Amnistía dijo que la desaparición de 43 jóvenes en México es caso emblemático en violaciones a derechos humanos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Amnistía Internacional (AI) envió una carta a los 35 Jefes de Estado, incluido el Presidente Enrique Peña Nieto, que participarán en la VII Cumbre de las Américas donde les exige dar prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos y poner la vista en México como un ejemplo de “violaciones”, “impunidad”, relación del Estado con el crimen organizado y la “falta de respuesta” del Gobierno federal para atajar la peor crisis que ha tenido el país en este rubro.
En la misiva, Amnistía dice que hay dificultades para acceder a la justicia y afirma que el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos es un caso “emblemático” en los graves errores en el tratamiento de violaciones de derechos humanos.
“Las incompletas y limitadas investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, sujetos a desaparición forzada, han puesto de manifiesto las graves deficiencias del gobierno mexicano a la hora de investigar la corrupción y la connivencia endémicas y generalizadas entre los funcionarios del Estado y la delincuencia organizada, así como el alarmante nivel de impunidad y la falta de respuesta del gobierno ante una de las peores crisis de derechos humanos en el continente”, plantea ese organismo internacional en su carta.
La organización también afirma que el caso no es aislado, como lo repitieron constantemente las autoridades, y mucho menos una situación atípica porque “las desapariciones de personas, la impunidad y la corrupción persisten”.
El evento que se llevará a cabo este viernes y sábado en Panamá y recibirá a 35 delegaciones de países americanos se centrará en el tema “Prosperidad con Equidad: El Desafío de Cooperación en las Américas”. Por ello, Amnistía considera que aún hay brechas sociales, económicas, de participación y ejercicio de los derechos humanos.
En esta edición, Cuba participará por primera vez y Amnistía confía en que halla relaciones más estrechas y constructivas sin “ninguna exclusión”.
DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS
Foto: Cuartoscuro
Amnistía denunció que la violencia contra mujeres y niñas continúa constituyendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en todo el continente.
“La protección de las mujeres y las niñas frente a la violación, las amenazas y el homicidio no ha sido cuestión prioritaria en la agenda política de los Estados de la región”.
Amnistía Internacional hizo un llamado a que los gobiernos asignen recursos a la lucha contra la violencia de género en el continente y ponga en práctica políticas para promover los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
También exhortó a Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam a derogar las leyes que penalizan el aborto, y garantizar el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los casos en los que el embarazo entrañe un riesgo para la vida o la salud física o mental de la mujer o niña, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.
TORTURA
La organización afirmó que en América se dispone de algunos de los mecanismos y leyes contra la tortura más sólidos a nivel nacional y regional. Sin embargo, en toda la región, la tortura y otros malos tratos siguen constituyendo una grave preocupación dada su práctica generalizada y la inefectiva implementación de las normas para hacer que los responsables comparezcan ante la justicia y se repare el daño a las víctimas.
En todo el continente el trato cruel, inhumano y degradante es común en los centros de reclusión o al momento de ser arrestada la persona, y se usa principalmente como forma de castigo o para extraer confesiones de presuntos criminales y construir investigaciones con esa base.
Además miles de personas permanecen recluidas en espera de juicio por largos periodos en los centros de detención de la región, en donde el hacinamiento, la violencia y la carencia de servicios básicos constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Los defensores de derechos humanos en la región “continúan enfrentando un contexto de dificultades para el ejercicio de sus acciones”, afirma Amnistía y muchas de estas personas “ponen en riesgo su vida, integridad física y libertad por el simple hecho de ejercer la defensa de derechos”.
En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación y un incremento en el uso del sistema judicial para intimidar y reprimir la defensa de los derechos humanos en todo el continente.
Son pocos los casos de abusos en contra de personas defensoras en los que se logran avances en las investigaciones y se llevan a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos ante la justicia.
DERECHOS DE PUEBLSO INDÍGENAS
Sobre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, Amnistía dijo siguen sufriendo discriminación y desigualdad en aspectos como la vivienda, el agua, la salud y la educación.
“Estos grupos continúan haciendo frente a las amenazas sociales, políticas y económicas para su bienestar colectivo y su existencia misma. Su patrimonio cultural, sus territorios ancestrales y su derecho a la autodeterminación son blanco de ataques constantes. Agentes estatales y no estatales, como empresas y poderosos terratenientes, con frecuencia les expulsan de sus propias tierras en nombre del desarrollo social y económico y sin consultarlos ni obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los programas de desarrollo a menudo provocan destrucción medioambiental y cultural y el desplazamiento de comunidades”.
La organización exhortó a los estados de la región a respetar los principios contenidos en la Declaración de la las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, universalmente aceptada en nuestro continente; así como la jurisprudencia del Sistema Interamericano en esta materia. “En especial, instamos a los gobiernos a garantizar la consulta efectiva y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos de desarrollo que los afectan, incluidos los proyectos de industrias extractivas”.
