■ La impunidad, señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano en el caso, asegura
■ Pide a Eduardo Medina Mora que brinde apoyo pleno al trabajo de la nueva fiscal especial
■ Pide a Eduardo Medina Mora que brinde apoyo pleno al trabajo de la nueva fiscal especial
Emir Olivares Alonso
La impunidad en los “graves casos de tortura” perpetrados en San Salvador Atenco “es señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano de terminar con ese crimen y la violencia contra las mujeres”, aseguró Amnistía Internacional (AI).
A unos días de que se cumplan dos años de los hechos en ese municipio mexiquense, en el que fueron detenidas 207 personas, la mayoría de las cuales fueron torturadas, y de éstas 26 mujeres denunciaron abusos y violaciones sexuales, la organización civil más importante de defensa de los derechos humanos aseguró que las autoridades mexicanas deberían “asumir con urgencia” el reclamo de justicia y reparar el daño, debido a la gravedad de la tortura que sufrieron las víctimas.
AI denunció que Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de asuntos de violencia contra las mujeres, pese a realizar una investigación de oficio del caso, no ejerció acción penal contra los responsables, por lo que la organización demandó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, “demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”.
Indicó que ese órgano debe tomar pasos decisivos para terminar con la impunidad en estos casos, garantizar que todos los responsables rindan cuentas y que las mujeres afectadas reciban reparaciones adecuadas.
El organismo internacional recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas “han recomendado al gobienro mexicano garantizar una investigación eficaz en la fiscalía especial federal, para que los responsables sean procesados debidamente”, lo cual, remarcó AI, “aún no ha sido implementado”.
Insistió en que la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso “no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos, para esclarecer los hechos”.
