mié, 02 mar 2016 09:56
Nueva York. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en un informe anual sobre México que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, y subraya que es muestra de la “graves deficiencias” de las investigaciones en este tipo de casos, como la “impunidad estructural y casi absoluta” en los graves crímenes que ocurren en el país.
“México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años” en gran medida por la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y, al aumentar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha “desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”, señala el extenso informe anual Situación de los derechos humanos en México, emitido hoy.
En un resumen de las violaciones de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el actual régimen no se ofrecieron “cambios sustanciales” en políticas de seguridad mientras que continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y la inseguridad ciudadana, así como la de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Aunque reconoce las medidas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo algunas reformas constitucionales y protocolos para investigaciones de ciertos abusos de derechos humanos, indica que “la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’”.
De hecho, subraya que a pesar del cambio de gobierno a fines de 2012, “no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia”, y resalta sobre todo las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, y la inseguridad de ciudadanos, pero en especial de mujeres, migrantes, defensores de derechos y periodistas.
Afirma que “México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra”.
Cita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios desde 2006 hasta agosto de 2015. Ademas, señala que al 30 de septiembre de 2015 el Estado mexicano reportaba a 26 mil 798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional.
En torno a las desapariciones, fenómeno no nuevo, la CIDH considera como “grave” información sobre “la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado” o con su participación y una impunidad casi total.
Criticó las fallas en las investigaciones sobre desapariciones, y subraya que “la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “guerra sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”. Más aún, afirma que familiares de víctimas tienen renuencia de acudir a las autoridades, tanto por sospechas de complicidad como por falta de atención. “Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde”.
En este contexto, el informe aborda la desaparición forzada de los 43 normalistas en Guerrero, lo cual “constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México”. El caso, agrega, “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
Al mismo tiempo, la CIDH manifiesta su “agrado” por la “apertura” del Estado mexicano al escrutinio internacional y la labor del GIEI en torno a los hechos en Iguala.
El informe también se enfoca sobre el uso de violencia por agentes del Estado incluyendo los casos de Tlatlaya, Estado de México, en 2014, el de Apatzingán y el enfrentamiento en límites entre Tanhuato y Ecuandurco en Michoacán en 2015, resaltando la necesidad de medidas para la rendición de cuentas por autoridades.
“La práctica de la tortura es alarmante en México”, y también es “generalizada”, declara el informe. donde según cifras oficiales la Procuraduría General de la República cuenta, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero que existen sólo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal. Agrega que en la investigación de los hechos en Iguala -aun con su alto perfil- el 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales.
En su diagnóstico, la CIDH señala que “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana”.
Por lo tanto concluye que: “En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”.
El informe, que incluye un amplio diagnóstico de las fuentes de violencia, sus manifestaciones y un análisis detallado y documentado de la situación de derechos humanos en México, se puede consultar en: www.oas.org/es/cidh/
