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CIDH responsabiliza al Estado mexicano por violación de mujeres en Atenco

El entonces gobernador de Edomex las estigmatizó al llamarlas guerrilleras, señala

Ana Langner

Periódico La Jornada
Sábado 22 de diciembre de 2018, p. 12

El ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del estado de México, estigmatizó a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco en mayo de 2006 al llamarlas guerrilleras, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal interamericano notificó la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, sicológica y sexual y falta de acceso a la justicia.

Los hechos ocurrieron hace 12 años durante un operativo de las policías municipal, estatal y federal desplegado en Texcoco, San Salvador Atenco y en la carretera Texcoco-Lechería, estado de México para reprimir manifestaciones.

La resolución indica que la credibilidad de las víctimas fue puesta en duda y fueron estigmatizadas públicamente como guerrille-ras por el entonces gobernador Peña Nieto; el secretario General de Gobierno del estado de México de esa época, Humberto Benítez Treviño, y Wilfrido Robledo Madrid, en el momento comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal.

Asimismo, la Corte estableció que la violencia sexual fue utilizada por parte de agentes estatales como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder.

Ello, toda vez que instrumentalizaron los cuerpos de las detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes.

Inaceptable arma represora

La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado; conducta que el tribunal calificó de inaceptable.

La Corte concluyó que las detenciones de las 11 mujeres que le presentaron su caso –aunque vale destacar que hubo más agraviadas– fueron ilegales y arbitrarias.

Determinó que existió dilación en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades y que la pesquisa de tortura y violencia sexual no fue conducida con perspectiva de género.

Conforme a la información que consta en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CIDH expuso que la noche del 3 de mayo de 2006 hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, en la que se decidió utilizar la fuerza pública a fin de restablecer el estado de derecho en San Salva-dor Atenco.

“El gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron una vez que se acordó el uso de la fuerza pública, consta en el documento.

Como medidas de reparación, la CIDH ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. También investigaciones para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo encargó a México implementar medidas de atención a las mujeres y para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.

México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Culpa CorteIDH al Estado por tortura de mujeres de Atenco

Ana Langner

Ciudad de México. El Estado mexicano es responsable por la tortura sexual, violación y tortura sufridas por 11 mujeres en Atenco, Estado de México durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Este día el tribunal interamericano hizo pública la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2018, cuya resolución indica que México responsable internacionalmente por agresiones cometidas en contra de las 11 mujeres que llevaron el caso ante esta instancia internacional. Sin embargo, vale destacar que el número de agraviadas fue mayor.

La Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo deberá brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas así como crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México.

También deberá establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Hace 12 años, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto, gobernaba el Estado de México, la policía municipal, estatal y Federal, realizaron un operativo en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaron a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006.

En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas.

Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual

Ante ello, se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada.

Asimismo, reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En este contexto, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones.

Asimismo concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

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12 y 16 de diciembre - Evento en Facebook

AMLO firma decreto para dar con normalistas desaparecidos

La verdad por encima de todo

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la firma en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.Foto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Méndez y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin encubrir a nadie.

En una ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. No nos vamos a lavar las manos.

También, en su conferencia de prensa matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía general.

En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la firma del decreto su administración inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y se ordena a las distintas áreas del gobierno prestar todo el apoyo a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad.

En respuesta a María Martínez Seferino –madre de Miguel Hernández Martínez–, quien lo definió como ejemplo de que hay que seguir luchando, pero le exigió demostrar que sí los apoyará, el mandatario sostuvo que ganó con el apoyo del pueblo y por eso no habrá ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió.

El resultado, dijo, dependerá del trabajo de los responsables de la comisión, que tendrán amplias facultades. Por eso tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso, con el apoyo del pueblo, que es el soberano y al que le tengo respeto y lealtad.

Antes, en la conferencia, resaltó que su gobierno no va a ocultar la verdad, y puntualizó que la investigación incluirá a toda la administración, a los involucrados, y en el supuesto de que elementos del Ejército estuviesen inmiscuidos, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde. Pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación.

Se trata, delimitó, de llevar todo el proceso y no de que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano, si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades.

Aclaró que si bien la investigación se realizará de manera independiente por el Ministerio Público, estará pendiente del avance. “No es decir ‘ya, se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver’. Seremos respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a los mexicanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, y esclarecer lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces.

Alejandro Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas.

"No nos falle, camine con nosotros", piden padres de los estudiantes

Emir Olivares Alonso y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

Una rúbrica presidencial renovó la esperanza de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Tuvo que darse el relevo en la Presidencia de la República para que por fin, más de 50 meses después de la desaparición forzada de sus hijos, en sus rostros se asomara una pequeña luz de ilusión. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande.

Con esas palabras, María Martínez Seferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que no les falle, como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto.

Nosotros, como padres, pedimos a usted, como padre, que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, porque no vimos ningún avance con él.

Durante la firma del decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, realizada ayer en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, doña María aprovechó su turno al micrófono para hablar de frente, sin tapujos y desde el corazón, al mandatario federal.

Aquí estamos, a 50 meses que hemos andado exigiendo la presentación de nuestros 43 jóvenes. Estamos aquí, señor, para pedirle que esta firma que acaba de hacer no nada más quede así. Queremos que usted siga caminando con nosotros. Busquemos hasta encontrar a nuestros hijos.

La mujer ocupó el lugar central en el presídium, lo que resultó simbólico para las familias. Sus palabras conmovieron a los presentes. Recordó a López Obrador que él es el mejor ejemplo de que para alcanzar los objetivos se debe ser perseverante, por lo que remarcó que las madres y los padres no descansarán en su empeño de hallar a sus hijos. Añadió que no sólo son los 43 estudiantes, sino miles de desaparecidos en todo el país.

“Gánese la confianza de todos los mexicanos. Como ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en usted (...) Lo que hemos hecho es defendernos y usted nos puso el ejemplo de que el que persevera alcanza. Usted no se rindió. Así le pedimos también que camine con nosotros (…) Ayúdenos, señor. No queremos que esto quede impune. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, va a ser grande”.

Al finalizar el acto, las familias, junto a los miembros de las organizaciones civiles que los han acompañado, ofrecieron en el mismo salón una conferencia en la que indicaron que con la firma del decreto inicia una nueva etapa en la lucha por la presentación de los estudiantes y que la confianza en el nuevo gobierno federal se irá ganando conforme avance el proceso.

Criticaron la irresponsable y poco ética recomendación sobre el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues consideraron que los revictimiza y apunta a avalar parte de la llamada verdad histórica al indicar que existe la posibilidad que un grupo de normalistas haya sido incinerado en el basurero de Cocula.

Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, indicó que esta nueva etapa de lucha incluirá avanzar en varias líneas de investigación estancadas y en las que la Procuraduría General de la República no quiso profundizar, entre ellas la posible participación de elementos del 27 batallón de infantería y de elementos de corporaciones policiacas tanto de otros municipios de Guerrero como estatal y federal, y la telefonía vinculada a la operación del crimen organizado en la zona.

Obrador firma Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa

CDMX, 3 de diciembre 2018.- Con la firma del Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se compromete  con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia.

Al encabezar la firma del decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló:

“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad, misma que contará con amplias facultades: “Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”, expuso.

El mandatario agregó que una da de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de los hechos será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso: “Lo de los testigos es algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia”.

Recordó que el Poder Judicial determinó que será la Procuraduría General de la República (PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la encargada de constituir la Comisión de la Verdad, “pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con todo nuestro apoyo”.

El decreto será publicado mañana martes 4 de diciembre y establece la creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes del gabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes desaparecidos y expertos. Trabajará de manera autónoma bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, quien señaló que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.

Por su parte Alejandro Encinas informó que serán retomadas investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) de la administración anterior.

Subrayó que se dará la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo federal para que faciliten la información que les sea requerida y que no se podrá clasificar como reservada la que tenga relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruya la persecución de delitos.

El decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Comisión de la Verdad será instalada en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.

Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.

Reprochan padres de los 43 que CNDH retome “la verdad histórica”

Sergio Ocampo, corresponsal 

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 continúan en la búsqueda de saber el paradero de los jóvenes. Foto Alfredo Domínguez

Chilpancingo, Gro. El vocero de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, condenó el último informe de la CNDH que retoma “la Verdad histórica”, del gobierno federal en donde reconoció que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Entrevistado en la marcha, en el marco de la jornada de protesta en repudio al último día de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que con este último informe del organismo de Derechos Humanos se demuestra que son parte de lo mismo y dijo que es lamentable que hayan esperado hasta este último día de gestión para ratificar dicha información.

Ortega manifestó que los padres continuarán luchando porque hay líneas de investigación ya acordadas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales y que esperan que con el nuevo gobierno que inicia de Andrés Manuel López Obrador se aclare el paradero de sus hijos.

Iguala, sello del sexenio

E

n su último acto público como secretario de Gobernación de la administración saliente, Alfonso Navarrete Prida dijo ayer que tocará al próximo gobierno emprender, con base en la recomendación final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la barbarie perpetrada en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, la búsqueda de una verdad que haga justicia, la real, la auténtica que demandan todos los mexicanos. De esta forma, el funcionario descalificó implícitamente el discurso oficial sostenido a lo largo de más de cuatro años, en el sentido de que los 43 normalistas que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de los cuerpos del orden en aquellas fechas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de la vecina Cocula, historia que fue presentada y defendida como la verdad histórica.

Al presentar el voluminoso informe, el ombudsman nacional estableció que lo ocurrido aquella noche y madrugada siguiente, en la que fueron asesinadas seis personas, desaparecidas 43 y lesionadas 42, sólo puede explicarse por la infiltración de la delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno, y que el crimen habría podido evitarse porque diversas autoridades, tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadasy que, sin embargo, nadie hizo nada para evitar la tragedia. A ello ha de agregarse que la posterior investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) se desarrolló al margen de la ley, fue poco profesional y omisa en diversos aspectos, y a más de 50 meses de los hechos, la justicia no ha llegado. Peor aún, el agravio ha sido profundizado por la exasperante falta de voluntad política de esclarecerlo.

Tales conclusiones son compartidas por el generalizado sentir social en torno al caso más emblemático de violaciones a los derechos humanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un periodo en el que la falta de observancia de tales derechos llegó a una nueva sima, algo que parecía casi impensable tras la catástrofe del calderonato y los saldos trágicos de su guerra contra la delincuencia. Lo cierto es que tanto en este ámbito como en los de la corrupción y las cesiones de soberanía en todos los órdenes, la última presidencia priísta igualó y superó, para mal, el balance de las administraciones panistas previas, hasta el punto que el gobierno que hoy termina será recordado como uno de los más desastrosos para los derechos humanos.

De esta manera, el periodo que va de 2006 a 2018 será recordado, sin solución de continuidad entre las dos administraciones que transcurrieron en él, por las ejecuciones extrajudiciales, los levantones y las desapariciones forzadas, la tortura, la fabricación de culpables como distorsión regular de la procuración de justicia, la impunidad entronizada y el desinterés de las autoridades por la vida y la integridad de los ciudadanos. Toponimias como Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Tlataya, estado de México; Iguala, Guerrero; Tanhuato, Ostula y Apatzingán, Michoacán, y Nochixtlán, Oaxaca, son ya marcas de la historia de esta docena trágica, pero también heridas y expedientes abiertos que siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Por lo que hace a la atrocidad perpetrada en Iguala, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que inicia mañana, tiene en su pleno esclarecimiento un primer desafío. Es alentador el hecho de que el aún presidente electo haya establecido como primer punto de su agenda para el lunes 3 de diciembre un encuentro con los familiares de los muchachos desaparecidos. Cabe esperar, por lo demás, que el próximo gobierno se deslinde de manera radical de la catastrófica estrategia de seguridad pública vigente desde 2006 y que cumpla con sus promesas de restablecer la paz en el país y observar el más escrupuloso respeto a los derechos humanos.

Juez ordena devolución de tierras a campesinos despojados por el NAIM

Javier Salinas Cesáreo corresponsal

Maquinaria que se utiliza en las obras de construcción de la autopista. Foto Javier Salinas Cesáreo

Texcoco, Méx. El Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl en el estado de México ordenó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la devolución de tierras al ejido de Tocuila que les fueron despojadas a los campesinos y que están siendo utilizadas para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).

Sandino Rivero, abogado de los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) dio a conocer que en días pasados el juzgado resolvió el juicio de amparo número 349/2016 en favor de los ejidatarios de Tocuila y ordenó que les sean devueltos 72 mil metros cuadrados de tierras porque no se llevaron a cabo los procesos de expropiación como marca la ley y fueron ocupadas ilegalmente para la edificación de la autopista.

Con esta resolución del juez, las empresas constructoras Pinfra y CIPSA deberán detener de inmediato las obras de construcción en el tramo de Tocuila.

El abogado explicó que hace 15 días el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl resolvió el amparo, y como ni la SCT, Semarnat y las empresas impugnaron el fallo, el pasado viernes quedó firma la sentencia.

En la resolución se ordena a las dependencias devolver los 72 mil metros cuadrados que fueron ocupados del ejido de Tocuila, en el tramo de la obra con el entronque con la autopista Peñón-Texcoco.

“En los próximos días se tienen que devolver las tierras para quedar como estaban previo a la construcción de la autopista. Con esto se está demostrando lo que siempre se dijo de la ilegalidad de la autopista y sobre el aeropuerto y sus obras aledañas. Las empresas ya no tiene que seguir trabajando, tienen que detener sus trabajos para proceder a la devolución de tierras”, dijo.

Sandino Rivero sostuvo que hay un plazo legal para que la SCT y la Semarnat cumplan y será mas o menos en tres semanas por lo que le tocará a las nuevas autoridades federales llevar a cabo este proceso de restitución de tierras.

Destacó que existen dos juicios de amparo más interpuestos ante los juzgados federales con sede en Nezahualcóyotl por lo que toca a los ejidos de San Salvador Atenco y Acuexcomac contra la construcción de la autopista.

La autopista Pirámides-Texcoco, es la principal vialidad que conectaría al NAICM a lo largo de 13 kilómetros, y en donde hubo una expropiación de tierras sin que se respetara el derecho de las comunidades a que fueran consultadas y a su respectiva indemnización.

Analizan en Atenco destino de terrenos que eran del NAIM

Con la participación de 20 organizaciones sociales, este domingo concluyen los trabajos del segundo encuentro de El lago: en defensa del agua, la tierra y la libertad.Foto René Ramón

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 25 de noviembre de 2018, p. 9

Atenco, Mex., Con la participación de 20 organizaciones sociales ayer se inició el segundo encuentro de El lago: en defensa del agua, la tierra y la libertad, con el propósito de proponer y determinar qué hacer con el territorio del ex lago de Texcoco una vez que Andrés Manuel López Obrador ofreció respetar los resultados de la consulta nacional en la cual se rechazó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en este lugar.

América del Valle Ramírez, en nombre del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), dijo que en estos 17 años de lucha Atenco puso los muertos, la represión y los encarcelados, pero ahora viene lo más importante: Evitar que en ese lugar se permita la construcción de plazas comerciales, o cualquier otro tipo de proyecto que atente contra el medio ambiente, el agua y la tierra.

A la explanada del pueblo de San Salvador Atenco arribaron maestros, defensores de los derechos humanos, ambientalistas, líderes sociales, estudiantes de universidades públicas y privadas, para participar en las cuatro mesas denominadas: organización contra el despojo; organización por la liberación de los presos políticos; de articulación regional de la cuenca qué hacer, qué sigue; y análisis de la coyuntura el panorama político ante el nuevo gobierno.

Nos corresponde a los pueblos tomar en nuestras manos la responsabilidad de decidir el destino de este territorio, por lo que los participantes advirtieron que no se debe dejar la decisión a una acción política del gobierno.

Plan alternativo

En la reunión se hizo un llamado a los pueblos asentados en los municipios de la cuenca del valle de México para que entre todos elaboremos un plan alternativo de desarrollo que sea y responda a las necesidades e intereses de los pueblos: derecho a la salud, a la cultura, al medio ambiente y todo el respeto al agua y a la tierra.

En el segundo encuentro participaron el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; el Sector Educativo Independiente, ENAH, UAM, UNAM y UACH, integrantes de la Universidad Iberoamericana; así como ambientalistas de Tezoyuca, Xochimilco, Tultitlán, Ixtapaluca, Chalco, Nezahualcóyotl, Tecámac y de San Pedro Tlanixco de Tenango del Valle.

Este domingo continuará el foro en el cual esperan alcanzar acuerdos y redactar los resolutivos que harán llegar al presidente electo.

Súmate al 2º Encuentro del Lago #YoPrefieroElLago

En Atenco el 24 y 25 de Noviembre.
¿Qué sigue? ¿Cómo restaurar el Lago? ¿Cómo organizamos la esperanza?

Info y Registro 👉🏾 http://todosvsnaicm.org/encuentro

21 de Noviembre 2018: Pronunciamiento de Académicos, artistas y activistas de #YoPrefieroElLago

Crisis humanitaria en Chabajebal, Chiapas

Desde el 7 de noviembre la población entera de la comunidad Tsotsil de Chabajebal (Municipio San Juan El Bosque) se ha visto en situación de desplazamiento forzado debido a un enfrentamiento armado en la comunidad. Mas de 1700 personas se encuentran en estado de gran vulnerabilidad, sin acceso a las necesidades básicas como alimento y refugio. Se hace un llamado urgente a la sociedad civil para solidarizarse con las familias afectadas. Esto es lo mas urgente :
- Frijol
- Maiz
- Arroz
- Maseca
- Sal y azúcar
- Aceite
- Cobijas
- Ropa de abrigo
Apoyemos a la comunidad de Chabajebal !

http://www.pozol.org/?p=16847

En las comunidades indígenas, nuestra esperanza de cambio: Ofelia Medina

“Vivan los cabildos que aman el arte y la poesía”, manifestó la actriz
Comunicado 1016

Xalapa, Ver.- “Los tiempos que vivimos son duros, crueles, difíciles… pero hoy sí hay motivos para celebrar la esperanza que encontramos en la palabra y en el ser de las comunidades indígenas mexicanas: Gracias a ellas tenemos esperanza del cambio, de unidad y de ser todos uno, una”, afirmó la actriz y activista María Ofelia Medina Torres.

Durante la Sesión Solemne del Cabildo en la que se le nombró “Huésped Distinguida”, junto con otros participantes en la Cátedra Aureliano Hernández Palacios de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), se refirió al mensaje profundo de los pueblos indígenas de México “en la comunidad, la colectividad; no más yo, siempre nosotras”.

Agradeció a los ediles de Xalapa por dar honores a poetas indígenas: “Pocos cabildos honran a sus poetas y por eso es un privilegio estar hoy aquí con ustedes para también honrar la memoria del maestro Aureliano Hernández Palacios. Esto se agradece por siempre. Hoy sí merecemos esta alegría, la celebramos, somos muy felices y la disfrutaremos”.

 “Vivan los cabildos que aman el arte y la poesía”, concluyó Ofelia Medina, quien se despidió de cada uno de los regidores, el Secretario, la Síndica y el Presidente Municipal, con un “Viva la vida”.

Por su parte, el doctor Fernando Santiago Vásquez, coordinador de la Cátedra Aureliano Hernández Palacios, agradeció la distinción que implica “recibir las llaves de la ciudad de la esperanza, pues representan las ideas del pueblo, la cercanía con el ser humano y con la dignidad, porque la vida sólo tiene sentido en la vida del otro yo, que somos todos”.

Explicó que esta Cátedra de Excelencia, Construyendo puentes de diálogos y experiencias, se creó en 2008 y se ratificó por el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana (UV) el 9 de marzo de 2015, para promover el estudio de la Ciencia Jurídica a través de la participación de especialistas distinguidos en labores de docencia, investigación, difusión y extensión de los servicios.

Busca favorecer la interdisciplinariedad –continuó–, con la colaboración de las y los representantes de los diversos sectores de la sociedad en el nivel nacional e internacional. También promueve el espíritu de justicia y los valores supremos del Derecho, que en vida enalteció el jurista, académico, literato, juez, magistrado y ex rector de la Universidad Veracruzana.

Fernando Santiago Vásquez enfatizó que Xalapa es una ciudad extraordinaria, intercultural, multicultural y multiétnica, donde existe la libertad de un mundo mágico y la cosmovisión no tiene barreras: “Hoy, detrás de las palabras del señor Presidente Municipal sólo hay hospitalidad y generosidad”.

Se intensifican las obras en el NAIM, denuncia el Frente de Pueblos de Atenco

Dentro y fuera de la barda perimetral de lo que sería el NAIM los trabajos no han parado e inclusive se intensificaron en los días recientes, lamentaron habitantes de Atenco. Exigieron la restitución de ejidos invadidos por los constructores y que se detengan totalmente las obras.Foto Marco Peláez

César Arellano García

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2018, p. 10

Integrantes del Movimiento #YoPrefieroelLago, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT), entre otras organizaciones en resistencia por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, denunciaron que las obras del megaproyecto continúan a marchas forzadas dentro y fuera de la barda perimetral.

Lamentaron que sigan los trabajos pese a que en la pasada consulta popular sobre el tema la opción ganadora fue la de revitalizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y construir nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía.

Los comuneros recordaron que cuentan con amparos, pero las empresas Pinfra y Cipsa siguen con obras en la autopista Pirámides-Texcoco que comunicaría a la nueva terminal con otras carreteras.

Además, denunciaron que continúan los insistentes llamados para que la señora Nieves Rodríguez y su familia abandonen su hogar que detiene la culminación de la vía.

Hace unos días la afectada denunció que recibió amenazas de muerte para abandonar su propiedad y que las constructoras terminaran de edificar una vía de comunicación terrestre. Pidió protección a las autoridades y la solidaridad de organizaciones civiles.

Por su parte, la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) dijo que no realizó amenaza a ninguna persona, como lo han asegurado distintas organizaciones y que para construir una de las vialidades que conectaría al proyecto del NAIM, la firma solamente utiliza sus terrenos para trasladarse en la zona.

Pinfra siempre ha sido respetuosa del estado de derecho, por lo cual nunca ha realizado acción alguna en contra de alguien. Sostuvo que el terreno donde se encuentra la casa de la señora Nieves Rodríguez no será utilizado para realizar dicha carretera.

Trinidad Ramírez Del Valle, del FPDT, leyó un comunicado en el que asegura que en todos los procesos de amparo contra la construcción de la autopista han presentado las evidencias de agresiones de grupos de choque. Exigieron la restitución de ejidos invadidos y que se detenga la edificación. Además, agregaron que la pasada marcha a favor del NAIM fue convocada por organizaciones afines a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Amenazan de muerte a dueña de casa que obstruye carretera del NAIM

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Domingo 11 de noviembre de 2018, p. 10

A pesar de que el proyecto del aeropuerto en Texcoco ya fue cancelado por el gobierno entrante, un par de compañías constructoras insisten en edificar una autopista que iba a comunicar a la nueva terminal aérea con las carreteras de los alrededores, cuya terminación implicaría destruir totalmente la casa de una familia, advirtió el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

Antonio Lara, director del mencionado colectivo, explicó en entrevista que en 2013, cuando el presidente Enrique Peña Nieto ya había anunciado el proyecto, las empresas Pinfra y Cipsa comenzaron a construir una vialidad que pretendía unir esa terminal con tres autopistas cercanas: México-Pirámides, México-Tuxpan y Peñón-Texcoco.

Ambas compañías diseñaron el trazo de la carretera sin tomar en cuenta que en medio de cierto tramo, entre las comunidades de San Salvador Atenco y Acuexcomac, hay una casa –propiedad de la señora Nieves Rodríguez y su familia– que tendría que ser derrumbada por completo.

Empezaron a construir la carretera así nada más, sin avisarle a la dueña ni a su familia, porque en 2013-2014 era impensable que se cancelara el aeropuerto, y por eso la hicieron con el dolo de destruir todo lo que estuviera a su paso. Si desde el principio se hubiera hecho un trazo para evitar la destrucción de viviendas, no tendríamos hoy este conflicto, lamentó.

De acuerdo con Lara, las empresas se acercaron a la dueña del inmueble para ofrecerle dinero para que permitiera el derribo de su propiedad, pero ella se negó a escuchar cualquier ofrecimiento, al considerar que esa era la casa donde habían crecido sus hijos y porque no le habían notificado antes sobre la construcción de la carretera ni le preguntaron si estaba dispuesta a vender o no.

Luego de que se anunciara la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco, las dos compañías responsables de la autopista siguieron con los trabajos, con la intención de terminar la vialidad, pero la señora Rodríguez siguió negándose a abandonar su casa.

A inicios de la semana uno de los hijos de la propietaria recibió una llamada telefónica anónima, para amenazar a la familia con matarlos si no se iban de su casa, prácticamente de un día para el otro. Al avisar de lo ocurrido, vecinos de la mujer e integrantes de organizaciones civiles le manifestaron su solidaridad y aceptaron custodiar el inmueble para evitar alguna agresión.

Hoy no es un tema de dinero, porque la señora Nieves está poniendo por delante su dignidad y el compromiso que hizo con su familia de mantener ese espacio, que puede ser una casa humilde, pero para ella es su hogar, y eso hace imposible la construcción de la carretera sin que haya violencia, advirtió Lara.

Pobladores de Atenco instalan plantón para evitar avance de la vía Pirámides-Texcoco

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2018, p. 16

San Salvador Atenco, Méx., Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco instalaron un plantón en sus ejidos para impedir el paso del personal y la maquinaria de Cipsa y Pinfra, empresas que construyen la autopista Pirámides-Texcoco, la cual formaba parte de la red vial del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Se trata de evitar que derriben la vivienda de la señora Nieves Rodríguez, que quedó en medio de la carretera y con un amparo ha impedido el avance de la obra.

La tarde de este jueves, un grupo de comuneros colocó una lona e instaló el plantón frente a la casa de Nieves, luego de que por segunda ocasión, personal y maquinaria de las empresas incursionaron en la zona con la intención de continuar la obra. En el camino lateral que da a los ejidos, los miembros del FPDT también colocaron tambos para evitar el paso de la maquinaria y mantienen guardias permanentes.

Los manifestantes argumentaron que en dos ocasiones la maquinaria ha incursionado en sus ejidos con la intención de derribar la vivienda.

Desde temprano, decenas de camiones con material se introdujeron a la zona y amedrentaron a la propietaria.

La obra Pirámides-Texcoco, que aún se construye, preveía conectar las autopistas México-Pirámides y Peñón Texcoco, además del corredor México-Tuxpan, con el NAIM.

La obra de 13 kilómetros pasa por los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, la Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac. No han podido terminarla porque los ejidatarios interpusieron amparos.

CALAVERA AEROPORTUARIA-Fisgón