viernes, noviembre 17, 2017

Mujeres víctimas de abusos en Atenco narraron las atroces acciones policiacas

Los representantes del gobierno mexicano fueron reprendidos por jueces de la Coridh
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 8
Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido.
En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos.
Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Las agresiones sexuales incluyeron tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos.
Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo se dio el operativo y los procesos judiciales contra las denunciantes, sobre la lucha contra el nuevo aeropuerto internacional de México, y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del estado de México.
Los representantes del gobierno mexicano, en principio, se limitaron a preguntar a las comparecientes si conocían los términos de las propuestas del Estado para la solución amistosa, si sabían que se había consignado a 52 servidores públicos o si se enteraron de que un día antes de los hechos se había dado un enfrentamiento entre pobladores y policías. Esto motivó que los jueces llamaran la atención de los funcionarios, pues consideraron que ese tipo de interrogantes no profundizaban con los objetivos de la audiencia.
Vengan a calentar a esta puta, dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez, recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e introdujeron sus dedos en su vagina. Fue el horror. En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR). Fue revictimizante: mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.
Norma Jiménez fue agredida en el asiento trasero de un autobús por varios policías. Ante los jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Su padre no le habla. Cree que estoy equivocada por estar denunciando esto aquí. En respuesta, la juez Elizabeth Odio le dijo: Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos. Claudia Hernández recordó que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo menstrual, gritaron: Vamos a ensuciar más a esta perra. Y comenzó su tormento. Varias ocasiones pensó en quitarse la vida.
Angélica Patricia Torres vivió el mismo suplicio. Exigió que el Estado aclare públicamente que no mintieron. En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos..., cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario estatal. Enrique Peña Nieto, contestó. Gracias, reviró el juzgador.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en contra de 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana.

jueves, noviembre 16, 2017

Justificó Robledo el uso excesivo de fuerza en Atenco

En espera de justicia
La estrategia planeada por las autoridades permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad, reveló en un informe
Los probables responsables no se entregaron de forma pacífica, eso explica la rudeza policiaca, dijo
No tenemos mayores elementos que acrediten los supuestos abusos sexuales, señaló
El 3 de mayo de 2006, ejidatarios de San Salvador Atenco, en el estado de México, se enfrentaron a policías estatales que pretendían desalojar a floricultores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del mercado Belisario Domínguez. La respuesta de los agentes fue brutalFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 4
Días después de los operativos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid, presentó un informe en el que justificó el excesivo uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, debido al grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, en referencia al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Aseveró que la estrategia planeada entre autoridades estatales y federales permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad. Y se excusó: “Es importante entender que los probables responsables nunca se entregaron pacíficamente; por el contrario, ofrecieron amplia resistencia, recurriendo a métodos violentos (…) lo que explica los niveles de rudeza adoptados para reducirlos y asegurarlos”.
Al referirse a las denuncias sobre los supuestos abusos sexuales contra varias mujeres detenidas durante el operativo, que hoy son motivo de revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó: No tenemos mayores elementos que lo acrediten.
El documento, con fecha 17 de mayo de 2006, fue entregado en su momento al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y al procurador estatal, Abel Villicaña Estrada. Y cobra relevancia en víspera del análisis del caso en el organismo internacional.
Robledo dio cuenta de la actuación de los efectivos, de la coordinación con la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), de la radicalidad con la que los pobladores agredieron a los policías y secuestraron a 12 de ellos, así como de la “campaña mediática encabezada por el periódico La Jornada, que de manera sistemática ha desvirtuado los objetivos del operativo”.
En el extenso informe no se refiere, en cambio, al hecho de que dos jóvenes perdieron la vida durante la acción policiaca, debido al impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.
“Las medidas coativas tomadas hace unos días en San Salvador Atenco, aunque lamentables, están plenamente justificadas jurídica y políticamente, dado el grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, quienes por el hecho de oponerse a las autoridades federales en la iniciativa de construcción del aeropuerto de Texcoco, habían logrado convertir a ese municipio en un territorio sin ley ni orden social.
Esto no puede permitirse, ni se permitirá, aunque en ocasiones tenga que llegarse al uso de la fuerza pública. En el caso de Atenco, fue preferible una acción preventiva donde las acciones se dieron en un ambiente latente de provocación de ciudadanos que han elegido la ilegalidad para defender sus derechos y donde la policía esperaba agresiones similares a las de Tláhuac, en alusión al linchamiento de policías federales en esa demarcación en noviembre de 2004.
Acerca de las denuncias por abusos policiacos, mencionó que desde los primeros reclamos se recabó toda la información para ubicar a quienes se excedieron en sus atribuciones, además de que se dio conocimiento a la autoridad ministerial competente.
Detalló que en el operativo de la madrugada del 4 de mayo de 2006 participaron mil 815 elementos de la ASE y 700 de la PFP. El objetivo, asentó, era liberar a los policías secuestrados y detener en flagrancia a los miembros del FPDT y de otras organizaciones radicales que los apoyaban. Fueron aprehendidas más de 200 personas.
Finalmente, habló de una estrategia concertada en las acciones del FPDT para involucrar a varios grupos aliados, en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello que el subcomandante Marcos tuviera justificación para recuperar espacios en los medios de comunicación y en la opinión pública para redimensionar este movimiento.

Tortura a mujeres, caso emblemático en México

En espera de justicia
Mujeres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco fueron trasladadas al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, tras ser detenidas durante el operativo policiacoFoto Agencia MVT
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
La tortura física, sicológica y sexual que sufrieron las mujeres detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, es el caso más emblemático de su tipo en la historia reciente de México, pues la violencia sexual que se usó entonces sigue siendo habitual durante los arrestos de mujeres, advirtió Amnistía Internacional (AI).
A unas horas que el caso sea analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), este jueves y viernes, la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, aseveró que Atenco debió haber marcado un parteaguas y provocar un cambio de consciencia en su momento.
Sin embargo, lejos de ello, a más de 11 años de estos delitos observamos que la tortura sexual sigue siendo una práctica común en nuestro país que queda en la impunidad
Como parte de la audiencia por este caso, AI presentará ante la Coridh un documento técnico (amicus curae) respecto del tema de la tortura sexual y la falta de investigación en estos casos.

Mandos federales y estatales urdieron el plan en Texcoco

En espera de justicia
Policías estatales, municipales y federales participaron en la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco, el 4 de mayo de 2006, con la finalidad de rescatar a los agentes retenidos por ejidatariosFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
La cadena de mando del operativo policiaco realizado el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco incluyó a funcionarios tanto federales como estatales, ya que ambos participaron en la planeación del mismo, la definición de los propósitos que perseguía y los distintos escenarios que podrían ocurrir.
De acuerdo con un documento de la indagatoria realizada en 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso, la noche del 3 de mayo autoridades federales y estatales sostuvieron un encuentro en el municipio de Texcoco con la finalidad de estudiar detalles de las acciones que se realizarían al día siguiente.
Por el gobierno federal asistieron Eduardo Medina Mora, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; Miguel Ángel Yunes García, coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Ramón Pequeño García, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En cuanto al gobierno del estado de México, participaron Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), y Héctor Guevara Ramírez, subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente.
El documento de la SCJN también registra que tras evaluar la situación del 3 de mayo, Peña Nieto y Benítez Treviño subrayaron que la intención del operativo del día 4 sería usar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a los servidores públicos que habían sido retenidos por los civiles inconformes y restablecer el estado de derecho en San Salvador Atenco.
De igual forma, se pretendía recuperar las patrullas, equipo y armamento de distintas corporaciones policiales que los inconformes habían retenido, así como presentar ante la autoridad correspondiente a las personas que fueran detenidas en flagrancia.
La investigación de la Suprema Corte encontró que después de que el gobernador mexiquense y su gabinete se retiraron del lugar, se dio una segunda parte de la reunión, en la cual se definió la estrategia y plan para llevar a cabo dicho operativo, con base en información del Cisen.
En dicho encuentro estuvieron presentes Ardelio Vargas, Ramón Pequeño y Wilfrido Robledo, además de Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP.
Más tarde se sumaron Rogelio Cortés Cruz y David Vital Espinosa, director de Operaciones y coordinador de Subdirecciones del Valle de México, de la ASE, respectivamente.
Ahí se realizaron una serie de evaluaciones acerca del “impacto probable que podía generarse si representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se trasladaban a San Salvador Atenco, como lo habían anunciado en un acto de la denominada La otra campaña”.

Abusaron de ellas al ser trasladadas a Santiaguito

En espera de justicia
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
Las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "tortura sexual" fueron agredidas a bordo de tres camiones en el que eran trasladadas al penal de Santiaguito, municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó que 28 policías custodiaban los tres vehículos, 19 de ellos están bajo proceso y los autos de formal prisión se emitieron entre 2012 y 2016. A dos agentes les concedieron un amparo y para el resto no se ha cumplido la orden de aprehensión.
En el primer camión, número económico 7054, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), fueron agredidas sexualmente Ana María Velazco, Yolanda Muñoz y Cristina Sánchez. El autobús era resguardado por 10 agentes.
Acerca del segundo, número económico 7035, de la propia ASE, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual Mariana Selvas y Georgina Rosales. En ese vehículo viajaban ocho uniformados.
El último, era un autobús de transporte de pasajeros, de la línea San Pedro-Santa Clara. En este vehículo fueron violadas Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, Claudia Hernández, Norma Aidé Jiménez y Angélica Patricia Torres.
Los detenidos eran custodiados por 10 policías.

miércoles, noviembre 15, 2017

Hablar de las agresiones es sentir como si hubiera pasado ayer, relatan las víctimas

En espera de justicia
El sistema utiliza las vejaciones para intimidar a las luchadoras sociales, señalan
Edith Rosales y Norma Jiménez acudirán a rendir testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos HumanosFoto José Antonio López
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Para las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales la madrugada del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no hay lugar a dudas: lo que les pasó no fue un accidente o la ocurrencia de unos cuantos policías que perdieron el control, sino parte de un sistema que utiliza las violaciones y las humillaciones como una forma de intimidar a las luchadoras sociales, de acuerdo con los testimonios de dos de las agredidas.
Y es justamente el recuerdo de esas agresiones, junto con el deseo de que no le ocurran a nadie más, lo que ha llevado a 11 mujeres a seguir adelante en una demanda de justicia que, más de una década después, llegará finalmente a discutirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).
En víspera de las audiencias que podrían desembocar en el octavo fallo de la Coridh contra el Estado mexicano, La Jornada platicó con dos de las promotoras de la queja.
Norma Jiménez Osorio, al igual que muchas otras personas, llegó a Atenco movida por la indignación. Hace 11 años ella trabajaba en una publicación feminista y le seguía los pasos a La Otra Campaña, del EZLN, pero al enterarse de que el 3 de mayo había muerto un adolescente en los enfrentamientos entre policías y lugareños, decidió trasladarse a la zona del conflicto.
La idea era que la presencia de ciudadanos de otras regiones pudiera aminorar la violencia, pero alrededor de las seis de la mañana del 4 de mayo se movilizó una cantidad inmensa de policías que llegaron por todas partes.
Norma –en ese entonces de 23 años de edad– trató de huir, pero de repente sintió un golpe en la cabeza y un empujón que la mandó al piso. Lo siguiente que recuerda es a un grupo de alrededor de 10 policías que me patearon por varios minutos.
Sin castigo, los agentes que se excedieron en el uso de la fuerza durante el operativo en AtencoFoto Alfredo Domínguez
Luego de una serie de actos vejatorios sobre los que prefiere no abundar, porque todo vuelve y se siente como si hubiera pasado ayer, la estudiante de artes plásticas fue llevada a la parte trasera de un camión, donde fue violada por cinco o seis policías.
Tomaban turnos y llamaban a otros. No sé cuánto tiempo pasó... fue horrible. Comenzaron a subir a mucha gente más y escucho cómo están torturando sexualmente a otras mujeres, rememora.
Una experiencia similar describe Edith Rosales Gutiérrez, quien llegó a Atenco para sumarse en apoyo de los manifestantes. A las seis de la mañana empezaron a tocar las campanas (del pueblo) porque venían los policías. Al que alcanzaban, era para golpearlo, a tirarlo con lujo de violencia, narra.
“Cuando me alcanzan, me agarran del pelo y me jalan hacia atrás. Me empezaron a golpear, imagino que con toletes, y empezaron a decir palabras ofensivas. ‘Puta, perra’, mil cosas. Me suben a una camioneta de redilas y ahí es donde... abusan de uno. Me quitan los zapatos y me empiezan a romper la ropa”, dice. La crudeza del momento la vuelve incapaz de dar detalles.
Aun así, tiene bien presente el recuerdo de que “en todo el transcurso (los policías) se dieron vuelo con las compañeras. Se oía cómo ellas decían que las dejaran, y como ellos gritaban: ‘tráete a la güerita, tráete a ésta, a la otra’. Bien grotesco”.
Aunque permanecieron tiempos diferentes en prisión y tuvieron experiencias singulares, las dos coinciden en afirmar que lo vivido por ellas no fueron actos aislados, sino un patrón de conducta que no sólo se registró en Atenco, sino en la contención de otros movimientos sociales.

Abusos en atenco, a corte internacional

En espera de justicia
Mañana la Coridh revisará los testimonios de 11 mujeres atacadas sexualmente
A varias chavas arrestadas las violaron, señaló la entonces estudiante de cinematografía Valentina Palma, de origen chileno, tras ser detenida en mayo de 2006Foto Mario Antonio Núñez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 4
La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue posible debido a que la justicia mexicana no llevó a cabo una investigación eficiente para esclarecer esas agresiones cometidas por policías, y por tanto los presuntos responsables de los hechos no han sido castigados.
Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres –aunque el número de agraviadas fue mayor– llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Coridh el 17 de septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas.
En víspera de que la corte analice el caso –este jueves y viernes–, en el contexto de su 120 periodo de sesiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas.
Recordó que los hechos se denunciaron como torturas sexual, física y sicológica, las cuales se documentaron por parte de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El Centro Prodh detalló que aunque inicialmente se consignó a 21 policías por abuso de autoridad, todos fueron absueltos por considerarse un delito no grave. Un agente estatal fue condenado por el delito de actos libidinosos, pero también fue absuelto porque no se considera grave.
Un ejemplo de la forma en que se concretó la impunidad en favor de los servidores públicos supuestamente involucrados en el caso es el del policía Baltazar Nateras Nava, contra quien no se pudo emitir una orden de aprehensión por el hecho de que un juez consideró que había defectos técnicos en la solicitud. El juzgador dio un plazo de 90 días para corregir la falta, pero nuevos detalles legales hicieron que dicho periodo fuera rebasado, y el agente tramitó y obtuvo un recurso de amparo.
Diez médicos legistas que atendieron a las víctimas a su llegada al penal también fueron puestos en libertad. Los jueces estimaron que, por las características propias de su función, no tenían obligación de denunciar los hechos de tortura. Consideraron que al dejar constancia de las lesiones en sus reportes médicos, permitieron que los hechos pudieran ser investigados después.
Un agente del MP fue liberado luego de que un juez de distrito afirmó que su labor no era denunciar los delitos que hubiera podido notar en el transcurso de la indagatoria, sino únicamente investigar los que ya se le habían planteado en el expediente a su cargo.
Al analizar el caso, la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable; esclarecer los hechos; sancionar a los responsables, y profundizar en la cadena de mando, lo cual no se ha cumplido. Consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual contra las 11 denunciantes, y violación sexual de siete de ellas. Por ello dio conocimiento a la Coridh.

A más de 11 años del exceso de fuerza

En espera de justicia
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 autoridades del estado de México y del gobierno federal implementaron un operativo policiaco en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. A continuación una breve cronología de los hechos:
2 de mayo
Negociaciones entre autoridades de Texcoco y floricultores inconformes con su reubicación en la Central de Abasto. Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) los apoyan.
3 de mayo
Al no haber acuerdos, los floristas e integrantes del FPDT realizan varias acciones de protesta, lo que produce varios enfrentamientos con policías municipales, estatales y federales. Hay lesionados de ambos lados.
Los pobladores de ese municipio mexiquense retienen a 12 uniformados. Las autoridades aprehenden a 84 manifestantes, entre ellos al líder del FPDT, Ignacio del Valle.
Comienzan a llegar a Atenco ciudadanos y activistas en apoyo al FPDT.
4 de mayo
En la madrugada, más de 2 mil elementos de la Policía Federal y de la Agencia de Seguridad Estatal irrumpen en Atenco para restablecer el orden y liberar a los secuestrados.
Pobladores, simpatizantes de La Otra Campaña y activistas los enfrentan.
Uniformados arremeten con excesivo uso de la fuerza. Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benhumea, de 20, perdieron la vida por impacto de cartuchos de gas lacrimógeno.
Son capturadas 106 personas. En el trayecto al penal de Santiaguito, se dan las agresiones sexuales contra al menos 26 de las 47 mujeres detenidas.

Exigen Justicia para Ranferi

El 11 de noviembre, durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular realizada en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, las organizaciones, colectivos y personas que asistimos acordamos repudiar los salvajes asesinatos contra el compañero Ranferi Hernández Acevedo, dirigente de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero (OICVG), su esposa, Lucía Hernández; su suegra, Juana Dircio, y el compañero Antonio Pineda, cometidos el 14 de octubre anterior en el camino de Ahuacuotzingo, rumbo a Chilapa de Álvarez, Guerrero, a menos de 500 metros de un retén militar.
Exigimos castigo a los asesinos materiales e intelectuales, una investigación imparcial, científica y exhaustiva acorde con los protocolos internacionales y el urgente otorgamiento de medidas cautelares a los familiares e integrantes de la OICVG. ¡Alto a los crímenes de Estado! ¡Justicia para todos los asesinados! ¡Ranferi vive, la lucha sigue!
Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, H. Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal de Ayotzinapa y Asamblea Nacional Popular. Gustavo López

martes, noviembre 14, 2017

Mujeres de Atenco

El operativo resultó en decenas de detenciones arbitrarias, 2 muertes y 26 denuncias de violencia sexual.

Las mujeres sobrevivientes de Tortura Sexual en San Salvador Atenco llevaron su caso ante la Corte Interamericana de DH



Esta semana es muy importante: Las mujeres sobrevivientes de #TorturaSexual en San Salvador#Atenco llevaron su caso ante la Corte Interamericana de DH. Esta semana serán las audiencias. Han pasado 11 años sin justicia en México: han sido humilladas, tachadas de mentirosas, calumniadas. Hoy son un ejemplo de fuerza y valentía. 


Más info en la página del Centro Prodh , les cito:
"La búsqueda de justicia de las once sobrevivientes de Atenco es emblemática: por un lado, muestra un patrón de violación a los derechos humanos –que se utilizó entonces en represiones políticas y que hoy se ha trasladado al contexto de la Guerra contra el narcotráfico–; y por el otro, demuestra la falta de voluntad y capacidad de las autoridades para hacer justicia.

Han transcurrido once años desde los hechos; las mujeres no han dejado de alzar la voz y han mostrado que los ataques que denunciaron –aunque fueron tachadas de mentirosas por las autoridades– no solamente fueron ciertos, sino que evidencian un patrón común: detención ilegal – tortura (agravada por la condición de género) – fabricación de pruebas – condena – impunidad para los perpetradores.

Acompáñalas rumbo a la corte este 16 y 17 de noviembre y comparte los materiales que hemos generado desde el Centro Prodh."

viernes, noviembre 10, 2017

La tortura sexual, en estado crítico


Gabriela Rodríguez
U
na chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.
Son 11 las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Gracias a la búsqueda de justicia emprendida por estas luchadoras sociales, el tema no se ha tirado al olvido, ellas también han abierto la posibilidad de que la violación sexual logre tipificarse como tortura.
El 4 de mayo de 2006 Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México. El actual presidente de México reunió esa tarde al gabinete de seguridad, ocasión en que se decidió usar la fuerza pública para desalojar la carretera, el operativo era contra un grupo de personas solidarias que bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco con el fin de exigir la liberación de las personas detenidas (también habían retenido a algunos servidores públicos). El día anterior las fuerzas de seguridad habían detenido a los floricultores de Texcoco, cuando intentaban instalar puestos autorizados en el mercado, con lujo de violencia los habían desalojado y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya.
El operativo de la madrugada del 4 de mayo más que violento fue infernal. Para romper el bloqueo enviaron a mil 815 policías estatales y 700 policías federales. En total fueron detenidas más de 200 personas incluyendo a 50 mujeres. Un menor de edad y un joven fueron privados de la vida por elementos policiales que les disparon con arma de fuego y latas de gas lacrimógeno. La violencia se intensificó durante los traslados al Cepreso abarcando violencia física sicológica y sexual. A juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 80 por ciento de las personas detenidas fueron certificadas con lesiones que requerían hospitalización, se recurrió a la violencia con quienes ya estaban sometidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en el traslado apilaron un cuerpo sobre otro, sin importar el sexo, golpeando con los pies y toletes, amenazando con que los matarían y desaparecerían. Una vez dentro de dicho Centro, hombres de negro los pateaban y azotaban contra la pared, desde el momento de la detención y hasta después de ser ingresadas al penal, 31 de las cerca de 50 mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales que fueron corroboradas por testigos.
Mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma y secuestro equiparado, las violaciones en su contra se mantuvieron impunes. Por la ineficacia de las investigaciones por los delitos cometidos, 11 de las denunciantes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el caso en noviembre de 2011. En octubre de 2015 la Comisión resolvió en favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, sicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia. La Comisión recomendó al Estado investigar de manera efectiva y dentro de un plazo razonable, sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales para prevenir la repetición de hechos similares. Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado sustantivamente y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El próximo 16 y 17 de noviembre se realizará la audiencia pública en la CIDH. La resolución del caso es una oportunidad para contar con medidas para atacar las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas la tortura generalizada, especialmente la sexual. La Corte podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación, garantizar la independencia de especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales para prevenir y sancionar los excesos en el uso de la fuerza. En el tema de género, la Corte podría desarrollar los tipos de violencia sexual que pueden constituir tortura, esta grave violación de derechos reconocida por la ONU como generalizada en México. El caso podría ordenar la eliminación de las disposiciones que hoy criminalizan la protesta, modificando la práctica de detenciones masivas.
De gravedad, el viacrucis que hay que recorrer para acceder a la justicia, y que siempre haya que recurrir a instancias internacionales. No sé si estas compañeras hubiesen llegado hasta donde van, sin el acompañamiento durante 11 años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.
Me parece obvio el interés por actuar con tanta saña en el caso. Los floricultores desalojados pertenecían al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el cual se conformó en 2001 para oponerse a la expropiación de tierras en el municipio de San Salvador Atenco, en las que la administración federal de Vicente Fox Quesada pretendía construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enrique Peña Niego logró desalojar a los dueños de la tierra, hoy avanza la construcción de esta multimillonaria obra.
Nota: ¡Una buena noticia! Nashieli Ramírez, verdadera defensora de derechos humanos, presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Twitter: @Gabrielarodr108

jueves, noviembre 09, 2017

Analizará la Coridh abusos de policías contra once mujeres en el caso Atenco

La CIDH acreditó violencia física, sexual y sicológica en 2006
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de noviembre de 2017, p. 13
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dio a conocer ayer el calendario de su 120 periodo ordinario de sesiones, donde uno de los temas que analizará es el caso de la tortura sexual, física y sicológica de agentes del Estado contra 11 mujeres durante los operativos policiacos en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Los hechos se relacionan con las violaciones a las garantías fundamentales cometidas contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el asunto a la jurisdicción de la corte en septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. Esto después de haber realizado varias recomendaciones al gobierno mexicano, que no han sido atendidas. El 120 periodo de sesiones de la Coridh se realizará del 13 al 24 de noviembre. Se espera que el caso Atenco se discuta entre los días 16 y 17. Las sentencias de este penal son vinculantes para los estados.
La CIDH presentó un informe de fondo sobre los hechos, en el que consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de agresión sexual contra las 11 denunciantes, y de violación a siete de ellas. Confirmó que esos delitos fueron cometidos por agentes estatales, en el contexto de su captura, traslado y llegada al centro de detención.
El organismo estableció que su aprehensión fue ilegal, arbitraria y no se les informó por qué ni los cargos que se les imputaban, y determinó que las 11 se vieron obligadas a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
También acreditó que el Estado mexicano no cumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, ni profundizó en la cadena de mando. El actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador del estado de México, asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Atenco.
Al someter el caso a la Coridh, la CIDH lamentó que después más de 10 años no haya esclarecimiento judicial por los hechos.

lunes, noviembre 06, 2017

Reporte de la DEA confirma la hipótesis del quinto autobús en el caso Iguala

Grupos del narco usan esas unidades para llevar cargamentos ilegales a EU, asegura
El quinto autobús involucrado en el caso AyotzinapaFoto La Jornada
David Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de noviembre de 2017, p. 14
El uso de autobuses de pasajeros por grupos del crimen organizado para transportar metanfetaminas y cocaína de México a Estados Unidos reafirma la línea de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De acuerdo con el informe desclasificado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), varios grupos dedicados a la venta ilegal de drogas, entre ellos Guerreros Unidos, utilizan estos vehículos para despistar a la autoridad y cruzar el cargamento ilegal.
Destaca que las organizaciones criminales trasnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) cuentan con rutas específicas para llegar a las ciudades más alejadas de la frontera sur, como Chicago, Nueva York y Washington.
“El método más común empleado por estas TCO es transportar drogas ilícitas por puertos de entrada, en vehículos de pasajeros con compartimientos ocultos o mezclados con productos legítimos en tráilers de camiones.
Además, las TCO mexicanas transportan ilícitamente drogas, como la metanfetamina y cocaína, disuelta en soluciones líquidas, por la frontera sur. Una vez al otro lado de la frontera, las organizaciones delictivas coordinan los envíos de drogas ilícitas y los dividen en paquetes más pequeños a puntos de distribución en todo Estados Unidos, se lee en el documento.
Este señalamiento reafirmó la secuencia de investigaciones que dejó el GIEI sobre un quinto autobús que fue tomado, de manera accidental, por normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Según las diligencias de los expertos, esa unidad transportaba droga que pertenecía Guerreros Unidos, hacia Chicago. Eso provocó que integrantes armada de esa banda detuvieran a los jóvenes con el argumento de que eran integrantes de Los Rojos, con quienes disputa la plaza de la Tierra Caliente guerrerense.

viernes, octubre 27, 2017

Falta voluntad para aclarar el caso Iguala: padres de los 43

  • Muchos sólo se colgaron de nosotros, lamenta una madre
  • Se cumplieron 37 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas
Acompañados por cientos de personas, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir a las autoridades federales que aclaren el caso IgualaFoto Roberto García Ortiz
Fernando Camacho y Rubicela Morelos
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de octubre de 2017, p. 6
Treinta y siete meses después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, padres, madres y compañeros de las víctimas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la presentación con vida de los jóvenes y denunciar la falta de voluntad política de las autoridades para resolver el caso.
Acompañados por integrantes de organizaciones sociales y populares, los manifestantes caminaron sobre Paseo de la Reforma enarbolando los retratos de los normalistas atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 y gritando consignas como ¡Ayotzi vive, la lucha sigue! y ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!.
Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, señaló durante la marcha que en la más reciente audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa –celebrada el martes pasado en Uruguay– otra vez quedó clara la estrategia gubernamental de desgastar a las familias al darles resultados nulos a cuentagotas.
En la audiencia pensamos que el gobierno tendría algunos avances positivos sobre la investigación, porque 37 meses (después de los hechos) no es creíble que no se pueda avanzar. Desgraciadamente, no tienen avances que nos satisfagan; han descubierto quién tendría los celulares (de nuestros hijos), pero no tienen nada que nos tranquilice, lamentó Navarrete.
En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, consideró ocioso dirigirse a la Procuraduría General de la República (PGR) en este momento para preguntarle cómo va la indagatoria del caso, ya que la dependencia está acéfala.
Al hacer un pausa frente al llamado Antimonumento de los 43, Hilda Hernández –madre del estudiante César Manuel González– señaló: Como ya pasamos de moda, muchas personas ya no están con nosotros. Me da mucha tristeza que a tres años y un mes muchos nada más se colgaron de nosotros.
Sin embargo, la mujer también dedicó palabras de agradecimiento a los grupos que aún responden a sus convocatorias y los siguen apoyando. Esa es la fuerza que, como madres, nos hace seguir adelante. Vamos a seguir con esos poquitos que nos aman de corazón a nosotros y a nuestros hijos, a pesar de que no los conocen físicamente.
Durante un mitin en el Hemiciclo a Juárez, Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio, subrayó que es una vergüenzapara el gobierno mexicano la falta de respuestas sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, a más de tres años del ataque en su contra, y afirmó que continuarán movilizándose para evitar que el caso quede en el olvido.
Solidaridad de morelenses
En Cuernavaca, Morelos, organizaciones defensoras de derechos humanos, maestros e integrantes de diversos sindicatos se manifestaron en el zócalo de esta ciudad para exigir a las autoridades federales la presentación con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Expresamos nuestra solidaridad con madres y padres de los 43 estudiantes que, a tres años y un mes de dolor, aún no han tenido acceso a la verdad y la justicia, expresaron los colectivos.

jueves, octubre 26, 2017

Hoy marchan familiares de los 43; exigen justicia

37 meses del ataque a normalistas
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de octubre de 2017, p. 7
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharán este jueves del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez con el propósito de conmemorar los 37 meses de la agresión contra los estudiantes y denunciar lo que consideran falta de voluntad política del gobierno mexicano para resolver el caso.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los jóvenes agredidos, subrayó en entrevista que la movilización busca que la fecha no pase desapercibida, además de reiterar la exigencia de que las autoridades presenten con vida a los estudiantes y den resultados concretos de la investigación, porque no podemos vivir en espera para siempre.
El activista lamentó que el gobierno federal siga intentando mantener la verdad lo más oculta que pueda. ¿Qué podemos hablar de avances si hasta hoy no sabemos el paradero de los jóvenes, si no hay ninguna pista de dónde están ni quiénes son los responsables? (de su desaparición), recalcó.
Asimismo, De la Cruz señaló que aunque las autoridades dicen que están cumpliendo con las exigencias de los padres y madres de los normalistas, en el sentido de agotar diversas líneas de investigación, hasta hoy no hay ningún resultado positivo para nosotros y eso quiere decir que nuevamente el gobierno mexicano vuelve a mentirle a la sociedad y a los familiares.
Familiares y compañeros de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, marcharán este jueves para exigir justicia y la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos en Iguala hace 37 mesesFoto Yazmín Ortega Cortés
Por otra parte, indicó que a 37 meses de la desaparición de los estudiantes sí existe cierto nivel de desgaste en los familiares de las víctimas, porque es algo verdaderamente tormentoso esperar día con día a los jóvenes, pero también puedo decir que siguen tan firmes como el primer día hasta saber qué pasó y que se castigue definitivamente a los responsables para que no vuelva a suceder.
La marcha de hoy tendrá lugar dos días después de la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, en la que los padres de los jóvenes acusaron nuevamente al gobierno de México de obstaculizar las indagatorias y permitir que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, siga reivindicando la verdad histórica, pese a que dicha teoría ya ha sido descartada científicamente.

miércoles, octubre 25, 2017

Obstaculiza el Estado pesquisas sobre Ayotzinapa, afirman familiares


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de octubre de 2017

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años señalaron al Estado mexicano de seguir poniendo trabas a la investigación del caso, en una actitud que los mata poco a poco, y lamentaron que los escasos avances en la indagatoria sean echados abajo por declaraciones de ex funcionarios que aún reivindican la verdad histórica (presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam), pese a que ésta ya fue descartada científicamente.

Durante las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebradas ayer en Uruguay, como parte del 165 periodo ordinario de sesiones, los familiares de los normalistas desaparecidos se encontraron nuevamente con representantes del Estado mexicano, a quienes reprocharon su falta de compromiso para resolver el caso.

Se han burlado del dolor de nosotras como madres y cada mentira es destruirnos más. Nos están matando poco a poco y no podemos avanzar, porque cada vez que hay algo ellos nos ponen trabas para no seguir, afirmó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes atacados el 26 de septiembre de 2014.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, subrayó que el cronograma del gobierno mexicano para avanzar en las indagatorias sobre Ayotzinapa se concentra en detalles del tema, pero diluye la visión integral de lo ocurrido, y lamentó que se sigan dando pasos notoriamente incompletos que no agotan las líneas de investigación que han sugerido los familiares de los jóvenes.

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó los constantes actos de mala fe del gobierno mexicano hacia los familiares de los normalistas, entre ellos las declaraciones de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien ha reivindicado en varias ocasiones la validez de la llamada verdad histórica.

El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, fue el principal encargado de atajar las críticas de los padres y sus abogados al admitir que los familiares de los estudiantes tienen razón de estar molestos porque ya se cumplieron tres años de ocurrida la desaparición de sus seres queridos. Aun así, les pidió trabajar juntos, unidos en lo posible, para dar con el paradero de los jóvenes.

Como pruebas de que el gobierno sigue trabajando en el caso, dijo que la Procuraduría General de la República ya analizó los datos de los teléfonos celulares tanto de los normalistas como de sus agresores, y que ya definió más de 270 sitios en un área de 60 kilómetros cuadrados donde se realizará una nueva búsqueda, usando la llamada tecnología Lidar.

Al hacer preguntas y comentarios a las posiciones de ambas partes, los comisionados de la CIDH James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas cuestionaron el papel de Zerón de Lucio al defender hipótesis imposibles y descartadas, y subrayaron que es casi inconcebible desconocer después de tres años la responsabilidad de todos los funcionarios públicos involucrados en la desaparición.

miércoles, octubre 18, 2017

"Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía" *

Adolfo Gilly
Para Mislova Breach y Javier Valdez
L
a señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso– contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él, su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.
En esta tarea, larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra con su larga lucha por la aparición con vida y por la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, empresa incansable llevada junto con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje.
Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y el título de República.
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En estos días Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. Acaba de lograr una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDH) al gobierno de la entidad en favor de la comunidad El Coyul, en defensa de su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros.
Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en 2002, la Coidh asumió el caso en 2010; Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan.
El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barrera y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional.
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La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barrera su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar de los Campos Quemados.
Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento, como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento pero también de la utopía.
Y después: La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y sobre todo la justicia.
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En 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de 2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero. En esa ocasión estas fueron sus palabras de agradecimiento:
“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas, porque se ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.
“En el sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]
La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de que goza el Ejército Mexicano.
Abel Barrera Hernández recibió el pasado día 12 el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017, en el Palacio de MineríaFoto Yazmín Ortega Cortés
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Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples organizaciones, en el vasto movimiento por la aparición con vida y en libertad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.
En su castillo de falsificaciones en torno al caso, el procurador general de la República dijo una sola verdad: El Ejército no se manda solo. En efecto: el Ejército obedece al mando del gobierno federal de la nación, de cuyo gobierno formaba parte destacada el procurador general. Es imposible, entonces, que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un Ejército que, como él bien dice, obedece solamente órdenes superiores. ¿Y quién dio esas órdenes en el caso de Ayotzinapa?
Su verdad histórica –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula– fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno y publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y sus conclusiones.
Esa investigación está espléndidamente resumida en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, México y España, editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada, salvo repeticiones de la verdad histórica del procurador general de aquel entonces, han podido responder hasta hoy el gobierno federal y sus dependencias.
No diré más aquí de ese caso, histórico por sí mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un tiempo, pero no se puede borrar: Temamos a la historia, decía José María Morelos.
§
En estos nuestros días, después de más de tres años, la lucha de las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana, la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo. Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.
Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro: [https://www.youtube.com/watch?v=P5u156nRe3g]
“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres–- proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos, donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.
La Comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia, y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa.
En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud, antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández.#
* Leído en ocasión de la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barreda en el Palacio de Minería, Ciudad de México, el 12 octubre.