jueves, marzo 31, 2016

Rechaza San Lázaro ceder la tribuna a padres de normalistas desaparecidos

  • La solicitud es jurídicamente inviable, afirma Camacho Quiroz
  • Acuerda comisión especial reunirse con Murillo Karam fuera del recinto parlamentario
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 7
La Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de utilizar la tribuna para exponer la situación que guarda el caso de sus hijos, 17 meses después de que desaparecieron en Iguala, Guerrero.
Asimismo, la comisión especial que da seguimiento a la desaparición de los jóvenes acordó reunirse fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, en lugar y hora por definir, con el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien presentó conclusiones de la investigación del caso y las calificó de verdad histórica.
El presidente de la JCP, César Camacho Quiroz, del PRI, explicó que la petición de los padres fue considerada jurídicamente inviable, porque, a diferencia de hace exactamente 15 años, cuando integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitieron un mensaje desde la tribuna camaral, la desaparición de los normalistas no está relacionada con la tarea legislativa.
En aquella ocasión, en la Cámara de Diputados se discutía la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas, que fue frenada por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
Los zapatistas estuvieron en el recinto, pero no hubo sesión del pleno. El caso que ha marcado un hito en la historia, la desaparición de los 43, caso severo en la vida pública en la vida del país, no es de nuestra competencia; no obstante que tenemos interés en escuchar a las familias, argumentó Camacho Quiroz.
El diputado priísta sostuvo que se abrirán canales de comunicación con los padres de los jóvenes y trataremos de conseguir que el encuentro se lleve a cabo, no en el salón de plenos, que está reservado para quienes define el reglamento de la propia cámara.
La solicitud fue turnada a la JCP por la presidenta de la comisión especial, Guadalupe Murguía, del PAN, desde el 18 de marzo, y acompañó el escrito con el texto del artículo 31 del reglamento interno, que si bien acota el uso de la tribuna para diputados y funcionarios en comparecencia, también prevé que personas distintas puedan utilizarla al recibir reconocimientos o en situaciones especiales.
En el oficio dirigido a Camacho Quiroz, la legisladora panista subrayó la excepción que puede hacer la Junta de Coordinación Política para casos de ese tipo.
Por la mañana, la comisión especial rechazó discutir una solicitud para respaldar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) prolongue su estancia en el país.
Las diputadas Araceli Damián (Morena), Marbella Toledo Ibarra (MC) y Cristina Gaytán (PRD) plantearon que la comisión debía pronunciarse ayer mismo para respaldar un nuevo periodo de investigación del grupo de expertos.
Sin embargo, diputados de PRI, PAN, PVEM, PES y Panal señalaron que, como el tema no formaba parte de la orden del día, el caso se abordaría en la próxima reunión.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, expuso que el grupo de expertos permitió desenmascarar la verdad histórica, y si el gobierno federal limita su trabajo en el país, pensaremos que quiere ocultar información.
Consideró entendible que el gobierno federal no esté de acuerdo en prolongar la estancia de los expertos, porque no ha sido fácil convivir con ellos y no está satisfecho con su investigación.
Francisco Martínez, coordinador perredista, sostuvo que hay toda una campaña por parte del gobierno federal para desacreditar el trabajo del GIEI.
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miércoles, marzo 30, 2016

¿Qué implica la Ley Atenco?


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No se consultó a la CIDH ni a los padres: Rosales

Cuestiona lo dicho por el secretario
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2016, p. 5
Las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio, de que no habrá prórroga al trabajo en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, se dan en el contexto de un proceso de descalificación y de obstáculos legales contra los miembros de ese grupo, alentado por la ultraderecha y permitido por el gobierno federal.
Manifestó lo anterior Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien agregó que sólo se trata de una posición política del secretario, pues el mandato del GIEI y una posible prórroga tienen que acordarse entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal y los representantes de las víctimas.
Rosales criticó que Osorio Chong haya hecho pública esa posición –que en abril concluirán los trabajos de los expertos, quienes llevan dos periodos de seis meses de investigación– sin antes haberlo consultado con los padres y madres de familia y con el organismo internacional.
‘‘Existe un convenio de asistencia técnica que obliga al Estado mexicano a cumplir las cláusulas firmadas por las tres partes. Una establece que mientras no se hayan cumplido los objetivos del GIEI, el plazo del mandato de los expertos se puede prorrogar las veces que sean necesarias.’’
Las atribuciones de los expertos –aseveró– son realizar un análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; hacer un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y un análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Desde el punto de vista de Rosales, aún no se ha dado cumplimiento total a esos objetivos, por lo que existe ‘‘la viabilidad jurídica’’ para que el GIEI pueda extender sus trabajos por al menos un semestre más. Por esa razón, los familiares de los estudiantes desaparecidos ya solicitaron oficialmente a la CIDH una nueva prórroga.
‘‘En estos momentos no corresponde que el Estado mexicano, de manera unilateral, asegure que no se prorrogará la presencia del GIEI; eso debe ser discutido entre las tres partes, incluyéndonos a nosotros y a la Comisión Interamericana.’’
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martes, marzo 29, 2016

GIEI termina en México en abril: Osorio Chong

Por la Redacción
mar, 29 mar 2016 09:20

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Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que el trabajo en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluye los últimos días de abril, es decir, al término del periodo ampliado para la coadyuvancia y asesoría al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.
Ante las diversas peticiones, especialmente de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, para que los expertos continúen con su trabajo, el funcionario dijo que su participación está definida hasta abril.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que vienen realizando”, dijo el funcionario.
En entrevista para la radio, Osorio Chong se refirió también a la posibilidad de que en un tiempo determinado los elementos del Ejército salgan de algunas zonas a donde se encuentran al mando de operativos especiales de seguridad.
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lunes, marzo 28, 2016

Alistan ONG movilizaciones contra la “ley Atenco”


SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. (apro).- Por considerarla una “estrategia legaloide y perversa para criminalizar la protesta social”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que combatirá la “ley Atenco”.
Ignacio del Valle, dirigente de este movimiento, indicó que su organización no está sorprendida por la promoción y la aprobación de la “Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México”.
“Es uno de tantos medios que han utilizado para advertir que no nos movilicemos en contra del despojo de la tierra”, denunció luego de señalar que detrás de esta nueva norma se encuentra el Estado, convertido en “títere” de intereses económicos.
“Es aberrante, no tiene una justificación social relacionada con la ley y la justicia. Es un mensaje, una estrategia legaloide para justificar cualquier acto de represión, una amenaza velada y perversa que pretende la criminalización de un derecho”, expuso.
Del Valle Medina, detenido durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y la fuerza pública, anticipó una serie de actividades jurídicas y de movilización que el Frente realizará para denunciar y argumentar las razones por las que el pueblo no puede aceptar la imposición de ese instrumento “que atenta contra el derecho legítimo a la protesta y manifestación en defensa de lo que pertenece a nuestra gente”.
Pese a la advertencia ya regulada del uso de la fuerza pública, dijo que a partir del lunes 28 celebrarán diversas actividades públicas para combatir la ley y hacer conciencia de sus alcances, entre ellas ruedas de prensa, foros y hasta marchas: “Estamos en nuestro derecho y no tenemos por qué asumir una actitud sumisa”.
Además, el Frente realiza diversas reuniones con las comunidades y ha emitido un posicionamiento público en el que informa su solicitud al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para que realice el estudio pormenorizado de la norma, a fin de conocer sus alcances y determinar las estrategias jurídicas a seguir, en el entendido de que no combatirla abrirá la puerta para que se extienda a todo el país.
A esta lucha, se han sumado, entre otras organizaciones, Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec AC, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales AC, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa-CNTE y el Sistema de Agua Potable de Tecámac AC.
A través de una misiva, estas organizaciones también lamentaron la opacidad de los diputados del Estado de México, pues “ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa”.
“Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para hacer contrapeso a dicha ley”, denunciaron.
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domingo, marzo 27, 2016

La postura ambigua del gobierno federal ante el GIEI


A
yer, al cumplirse 18 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de familiares de estas víctimas se manifestaron en esta capital por la continuidad de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo segundo periodo de trabajos en nuestro país concluirá en aproximadamente dos meses.
La víspera, un grupo de padres y madres de los normalistas desaparecidos manifestaron su rechazo a la reparación del daño planteada por el gobierno federal, que consiste, según los propios familiares, en ofrecimientos de dinero a manera de indemnizaciones por la desaparición de los muchachos.
Como queda de manifiesto, a año y medio de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, las autoridades siguen sin mostrar la sensibilidad y la altura de miras requeridas para atender las demandas de las familias de los normalistas, que en todo este tiempo, por lo demás, han sido consistentes: la búsqueda efectiva de los desaparecidos y el castigo a los responsables.
La solicitud de extender la presencia del GIEI en el país se inscribe, por otra parte, en el contexto de una intentona por desacreditar a varios integrantes del grupo de expertos en lo individual, como ha quedado de manifiesto con las denuncias formuladas por las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz respecto de las calumnias que en su contra han lanzado grupos ultraconservadores y medios de comunicación.
Tales difamaciones, lanzadas contra estas y otros integrantes del GIEI, resultan doblemente peligrosas e inaceptables: por un lado, porque denotan un afán insoslayable por desacreditar la labor de ese equipo interdisciplinario en su conjunto, que ha venido a arrojar luz sobre uno de los hechos más indignantes en el de por sí abultado historial de violaciones a derechos humanos en el país; por otra parte, ante la falta de interlocutores válidos y confiables para las familias de los desaparecidos y su entorno social de apoyo, las calumnias contra el GIEI amenazan con cancelar acaso el único canal de comunicación institucional entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos y el Estado mexicano, en la medida en que fue este último el que invitó a los expertos a realizar pesquisas y coadyuvar con las autoridades nacionales en el esclarecimiento del episodio.
Las autoridades federales tienen ante sí una disyuntiva de suma importancia: profundizar en la configuración de un entorno propicio para el surgimiento de las calumnias mencionadas o apuntalar la labor del GIEI y atender, de esa manera, una demanda legítima y comprensible de las familias de Ayotzinapa. Hasta ahora, el gobierno federal ha mantenido frente a las tareas del GIEI una postura ambigua, pues por un lado ha expresado disposición para prorrogar el trabajo del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro ha rechazado avanzar en las líneas de investigación que involucran a las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas y ha exhibido, con ello, su incomodidad por la labor del grupo de especialistas independientes.
A la luz de estos elementos de juicio, lo menos que cabe esperar del gobierno federal es un respaldo inequívoco y contundente al GIEI y un agotamiento de las líneas de investigación trazadas por éste. A fin de cuentas, la labor desempeñada por ese equipo de especialistas ha hecho un gran favor a un país como el nuestro, donde la justicia es difusa, errática y tardía para las víctimas y sus familias.
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Padres de los 43 piden apoyo a la sociedad para que continúe el GIEI

  • Confiamos en la labor del grupo de expertos, no en el gobierno, afirmaron
  • Exigen una nueva reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong
Foto
Padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un mitin frente al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de MéxicoFoto Yazmín Ortega Cortés
Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Domingo 27 de marzo de 2016, p. 3
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 a manos de policías de Iguala, Guerrero, no aceptarán dinero del gobierno mexicano como reparación del daño, pues consideran que la única solución aceptable se dará cuando sus hijos sean presentados con vida. Sostuvieron lo anterior ayer en un mitin celebrado en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México.
Al cumplirse 18 meses de la desaparición de sus hijos, una de las exigencias de los padres y madres es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permanezca en México para continuar las investigaciones sobre el paradero de los normalistas, pues hasta ahora, dijeron, no hay resultados concluyentes. Tenemos la razón y con el apoyo de ustedes, lograremos que se queden, afirmaron.
Expresaron que esperan que los expertos del GIEI continúen luego de cumplir su segundo periodo de seis meses de trabajo en el país, que concluye el 30 de abril, pues no confiamos en el gobierno. Nuestra confianza está en el GIEI, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.
Que Osorio cumpla su palabra
Esperemos que (Miguel Ángel) Osorio Chong (secretario de Gobernación) cumpla el compromiso que hizo con nosotros en la última reunión que tuvimos. Él dijo que el GIEI se quedaría seis meses, porque estaba seguro de que en ese tiempo ya sabríamos lo que había pasado en Iguala, pero no sabemos nada. Él afirmó que se quedarían si no había resultados.
De la Cruz planteó la exigencia de los padres de los normalistas de una nueva reunión con el secretario de Gobernación antes de que termine el periodo de trabajo del GIEI, porque, indicó, no es momento de especular qué pasaría si el grupo no se queda. Él debe cumplir su palabra.
En su opinión, hay una campaña para decir que la CIDH y el grupo de expertos no funcionan, pero para nosotros es importante que permanezcan, porque no confiamos en el gobierno.
Momentos antes, desde el templete, los padres insistieron en que rechazarán cualquier ofrecimiento de pago como parte de la reparación del daño por la desaparición forzada de los 43. Preferimos pedir y recibir apoyo de ustedes, la ciudadanía, que permitir que el gobierno quiera comprar al movimiento. Se los agradecemos de todo corazón.
Comentaron que reciben donativos en la siguiente cuenta de BBVA-Bancomer: 0199166343, a nombre de Epifanio Álvarez Carvajal, padre de uno de los normalistas desaparecidos y tesorero del movimiento.
Se cumplió un año y seis meses de resistencia, búsqueda, coraje y dignidad, dijeron a los cientos de ciudadanos que se acercaron al mitin. El tesoro más grande que Dios nos pudo haber dado son nuestros hijos. Vamos a luchar por ellos y a llegar adonde quiera que los tengan.
Sostuvieron: si no queremos que se repita el crimen que viven nuestros hijos, debemos unir esfuerzos; México debe permanecer unido. Convocamos a que exista un solo movimiento, primero a encontrar la verdad y hacer justicia, y así ver el regreso de nuestros normalistas, señaló De la Cruz minutos antes del mitin, durante una ceremonia en la que los padres de los normalistas sembraron 43 árboles a los que llamaron no me olvides en el antimonumento que está en Bucareli y Paseo de la Reforma.
Al concluir el mitin, los padres y madres de los estudiantes dieron paso a un encuentro cultural en el que participaron cantantes, cuentacuentos y estudiantes de Ayotzinapa.
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El gobierno usará campaña de ataques al GIEI para no prorrogar su estancia: ONG

  • Alertan que la operación de desprestigio arreciará en abril, cuando concluye su mandato
  • Las descalificaciones han obligado a organismos internacionales a salir en su defensa
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Domingo 27 de marzo de 2016, p. 4
En la recta final del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se intensifica una campaña de desprestigio y descalificación en contra de varios de sus integrantes, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de reconocidos activistas nacionales que han denunciado la severa crisis por la que atraviesa el país en materia de derechos humanos.
La intensa y amplia operación de desprestigio iniciada por varios actores privados, en la que incluso un sector gubernamental ha participado de manera activa y también omisa, ha obligado a diversos organismos e instancias internacionales a salir al paso.
Junto con el respaldo al trabajo de los defensores civiles, también han exigido al presidente Enrique Peña Nieto condenar estos actos de desacreditación y difamación. Esta exigencia ha tenido apenas una tibia respuesta gubernamental.
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Juan Carlos Gutiérrez, de Ideas Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y José Antonio Lara, del Centro Zeferino Ladrillero, consideran que esta campaña podría arreciar en las próximas semanas rumbo al próximo 30 de abril, fecha en que concluye el segundo mandato del GIEI, que presentará su informe final sobre las investigaciones del caso Iguala.
Este clima adverso y de cuestionamientos en contra del GIEI podría ser utilizado por el gobierno federal para decidir ya no renovar su mandato, estimó el investigador Édgar Cortez.
En sus análisis, todos ellos destacan que esta campaña comenzó en septiembre pasado, cuando en su informe del primer mandato, el grupo de expertos de la CIDH echó abajo la llamada verdad histórica de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido ejecutados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.
A ello se ha sumado la insistencia de querer entrevistar a los militares que estuvieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que ocurrieron los ataques a los jóvenes.
En esta campaña de descalificación participan personajes ligados a los sectores más conservadores del espectro político, en donde aparecen de manera visible Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y el abogado José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en cuyo blog concentra estas expresiones.
En días recientes, este último personaje interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, por el delito de fraude.
Además, exige al gobierno mexicano poner fin al trabajo de coadyuvancia del GIEI, bajo el argumento de que ha desviado el trabajo realizado por la PGR en las investigaciones del caso Iguala.
Pero las descalificaciones también han sido para funcionarios de Naciones Unidas. Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha expresado su inconformidad por los virulentos ataques personales contra el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, quien fue calificado de poco profesional y poco ético por el gobierno mexicano, debido a que en su último informe señaló que la tortura es una práctica generalizada en el país.
En tanto, los ataques al GIEI se han centrado principalmente contra la guatemalteca Claudia Paz y la colombiana Ángela Buitrago, las dos mujeres integrantes. Incluso, la CIDH se vio obligada a expresar públicamente su respaldo total, absoluto e incondicional al grupo de expertos, ante el silencio del gobierno mexicano.
Pero los ataques han alcanzado también a activistas nacionales. Miranda de Wallace acusó al relator de la ONU Juan Méndez de encabezar una red de corrupción que se beneficia de las víctimas.
En la cuenta de Twitter de la señora Miranda de Wallace circularon infografías que supuestamente establecen conexiones entre organizaciones de activistas en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, como Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez, José Antonio Guevara y Miguel Sarre.
En medio de esta campaña, el mismo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que la descalificación de los defensores civiles de derechos humanos, así como a los organismos e instancias internacionales, no sólo no contribuye a resolver el problema, sino que distrae la atención de donde debería estar, que es la necesidad de que la autoridad haga bien su trabajo y lo haga conforme a derecho, respetando la dignidad de las personas.
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sábado, marzo 26, 2016

#Ayotzinapa18Meses en la Ciudad de México


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El GIEI y el Tribunal Permanente de los Pueblos

Gianni Tognoni*

L
a larga campaña de ataques desarrollada en contra de los trabajos y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humano, se ha caracterizado por sus objetivos de desprestigiar la metodología y la fiabilidad de su trabajo y por la absoluta ausencia de atención a los datos que reconstruyen los eventos dramáticos, hasta la fecha impunes, que habían motivado la necesidad urgente de nombrar a este grupo internacional independiente y competente por un organismo tan conocido por su autoridad moral y su trayectoria rigurosa.

Nos sentimos obligados y autorizados a tomar la palabra en cuanto representantes de otro organismo internacional, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que ha trabajado intensamente a lo largo de cuatro años, investigando (con el respaldo y la colaboración muy activa de un sinnúmero de grupos de ciudadanos y expertos de México) la extensión, las causas, las responsabilidades de las violaciones masivas de derechos humanos de las personas, las comunidades y pueblos del país. Uno de los miembros de la comisión que ha sufrido más ataques, Carlos Martín Beristain, es también integrante del TPP.

Los hechos investigados por el GIEI han coincidido con la fecha de una de las audiencias del TPP que, en su sesión final realizada en noviembre de 2014, escuchó también testimonios de la masacre de Ayotzinapa. Las evidencias presentadas han sido tan contundentes que el jurado del TPP decidió asumir lo que ocurrió a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa como resumen trágico y ejemplar de todos los hechos que el TPP había documentado y analizado mediante los datos, los informes y los testimonios recogidos; como pruebas fidedignas del carácter sistemático de las violaciones sufridas por el pueblo de México, durante las 10 audiencias temáticas dedicadas a todos los sectores afectados por la violencia en el país: trabajadores, mujeres, jóvenes, activistas y defensores de derechos humanos, maestros y educadores, periodistas y comunicadores, migrantes, soberanía alimentaria, comunidades indígenas y campesinas, medioambiente y salud.

Por eso declaró que “los días de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más críticos en la vida de la sociedad mexicana.

La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la audiencia final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y la connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en la larga lista de violaciones a los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se está manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.

Sin pretender retomar los detalles del texto de la sentencia final del TPP, es preciso recordar algunas de las afirmaciones más pertinentes del veredicto: El TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible, que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, la pobreza, la emigración, la violencia social y la desprotección, y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo.

No es difícil reconocer en estos escenarios de responsabilidades e impunidad una estrecha coincidencia con los resultados del trabajo del GIEI. La trayectoria del TPP y la competencia, autonomía y representatividad que la integran, así como la consistencia de sus conclusiones, son bien reconocidos y se han construido a lo largo de más de 40 sesiones, en las que se han investigado y juzgado algunas de las realidades más críticas y trágicas de la historia de los recientes 30 años.

La coincidencia de dos organismos internacionales independientes, tanto en las conclusiones como en la demanda de transparencia, que queda sin respuesta de las autoridades públicas, es una prueba más de un contexto de impunidad programada frente al cuadro de violaciones masivas de los derechos humanos en México. Y esa realidad no se puede modificar con campañas de desprestigio contra quienes la muestran en toda su extensión.

*Italiano, doctor en medicina y cirugía; es especialista internacional en políticas sanitarias. Desde su fundación en 1979, es secretario general del TPP. Dirige el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes en los principales sectores de la medicina y en políticas de medicamento.

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En este viacrucis nos han dado muchos azotes, acusan familiares de normalistas

Los recibe sacerdote de la catedral en Chilpancingo
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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace 18 meses en Iguala marcharon por las calles de Chilpancingo hasta llegar a la catedral de Santa María de la AsunciónFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 26 de marzo de 2016, p. 9
Chilpancingo, Gro.

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 marcharon de la alameda Granados Maldonado a la catedral de Santa María de la Asunción, con antorchas, una imagen de Jesucristo y rezaron por la presentación con vida de los jóvenes.

En la entrada principal de la catedral, uno de los sacerdotes dio la bienvenida a los contingentes e incluso los bendijo antes de su ingreso a la iglesia. Dentro, una de las madres comparó la pasión de Cristo con la desaparición de los normalistas.

En este viacrucis de 18 meses, el gobierno nos ha dado muchos azotes, desde el primer momento en que el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) se desentendió de nuestros hijos. Nos abofetearon de manera irresponsable al presumir que eran unos vándalos y del crimen organizado, señaló ayer en ocasión del Viernes Santo.

La verdad histórica expuesta por Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el asesinato y la incineración de los 43 en el basurero de Cocula, representó una dolorosa primera caída.

También comparó a los especialistas enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con Simón el Cirineo, porque al igual que éste ayudaron (a los padres de los estudiantes) a cargar la cruz que llevan a cuestas y a desmentir con argumentos científicos la versión de la PGR.

Precisó que a lo largo de estos meses, los caciques –apoyados por las élites políticas y económicas– nos han impuesto esta pesada cruz, sobre todo cuando deliberadamente han ocultado pruebas y se han aferrado a su postura de no permitir que los militares de Iguala sean entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Hay una campaña de desprestigio en contra de los padres e integrantes del GIEI, para permitir a la administración federal deslindarse de cualquier responsabilidad; se está lavando las manos al igual que Poncio Pilatos, padecemos lo mismo que la Virgen María cuando los soldados romanos se llevaron a su hijo, pues desde que los policías municipales desaparecieron a nuestros hijos, nos clavaron coronas de espinas.

Luego de la lectura del escrito elaborado por los padres, el sacerdote Benito Cuenca Mayo les dijo que “México enfrenta las secuelas de varias décadas en que se permitió que se enraizara el flagelo de la corrupción.

A nuestros seres queridos, sus hijos y familiares los debemos poner en las manos de Dios, sin perder su recuerdo ni su memoria; la Iglesia como madre nos acompaña siempre, por eso hoy rezamos por ellos y se los encomendamos a Dios y su madre María.

Incluso llamó a las instituciones de gobierno a remediar el trance doloroso que viven las familias desde el 26 de septiembre de 2014. Mientras no aparezcan, el caso de los normalistas será una de las principales manchas que arrastrará el país.

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El gobierno apuesta a desaparecer por decreto el caso Ayotzinapa


  • Se muestra omiso ante descalificaciones al GIEI: Rosales
  • La reparación del daño implica cerrar investigaciones, indica el abogado
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Sábado 26 de marzo de 2016, p. 9

Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es improcedente hablar de reparación del daño porque sería apostar al cierre del caso, aseguró ayer Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En entrevista, advirtió que a 18 meses de los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno pretende el olvido y quiere que el tema Ayotzinapa desaparezca por decreto.

Vía telefónica, el abogado señaló que también hay una actitud poco abierta a un tercer periodo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que es fundamental para continuar coadyuvando y acompañando las investigaciones.

Afirmó que para los familiares de los estudiantes sólo con los expertos puede haber una investigación imparcial y objetiva, así como el esclarecimiento de los hechos, por lo que se tiene que dar el tercer mandato del GIEI, pero hay oídos sordos del gobierno.

Rosales planteó que las autoridades han sido omisas ante la andanada de descalificación y desprestigio que están impulsando los grupos de derecha y ultraderecha en este país contra los expertos.

Resaltó que a toda costa se trata de desgastar la figura, desprestigiar y dañar la calidad moral que tienen los integrantes del GIEI, de cara a la investigación que están realizando, con el propósito de debilitarlos, para hacer ver que no es importante su presencia en el país.

Se propaga, dijo, la idea de que son una carga y ante eso el gobierno ha sido omiso, no se ha posicionado, no ha respondido como debiera ante el grupo de expertos que él mismo pidió como asistencia técnica.

El abogado resaltó que el GIEI recomendó a la Secretaría de Gobernación (SG) hacer una evaluación y un estudio sicosocial de cómo ha impactado la desaparición de los jóvenes en los padres de familia.

No así el tema de la reparación del daño, que implica tanto como un cierre del caso cuando las investigaciones hoy por hoy están abiertas, añadió.
Rosales comentó que el gobierno debe ser susceptible a realizar un análisis sobre los familiares de los asesinados y lesionados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, pero no de los desaparecidos.

Lo anterior porque, sentenció, no es factible ni procedente una reparación del daño. La Secretaría de Gobernación tiene que clarificar y separar los casos. Una circunstancia prevalece en el tema de los heridos y asesinados y otra respecto de los desaparecidos, insistió.

Rosales sostuvo que grupos de la sociedad civil ayudan y acompañan a los padres de familia para el estudio sicosocial, pero de parte del gobierno no ha habido nada.

Estamos lejos, puntualizó el abogado, de que se haga una valoración sicosocial sobre los impactos que han tenido los padres de familia y lo que ha significado la desaparición forzada de sus hijos. No se está haciendo y se está hablando, más bien, de una reparación del daño que es improcedente a todas luces, apuntó.
Este sábado, a 18 meses de la desaparición de los 43 normalistas, habrá una serie de actividades en la Ciudad de México, como parte de la jornada de acción global por Ayotzinapa.

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viernes, marzo 25, 2016

Familiares de Ayotzinapa piden firmar petición para que expertos internacionales sigan en México


Solo hay una forma de saber el verdadero paradero de nuestros hijos, hermanos, amigos, compañeros: aceptando todas las recomendaciones que hizo el GIEI y permitiendo que se quede en México para dar seguimiento a la investigación
Regeneración, 23 de septiembre del 2015. Familiares de los 43 estudiantes desparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, piden a los ciudadanos firmar una petición para que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) permanezca en México y continúen sus investigaciones.  “No confiamos en las investigaciones en el gobierno”, señaló el estudiante Omar García, quien en un mensaje en video invita a suscribir a petición en la plataforma Change.org
Esta en la carta de los familiares de los 43:
Compañeras y compañeros, primero que nada muchas gracias por firmar esta petición. A casi un año de distancia nuestro reclamo de verdad y justicia sigue intacto y no descansaremos hasta encontrar a nuestros 43 compañeros desaparecidos.
Les comparto un mensaje en video adjunto a esta actualización para que por favor nos ayuden a compartir masivamente esta petición.
En la petición pedimos que Peña Nieto nos reciba, que acepten las recomendaciones del GIEI y que el GIEI permanezca en el país. La reunión con Peña Nieto ya se realizará, esperamos su pronunciamiento aceptando las recomendaciones y también su compromiso formal de que el GIEI se quede en el país para acompañar la investigación.
Nuevamente muchas gracias por firmar la petición y los esperamos en la marcha del 26 de septiembre, a un año de la desaparición de nuestros compañeros. Ayotzinapa.
En la petición Omar señala:
Soy Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes del ataque en el que desaparecieron a nuestros 43 compañeros las fuerzas de seguridad mexicanas. Junto con sus familiares hemos iniciado esta petición después de confirmar que el gobierno mexicano nos mintió sobre el paradero de nuestros compañeros.
Nos dijeron que los habían matado e incinerado en el basurero de Cocula. Nos dijeron que esa era la verdad histórica. Y ahora, después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicara su informe, sabemos que nos mintieron.
Solo hay una forma de saber el verdadero paradero de nuestros hijos, hermanos, amigos, compañeros: aceptando todas las recomendaciones que hizo el GIEI y permitiendo que se quede en México para dar seguimiento a la investigación.
Ayúdanos a exigir esto a todas las dependencias mexicanas, en particular a la Presidencia, PGR, la SEGOB y la CEAV. Queremos que nos reciba el Presidente Peña Nieto para que se comprometa públicamente a aceptar todas las recomendaciones del GIEI y a que este grupo permanezca indefinidamente en México para acompañar la investigación.
Ahora más que nunca los necesitamos. No pararemos hasta encontrarles ¿Y ustedes?
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Rechazan padres de los 43 aceptar ‘‘reparación del daño’’

  • No es la primera vez que nos ofrecen dinero, expresa Felipe de la Cruz
  • Solamente se planteó realizar un diagnóstico sicosocial a los familiares, señala Gobernación
Fabiola Martínez y Sergio Ocampo
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2016, p. 5
Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron aceptar ‘‘la reparación del daño’’, como declaró el miércoles pasado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, informó vía telefónica que en días recientes no ha habido interlocución directa con alguna autoridad del gobierno federal, ni se ha mencionado la instalación de alguna mesa de diálogo que aborde el tema de la reparación del daño.
‘‘Nosotros seguimos con la búsqueda pues sabemos que nuestros hijos están vivos; ojalá (Miguel Ángel) Osorio Chong tenga la honestidad de cumplir con su palabra y hacer que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se queden para la próxima etapa.’’
Sostuvo que no es la primera vez que se menciona esta propuesta (reparación del daño). ‘‘Desde hace mucho autoridades federales y estatales han llegado incluso a las casas de los padres de familia para ofrecer cierta cantidad de dinero por ese concepto, pero se ha rechazado.
‘‘Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos y la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma.’’
Finalmente, De la cruz hizo un llamado a participar en las actividades que se llevarán a cabo el próximo día 26 en la Ciudad de México, y 27 en Iguala, cuando se cumplan 18 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y de los tres alumnos asesinados.
Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asesores y coadyuvantes del gobierno mexicano para esclarecer el caso Ayotzinapa, recomendó la elaboración de un ‘‘diagnóstico de impacto social’’ en las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes fueron atacados por policías y entregados al crimen organizado.
La Secretaría de Gobernación confirmó ayer lo publicado por La Jornada sobre que se ha acordado que un equipo independiente realice el diagnóstico y el gobierno se compromete a aceptarlo. A raíz de información difundida la víspera en algunos medios de comunicación, en el sentido de que el gobierno estaría por ‘‘pagar indemnizaciones’’ por los jóvenes desaparecidos, la SG aclaró que ‘‘el inicio de los trabajos se refiere al diagnóstico sicosocial. Con base en éste, el Estado elaborará un plan de atención y reparación integral que será consultado con las víctimas y sus representantes’’.
En un comunicado, la dependencia dijo que, por mandato de ley, el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral de las víctimas directas e indirectas.
La reparación prevista en la ley, añadió, debe ser integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a los derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron.
‘‘La reparación integral del daño es mucho más que el pago de una compensación; debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y especialmente, medidas de no repetición’’, indicó.
Por tanto, precisó, ‘‘no se ha acordado ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico antes mencionado. Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos’’.
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jueves, marzo 24, 2016

Avanzan en una posible reparación del daño para familiares de los 43

Se hará un estudio ‘‘sicosocial’’ a padres y madres: Campa
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de marzo de 2016, p. 7
Después de año y medio de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, gobierno, organismos civiles y familiares de las víctimas darán un primer paso hacia la reparación del daño. En principio, según información recabada, se hará un estudio ‘‘sicosocial’’ de los familiares.
El tema es uno de los más delicados y sensibles en la relación entre padres y madres de los jóvenes y el gobierno, porque ambos están de acuerdo en que el proceso de búsqueda de los desaparecidos sigue en marcha, así como la investigación para el esclarecimiento total de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Consultado al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, confirmó que se trata ‘‘sólo de un estudio sicosocial’’, previo al diseño de un programa integral de reparación.
Para dar este paso, dijo, contribuyó de manera notable la participación, asesoría e intervención de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo de asistencia técnica entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de los especialistas es la búsqueda con vida de los estudiantes desaparecidos, la investigación penal y la atención a las víctimas.
Campa Cifrián subrayó que el estudio sicosocial es ‘‘un elemento previo’’ a los trabajos para la reparación del daño.Después de los hechos de Iguala hubo algunos intentos de definir este tema, pero las autoridades recibieron el reclamo de que primero había que esclarecer el paradero de los jóvenes, antes de pensar en una reparación.
‘‘Es un avance en el que ha tenido un papel muy importante el GIEI; el estudio sicosocial se aplicará a las familias y para ello se trabaja en la estructura y metodología a fin de que haya un convenio en el que se precisen los detalles y la forma de proceder a ello de manera profesional, respetuosa e integral’’, dijo en entrevista.
En noviembre de 2014, apenas dos meses después de la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno esbozó una propuesta de reparación, la cual no prosperó. En ésta se señalaba: ‘‘En consenso con las víctimas y sus representantes, y en el momento en que éstas lo consideren oportuno, el Estado garantizará el cumplimiento de sus obligaciones en materia de reparación del daño a través de una compensación que cumpla los estándares internacionales en la materia’’. (La Jornada, 7 /11 /14).
Campa fue entrevistado vía telefónica al término de la mesa social para las microrregiones Chimalapas, Triqui y Sierra Sur de Oaxaca, como parte de las acciones para el desarrollo que buscan abatir la pobreza y el rezago social de esta zona de 447 localidades, donde viven 117 mil personas. Dijo que con la estrategia se busca continuar con una forma de trabajo que atienda la situación de cada región y abatir la desigualdad.
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domingo, marzo 20, 2016

Desde Times Square reclaman justicia para los 43 de Ayotzinapa


Zaira Cortés  publicado: 
El frío intenso no acalló el grito de justicia por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México. La madrugada de este domingo, unos 50 activistas se reunieron en Times Square para apoyar la lucha de Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes de los que nada se sabe hace mas de un año. 
Tizapa, quien emigró a Nueva York hace más de 15 años, corrió el medio maratón United Airlines NYC Half con la esperanza de que más neoyorquinos conozcan su historia y se unan a su campaña. 
“Más voces harán más fuerte esta reclamo al Estado mexicano”, dijo Tizapa, quien corrió 13.1 millas por su hijo Jorge Antonio Tizapa Leguideño. “Esta es una lucha por Ayotzinapa y por todos los casos de impunidad que han ocurrido en México a manos de los gobernantes”. 
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La protesta inició a las 6:30 a.m. con el pase de lista de los 43 estudiantes. Times Square se estremeció con las consignas como “Ayotzinapa vive, la lucha sigue” y “Normalista, hermano, Nueva York te da la mano”. 
Itzy Ramírez, residente de Sunset Park, Brooklyn salió a las 5:00 a.m. con la convicción de que gritar fuerte por Ayotzinapa también es luchar por otras injusticias, como los feminicidios sin castigo en Ciudad Juárez, Chihuahua. La artista creció en esta ciudad fronteriza y el más vívido recuerdo de su adolescencia es el de los cárteles de la droga disputándose el territorio.
“Participar en esta protesta me hace sentir empoderada, estoy llena de emociones”, comentó Ramírez. “El señor Tizapa nos dio la mano a todos en solidaridad. Hay mucha humanidad en él y aunque con frío, vine a apoyarlo”. 

Daisy Bugarin, activista mexicana de derechos humanos y artista, también llegó antes del amanecer a Times Square para exigir justicia al Estado mexicano. 
“Es poderoso hacer una protesta aquí. Las personas de todo el mundo están aprendiendo de la impunidad que se vive en México, porque no sólo es Ayotzinapa”, dijo Daisy, del Colectivo Semillas. “Los 43 estudiantes representan lo bueno de México, la esperanza de México, y su desaparición forzada es una injusticia que no se olvida”. 
Compañero de lucha 
Amado Tlatempa, de 35 años, es el compañero de lucha y de maratones de Antonio Tizapa. El residente de El Bronx emigró hace una década de Tixtla, Guerrero.
“Desde la adolescencia comencé a entrenar en las pistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Hay una gran conexión emocional con los 43, porque conozco bien el lugar en donde se formaban para ser maestros”, dijo. 
Tlatempa entrenó en la escuela para correr el Maratón de Acapulco en 2005 y continuó corriendo luego de emigrar a la Gran Manzana, pero ahora lo hace por justicia. 
“Tengo las manos congeladas, el frío es insoportable”, admitió. “Pero mi corazón está que hierve por la impotencia de no poder hacer más por los 43. Sólo puedo correr y acompañar a Antonio Tizapa en su lucha”.
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