los normalistas desaparecidos y la CNDH sean los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar en este casoFoto Víctor Camacho

Emir Olivares Alonso y César Arellano García

Periódico La Jornada
Martes 5 de junio de 2018, p. 3

En una sentencia inédita, un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura. Cabe aclarar que no se trata de procesos presentados por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.

Con este fallo, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar la verdad histórica.

El Poder Judicial de la Federación dio a conocer ayer esta resolución en la que por unanimidad los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez consideraron que las indagatorias del caso, dirigidas por la PGR, son irregulares y no han cumplido con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia e imparcialidad, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

Tortura a detenidos

Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, señaló.

Esta comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. Los magistrados determinaron que serán los dos primeros los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, defensoras de las garantías fundamentales.

Exhortaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a girar instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el contexto de sus respectivas atribuciones, presten el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión para lograr su cometido.

El fallo de los magistrados hace énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación, por lo que llaman a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. Y es que se obtuvieron declaraciones mediante coacción y las alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente.

En los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia se apuntó lo siguiente: La investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan y “…de esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

En cuanto a la parcialidad y autonomía con la que debe actuar la PGR, los colegiados indicaron, entre otras observaciones, que no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina.

Recomendaron que se abra un nuevo periodo de participación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque originalmente se había acordaron que su mandato podría extenderse el tiempo necesario hasta conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas, de lo que a la fecha no existe plena certeza.

Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió, hace más de un año, no extender las opciones para que esta instancia continuara sus labores.

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Emir Olivares Alonso y César Arellano

Periódico La Jornada
Martes 5 de junio de 2018, p. 4

Las diligencias de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Aytozinapa son insostenibles, porque no han tutelado ni verdad ni justicia ni han esclarecido el paradero de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, como lo destaca la resolución del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito.

Así lo señalaron organizaciones civiles que han acompañado a los padres de los normalistas, quienes agregaron que el fallo judicial confirma también que el gobierno de Enrique Peña Nieto incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación.

Respecto de esta determinación del tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, se informó que los padres de los normalistas desaparecidos revisan la misma y en los próximos días harán pública su posición. En tanto, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicaron que ya se revisa la resolución judicial (de más de 700 páginas) para en breve dar una opinión al respecto.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –una de las organizaciones no gubernamentales que asesora a las familias–, consideró en entrevista que la resolución del tribunal es inédita, ya que ordena la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, donde la voz y decisión de las víctimas serán priotitarias.

La reflexión de los magistrados es que la PGR no ha hecho una investigación autónoma, independiente e imparcial que asegure conocer la verdad de los sucedido, indicó.

Subrayó que la decisión judicial revela lo que dinstintas instancias nacionales e internacionales habían documentado con anterioridad: que la PGR obtuvo testimonios bajo irregularidades, coacción y tortura, lo que llevó a las autoridades a elaborar la llamada verdad histórica, que apuntaba a que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y su restos arrojados al río San Juan.

En un comunicado conjunto, el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar enfatizaron que los señalamientos de irregularidades en las diligencias ya no sólo vienen de mecanismos internacionales, sino que ahora es una instancia nacional, del Poder Judicial de la Federación, la que así lo ha determinado.

“Frente a las múltiples críticas a la llamada verdad históricapor parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno federal siemrpe respondió que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.

Demandaron al gobierno de Peña Nieto descartar definitivamente la hipótesis de la verdad histórica y que haga un compromiso público de que en lo que resta de su sexenio se cumplirá con el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo.

Patrón agregó que el fallo se da en una coyuntura política relevante, donde seguramente tocará al siguiente gobierno operar gran parte de las acciones de la comisión de investigación independiente.

Ayotzinapa: esclarecimiento posible

E

l primer tribunal colegiado del decimonoveno Circuito, en Tamaulipas, ordenó ayer la reposición del procedimiento seguido hasta la fecha por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a las atrocidades perpetradas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron saldo de seis muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos. A juicio de esa instancia judicial, la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, como demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

En la medida en que en México se carece de una fiscalía independiente, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, resolvieron la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala) que deberá integrarse por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, con la condición de que los dos primeros decidan las líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar, y tendrán la facultad de incorporar a la investigación a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que ellos decidan.

La sentencia reviste una importancia innegable, dado que abre una posibilidad concreta para esclarecer un asunto que durante casi cuatro años ha sido manejado con una exasperante carencia de pulcritud por parte de la procuración federal de justicia, la cual aún sigue aferrada a la insostenible versión presentada a finales de 2014 por el entonces titular de la institución Jesús Murillo Karam, según la cual los jóvenes normalistas fueron capturados por la policía municipal de Iguala y entregados a un grupo delictivo que opera en esa ciudad, el cual los habría trasladado a la vecina Cocula para asesinarlos e incinerar sus cuerpos en el basurero municipal de esa localidad. Tal relato, que fue llamado la verdad histórica por su autor, fue desmentida desde diversos puntos de vista técnicos por científicos, académicos, activistas y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que revisó la actuación de la PGR.

Para colmo, la autoridad ha sido omisa en asumir líneas de investigación de evidente interés, como la posibilidad de que los muchachos normalistas hubieran tomado un autobús que, sin ellos saberlo, habría podido estar cargado con droga destinada a Estados Unidos, o la documentación de llamadas desde algunos celulares de los jóvenes desaparecidos que se hicieron en las inmediaciones de la sede del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y en las instalaciones del Campo Militar Número Uno, o el papel desempeñado por los efectivos de las policías estatal y federal y los elementos militares que se encontraban presentes en Iguala la noche de ese episodio de flagrante barbarie.

Durante casi cuatro años tales interrogantes, más otras, han gravitado en la conciencia del país al lado de la pregunta principal: ¿dónde están los jóvenes desaparecidos y qué les hicieron? La incertidumbre al respecto y el desaseo de la autoridad responsable de procurar justicia erosionaron en forma severa la credibilidad institucional del gobierno, y contribuyeron en forma decisiva a abultar la marca de impopularidad del actual jefe del Ejecutivo federal y, desde luego, han significado un infierno para los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los cuales han mantenido durante más de 40 meses una lucha admirable para lograr el esclarecimiento de lo sucedido, el paradero de sus muchachos y la procuración e impartición de justicia verdadera.

Por su propio bien, cabe esperar que el gobierno federal no se inconforme con el fallo referido y acepte, así sea en su tramo final, colaborar de manera plena y decidida en el esclarecimiento de este caso y en la identificación de los más altos responsables. Es pertinente hacer votos, asimismo, por que la comisión de la verdad logre desentrañar las razones de un desempeño institucional tan defectuoso e insuficiente que incubó en la sociedad la justificada sospecha de que toda la investigación de la PGR fue y sigue siendo un ejercicio de encubrimiento que ha dañado al país casi tanto como el mismo crimen de Iguala.

Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

César Arellano García y Emir Olivares

Marcha en el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el 26 de mayo pasado. Foto Víctor Camacho

Ciudad de México. Un tribunal colegiado de Tamaulipas ordena reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) 

Por unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, concedieron la protección de la justicia federal a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y ordenaron reponer el procedimiento, al establecer que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, también requirieron al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul, de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

En la sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos, para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional, que contempla el derecho de las víctimas a participar en la indagatoria, y el 21 de la misma Carta Magna que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.

Imposible haber cremado a los 43 alumnos de Ayotzinapa

Expertos internacionales rebaten la tesis de pira abierta

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de mayo de 2018, p. 5

Un estudio experimental realizado por especialistas internacionales en materia de fuego, dirigidos por Luis Yerman, integrante de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland, Australia, en el cual participó José Luis Torero, ratificó que no es posible la destrucción total de la materia orgánica en la cremación de cuerpos por medio de una pira abierta, como presuntamente ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

En el estudio publicado en la revista Fire Safety Journal, se señala que mediante pruebas realizadas con cuerpos de cerdos –que no forman parte de alguna investigación forense– se descubrió que se requiere un mínimo de nueve veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica, siempre y cuando el fuego esté siendo alimentado durante todo el proceso.

El estudio acerca de los requisitos de combustible para la degradación térmica de los cuerpos mediante la cremación de pira abierta fue realizado por Luis Yerman, Harrison Wall, Jerónimo Carrascal, Aidon Browning, Devduni Chandraratne, Christina Nguyen, Andy Wong, Tristan Goode, Daniel Kyriacou, Margaret Campbell, Julian Cao, Tam Do, Diana Casimiro-Soriguer, Andrea Lucherini, Sergio Zrate, Hons K. Wyn, Aarón Bolaños, Ángela Solarte, Carmen Gorska, Ba-Dinh Le, Son Tran, Quang Le y José Luis Torero.

Cómo validar una hipótesis de cremación

En su texto, los especialistas argumentan que en el caso de incendios no deseados que resultan en muertes, los cuerpos térmicamente degradados pueden ser una evidencia vital y un elemento clave de las investigaciones forenses es la identificación de los cuerpos de los restos de cremación.

Además, mencionan que “la degradación de los cuerpos tiene que correlacionarse con la dinámica del fuego para completar una investigación forense. La consistencia entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación.

“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘Verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. Una investigación forense concluyó que varios cuerpos (hasta 43) fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Los restos humanos descubiertos en el basurero no mostraron restos de ADN debido al alto nivel de exposición al calor. Posteriormente, un panel de expertos concluyó que era necesario llevar a cabo experimentos realistas para determinar las características detalladas del incendio necesarias para lograr los niveles de cremación observados (es decir, la intensidad del incendio, la cantidad de materiales combustibles necesarios, etcétera).

Para llegar a esta conclusión, el panel verificó que los datos experimentales necesarios no estaban disponibles. No es raro que después de un incendio –quienes realizan la investigación– encuentren que los datos cuantitativos necesarios no están disponibles. Según lo establecido por el panel de expertos (4), un área donde hay pocos datos cuantitativos es la interacción térmica entre un incendio y aquellos individuos expuestos al fuego.

El estudio se realizó, señalan en la publicación, para proporcionar datos adecuados que permitan inferir la interacción entre un cuerpo y el combustible durante el proceso de pira abierta, y concluyen que es necesario un mínimo de nueve veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica (<10 cuando="" desaparece="" la="" pira="" q="">.

De acuerdo con el texto, en condiciones ideales (cuerpos más pequeños y alimentación continua de combustible) es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica (<10 q="">.

Sin embargo, en todos los casos estudiados todavía quedaba materia orgánica importante en todos los animales incinerados. En tanto que, de acuerdo con lo ocurrido en el basurero de Cocula según la PGR, el fuego no dejó rastros de ADN en la mayoría de los restos localizados.

El hartazgo en Atenco continúa: Ignacio del Valle

Agencia MVT/ Luis Rodríguez

Toluca, México, 29 de mayo 2018.- A trece años de los disturbios suscitados en San Salvador Atenco, cuando policías estatales, federales y municipales, tuvieron enfrentamientos en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), militantes de la Otra Campaña del EZLN, comuneros y habitantes, el líder del FPDT, Ignacio del Valle, aseguró que el hartazgo continua en sus tierras.

Tras los disturbios de mayo del 2006 el saldo fue de 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco periodistas extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres.

“Continuamos hartos, nuestra posición es la misma, desde luego que no ha cambiado, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, a pesar de la criminalización de la organización”, resaltó el vocero de Atenco, quien explicó que la confrontación no dejó ningún preso político, pero no se ha encarcelado a ninguno de los autores intelectuales por las acciones en contra de su pueblo.

Del Valle comentó que las autoridades continúan acechando las actividades del FPDT, como la movilización de los pueblos que siguen siendo afectados por los intereses comerciales y políticos, pierden sus cerros, se apropian de sus tierras y son coaccionados para cooperar de manera ilícita con las autoridades.

El activista fue encarcelado tras los disturbios y luego que se dictara una sentencia de hasta 112 años de cárcel en su contra, pero en 2010 fue liberado junto a Felipe Álvarez, otro de los atenquenses detenidos.

“El acoso continua, siguen insistiendo en la venta de la tierra con los ejidatarios, aunque aún  tenemos parte de la tierra, han querido manejar la idea de que se vendió todo pero no es cierto, somos más de mil ejidatarios en Atenco que no hemos vendido las tierras, lo que se vendió fueron las de uso común, las no parceladas”.

También dio a conocer que siguen peleando por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dijo que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador simpatiza con ideales del FPDT.

”Está de acuerdo con las posturas nada más, es congruente que no es posible el aeropuerto en ese lugar”, lo cual da esperanzas al pueblo que ante una posible victoria según del Valle, quien considera que la planificación del corredor se venga para abajo.

Agregó que no están esperanzados en la figura de ninguna figura política, y sobre posibles acercamientos con Ricardo Anaya, José Antonio Meade u otro candidato, explicó que existen choques de ideas.

“Sabemos de su postura y a quien sirven, si hay la posibilidad lo haremos, pero nuestra postura es totalmente contraria a sus intereses”, concluyó.

Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto

LA TIERRA, LOS CERROS, EL AGUA, LOS ÁRBOLES SON VIDA, Y LA VIDA SE CUIDA Y SE DEFIENDE

Llamamos a todxs los pueblos del campo y la ciudad, a los colectivos y organizaciones para sumarse a la 2da. Marcha Caravana Contra el Aeropuerto de Muerte, el próximo sábado 9 de junio; a las 8:30 nos concretaremos en TLALMANALCO para iniciar un recorrido por los pueblos de la región hasta llegar a IXTAPALUCA 

Gracias por sumarte, gracias por difundir y hacer más grande y fuerte la voz.

La defensa de la tierra y la vida, es tarea inaplazable.

Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto!!!!

Ofelia Medina en el programa Coyunturas 2018: México al revés

HOY A LAS 19 HRS.
No te pierdas la conversación con Ofelia Medina en el programa Coyunturas 2018: México al revés
Conversaciones para reflexionar sobre el momento actual, la democracia y las verdaderas necesidades de México.
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"Queremos una investigación seria", afirman familiares de normalistas

Recuerdan a los jóvenes con ofrendas en Iguala

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y alumnos de ese plantel continúan con la exigencia de búsquedaFoto Sergio Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 28 de mayo de 2018, p. 13

Chilpancingo, Gro.

Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, protestaron este domingo en Iguala a 44 meses de los hechos, y colocaron ofrendas florales en los monumentos erigidos en el Periférico Norte de esa ciudad, en recuerdo de los alumnos.

Melitón Ortega, padre de un estudiante desaparecido, dijo durante la movilización: No nos cansamos de decir que son ellos (el gobierno) parte de esta agresión, y a pesar de que se ha demandado a los funcionarios que se investigue el caso, no han tenido interés de atender el problema.

Dijo que por eso seguimos levantando la voz, para que esta demanda de presentación con vida de los estudiantes siga vigente. Este movimiento de los 43 es independiente de todos los partidos políticos, porque lo único que queremos es saber la verdad a pesar de la campaña de descrédito en contra de nuestro movimiento, y no vamos a dar un paso hacia atrás.

Insistió en que no estamos buscando cosas materiales, sino una investigación seria, en donde la línea sea la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Hay una preocupación grande de que a este problema no se le ha dado una atención. Ortega destacó que a 44 meses de los hechos, no hay ninguna persona detenida, nadie está en la cárcel.

Delfina, madre de otro de los desaparecidos, advirtió: No nos vamos a rendir, pero pedimos a las organizaciones que no nos dejen solos para poder seguir adelante. Agregó que la desaparición de mi hijo es como si me hubieran quitado un pedazo de carne, por eso queremos que nos sigan apoyando.

El comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa reprochó que a 44 meses de la desaparición de sus compañeros no hay justicia ni verdad. La Procuraduría General de la República (PGR) no quiere hacer una investigación profunda y sólo pretende dejar la historia del basurero de Cocula para limpiarse las manos, pero ya sabemos que es mentira, porque no pudieron quemar tantos cuerpos.

Exigió que el gobierno federal retome las cuatro líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y aseguró que los padres están tristes, tienen rabia, dolor y tristeza por no saber nada de sus hijos a más de tres años con ocho meses de su desaparición, mientras que el gobierno federal se quiere ir con las manos limpias al fingir que no pasó nada.