Magdalena Gómez
L
a audiencia del pasado 17 de marzo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constituye una suerte de golpe de mano sobre la investigación relativa a la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Los defensores abrieron con los señalamientos críticos en torno a los nulos avances y advirtieron que ojalá los recientes cambios en la CIDH no afecten el seguimiento que dicha instancia ha comprometido.
Una representación de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señaló:
Hemos recibido puras mentiras de parte de las personas que tenemos aquí enfrente. Llevamos casi 30 meses sin saber de nuestros hijos [...]; el Estado está ocultando información, no se ha dado seguimiento a la línea de investigación que recomendó el GIEI sobre el tráfico de narcóticos implicado en el caso, y de manera vergonzosa se ha incumplido con indagar las irregularidades cometidas por el Estado [...]; para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos.
Dieron a conocer un video, donde César Alejandro Chávez Flores, ex visitador de la PGR, explica en entrevista que prefirió renunciar a su cargo antes que modificar su informe sobre las irregularidades cometidas en las investigaciones, y por las detenciones arbitrarias. Todo lo cual podría derivar en responsabilidades penales y no sólo administrativas. Se refiere a Tomás Zerón sin nombrarlo.
Por parte del Estado mexicano Sara Irene Herrerías, subsecretaria de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Republica (PGR), leyó un informe en que dio cuenta de las múltiples acciones en curso. Llamó la atención que se refería en presente como si se iniciara apenas la investigación y cedió la palabra al fiscal especial del caso, Alfredo Higuera, quien suspendió abruptamente su intervención, ante el señalamiento al oído de su jefa, la abogada Herrerías. Se trataba, literalmente, del último minuto de la intervención oficial y ese lo reclamó para sí Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien ya había informado previamente de las acciones que le competen en atención a víctimas. Para sorpresa de los presentes, en especial defensores y víctimas, aseguró que el gobierno de Peña Nieto sigue trabajando sobre la hipótesis de la
verdad histórica(declarada por el Estado en enero de 2015) de que los 43 normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Esta hipótesis llamada como la verdad histórica presenta la versión de lo que sucedió, de quiénes son los responsables y el destino de los estudiantes. Agregó:
No se ha consolidado otra hipótesis, no se ha encontrado, desafortunadamente, a ninguno de los muchachos, vivos o muertos [...]; se han investigado otras líneas, realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información, y podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, interrumpió al subsecretario para preguntarle:
O sea, ¿la hipótesis del Estado sigue siendo la del basurero? Para que se clarifique nada más, ¿esa es la hipótesis del Estado mexicano?La presidenta de la sesión, Esmeralda Troitino, llamó al orden, pero Campa respondió:
La pregunta más bien es si hay alguna disposición para considerar como una posibilidad la hipótesis que ha presentado el Estado: considerar que las casi 130 personas que hoy están frente a los jueces sean responsables de la desaparición, que estas personas hayan privado de la vida y desaparecido a los muchachos [...]. Entendemos que se trata de una hipótesis que significa un terrible dolor para los padres, pero nos parece que ésta debe ser también una hipótesis en la investigación.
En tono enérgico Mario Patrón, prácticamente gritó:
Se están rechazando las conclusiones del GIEI en este momento por el Estado. Pedimos que esto lo tome en cuenta la Comisión Interamericana.
Así concluyó la sesión pública, con ese balde de agua fría, sin que dieran respuesta a las preguntas de los comisionados, en especial las muy incisivas de James Cavallaro, hoy ex relator para México. Como vimos, el funcionario pareció llevar una misión precedida de las declaraciones de Tomás Zerón, los días previos, de que está 100 por ciento convencido de la llamada
verdad histórica. Fue muy fuerte observar a los funcionarios encargados de investigar, intentando justificar que lo siguen haciendo, mientras son callados por la voz del mensajero político, quien de un plumazo en nombre del Estado, colocó en la mesa la evidencia del rechazo al GIEI y sus investigaciones sobre las graves inconsistencias de su verdad histórica.
El próximo 20 de abril la CIDH hará una visita a México para continuar con el mecanismo: ¿a qué dará seguimiento?
Si esto no es un golpe de mano que nos digan de qué se trata.
