Señalan ONG afán de encubrir las anomalías y sus consecuencias legales
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 20 de diciembre de 2016, p. 6
Martes 20 de diciembre de 2016, p. 6
Organizaciones de derechos humanos demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR)
concluir con transparencia y exhaustividad la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, que señala irregularidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas.
En un comunicado, Artículo 19, Fundar, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Serapaz, entre otros colectivos, indicaron que la omisión de la procuraduría en concluir dicha investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables “pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales.
Lo que es más grave aún: representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas, indicaron.
Un reportaje publicado por The New York Times en su portal de Internet la semana pasada dio a conocer la existencia de un proyecto de resolución de la visitaduría general de la PGR,
que documentó graves irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, incluyendo el derecho a la verdad de las víctimas.
Entre los hallazgos de la investigación interna, señala el comunicado, hay anomalías en la detención de seis presuntos responsables, en cuyas declaraciones se ha basado principalmente la teoría del caso sostenida por la PGR.
Asimismo, se determinó
la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan, que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de evidencia.
Además,
el proyecto de resolución dado a conocer indica que estas irregularidades deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios.
