Doce presos interpusieron los recursos; “se violó el debido proceso”, señala la defensa
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra durante una manifestación en demanda de la liberación de sus dirigentes, en imagen de archivo-Foto Carlos Ramos Mamahua
Jesús Aranda
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para que resuelva los amparos interpuestos por 12 presos por los hechos de San Salvador Atenco de mayo de 2006, quienes fueron sentenciados por la justicia del estado de México a penas de prisión que van de 32 a más de 100 años.
Encabezada por María Antonieta Trinidad Ramírez –esposa de Ignacio del Valle, preso junto con Felipe Alvarez y Héctor Galindo en el penal de máxima seguridad del Altipliano–, una comisión de atenquenses se reunió con Gudiño para solicitarle que cumpliera con su palabra de que cuando los detenidos presentaran un amparo directo ante la justicia federal, intercedería para que el máximo tribunal conociera y resolviera dichos asuntos.
Lo anterior, debido a que cuando los ejidatarios se reunieron con el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y con Gudiño Pelayo, cuando la Corte revisó la violación grave de garantías individuales ocurridas en San Salvador Atenco, los juzgadores comentaron que en ese momento no podían hacer nada en el caso de los presos, porque sus asuntos estaban en el fuero local.
Ayer un grupo de atenquenses, algunos con su característico machete en la mano, se manifestaron ante la sede del máximo tribunal para recordar a los ministros la palabra empeñada.
Después de varios minutos de espera, Gudiño recibió a la comisión durante casi una hora.
De acuerdo con Trinidad Ramírez, el ministro estuvo “receptivo”, escuchó con atención a los padres y familiares de los presos María Leonor Romero, Rosa Urrutia Castañeda, Catalina Rosas, Vidal Pilón Vargas, así como al abogado Augusto César Sandino.
“No venimos a pedirle un favor, porque si hacen una revisión exhaustiva de los procesos penales, los ministros tendrían que decretar la libertad de los detenidos”, subrayó Trinidad Ramírez.
A su vez, Gudiño solicitó a los comisionados los datos de los amparos directos, los nombres completos de los quejosos, el tribunal al que fueron adscritos los asuntos y el número de expediente, con la intención de que en enero –el 13 o el 20– presente ante la primera sala la solicitud para que la Corte ejerza su facultad de atracción.
El abogado Sandino, quien representa a los tres presos que están en el penal de máxima seguridad del Altiplano, destacó que la reciente decisión de la Corte de dejar libres a los indígenas sentenciados por la masacre de Acteal, con el argumento de que se violó “el debido proceso, tiene que ser tomado en cuenta en el caso Atenco, porque las autoridades también violentaron el debido proceso y por la imposición de sentencias excesivas por delitos que no cometieron”.
Agregó que, independientemente de que los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra presos en el Altiplano enfrentan acusaciones en el fuero común, si la justicia federal los exonera del delito de secuestro equiparado, se allanaría el camino para que obtengan la libertad.
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para que resuelva los amparos interpuestos por 12 presos por los hechos de San Salvador Atenco de mayo de 2006, quienes fueron sentenciados por la justicia del estado de México a penas de prisión que van de 32 a más de 100 años.
Encabezada por María Antonieta Trinidad Ramírez –esposa de Ignacio del Valle, preso junto con Felipe Alvarez y Héctor Galindo en el penal de máxima seguridad del Altipliano–, una comisión de atenquenses se reunió con Gudiño para solicitarle que cumpliera con su palabra de que cuando los detenidos presentaran un amparo directo ante la justicia federal, intercedería para que el máximo tribunal conociera y resolviera dichos asuntos.
Lo anterior, debido a que cuando los ejidatarios se reunieron con el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y con Gudiño Pelayo, cuando la Corte revisó la violación grave de garantías individuales ocurridas en San Salvador Atenco, los juzgadores comentaron que en ese momento no podían hacer nada en el caso de los presos, porque sus asuntos estaban en el fuero local.
Ayer un grupo de atenquenses, algunos con su característico machete en la mano, se manifestaron ante la sede del máximo tribunal para recordar a los ministros la palabra empeñada.
Después de varios minutos de espera, Gudiño recibió a la comisión durante casi una hora.
De acuerdo con Trinidad Ramírez, el ministro estuvo “receptivo”, escuchó con atención a los padres y familiares de los presos María Leonor Romero, Rosa Urrutia Castañeda, Catalina Rosas, Vidal Pilón Vargas, así como al abogado Augusto César Sandino.
“No venimos a pedirle un favor, porque si hacen una revisión exhaustiva de los procesos penales, los ministros tendrían que decretar la libertad de los detenidos”, subrayó Trinidad Ramírez.
A su vez, Gudiño solicitó a los comisionados los datos de los amparos directos, los nombres completos de los quejosos, el tribunal al que fueron adscritos los asuntos y el número de expediente, con la intención de que en enero –el 13 o el 20– presente ante la primera sala la solicitud para que la Corte ejerza su facultad de atracción.
El abogado Sandino, quien representa a los tres presos que están en el penal de máxima seguridad del Altiplano, destacó que la reciente decisión de la Corte de dejar libres a los indígenas sentenciados por la masacre de Acteal, con el argumento de que se violó “el debido proceso, tiene que ser tomado en cuenta en el caso Atenco, porque las autoridades también violentaron el debido proceso y por la imposición de sentencias excesivas por delitos que no cometieron”.
Agregó que, independientemente de que los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra presos en el Altiplano enfrentan acusaciones en el fuero común, si la justicia federal los exonera del delito de secuestro equiparado, se allanaría el camino para que obtengan la libertad.
