- Autoridades se han negado a difundir el estudio interno y lo mantienen en el limbo
- La vocera de la procuraduría sostiene que el
documento es legalmente inexistente
De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 16 de diciembre de 2016, p. 7
Viernes 16 de diciembre de 2016, p. 7
El gobierno mexicano se ha negado a difundir un estudio interno que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, conclusión que amenaza con sacudir los fundamentos legales en un caso que ha conmocionado a México, informó este jueves el diario The New York Times en su portal.
El diario obtuvo una copia del reporte que denuncia que la investigación está inmersa en un
limboburocrático y numerosas irregularidades, como el hecho de que un investigador llevó a un sospechoso a la escena del crimen sin que estuviera presente su abogado defensor.
Según el informe, sospechosos claves fueron arrestados y trasladados de forma ilegal, lo cual invalida cualquier información que pudo haberse obtenido de ellos. En el texto del gobierno consta que
se violó la verdady se dañó el derecho de las víctimas a la justicia. Esta es la primera evidencia que existe, según el Times, de que la Procuraduría General de la República (PGR) manejó incorrectamente el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
El estudio se completó hace cuatro meses; consta de 177 páginas que iban a ser entregadas a los familiares de los desaparecidos en una reunión con la PGR el pasado 18 de agosto. Según el rotativo, los padres de los 43 no recibieron el documento, pues se les dijo que las autoridades judiciales superiores debían, como formalidad, aprobar el estudio. Dicha aprobación no llegó nunca y poco más tarde el visitador general a quien se encomendó la
aprobación, César Alejandro Chávez Flores, renunció de manera inesperada, cuatro semanas después.
Santiago Aguirre, director adjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante legal de las familias, declaró al Times que la decisión de no aprobar el reporte y entregarlo a las familias
fue un signo claro de falta de voluntad política, no sólo de la PGR sino del gobierno federal, para dar por concluida la investigación.
Aguirre agregó que el documento
nos demostró que el visitador general trató de hacer un trabajo honesto, pero no encontró las condiciones políticas e institucionales para llevar su labor hasta las últimas consecuencias.
La PGR argumenta que el reporte no se difundió por motivos legales y que el mismo no se ha
reconocidopor tecnicismos que no se han especificado. La directora general de comunicación social de la institución, Natalia Briseño, señaló en un correo electrónico al Times que
el documento, como tal, es legalmente inexistente, y agregó que la investigación continúa.
El Times afirmó que la posibilidad de que el reporte se elimine preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que su titular, James L. Cavallaro, declaró:
El documento claramente es importante; esperamos y queremos recibirlo.
El Times hace un recuento de la desaparición de los normalistas, de cómo habrían sido entregados a la banda de narcotraficantes Guerreros unidos y de cómo la versión oficial de los hechos se basa en testimonios dudosos, producto de detenciones arbitrarias, y sostiene que la falta de legalidad es común en las investigaciones criminales en México.
Sin validez, documentos del NYT sobre los 43: PGR
Sin validez, documentos del NYT sobre los 43: PGR
