Palabra andante
Carmen martínez Genis
En los pasados días, la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de los paramilitares detenidos y hallados culpables de la masacre de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Los argumentos de la Corte para tal despropósito son que hubo “errores cometidos por la Procuraduría General de la República (PGR) que utilizó pruebas obtenidas de manera ilegal”, y porque “se violentaron sus garantías individuales cometidas durante la averiguación previa, toda vez que en la mayoría de los casos, tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basan en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita”, según dicen en un comunicado aparecido en su sitio de internet.
Para Diego Cadena, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las anomalías señaladas por la Suprema Cort(a) de Justicia, pueden haber sido cometidas de forma deliberada y que pudo haber sido una promesa a los paramilitares que ahora están cumpliendo, pues comenta que “una y otra vez, a lo largo del proceso, hemos venido señalando las anomalías y negligencias cometidas por la PGR en el caso, pero nunca hemos sido escuchados”.
La propia Corte señala que la liberación de los 20 indígenas paramilitares no indica que sean inocentes, sino que sus sentencias se dieron de forma irregular. Llama mucho la atención que la Corte se tome la molestia de analizar un caso con estos argumentos dado que las cárceles de nuestro país están repletas de prisioneros cuyos casos adolecen de la falta de pruebas y están repletos de anomalías. ¿Por qué entonces eligen precisamente a los paramilitares de Acteal para revisar sus casos y “reparar los errores”? Para nadie es un secreto que la justicia en México es para quien la puede comprar y que la Suprema Corte de Justicia se mueve más por intereses políticos del grupo en el poder que por el interés mismo de impartir la justicia. Como muestra otro botón: el reciente rechazo de la misma Cort(a) de atraer el caso de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
Si hacemos un comparativo con el caso de los detenidos en el caso Atenco, el despropósito del máximo órgano de justicia toma su dimensión real, pues mientras a los paramilitares culpables de la masacre de Acteal no solamente los han dejado en libertad sino que les ofrecen tierras en donde ellos decidan y todo lo necesario para que vivan (es decir los recompensan), a los tres miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, detenidos en mayo de 2006 junto con otros compañeros suyos, les dictan una sentencia de 67 años y seis meses de prisión en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, sin que existan los elementos legales que sustenten ni la desproporcionada sentencia, ni la estadía de estos dirigentes del movimiento atenquense en un penal de esta naturaleza.
Si la Corte de Justicia ha dejado en libertad a prisioneros que fueron reconocidos por los sobrevivientes de la masacre de Acteal como los victimarios de sus familiares muertos, entonces el caso debe reabrirse y la propia Corte está obligada a ordenar nuevas pesquisas para dar con los culpables, pero sobre todo, deberán iniciarse los procesos contra los culpables intelectuales que nunca fueron procesados y que todos sabemos quiénes son: Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República cuando sucedieron los hechos; Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas; Homero Tovilla, secretario de Gobierno, y Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario general de Gobierno, además de los jefes policiacos. Sólo así la sociedad podrá recuperar un poco de la confianza perdida, en la Suprema Corte de Justicia.
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