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Emir Olivares Alonso y César Arellano

Periódico La Jornada
Martes 5 de junio de 2018, p. 4

Las diligencias de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Aytozinapa son insostenibles, porque no han tutelado ni verdad ni justicia ni han esclarecido el paradero de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, como lo destaca la resolución del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito.

Así lo señalaron organizaciones civiles que han acompañado a los padres de los normalistas, quienes agregaron que el fallo judicial confirma también que el gobierno de Enrique Peña Nieto incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación.

Respecto de esta determinación del tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, se informó que los padres de los normalistas desaparecidos revisan la misma y en los próximos días harán pública su posición. En tanto, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicaron que ya se revisa la resolución judicial (de más de 700 páginas) para en breve dar una opinión al respecto.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –una de las organizaciones no gubernamentales que asesora a las familias–, consideró en entrevista que la resolución del tribunal es inédita, ya que ordena la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, donde la voz y decisión de las víctimas serán priotitarias.

La reflexión de los magistrados es que la PGR no ha hecho una investigación autónoma, independiente e imparcial que asegure conocer la verdad de los sucedido, indicó.

Subrayó que la decisión judicial revela lo que dinstintas instancias nacionales e internacionales habían documentado con anterioridad: que la PGR obtuvo testimonios bajo irregularidades, coacción y tortura, lo que llevó a las autoridades a elaborar la llamada verdad histórica, que apuntaba a que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y su restos arrojados al río San Juan.

En un comunicado conjunto, el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar enfatizaron que los señalamientos de irregularidades en las diligencias ya no sólo vienen de mecanismos internacionales, sino que ahora es una instancia nacional, del Poder Judicial de la Federación, la que así lo ha determinado.

“Frente a las múltiples críticas a la llamada verdad históricapor parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno federal siemrpe respondió que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.

Demandaron al gobierno de Peña Nieto descartar definitivamente la hipótesis de la verdad histórica y que haga un compromiso público de que en lo que resta de su sexenio se cumplirá con el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo.

Patrón agregó que el fallo se da en una coyuntura política relevante, donde seguramente tocará al siguiente gobierno operar gran parte de las acciones de la comisión de investigación independiente.