Desaparición forzada, inoperancia institucional

E

l representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, calificó ayer de aterradoras las dimensiones que la desaparición de personas ha cobrado en México. El funcionario externó su preocupación por el hecho de que durante los recientes 10 años han sido halladas más de 855 fosas clandestinas y en sólo cuatro entidades se encontraron 35 mil restos humanos. En este sentido, Mario Arturo Álvarez Torrecilla, de la división científica de la Policía Federal, reconoció que el tema ha rebasado a todas las instituciones y que ningún organismo cuenta con un cálculo confiable de personas desaparecidas, no localizadas o fallecidas, por lo que se desconoce el alcance real de este flagelo.

De acuerdo con las cifras oficiales provisionales, hasta el año pasado 29 mil 917 personas se encontraban desaparecidas, de las cuales 3 mil 803 fueron reportadas durante 2016, lo que significa un repunte importante de este problema, con más de 10 víctimas cada día.

Una muestra de la inoperancia institucional en esta materia tan grave es que a más de dos años y medio de los hechos continúe sin esclarecimiento el más emblemático de los casos de desaparición forzada de nuestro país, el de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, sustraídos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, durante una serie de ataques en los que perdieron la vida seis personas y varias más resultaron heridas de distinta gravedad. Como denunció ayer el Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe una notoria falta de celeridad en la búsqueda de los 43 jóvenes y en el seguimiento de las líneas de investigación sugeridas por el GIEI como resultado de su trabajo en el caso.

De particular gravedad para el organismo resulta la insistencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en sostener públicamente la versión propagada por el ex procurador Jesús Murillo Karam como verdad histórica, a saber: que los normalistas habrían sido asesinados esa misma noche por una célula del crimen organizado e incinerados en el basurero de Cocula. Como señalan los integrantes del Mecanismo de Seguimiento, no sólo se ha demostrado la inviabilidad científica de esa versión, sino que la propia procuraduría admite en privado que no se encuentra realizando ninguna diligencia a partir de ese supuesto, por lo que mantenerla como postura oficial ante la sociedad constituye una afrenta a las víctimas y sus familiares y la dilación en la búsqueda de los estudiantes y el esclarecimiento pleno de los hechos.

Más allá del deplorable manejo que el caso Ayotzinapa ha recibido por las autoridades de los tres niveles de gobierno, existen graves rezagos institucionales que lastran la imperiosa búsqueda y localización de todas las personas cuyo paradero se desconoce. Estas carencias incluyen la escasez de profesionales en la materia –en todo el país únicamente se cuenta con 48 peritos en antropología forense, 20 de los cuales radican en la capital–, la falta de capacitación en los protocolos debidos del personal policiaco, la asignación de los recursos necesarios para la adquisición y mantenimiento del equipo y las instalaciones técnicas que garanticen un mínimo de certeza científica en el trabajo forense.

Sin embargo, ninguno de estos aspectos podrá subsanarse –o hacerlo resultará irrelevante– mientras no exista una auténtica voluntad política entre las autoridades para poner fin a una situación insoportable. Ubicar a las miles de personas desaparecidas es no sólo un imperativo ético ante las familias que atraviesan por esa tragedia, sino requisito para restaurar un mínimo de credibilidad en la labor de las instituciones.