La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha conseguido que se abra una investigación contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por las vejaciones que sufrieron más de una decena de mujeres después de las manifestaciones de San Salvador Atenco por parte de elementos de la policía durante su gubernatura en el Estado de México.
Han tenido que pasar 11 años para que el actual presidente de México y exgobernador del Estado de México sea investigado por las “sospechosas y despectivas declaraciones” que emitió sobre las 11 mujeres que aseguraron haber sido víctimas de violación y tortura por parte de “elementos uniformados el 3 y 4 de mayo de 2006 mientras eran trasladadas para su detención o ya que estaban detenidas”.
El desdén hacia la situación por parte del entonces gobernador derivó en que el litigio iniciado por las denuncias de 11 mujeres que acusaron “haber sido víctimas de tortura sexual”, no prosperara. La investigación, sin embargo, se retoma 11 años después.
La CIDH emitió un comunicado donde asegura que “los agravios contra los atenquenses y sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas, son merecedoras de medidas administrativas, disciplinarias o penales”. Además, recalca que se tuvo que remitir el caso a la Corte Interamericana, ya que “este fue rechazado por el Estado mexicano, quien se negó a atender las demandas en 2015”.
A su vez, el comunicado menciona “que el caso se relaciona con violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez , Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”.
“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, indicó la CIDH.