martes, junio 06, 2017

Ni un muerto más en estancias subrogadas, exigen padres de niños de la guardería ABC

  • En Hermosillo, 3 mil personas marchan en protesta por ocho años de dilaciones e impunidad
  • Manifestantes colocan un antimonumento frente a oficinas del IMSS
  • Demandan a magistrado dar ejemplo en la impartición de justicia
Activistas, ciudadanos y familiares de los niños que perecieron hace ocho años en la guarderia ABC de Hermosillo, Sonora, marcharon ayer del Ángel de la Independencia a las oficinas del IMSS, en Reforma, donde develaron un antimonumento en memoria de los menoresFoto Alfredo Domínguez
César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Martes 6 de junio de 2017, p. 30
Ocho años después de la tragedia en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, padres y familiares de las víctimas, entre otros ciudadanos, colocaron una escultura de metal de aproximadamente cuatro metros de altura frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Reforma, en la que se lee 49 ABC ¡Nunca más! pintado de azul, rosa y verde.
“Estos niños no debieron morir en una guardería subrogada por el IMSS y este antimonumento se los va a recordar. Se cumplen ocho años del día infame en que la negligencia y la corrupción de las autoridades mexicanas causaron la muerte de 49 niños y lesiones de diferentes grados a 80, quienes aún luchan heroicamente con la esperanza de tener un mañana mejor, más sanos y felices. Nuestros niños deberían estar aquí entre nosotros, rodeados de sus seres queridos y con la oportunidad de tener una vida plena”, afirmaron.
Al mediodía ofrecieron una conferencia de prensa para exigir a las autoridades que cumplan la sentencia condenatoria contra particulares y servidores públicos que el año pasado dictó el juez primero de distrito en Sonora, y sostuvieron que los verdaderos culpables son el ex gobernador priísta de Sonora Eduardo Bours Castelo y los cuatro dueños de la guardería, de los cuales sólo dos están bajo proceso.
Julio Márquez, padre de Yeyé, indicó que a partir de 2011, cuando entró en vigor la Ley 5 de junio, que garantiza seguridad a menores en guarderías, han muerto 60 menores en centros de atención infantil, incluiso en la Ciudad de México, el estado de México y Sonora. Además, cinco entidades aún no cuentan con una ley en la materia: Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Campeche, señaló.
La marcha partió del Ángel de la Independencia. Inicialmente iba a dirigirse a la Plaza de la Constitución, pero modificaron la ruta para instalar el antimonumento, donde nombran a cada uno de los menores muertos y colocaron fotografías de ellos.
“¡No más bebés o niños muertos en las guarderías del país! Seguimos caminando. Seguimos levantando la voz, y hoy también marcamos nuestras calles con un símbolo de memoria porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido. En sus grandes edificios, en sus avenidas turísticas, la aparente normalidad por fin se rompe: todos deben saber que el Estado mexicano debe las vidas y la felicidad de nuestros hijos e hijas.
Exigimos al magistrado del primer tribunal unitario en Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá, que actúe con celeridad y justicia. Le recordamos que se ha cumplido un año desde que está a cargo del expediente y obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el juez primero de distrito. Esperamos que no dilate la resolución, que siente un precedente en impartición de justicia en un país donde la impunidad es la salida constante cuando hay un clara responsabilidad del mismo Estado.
Atención deficiente a sobrevivientes, señalan
Cristina Gómez Lima Corresponsal
Hermosillo, Son.
Unas 3 mil personas, entre ellas padres, familiares y niños sobrevivientes del incendio en la guardería ABC, marcharon ayer, por octavo año consecutivo, a fin de exigir justicia para los 49 menores que perecieron y más de 70 que resultaron gravemente heridos en la conflagración en esa estancia, el 5 de junio de 2009.
Reprocharon la lentitud de las autoridades en la investigación y que hasta ahora ninguna persona haya sido encarcelada por la conflagración, pese a que hay más de 20 personas sujetas a proceso penal, entre ellas funcionarios de los tres niveles de gobierno y socios de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cada año, activistas y parientes de víctimas organizan actividades en memoria de los niños y celebran a los sobrevivientes, algunos de los cuales sufrieron quemaduras de primer y segundo grados y lesiones en los pulmones, entre otras secuelas.
Danna Paola, de 10 años, dijo en recuerdo de sus compañeros: Nos separaron en esta vida, y aunque te extraño mucho sé que en el cielo eres muy feliz. Fuimos compañeros de aventuras, de fiestas infantiles, de pañales y de leche; hemos compartido una misión: no permitirle al mundo que olvide lo que nos pasó.
La mañana de ayer, las familias de los deudos y sobrevivientes se reunieron para celebrar una misa, en la que el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, hizo un llamado a las autoridades a que el proceso jurídico se realice conforme a la ley.
Durante la ceremonia, oficiada en la calle, frente a lo que fue la guardería ABC, los manifestantes se quejaron de que la atención médica que por decreto presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa se brindó a los más de 79 niños heridos es insfuciente, por lo que ellos continúan en una lucha jurídica por mejorar el nivel de atención de especialistas del Seguro Social.
Jamás perdonaré al Estado
Patricia Duarte, mamá de Andrés Alonso, quien pereció en el incendio, recordó: A esta hora recibí la llamada que jamás hubiera querido escuchar. No perdono, jamás perdonaré al Estado mexicano ni a los particulares asesinos. No les otorgo el perdón; de mi parte no lo obtendrán. Es mucho el daño que han hecho y siguen haciendo.
En mayo de 2016, las autoridades judiciales dictaron sentencia en primera instancia contra 22 personas, tres de las cuales fueron absueltas y 19 recibieron fallo condenatorio.
Por la noche, unas 3 mil personas marcharon de las ruinas de la guardería a las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora.

lunes, junio 05, 2017

Marcha por Justicia ABC - 5 de junio

ABC: 8 años de injusticia e impunidad



Exigen justicia a 8 años de incendio en Guardería ABC

Cristina Gómez Lima, corresponsal

Hermosillo, Son. A ocho años del incendio en la Guardería ABC, padres, familiares y menores sobrevivientes exigen justicia para los 49 bebés que perdieron la vida y los más de 70 que resultaron gravemente heridos.
Los padres de las víctimas efectuaron la vigilia y misa en memoria de los menores fallecidos y planean por la tarde la “Marcha por la Justicia” en las principales avenidas de Hermosillo, para llegar a las ruinas de la que fue la estancia infantil, entre cuyos propietarios se encontraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo (prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón) absuelta en 2016 en el caso, ya reabierto.
Luego de la misa en honor a los 49 bebés que fallecieron a causa de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, los padres de las víctimas se manifestaron inconformes por la impunidad que ha prevalecido en este caso y la lentitud en la impartición de justicia.
Hasta el momento, ni funcionarios, ni ex propietarios (Gildardo Francisco Urquides Serrano, Matilde Altagracia Gómez del Campo y Sandra Lucía Téllez Nieves) han piso la cárcel por su presunta responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC. Hasta el momento, hay más de 20 personas sujetas a proceso penal, entre éstas funcionarios de los tres niveles de gobierno y socios de la subrogación del IMSS.
“Seguimos enfrentando un manto de impunidad, y aunque le apuestan al cansancio de las madres y padres de familia, no vamos a renunciar a la impartición de justicia. El caso se reabrió y hay aportación de nuevas pruebas. Tenemos fe y trabajamos al lado de la PGR, porque los asesinos de nuestros hijos tienen nombre y apellido. Este fue un crimen de Estado”, sostuvo Juanita Luna, madre de Jonathan, quien tenía tres años cuando falleció en el incendio.

sábado, junio 03, 2017

Comunicado del FPDT - Atenco ante las elecciones en el Edomex


En el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra desde su nacimiento y hasta la fecha defendemos y mantenemos nuestro principio apartidista, lo que no nos impide tener y asumir una posición frente al escenario electoral que está por concretarse en la entidad mexiquense.

En por lo menos los últimos 17 años, los pueblos de la orilla del agua, de los municipios de Atenco y Texcoco, hemos padecido la ignominia de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos, que han usado sus artimañas para imponer el millonario negocio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pretenden construir en nuestras tierras. Sin dejar de señalar y condenar la responsabilidad de otros partidos y grupos de poder del espectro mexiquense, durante todos estos años de lucha y resistencia en defensa de la tierra, la mafia del PRI (en particular el grupo Atlacomulco cuna de Peña Nieto y Alfredo del Mazo), ha sido la principal responsable de todo el agravio contra Atenco y los pueblos en resistencia. 

En el Estado de México los que luchamos y nos organizamos en defensa de nuestro territorio vivimos bajo represión permanente, amenazados por la venganza de los poderosos que legalizan y promueven la represión mediante la Ley Eruviel. Nos enfrentamos a la compra de voluntades, coacciones, chantajes, intimidaciones y hostigamiento contra la población en general. Pero también nos enfrentamos a la corrupción que expande el veneno priísta entre nuestras instancias y autoridades locales, como el comisariado ejidal, los delegados y concejo de participación ciudadana. Anteriormente, estas instancias se caracterizaban por ser un poder popular alterno, capaz de representar, regular, fomentar, defender y ofrecer soluciones a las necesidades de la vida comunitaria; hoy, la mafia priísta las ha cooptado, salvo por contadas y dignas excepciones, para convertirlas en instrumentos del despojo.

Fue el PRI el que ordenó la barbarie y venganza contra Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, que trajo a nuestro pueblo allanamientos, persecución, cárcel, tortura, abusos sexuales, e impunidad total para los perpetradores y quienes dieron la orden, entre ellos Peña Nieto.




Es el PRI el principal promotor y operador del despojo de nuestro territorio para la construcción del Aeropuerto, con estrategias de miedo y manipulación, ofreciendo dinero a cambio de complicidad en el despojo, causando el enfrentamiento entre la comunidad y la descomposición social.


El PRI se ha instaurado como dictadura gracias a toda la sangre que ha derramado contra el pueblo, contra la disidencia, contra las y los insumisos y rebeldes en el Estado de México y todo el país. 

En estos años de resistencia hemos aprendido una lección: al PRI se le vence en la lucha, al sistema corrupto que ha creado se le derrota con la movilización. Nuestra principal arma siempre será la organización desde abajo, porque es desde abajo y profundo donde hemos de arrancar la maleza del PRI y toda la ideología mezquina de los partidos mercenarios, es desde abajo y profundo donde puede germinar la semilla de las nuevas generaciones que nacerán y se mantendrán de pie. Nuestro pueblo ha vencido a la mafia priísta apelando a la razón, a la unidad, a la firmeza, a la tradición, a nuestra identidad y al amor a la tierra. 


Llamamos a todos los pueblos del Estado de México que defienden, resisten y luchan por la vida, por la madre tierra y el agua, por los abuelos y cerros guardianes, por los bosques, por el respeto a la autonomía de decidir el curso de nuestra vida; llamamos a las mujeres, madres y padres de familia, estudiantes, campesinos, indígenas, maestros, periodistas honestos, colonos, profesionistas, comerciantes y todas y todos los que militamos por una vida digna, libre y con justicia; llamamos a todos a repudiar al PRI activamente, aún después de las elecciones, en la organización de nuestra gente, en la defensa de lo nuestro, en el trabajo constante para mantener y recuperar el tejido social de nuestras comunidades.

¡Condena y repudio al PRI!

¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!


Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra


Atenquenses denuncian agravio del PRI


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Sábado 3 de junio de 2017, p. 7
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) advirtió que desde hace casi dos décadas, los pueblos de la orilla del agua, de los municipios de Atenco y Texcoco, han padecido la ignominia de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos, con artimañas para imponer el millonario negocio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pretenden construir en sus tierras.
En este proceso, dijo, el PRI ha sido el principal responsable de todo el agravio contra Atenco y los pueblos en resistencia. Nuestra lucha, añadió el frente, nos ha significado vivir bajo represión permanente. Nos enfrentamos a la compra de voluntades, coacciones, chantajes, intimidaciones y hostigamiento contra la población en general, pero también nos enfrentamos a la corrupción que expande el veneno priísta en nuestras instancias y autoridades locales, señaló el frente en un ­comunicado.
El PRI, agregó, ordenó la barbarie y venganza contra Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, que trajo a nuestro pueblo allanamientos, persecución, cárcel, tortura, abusos sexuales e impunidad total para los perpetradores y quienes dieron la orden, entre ellos Peña Nieto.
Llamamos a todos, señaló el frente, a repudiar al PRI activamente, aun después de las elecciones, en la organización de nuestra gente.

jueves, junio 01, 2017

Plazo a la PGR para entregar resultados sobre el caso Iguala


  • Presentan cronograma de la investigación
  • Piden padres aclarar participación del Ejército

Protesta frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos sostuvieron una reunión con funcionariosFoto Marco Peláez
Gustavo Castillo y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Jueves 1º de junio de 2017, p. 13
Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, emplazaron al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, a entregar a más tardar en la segunda semana de agosto resultados concretos de la investigación sobre la presunta participación de elementßos de la Policía Federal y del Ejército en el llamado caso Iguala, así como en el trasiego de droga de ese municipio a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y el análisis a los números telefónicos de los estudiantes y detenidos.
Tras más de dos horas de una ríspida reunión –donde asistieron funcionarios de las secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como integrantes del equipo técnico del mecanismo de seguimiento designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, las autoridades federales entregaron a los padres y representantes un cronograma que fija fechas para dar avances, sin embargo, algunas se postergan hasta octubre.
No estamos hablando de investigaciones que van comenzando, algunas iniciaron desde septiembre de 2015, tras la presentación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Creemos que hemos dado el suficiente tiempo y espacio para avanzar en esos puntos, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
En una conferencia de medios a las afueras de la PGR, luego de la reunión, explicó que otra demanda de los padres es que el diálogo con las autoridades tiene que darse en el momento en que sea necesario y no sólo cuando estén presentes los representantes de la CIDH. El diálogo entre las partes tiene que fluir en todo momento y eso al parecer fue aceptado por la PGR.
Entre las líneas de investigación que seguirá la PGR y que deberá concluir se encuentra lo relacionado con la intervención de la Policía Federal, la policía municipal de Huitzuco y la identificación de los personajes citados como El Patrón y El Caminante, ya que todos ellos habrían intervenido en la desaparición de los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, en manos del cártelGuerreros Unidos.
Vidulfo Rosales reconoció que la línea más compleja es la del Ejército. En el cronograma de la PGR se pretende concluirla en octubre, pero el emplazamiento es entregar esta información en agosto.
Asimismo, indicaron que la demanda de investigación en contra de Tomás Zerón de Lucio por haber realizado una diligencia irregular en el río San Juan, dijo ha quedado rezagada, para dar oportunidad de avanzar en el caso. Por eso no figuran el tema de Tomás Zerón ni del ocultamiento de la libreta que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias y en la que aparecen los nombres de jefes policiacos que laboraban en Iguala, dijo el litigante.
Al término de la reunión, la cual fue ríspida, un grupo de padres pintaron el salón de la PGR con la principal exigencia a las autoridades del gobierno federal: Nos faltan 43. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Esta es la segunda ocasión en que los padres de los 43 se reúnen con el procurador Cervantes, y la primera después del plantón de 26 días –entre abril y mayo– que mantuvieron frente a la PGR, en demanda de diálogo.
A este encuentro asistieron también los subsecretarios de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; la subprocuradora Sara Irene Herrerías, y el fiscal del caso, Alfredo Higuera, así como los representantes de la CIDH.
Respecto del encuentro entre padres de los normalistas y autoridades, la PGR informó que seguirá poniendo en marcha acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI y que dará a conocer información periódicamenterespecto a los avances de la indagatoria.
El procurador Raúl Cervantes afirmó que continúan abiertas todas las líneas de investigación con relación a la desaparición de los estudiantes y reiteró que las puertas de la dependencia siempre estarán abiertas para que se conozcan los resultados de las investigaciones, con el compromiso de dar continuidad a las reuniones establecidas en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, con los padres y sus representantes.

sábado, mayo 27, 2017

El miércoles, cita informativa de padres de los 43 con funcionarios federales

Asistirán representantes del Mecanismo de Seguimiento: Vidulfo Rosales
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 27 de mayo de 2017, p. 13
El próximo 31 de mayo, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos van a sostener una reunión con los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, así como con funcionarios del gobierno.
Así lo indicó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, quien señaló que en el encuentro los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores detallarán a los padres de los normalistas cuáles han sido los avances en las indagatorias que demandaron explorar.
Se trata de cuatro líneas de investigación que el GIEI recomendó agotar, entre ellas la probable participación del Ejército en la agresión contra los 43 estudiantes; el análisis de los datos de telefonía celular tanto de los jóvenes como de sus agresores, y el supuesto involucramiento de policías federales y municipales de Huitzuco en la desaparición de 25 alumnos.
De igual forma, los padres y madres de los jóvenes han exigido que se explore la hipótesis de que la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra sus hijos estuvo motivada porque tomaron accidentalmente un autobús de pasajeros que transportaba droga de Iguala a Chicago.
El litigante informó lo anterior durante la marcha que realizaron ayer los familiares y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa, del llamado antimonumento a los 43 a la PGR, para conmemorar los 32 meses del ataque contra los estudiantes y exigir que el gobierno dé con su paradero y castigue a los responsables del crimen.
Para Rosales, la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido contra los estudiantes de Ayotzinapa forma parte del continuo de impunidad que se vive en México desde hace décadas para dejar sin castigo múltiples casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otras violaciones graves a los derechos humanos.
Durante el mitin frente a la PGR, Cristina Bautista, madre de uno de los 43 desaparecidos, subrayó que a 32 meses de los hechos no es posible que no nos puedan decir la verdad, pero queremos decir al gobierno que aquí estamos y que no vamos a parar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, denunció que el verdadero objetivo de la PGR durante todo el tiempo que ha pasado tras el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa es ocultar la verdad para evitar que los responsables sean castigados.

jueves, mayo 25, 2017

XXXII Acción global por Ayotzinapa y México


Libreta de contactos, clave en el caso de los 43 desaparecidos

En ella aparece el nombre del actual director de la AIC
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de mayo de 2017, p. 6
A partir de la denuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de que hubo ocultamiento de información en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se inició una indagatoria en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
El señalamiento de que se ocultó información se presentó en noviembre de 2016, y para ello tanto los expertos internacionales como los padres de los normalistas, señalaron la existencia de una libreta de contactos que fue confiscada a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros unidos.
En la libreta aparecen incluso diversos nombres de jefes policiacos que laboraban en Guerrero en la fecha en que ocurrió el ataque de Guerreros unidos en contra de los normalistas.
Entre los nombres que aparecen se encuentra el de Omar Hamid García Harfuch, actual titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien en septiembre de 2014 se desempeñaba como coordinador regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero. En la misma libreta, con nombres y teléfonos aparece también Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex secretario de seguridad pública del estado.
Las fuentes refirieron que la Visitaduría General de la PGR tiene abierta una indagatoria para sancionar a los funcionarios que hayan ocultado evidencia a los investigadores internacionales, representantes legales y padres de los 43.
En este caso ya se descartó que García Harfuch haya estado presente el día de los hechos en el municipio de Iguala, ya que se encontraba de comisión en el estado de Michoacán, y no se localizaron reportes telefónicos entre él y Sidronio Casarrubias.
Por otra parte, la PGR sigue a la espera de que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa resuelva un juicio de amparo promovido por los padres de los 43 normalistas para sancionar administrativamente a los responsables de una diligencia llevada a cabo en el río San Juan, donde se localizaron restos óseos que el Ministerio Público Federal ha señalado pertenecen a los estudiantes desaparecidos.
El juez deberá determinar si la visitaduría actuó con apego a derecho y solamente se debe sancionar de manera administrativa a peritos, agentes del Ministerio Público y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. En caso contrario, explicaron los entrevistados, podría determinarse que se debe actuar penalmente en contra de ellos.

lunes, mayo 22, 2017

Peña será investigado por violaciones en Atenco: CIDH

POR  EL ZAPPO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha conseguido que se abra una investigación contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por las vejaciones que sufrieron más de una decena de mujeres después de las manifestaciones de San Salvador Atenco por parte de elementos de la policía durante su gubernatura en el Estado de México.

Han tenido que pasar 11 años para que el actual presidente de México y exgobernador del Estado de México sea investigado por las “sospechosas y despectivas declaraciones” que emitió sobre las 11 mujeres que aseguraron haber sido víctimas de violación y tortura por parte de “elementos uniformados el 3 y 4 de mayo de 2006 mientras eran trasladadas para su detención o ya que estaban detenidas”.

El desdén hacia la situación por parte del entonces gobernador derivó en que el litigio iniciado por las denuncias de 11 mujeres que acusaron “haber sido víctimas de tortura sexual”, no prosperara. La investigación, sin embargo, se retoma 11 años después.

La CIDH emitió un comunicado donde asegura que “los agravios contra los atenquenses y sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas, son merecedoras de medidas administrativas, disciplinarias o penales”. Además, recalca que se tuvo que remitir el caso a la Corte Interamericana, ya que “este fue rechazado por el Estado mexicano, quien se negó a atender las demandas en 2015”.

A su vez, el comunicado menciona “que el caso se relaciona con violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez , Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”.

“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, indicó la CIDH.

domingo, mayo 21, 2017

Padres de los 43 anuncian más protestas


Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de mayo de 2017, p. 12
Tixtla, Gro.
La Asamblea Nacional Popular (ANP), integrada por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y magisteriales, acordó continuar la búsqueda y la lucha por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y condenó el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa.
Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, manifestó que el asesinato de Valdez Cárdenas y de otros periodistas más es implementado por el Estado mexicano, coludido con la delincuencia organizada en contra de los comunicadores que dicen la verdad.
El viernes, decenas de dirigentes de diversas organizaciones sociales se reunieron en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, donde analizaron varias propuestas planteadas por los asistentes.
Melitón Ortega mencionó algunas: Se ratificaron los ejes de la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas; la liberación de los presos políticos de la entidad, y el cumplimiento del gobierno federal de todas las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En ese sentido, dijo que las organizaciones acordaron que el próximo 26 de mayo se llevará a cabo una marcha en Ciudad de México.

viernes, mayo 19, 2017

Sting rindió homenaje a los normalistas de Ayotzinapa


Sting rindió homenaje a los normalistas de Ayotzinapa en su concierto, vistiendo una camiseta con las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos e interpretó la canción "Fragile".

jueves, mayo 18, 2017

Sting por Ayotzinapa

El músico británico Sting se une a la exigencia de verdad y justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

En colosal concierto, Sting recuerda a los 43 de Ayotzinapa


miércoles, mayo 17, 2017

Padres y madres de los 43 levantan plantón frente a PGR

Logran que el gobierno retome cuatro líneas de investigación
Estudiantes normalistas marchan en avenida Juárez durante la jornada por AyotzinapaFoto Cristina Rodríguez
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de mayo de 2017, p. 15
Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos retiraron este martes el plantón que mantuvieron durante 26 días frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
La decisión fue adoptada luego de lograr que el gobierno federal ratificara el compromiso de retomar las cuatro líneas de investigación dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Iguala, y acordar al menos dos reuniones con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A estos encuentros se ratificó la cita acordada con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programada para el próximo 31 de mayo en la Ciudad de México.
Al hacer un balance de lo alcanzado en estos 26 días de plantón indefinido, los padres y madres señalaron que esta acción les permitió presionar al gobierno para que continúe las investigaciones, pues la pretensión oficial era cerrar el caso, como lo evidenciaron los representantes del Estado mexicano en marzo pasado durante la reunión que tuvieron con la CIDH en Washington, donde volvieron a defender la teoría del basurero de Cocula.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, explicó que durante estos días de plantón se pudo construir una ruta de dos mesas de trabajo con el gobierno federal. La primera, el 31 de mayo con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, donde se prevé que asistan altos representantes de Gobernación, la PGR y cancillería, junto con los padres y madres de familia. La segunda, agregó, con fechas todavía por definir, pero que serán reuniones con el secretario Osorio Chong, antes y después del encuentro con la Comisión Interamericana.
Al leer el posicionamiento en el que informaron del retiro del plantón, Hilda Leguideño, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, reprochó la ‘‘displicencia” mostrada por las autoridades, principalmente el procurador Raúl Cervantes Andrade.
Las líneas de investigación dejadas por el GIEI, y exigidas ahora por los padres, son: apertura de una indagatoria sobre la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los normalistas y la detención de elementos de la Policía Federal y municipal de Huitzuco, ante evidencias de que ellos se llevaron al menos a 25 jóvenes.
Las otras dos son investigar la telefonía celular, tanto de los aparatos propiedad de los detenidos por el caso, como de los estudiantes desaparecidos, pues se tienen pruebas de que algunos aparatos siguieron funcionando después de los hechos. Por último, avanzar en la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago, y que podría ser el móvil de la agresión en contra de los estudiantes.
Antes de la lectura del posicionamiento, los padres y madres de familia y normalistas guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia, especialmente por el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos.
Previamente, estudiantes y representantes de organizaciones solidarias con los padres de familia realizaron una marcha del Antimonumento + 43, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, al campamento que mantenían desde hace 26 días frente a las instalaciones de la PGR. Finalmente, en la tarde-noche iniciaron en varios autobuses el regreso al estado de Guerrero.

lunes, mayo 15, 2017

Insisten padres de los 43 en que PGR abra cuatro líneas de investigación

Acto político-cultural en el Monumento a la Revolución
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de mayo de 2017, p. 4
En un acto más para exigir la verdad y la justicia, así como para demandar a las autoridades la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer en el Monumento a la Revolución se vivió una jornada más en la incansable lucha de los familiares de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014.
Acompañados por integrantes de organizaciones de la sociedad civil, artistas y ciudadanos, los padres y madres de los normalistas convocaron a un acto político y cultural denominado Cuatro puntos para la verdad y la justicia, donde insistieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) abra cuatro líneas de investigación para resolver el caso.
Entre música, baile y performance, los familiares de los 43 normalistas aseguraron que no descansarán hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ‘‘nos entregue a nuestros hijos, hasta que nos diga qué fue lo que realmente pasó’’ entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
‘‘Ya vamos para 32 meses y no es posible que el gobierno no pueda dar con el paradero de 43 jóvenes’’, aseguró la señora Blanca Nava, madre de José Álvarez Nava, uno de los estudiantes desaparecidos aquella noche en Iguala, Guerrero.
Recordaron que desde el pasado 20 de abril se instalaron en plantón indefinido frente a la sede de la Procuraduría General de la República en demanda de que las autoridades incluyan en las indagatorias nuevas líneas de investigación, pero hasta el momento no ha habido respuesta afirmativa. ‘‘No hay voluntad política para aclarar el caso’’.
Una línea apunta hacia el Ejército Mexicano, ‘‘pues integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, tuvieron conocimiento de los hechos y supieron a dónde se llevaron’’ a los jóvenes; otra demanda es que se investigue a elementos de la policía municipal de Huitzuco, ya que –dijeron– al menos 25 normalistas fueron llevados a esa región.
Una petición más es que se siga la pista de la telefonía celular, pues los teléfonos móviles de varias de las víctimas estuvieron funcionando después de la noche en que supuestamente fueron quemados, con todo y pertenencias, en el basurero de Cocula, como ha apuntado la llamada ‘‘verdad histórica’’.
Finalmente, dijeron, está el tema de la red de narcotráfico que envía droga en autobuses desde Iguala hasta Chicago.
El acto realizado en el Monumento a la Revolución por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos contó con el apoyo artístico de La Otra Rima, Gustavo Franco, Mexican Sound y el Son de Ahuentli.
Ahí, Blanca Nava, madre de uno de los jóvenes, pidió a la ciudadanía ‘‘no dejarnos solos en esta lucha, porque es demasiado dolor vivir día tras día e intentar dormir noche tras noche sin saber nada de tu hijo’’.

sábado, mayo 13, 2017

Confirma el gobierno que este mes habrá reunión con padres de los 43 normalistas

Familiares de los estudiantes y grupos que los apoyan anuncian que seguirán en CDMX
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de mayo de 2017, p. 8
El gobierno federal confirmó que habrá una reunión, antes de que concluya el mes, con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La evaluación del caso se realizaría, por separado, con el procurador general de la República, Raúl Cervantes, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Mientras, los familiares de los estudiantes –desaparecidos en septiembre de 2014– e integrantes de grupos que los acompañan en sus movilizaciones dijeron que continuarán en Ciudad de México.
Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los familiares, subrayó que no son apologistas de la violencia (dos protestas terminaron en incidentes), pero hay reacciones ante la indolencia de funcionarios y legisladores.
Aunque se pronunció en favor del restablecimiento del diálogo político con Gobernación, al mismo tiempo continúa la presión en las calles para que la investigación tenga resultados concretos.
Queremos saber si hay voluntad política para que resuelvan [el caso] en este sexenio, precisó antes de ingresar a Gobernación, donde una comisión de siete personas conversó con el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Roberto Campa, con quien ya se habían reunido el 9 de mayo.
En esa ocasión las autoridades se comprometieron a adelantar la visita a México de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dan seguimiento al caso Ayotzinapa. En ese contexto se desarrollará la sesión con el procurador Cervantes y el secretario Osorio, quien viajará la semana próxima a Tamaulipas y luego a Washington.
El gobierno reiteró ayer que están vigentes las medidas cautelares dictadas por la CIDH y el compromiso de llegar a la verdad. Estamos abiertos, estamos trabajando, dijo entonces el fiscal del caso, Alfredo Higuera.
Campa subrayó que hay un trabajo serio, a fondo, que se viene haciendo, relacionado con la parte sustantiva de sus peticiones, relacionado con la investigación, búsqueda [de los 43 jóvenes] y atención a víctimas... la reunión [con Osorio] será en los siguientes días.
Vidulfo Rosales lamentó el trato que se da en todo el país a las víctimas del delito, familiares y defensores de derechos humanos, así como las permanentes agresiones, como la ocurrida a la activista Miriam Rodríguez, asesinada el 10 de mayo, presuntamente en represalia por su trabajo para lograr la detención de quienes asesinaron a su hija.
Lamentablemente, este gobierno no está privilegiando la agenda de derechos humanos, que adquirió cierta importancia después del 26 de septiembre de 2014 [desaparición de los normalistas], ahí fue motivo de preocupación, y ahora este gobierno tiene otras prioridades, y vemos cómo se ha desbordado la violencia en todos los ámbitos y niveles, señaló.
El tema de los desaparecidos sigue ahí, sin avance: una ley congelada en la Cámara de Diputados y agresiones a defensores.
La muerte de la compañera Miriam es muestra de cómo las autoridades no establecen medidas de prevención ante las agresiones; los familiares de los desaparecidos no tienen garantías, pese a que están colocados al filo del peligro, dijo Rosales.
Ayotzinapa tiene una oficina especial para la investigación y aun así todo es muy complicado, porque aunque se avanza con tomos y tomos (de investigación) y de detenidos, no se sabe nada del paradero de los normalistas.

viernes, mayo 12, 2017

Normalistas lanzan cohetones contra el Senado por negarse a recibirlos

  • Legisladores habían pactado formar una comisión con padres de los 43
  • Pisoteó el acuerdo, afirman familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de mayo de 2017, p. 10
Ante la negativa a ser recibidos por legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, lanzaron tres cohetones al interior del Senado de la República, que al explotar destruyeron una de las puertas de cristal de la entrada principal, ubicada frente a la plaza Pasteur.
Tras esta acción, decenas de policías obligaron al contingente de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y al grupo de normalistas a replegarse hasta el monumento de Cuauhtémoc, en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, desde donde más tarde regresaron al plantón que mantienen desde hace 21 días frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir avances concretos en la investigación del caso.
El Comité de Padres de los 43 denunció en un comunicado que el Senado pisoteó los acuerdos alcanzados en la reunión de la semana pasada, y ayer, sin previo aviso y de manera unilateral, suspendió la reunión pactada el miércoles 3 de mayo. La informalidad y displicencia de los senadores nos indigna, señala el pronunciamiento.
Los padres de los 43 tenían una cita, a las 13 horas de este jueves, con el grupo de legisladores que los recibió la semana pasada, con quienes acordaron integrar una comisión especial para el caso Ayotzinapa y la comparecencia del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, para que informara sobre los avances de las cuatro líneas de investigación recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Sin embargo, al llegar al recinto legislativo, poco después de las 13 horas, personal del Senado informó a los padres que no habría reunión y cerraron las puertas que dan a la plaza Luis Pasteur.
Entonces los padres y los normalistas que los acompañaban empezaron a golpear con piedras los tubos de la reja que rodea al Senado durante varios minutos, e incluso intentaron abrir las puertas corredizas, pero no lograron hacerlo.
Sin embargo, al alejarse, lanzaron tres cohetones que retumbaron en el interior del inmueble legislativo, destrozando las hojas de cristal de la puerta de acceso.
Ante las explosiones y el estruendo que produjeron, decenas de policías, con escudo y protección corporal, se colocaron alrededor de la Plaza Pasteur y replegaron a los manifestantes hacia el arroyo vehicular, donde estuvieron casi una hora, sin que hubiera mayores incidentes.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, reprochó la actitud de los legisladores y dijo que aun cuando el senador Alejandro Encinas ofreció atenderlos, la propuesta fue rechazada, pues el acuerdo no fue con él en lo personal, sino institucional, con una comisión legislativa que violó lo pactado la semana pasada.
Afirmó que el comportamiento de los legisladores provocó enojo e indignación entre los padres.
Sólo Alejandro Encinas acudió a la cita y gestionó que se les permitiera el ingreso
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
De los 10 integrantes de la Comisión Permanente que se habían comprometido a recibir a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sólo asistió a la sede senatorial Alejandro Encinas, además de elementos de la Policía Federal, que formaron fuerte dispositivo alrededor de la sede de Reforma e Insurgentes.
El senador Encinas lamentó que los demás senadores y diputados faltaran a la cita y explicó que hizo gestiones para que se permitiera a los familiares de los normalistas ingresar a la sede, pero la mesa directiva puso trabas y éstos se enojaron, se generó el conflicto y se retiraron.
El pasado 3 de mayo, la Comisión Permanente nombró a un grupo de legisladores para que se reuniera con los padres de los 43 normalistas.
Los senadores José Olvera y Verónica Martínez (PRI) y David Monreal (PT), así los diputados Francisco Martínez Neri (coordinador de la bancada del PRD), Benjamín Medrano y Armando Luna (PRI), Dora Luz de León (PVEM), Alejandro González (PES) y Karina Sánchez (Panal), se reunieron ese día con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, escucharon sus demandas y se comprometieron a recibirlos el jueves 11 a la una de la tarde.
Ninguno se presentó ayer a la cita y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, tuvieron que lidiar con elementos de resguardo del Senado, que no les permitieron entrar.
El senador Encinas comentó que, sin ser integrante de la Comisión Permanente, estuvo en la reunión del 3 de mayo y ayer ofreció recibirlos, para informarles sobre los dos puntos de acuerdo que se presentaron. Uno, para integrar un grupo plural de legisladores que dé seguimiento al caso Iguala, y otro para solicitar la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, con la finalidad de que informe ante ese órgano del Congreso sobre los avances de la investigación,
El ex perredista comentó que habló con el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, y éste autorizó que una comisión de cinco padres de los normalistas ingresara a la sede senatorial, pero parece que se tardaron en aplicar la instrucción y se generó el conflicto.
–¿ De quién fue la orden de no dejarlos entrar?
–De la mesa directiva. Era innecesario.
Por la tarde, la mesa directiva del Senado, que preside Pablo Escudero, presentó una denuncia de hechos ante la PGR, donde se señalan los daños a la sede senatorial por el estallido de tres cohetones, lanzados durante la presencia de los padres de los normalistas.

martes, mayo 09, 2017

8 años de luto y lucha - Hermosillo


Iguala: casi tres años de inconsistencias


C
on el telón de fondo del plantón indefinido instalado frente a la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR) por los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, funcionarios de esa dependencia informaron ayer que ampliarán la búsqueda de los jóvenes con sistemas de alta tecnología, como el aerotransportado de reconocimiento del terreno Lidar, a un área de 60 kilómetros cuadrados alrededor de Iguala, pues la búsqueda anterior se limitó a un kilómetro cuadrado.
En conferencia de prensa, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, y Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la PGR para el caso Iguala, dijeron además que hay siete órdenes de aprehensión pendientes de cumplir; reconocieron que se comprobó la tortura de dos de los ocho detenidos que la denunciaron, pero minimizaron el hecho al afirmar que invalidaría las declaraciones de los afectados, pero no el resto de las indagatorias. Dijeron que en su momento se dará a conocer el resultado de la investigación en torno de las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, en el curso de las pesquisas realizadas en octubre de 2014 en el basurero de Cocula y el río San Juan, y divulgadas en abril de 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Aseguraron que la institución a la que representan tiene una determinación muy clara de dar seguimiento a todas las líneas de investigación establecidas por el propio GIEI y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, prometieron cumplir cabalmente para noviembre próximo, a más tardar, los compromisos contraídos ante los padres de los estudiantes ausentes en lo referente a investigaciones no realizadas y búsqueda de los desaparecidos.
Pero las declaraciones de Herrerías Guerra e Higuera Bernal, lejos de expresar un cambio, ratifican la actitud indolente, omisa, confusa y agraviante que ha caracterizado la respuesta del gobierno federal ante la atrocidad y la tragedia ocurridas hace casi 32 meses en la ciudad guerrerense. Es insólito y exasperante, para empezar, que la PGR haya dejado pasar todo este tiempo antes de recurrir a instrumentos tecnológicos como el Lidar para dar con el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Luego, es descorazonador enterarse que la única acción oficial de búsqueda realizada más allá del perímetro de Iguala haya sido la del basurero de Cocula y el río San Juan, puntos que fueron establecidos con base en confesiones dudosas y en los cuales se construyó el relato oficial de un supuesto exterminio e incineración de los 43 desaparecidos que ha sido desvirtuado y desmentido por especialistas nacionales y extranjeros, debido a su imposibilidad física y a que exhibe numerosas inconsistencias.
Es desconcertante, asimismo, que a la fecha la PGR no haya aportado un estudio de los datos de telefonía de los celulares de algunos de los muchachos desaparecidos, los cuales, según datos duros, fueron activados en las proximidades de la sede del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y en el Campo Militar Número 1, en Ciudad de México, días después de las desapariciones. Por lo demás, es incomprensible que a más de un año de que se hicieran públicos los señalamientos sobre la desaseada actuación de Zerón de Lucio y el traslado ilegal a ese sitio del detenido Agustín García Reyes, acciones señaladas en forma coincidente por el GIEI, por personal del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para Derechos Humanos y del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajaba en el lugar.
Semejantes extravíos llevan a pensar que asiste la razón al abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, cuando afirma que el gobierno se ha limitado a administrar el reclamo de esclarecimiento ante las desapariciones forzadas perpetradas en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a preguntarse si realmente existe en el gobierno la voluntad de hacer justicia.

Padres bloquean accesos a PGR

Demandan mesa de negociación con el procurador; sin avances, caso Ayotzinapa, dicen
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa se manifestaron frente a las instalaciones de PGRFoto Cuartoscuro
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de mayo de 2017, p. 3
Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y un grupo de normalistas mantienen bloqueados desde ayer muy temprano los tres accesos del edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en demanda de una mesa de diálogo con el procurador, Raúl Cervantes Andrade, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
El personal que desde las siete de la mañana empezaba a llegar a la dependencia no pudo ingresar y muchos permanecieron varias horas en calles aledañas, mientras los padres y madres advirtieron que dicha acción se levantará hasta concertar el encuentro con los funcionarios.
Hasta el cierre de esta edición el bloqueo de los tres accesos que tiene la dependencia –Paseo de la Reforma, Río Neva y Río Guadiana– se mantenía.
Esta decisión se tomó el día 18 del plantón indefinido que el Comité de Padres de los 43, un grupo de normalistas de Ayotzinapa y representantes de organizaciones civiles mantienen desde el pasado 20 de abril frente a la PGR, en exigencia de ‘‘avances concretos’’ en la investigación del caso Iguala y del paradero de los jóvenes desaparecidos.
En conferencia matutina, Hilda Hernández, madre de César Manuel González, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, señalaron que la decisión del bloqueo se tomó debido a la ‘‘insensibilidad’’ de la PGR, pues desde hace más de un año no se ha avanzado en la líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Estas líneas son: investigar al Ejército Mexicano; aprehender a los policías federales y municipales de Huitzuco que participaron en la desaparición de los estudiantes; avanzar en el análisis de la telefonía celular de los aparatos propiedad de los detenidos y de los jóvenes desaparecidos, los cuales siguieron operando mucho después de los hechos, e investigar el trasiego de droga entre Iguala y Chicago, que al aparecer es uno de los móviles de la agresión a los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El abogado Rosales explicó que tras el bloqueo a la dependencia les llamaron vía telefónica el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Irene Herrerías, para señalarles que no habría diálogo si antes no liberaban los accesos.
Herrerías les informó que el procurador Cervantes no estaría en Ciudad de México en ‘‘toda la semana’’ y que sólo se reuniría con ellos ante la presencia de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que posiblemente visite el país a finales de este mes, según declaró el abogado Vidulfo Rosales.
Cerca de las 11:30 horas, poco antes de iniciar una marcha hacia el antimonumento +43, se presentó en el lugar la subprocuradora junto con el fiscal para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, para solicitarles de manera personal la liberación de los accesos. No hubo acuerdo tras casi 15 minutos de conversación.