* Hoy cierra en San Salvador gira en favor de los 10 campesinos aún recluidos en El Altiplano
* Mientras no haya justicia, no habrá paz ni democracia en tierras mexicanas, dice Gilly en un escrito
* Mientras no haya justicia, no habrá paz ni democracia en tierras mexicanas, dice Gilly en un escrito
Integrantes de grupos civiles y campesinos exigen alto a la represión contra activistas y la liberación de los presos políticos de Atenco-Foto René Ramón Alvarado
René Ramón
San Salvador Atenco, Méx., 12 de diciembre. El año que está por comenzar será decisivo para los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) encarcelados desde mayo de 2006, porque ya se agotó el último recurso legal y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán que decidir si ratifican las sentencias o los liberan, señalaron representantes de las organizaciones que participaron en la campaña nacional e internacional por la libertad y justicia para los presos políticos de San Salvador Atenco.
En la víspera de la clausura de la gira 12 estados, 12 presos, que se efectuará este domingo en la explanada municipal, representantes de organizaciones sociales provenientes de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla, Michoacán y Oaxaca relataron las adversidades que enfrentaron en sus comunidades por el hecho de recibir a los integrantes del FPDT y organizar actos públicos en defensa de los presos políticos.
Durante el encuentro, realizado en la casa ejidal de San Salvador Atenco, se leyó un mensaje del historiador Adolfo Gilly en el que advierte que mientras no haya justicia “no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas”.
Gobiernos represores
En su escrito de dos cuartillas, Gilly acusa al gobierno de Felipe Calderón y al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de “criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos de México”.
Asegura que esos dos gobiernos son represivos, igual que los de otras entidades, como Chiapas, Morelos, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Puebla y Oaxaca, porque “la criminalización y la represión de los movimientos sociales avanza en todo el país, de la mano con la militarización del territorio”.
Previamente, Jacobo Silva Nogales, ex guerrillero y ex preso político, mandó un mensaje de “solidaridad” a todas las organizaciones de México que han sido víctimas de la represión del Estado mexicano, y de “hermandad” para todos los presos políticos del país, incluidos los del FPDT, de quienes refrendó su lucha.
Ante representantes de unas 30 organizaciones, narró todo lo que aprendió del líder del FPDT, Ignacio del Valle Miranda, con quien convivió 10 meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano: “quiero decirles que en ese tiempo aprendí mucho de él”.
Asistieron al encuentro enviados del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de Veracruz; Red Jalisciense de Derechos Humanos; Vocal-APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca); Casa Comunitaria Nuevo León; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; grupos de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, y organizaciones del estado de México.
A nombre del FPDT, Damián Camacho Guzmán definió las tres líneas a seguir en 2010. En materia legal –dijo–, a principios de mes se agotó el último recurso, luego de que se interpuso un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados decidirán si ratifican las sentencias por más de 112 años de prisión contra los 12 líderes del FPDT o, en su caso, otorgan la libertad o reducen la condena, que en este caso no sirve de nada.
A los representantes provenientes del interior de la República se les informó que el pasado jueves 10 de diciembre el FPDT se reunió con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien le demandaron justicia.
Camacho Guzmán relató que en el encuentro recordaron al togado que en febrero pasado la SCJN exculpó al gobernador Enrique Peña Nieto y demás funcionarios involucrados en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.
“Por eso ahora recordamos a Gudiño Pelayo que es su deber ordenar la libertad de nuestros presos políticos”, pues finalmente la SCJN “entregó una carta de impunidad a Peña Nieto”, dijo.
Damián Camacho tocó otros dos temas fundamentales para los activistas: la “guerra de baja intensidad que el gobierno mantiene en el pueblo de San Salvador Atenco y la represión que a escala nacional sufren los grupos sociales organizados”.
Advirtió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende adquirir 2 mil 500 hectáreas de las más de 5 mil que en 2001 quisieron arrebatar a los campesinos de Atenco. Muchos labriegos han vendido sus tierras ante la presión, la crisis económica y los ataques del gobierno contra el FPDT, aseveró.
De obtener las 2 mil 500 hectáreas –advirtió–, el gobierno estaría en condiciones de retomar la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México. “La diferencia respecto a 2006 es que ahora podrá justificar que la terminal aérea se construirá en terrenos federales de la Conagua, no en tierras ejidales.”
Denunciaron que desde la represión en Atenco existe una estrategia contrainsurgente con la presencia de la milicia y de narcoparamilitares en las calles, quienes se han encargado de desactivar, por medio de la violencia, a los grupos organizados. Los ejemplos son muchos –dijeron–, y la represión se ha dado, además del estado de México, en Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Este domingo, los representantes de las organizaciones sociales participarán en el acto político-cultural, en el cual tocarán varias bandas de rock.
En la víspera de la clausura de la gira 12 estados, 12 presos, que se efectuará este domingo en la explanada municipal, representantes de organizaciones sociales provenientes de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla, Michoacán y Oaxaca relataron las adversidades que enfrentaron en sus comunidades por el hecho de recibir a los integrantes del FPDT y organizar actos públicos en defensa de los presos políticos.
Durante el encuentro, realizado en la casa ejidal de San Salvador Atenco, se leyó un mensaje del historiador Adolfo Gilly en el que advierte que mientras no haya justicia “no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas”.
Gobiernos represores
En su escrito de dos cuartillas, Gilly acusa al gobierno de Felipe Calderón y al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de “criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos de México”.
Asegura que esos dos gobiernos son represivos, igual que los de otras entidades, como Chiapas, Morelos, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Puebla y Oaxaca, porque “la criminalización y la represión de los movimientos sociales avanza en todo el país, de la mano con la militarización del territorio”.
Previamente, Jacobo Silva Nogales, ex guerrillero y ex preso político, mandó un mensaje de “solidaridad” a todas las organizaciones de México que han sido víctimas de la represión del Estado mexicano, y de “hermandad” para todos los presos políticos del país, incluidos los del FPDT, de quienes refrendó su lucha.
Ante representantes de unas 30 organizaciones, narró todo lo que aprendió del líder del FPDT, Ignacio del Valle Miranda, con quien convivió 10 meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano: “quiero decirles que en ese tiempo aprendí mucho de él”.
Asistieron al encuentro enviados del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de Veracruz; Red Jalisciense de Derechos Humanos; Vocal-APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca); Casa Comunitaria Nuevo León; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; grupos de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, y organizaciones del estado de México.
A nombre del FPDT, Damián Camacho Guzmán definió las tres líneas a seguir en 2010. En materia legal –dijo–, a principios de mes se agotó el último recurso, luego de que se interpuso un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados decidirán si ratifican las sentencias por más de 112 años de prisión contra los 12 líderes del FPDT o, en su caso, otorgan la libertad o reducen la condena, que en este caso no sirve de nada.
A los representantes provenientes del interior de la República se les informó que el pasado jueves 10 de diciembre el FPDT se reunió con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien le demandaron justicia.
Camacho Guzmán relató que en el encuentro recordaron al togado que en febrero pasado la SCJN exculpó al gobernador Enrique Peña Nieto y demás funcionarios involucrados en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.
“Por eso ahora recordamos a Gudiño Pelayo que es su deber ordenar la libertad de nuestros presos políticos”, pues finalmente la SCJN “entregó una carta de impunidad a Peña Nieto”, dijo.
Damián Camacho tocó otros dos temas fundamentales para los activistas: la “guerra de baja intensidad que el gobierno mantiene en el pueblo de San Salvador Atenco y la represión que a escala nacional sufren los grupos sociales organizados”.
Advirtió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende adquirir 2 mil 500 hectáreas de las más de 5 mil que en 2001 quisieron arrebatar a los campesinos de Atenco. Muchos labriegos han vendido sus tierras ante la presión, la crisis económica y los ataques del gobierno contra el FPDT, aseveró.
De obtener las 2 mil 500 hectáreas –advirtió–, el gobierno estaría en condiciones de retomar la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México. “La diferencia respecto a 2006 es que ahora podrá justificar que la terminal aérea se construirá en terrenos federales de la Conagua, no en tierras ejidales.”
Denunciaron que desde la represión en Atenco existe una estrategia contrainsurgente con la presencia de la milicia y de narcoparamilitares en las calles, quienes se han encargado de desactivar, por medio de la violencia, a los grupos organizados. Los ejemplos son muchos –dijeron–, y la represión se ha dado, además del estado de México, en Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Este domingo, los representantes de las organizaciones sociales participarán en el acto político-cultural, en el cual tocarán varias bandas de rock.
