Visitan Europa delegados de Atenco y APPO
De la redacción
Para el Estado mexicano, uno de los peores “crímenes” es la defensa de la tierra y el territorio por parte de sus pobladores, afirmaron activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (estado de México) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante una gira por 16 ciudades de Alemania, Francia, Grecia, Austria y Suiza.
De la redacción
Para el Estado mexicano, uno de los peores “crímenes” es la defensa de la tierra y el territorio por parte de sus pobladores, afirmaron activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (estado de México) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante una gira por 16 ciudades de Alemania, Francia, Grecia, Austria y Suiza.
Invitados por la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Munich, los delegados de las organizaciones populares mexiquense y oaxaqueña expusieron los casos de luchadores sociales perseguidos y encarcelados por resistir despojos de sus comunidades. Citaron el caso de los 12 atenquenses que continúan presos desde la ocupación violenta de las policías federal y estatal en San Salvador Atenco en mayo de 2003, entre ellos Ignacio del Valle, condenado a 112 años, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, con sentencias de 67 años cada uno.
Otro ejemplo que expusieron en la serie de mesas de trabajo, foros, reuniones con parlamentarios, organismos de derechos humanos y activistas críticos de la globalización fue el de tres comuneros de Guevea de Humboldt, en el Istmo de Tehuantepec, detenidos hace 10 años por oponerse al despojo de tierras por parte de los caciques regionales. Actualmente purgan condenas de 80 años.
La militarización también fue destacada por la delegación de Oaxaca. Los delegados expusieron que en regiones donde hay movimientos populares y resistencia también hay excesiva vigilancia policiaca y hostigamiento militar, con frecuencia acentuados con pretexto del combate al narcotráfico.
Las organizaciones que se reunieron con los enviados de Atenco y la APPO concluyeron que el gobierno de México “firma tratados internacionales de respeto y protección a los derechos humanos, pero no los cumple”.
