Esperan fallo judicial en favor de detenidos en Atenco

Echaría por tierra los autos de formal prisión

Víctor Ballinas

Activistas de Atenco han realizado varias protestas frente a la sede de la SCJN para exigir la excarcelación de sus compañeros. La imagen corresponde a un acto efectuado en noviembre pasado Foto: Marco Peláez

El abogado Juan de Dios Hernández, quien desde hace dos años lleva la defensa de activistas detenidos en San Salvador Atenco, manifestó ayer que espera que este miércoles el cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito de Toluca haga la resolución de los expedientes 1094/07 y 1434/07, con lo cual se echarían abajo los autos de formal prisión en contra de los procesados y permitiría la libertad de César del Valle Ramírez, Georgina Edith Rosales González y Rufino Gonzáles Rosas, encarcelados desde el 4 de mayo de 2006, en el penal Molino de Flores, en Texcoco, así como de otros 25 procesados que se encuentran en libertad bajo fianza.

Asimismo, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quien fue condenado a 67 años y seis meses de prisión, dijo que se espera que en la sesión de este día la resolución del cuarto tribunal confirmará las sentencias de amparo y echará abajo los autos de formal prisión por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación en contra de los procesados, las cuales fueron otorgadas por el juez noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl, estado de México, “ante la falta de pruebas que sustentan las imputaciones hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto por medio de sus policías de seguridad estatal”.

Trinidad Ramírez manifestó que el FPDT demanda que el cuarto tribunal colegiado emita una resolución en favor de la libertad “de los compañeros y compañeras” referidos, y acelere otros procesos que están pendientes de revisión por los amparos 1095/07 y 1459/07.

Posible liberación de 3 presos de Atenco; se necesita ayuda

t@dos l@s adherentes y simpatizates de La Otra Campaña

Para el día jueves 6 de marzo, sesionarán los magistrados encargados de resolver el amparo en revisión de los compañeros presos: Edith Rosales, Rufino González Rojas y César del Valle; es posible que ese mismo día alcancen su liberación.

Los tres quedarían absueltos por el delito de secuestro equiparado, sin embargo, en elc aso de la compañera Edith, todo parece indicar que le dejarán el cargo de ataques a las vías de comunicación y alcanzaría su libertad con una fianza de entre $ 14,000.00 a $ 17,000.00 pesos.

Es por ello que se solicita la cooperación de t@dos para que ella pueda salir junto con los otros compañeros ese mismo día.

Todos los apoyos que se puedan aportar se habrán de depositar en la cuenta: Banorte 0515325032

A nombre de Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan

Nuestro grito de "Presos Políticos: Libertad", será una realidad en la medida que consigamos sacarlos ayudando en todo los que podamos.

Por la libertad de l@s pres@s polític@s y contra la represión de las comunidades zapatistas.

Plantón Molino de Flores

04455 3322 9648

plantonmolinodeflores@gmail.com

Jornadas de trabajo en el Plantón Molino de Flores

Compas.

este sábado durante el día se empezaran los trabajos de reconstrucción en el plantón molino de flores en texcoco, pues están por llegar las lluvias y las lonas que están ya no aguantaran.

por eso invitamos a todas y todos a asistir este sábado 8 de marzo o desde el viernes por la noche al plantón molino de flores en texcoco para entre todos y todas cambiar las lonas y hacer lo que sea necesario para arreglar el plantón.

necesitamos manos, pies, ojos, cabezas dispuestas a trabajar, hasta sacar las ampollas y dejar el plantón como nuevo.

¡¡¡TODAS Y TODOS ESTE FIN DE SEMANA A TRABAJAR EN EL PLANTÓN!!!

les esperamos, no lo olviden...

¡¡Libertad a los y las presas!!

salud y libertad

Atenco: recorriendo Territorio e Historia

ante el proyecto del Aeropuerto

Por: momo

El pasado 27 de Diciembre de 2007 se dio a conocer en los principales medios de comunicación la noticia de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se construirá en 9 mil hectáreas que pertenecen al gobierno federal en Texcoco.La inversión mínima que se plantea para la totalidad del proyecto es de 8 mil millones de pesos, sin embargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se especifica que en 2008 se destinarán 200 millones de pesos tan solo a los estudios del aeropuerto en la zona centro del país.Ante este aviso las comunidades de San Salvador Atenco se preguntan: ¿y las 9 mil hectáreas de donde las van a tomar?

• Territorio e identidad
• Tokada por la libertad

Es así que las comunidades que conforman Atenco se han vuelto a reunir para discutir y tomar acuerdos que los lleven a acciones para evitar este “nuevo despojo”, acciones como las del ultimo mes, en los que han realizado recorridos por las tierras que forman Atenco para reconocer su territorio y sus linderos y el Foro del pasado 24 de febrero llamado:

”En defensa de nuestras raíces e identidad de nuestros pueblos.

”El 10 de febrero en un recorrido por las extensas tierras que compone Atenco una integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos comento:

“Se dice que las 9 mil hectáreas para el proyecto aeroportuario son propiedad Federal, pero resulta que en un articulo de la Ley Agraria, nos dice que todo ejido, pertenece y es propiedad federal, por lo tanto el ejido aunque es ejido y esta en manos de los campesinos o de los comuneros, es propiedad federal .

Basándose en esa ambigüedad de que los ejidos son también zona federal se va a querer apropiar de estas tierras, obviamente no va a expropiar por que no se puede expropiar dos veces por la misma causa, entonces van a querer hacerlo por el método de la compra individual que junto con el cambio de uso de suelo ayudaría a la compra individual de los terrenos de los ejidos.

El proyecto del Aeropuerto como otras experiencias en diferentes partes del mundo conlleva a desarrollos de zonas habitacionales, hoteles, centros comerciales, bancos, oficinas, etc. ante este “desarrollo” el FPDT dice:

"Vendría a dejar sin el recurso del agua a las comunidades, todo este recurso se centraría en las unidades habitacionales porque finalmente es su negocio y como las comunidades no representan un negocio, las van a dejar sin este recurso, le van a dar prioridad a la gente que esta pagando mensualmente su departamento o su casa”.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Cómo apropiarse de estas tierras?"

Comprándole a los ejidatarios de manera individual, se viene el despojo y la mancha urbana se volcaría salvajemente a nuestras comunidades, eso es indudable y el aeropuerto forma parte de ese salvajismo que quieren hacer contra nosotros.

Es falso que sea en zona federal; es en zona del pueblo de México y del pueblo de Atenco, un pueblo que ha construido historia, que ha defendido su identidad, que ha defendido la vida misma.

9 mil hectáreas es poco para un proyecto de aeropuerto y si están en el limite de los terrenos ejidales de Atenco se van a venir para acá, hasta que acaben con nuestras comunidades; vienen las carreteras, van a querer pasar entre las comunidades, las van a partir, las van a desintegrar para que pasen las vialidades, un aeropuerto viene con vialidades, vienen con todo lo que implica alrededor: hoteles, centros comerciales, unidades habitacionales, bancos, etc".

Reconociendo Territorio e Historia.

“Nosotros decimos que somos los dueños ancestrales de estas tierras y de lo que hay en ellas y efectivamente el recurso del agua nos pertenece por ser los dueños ancestrales, es importante reconocer esta área, decimos que la zona federal y la zona ejidal no son diferentes y que la zona federal es parte también de nuestro territorio porque es el territorio de México y también forma parte de la historia de México, no la formo otra nación, no la formaron otros mexicanos , fuimos los mismos y forma parte de nuestra historia de Atenco, de la historia de Texcoco inclusive, porque era territorio de Netzahualcóyotl y forma parte de la construcción de la gran Tenoxtitlan, eso no lo podemos olvidar, por eso reconocemos a la zona federal como parte de nuestro pueblo por que ahí se construyo una nación.

El lago de Texcoco a propósito se fue secando para en el futuro hacer este proyecto, un proyecto que no beneficia al pueblo, sino que beneficia a los inversionistas, a los dueños del dinero, nosotros no tenemos dinero pero si queremos a nuestra historia, la queremos de tal forma que la queremos seguir defendiendo, no solamente como venir a reconocer nuestro territorio, sino ha venir a reconocer nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura y la vida misma de nosotros”.

Lo que no se ve: los proyectos alternativos.

“Esta zona la estamos manteniendo con proyectos de agricultura, queremos plantar arboles, porque esta zona apoya al Distrito Federal con oxigeno, pero nos preocupa la zona que ya esta seca, se esta volviendo un desierto, ya no va haber agua potable y no solo a Atenco le va a afectar sino a todos.

Ese aeropuerto es un exterminio de ganado, todavía tenemos engorda de novillos, aquí se cultiva maíz, avena, trigo y cereales que resisten a las sales, nosotros de lo que hablamos es de trabajo, de proyectos al campo, acabamos de cosechar el maíz, ya tenemos maquinaria para cosechar, estamos actualizados.

Toda esta zona es de cultivos y no vamos a dejar de cultivarlas, esa es la postura de los campesinos de Atenco”.

Y tan es la postura de los pobladores de Atenco que el pasado 24 de febrero de 2008 se reunieron comunidades vecinas de Atenco y de Texcoco para participar en el “Foro en defensa de nuestras raíces e identidad de nuestros pueblos”. Allí también se dieron cita, integrantes de mas de 20 organizaciones y colectivos que demostraron su solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Se presentaron ponencias acerca de las de la Identidad y de las raíces en las que se remarca el valor que tienen como pueblos originarios de Texcoco.

Una profesora de Chapingo dijo: “quieren arrancar nuestra memoria colectiva. Atenco se ha convertido en un espacio de simbolismo, en un ejemplo de lucha y dignidad, un espacio territorial único”.

Tomó la palabra Javier del Valle que es el representante del Comisariado Ejidal y el secretario Antonio Ramírez mostrando la postura de los ejidatarios: “fuimos electos por la Asamblea y estamos en la postura de no negociar ni un solo centímetro del Ejido de San Salvador Atenco, hemos tenido presiones, nos han amenazado pero no nos vamos a intimidar”.

Ya en la parte final de este Foro se leyó el posicionamiento político del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el que entre otras cosas menciona:“Durante los días 27 y 28 del mes de diciembre del 2007, apareció una nota en la prensa escrita anunciando la reactivación del proyecto aeroportuario en la zona de Texcoco, posteriormente se anuncia en el periódico El Universal la construcción del aeropuerto en la zona federal que cuenta con 9000 hectáreas, remarcando que no se tocaran los ejidos de Atenco.

A nosotros nos queda claro que este proyecto aeroportuario nunca dejó de trabajarse, desde que logramos con nuestra lucha la derogación del decreto expropiatorio estábamos conscientes de que el gobierno no quitó el dedo del renglón y de que en algún momento buscarían reactivar lo que no pudieron lograr.

Sabemos que el proyecto del aeropuerto no ha dejado de trabajarse, pero los gobiernos han intentado otra estrategia: construyendo vialidades, centros comerciales y complejos habitacionales que representan una amenaza para nuestras comunidades pues implican el despojo y la desaparición de formas de organización ancestrales de nuestros pueblos…y hará aún más escaso el abasto de agua para nuestro consumo y para el riego de nuestros cultivos.

A partir de este contexto, las comunidades que conformamos el FPDT, las organizaciones sociales y el pueblo de México, NO aceptamos el despojo de nuestras tierras, nuestra historia, nuestras raíces e identidad, decimos: No QUEREMOS SU AEROPUERTO EN NUESTRAS TIERRAS con la misma fuerza y conciencia de hace 7 años.

Exigimos el respeto a nuestros pueblos, queremos que nos dejen decidir con libertad, qué queremos y cómo queremos vivir”.

Así , en el futuro se realizarán diversas actividades en las cuales el llamado es nuevamente a la defensa de la tierra, claro, a la par de la lucha por la libertad de los 19 presos políticos.

Foro en Defensa de Nuestras Raíces e Identidad

Foro en Defensa de Nuestras Raíces e Identidad realizado en Atenco el día 24 de febrero

Esperan sentencia 148 atenquenses

Israel Dávila (Corresponsal)

Toluca, Mex,. 28 de febrero. El juzgado primero penal de Texcoco cerró la instrucción del proceso radicado en la causa 54/07, en contra de 142 personas involucradas en los hechos violentos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco a principios de mayo de 2006, por lo que el juez Juan Alberto Cervantes Flores emitirá su sentencia en las próximas semanas.

No obstante, el proceso por esta causa penal sigue abierto en contra de seis implicados –todos en libertad bajo las reservas de ley–, quienes siguen desahogando pruebas para demostrar su inocencia, o bien han promovido amparos.

De las 174 personas a quienes se instruyó el proceso por ataques a las vías de comunicación y secuestro, sólo 148 esperan sentencia, que bien puede ser absolutoria.

Felipe Álvarez, uno de los dirigentes del movimiento atenquense, fue exculpado por la confrontación entre policías y civiles el 3 y 4 de mayo, pero seguirá preso para purgar una condena de 67 años y medio de prisión por el secuestro de un funcionario estatal en abril de 2006.

Estado policiaco - Ahumada

Rayuela - La Jornada

Ojalá, señores diputados, no lleguen a lamentar que a algún familiar, amigo o conocido, o a ustedes mismos, le apliquen las medidas persecutorias que tan a la ligera acaban de aprobar.

Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocida popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.

Lydia Cacho: La Ley Gestapo

Lydia Cacho*

El 31 de enero, Guillermo Patiño descansaba en casa de su hermano, su padre dormía a un lado. La Policía Federal Preventiva recibió una llamada sobre un supuesto secuestro en una casa en el centro de Cancún. Veinte agentes federales allanaron el hogar, sin orden judicial, y el agente de las fuerzas especiales Israel Jiménez Briones disparó su arma a mansalva contra Guillermo Patiño. No encontraron ni secuestrados, ni armas, ni drogas, simplemente a tres ciudadanos durmiendo en su hogar. Mas tarde se supo que la llamada a PFP era falsa. Lo que es real es el asesinato del ciudadano. Gracias a que la familia pudo contratar una buena penalista, el agente asesino fue detenido. Durante este sexenio militares y policías asignados a la "guerra contra el narco" han cometido incontables actos similares de abuso y violencia. Pero ahora podrán hacerlo avalados por la nueva reforma judicial.

Al margen de las consideraciones ciudadanas la clase política ya decidió por nosotros. De la mano de Emilio Gamboa y Héctor Larios, las y los legisladores panistas y priístas están a punto de convertirla en ley. En diciembre las y los diputadores del PRD la aprobaron, pero ahora la cuestionan argumentando que hubo cambios en la minuta del Senado.

¿Qué propone la reforma constitucional en materia de justicia que será aprobada esta semana? Lo bueno es que contempla los llamados juicios orales que permitirán agilizar la impartición de justicia y hacer transparentes los procesos. Además, prevé un apartado de "derechos de las víctimas" donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección. (Aunque esas garantías ya estaban supuestamente protegidas por la Constitución y por los Tratados Internacionales) .

Lo peligroso es que establece cambios constitucionales al Artículo 16, en lo referente a cateos y allanamientos. Esto significa que cuando la reforma judicial sea adoptada por la mayoría de los estados, permitiría cateos y allanamientos sin orden judicial, "cuando se trate de situaciones extremas o de excepción y cuando esté en peligro la vida o integridad de alguna persona". La reforma incluye el nombramiento de "jueces de control" encargados de la resolución rápida de solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y de realizar las audiencias preliminares en el juicio. Esto lo podrán hacer por escrito, o si hay prisa, de "manera oral". Más peligroso es que para emitir órdenes de aprehensión se reducen los requisitos para el juez, quien ya no requerirá "la acreditación del cuerpo del delito", ni la probable responsabilidad del inculpado. Aunque el arraigo es "exclusivamente para casos de delincuencia organizada" en México se sigue aplicando el "primero arresta y después averigua".

También el Estado podrá quedarse con los bienes a las organizaciones y grupos de delincuentes aún cuando no se haya dictado sentencia, si se determina responsabilidad penal; esto incluye los delitos de lavado de dinero.

Efectivamente esta reforma tiene un lado positivo, pero como no va acompañada de un cambio estructural, lo más probable es que se convierta en un aval para la ya evidente y grave violación sistemática a los derechos humanos de las y los mexicanos. Porque quien opera estas leyes es el sistema mismo que las corrompe y las utiliza a su antojo. El problema central con esta reforma es que quienes la enarbolan son los mismos que han protegido el enriquecimiento ilícito de gobernadores y familiares de presidentes. Los que avalan la colusión de servidores públicos para defensa de delincuentes. El problema central de esta reforma constitucional es que otorga un margen de discrecionalidad mayor al eslabón que siempre falla: los estratos corruptos del aparato de justicia. En pocas palabras dejará en mayor indefensión jurídica a la sociedad y protegerá a los policías que primero torturan o matan, y después averiguan, y a los Ministerios Públicos y Jueces que por corrupción o ineptitud se hacen cómplices del crimen organizado.

http://www.lydiacacho.net/

Reforma Judicial Aprobada- El Fisgón

Reculan diputados en el tema de los allanamientos

Eliminan que la policía pueda catear domicilios sin orden de un juez

• Legisladores inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, obligaron a sus coordinadores a buscar una salida legal al tema

Roberto Garduño y Enrique Méndez

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de justicia penal y, cobijada con la premisa de mostrarse sensible a los reclamos de la sociedad, desechó el párrafo íntegro referente a los allanamientos, que permitiría a la policía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.

La decisión de los legisladores fue considerada en San Lázaro un triunfo, pero en los hechos el pleno camaral consiguió una victoria discutible al dejar inalterada la minuta en temas tan importantes para los derechos humanos como los siguientes:

En el caso de la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada.

A pesar de que se prevé que las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y confidencialidad de las mismas, habrá una excepción cuando las conversaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.

A los internos de reclusorios que requieran de medidas especiales de seguridad y que tengan que ver con delincuencia organizada se les destinarán centros especiales. En ese caso, en el que la clasificación de delincuencia organizada queda en el limbo, se podría incluir tanto a delincuentes comunes como a luchadores sociales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados, salvo cuando se trate de su defensa.

De tal forma, la determinación de excluir el párrafo referente a los allanamientos obedeció a la presión ejercida por diputados inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, quienes obligaron a los coordinadores parlamentarios, Héctor Larios y Emilio Gamboa, a establecer un acuerdo con el líder de la bancada del PRD, Javier González Garza, con objeto de deshacerse del párrafo de marras por el cual se pretendía autorizar a las policías el allanamiento a domicilios sin orden judicial. Ese malestar no garantizaba a Larios y Gamboa conjuntar las dos terceras partes del pleno camaral para votar en favor la minuta enviada por el Senado.

El acuerdo forzado, la inconformidad de priístas y panistas y la férrea oposición del PRD, fue considerado a priori un éxito al desecharse los allanamientos. La rebelión, matizada como inconformidad, sobre todo de los priístas, cobró relevancia desde el pasado fin de semana cuando Emilio Gamboa recibió noticias del enojo que provocaba el tema de los allanamientos entre los electores priístas, y la preocupación que esto generó en la dirigencia del Revolucionario Institucional por los costos políticos que sobrevendrían sí sostenía la postura de impulsar la reforma judicial en sus términos.

Del lado panista, los reproches fueron mínimos, pero aun así la molestia persistía al considerarse las incursiones policiacas sin orden judicial un acto violatorio de la Constitución. Anteayer, al percatarse de que la mayoría de los diputados priístas votarían contra la reforma judicial, Gamboa ordenó a su compañero Raúl Cervantes se reuniera con senadores priístas y panistas para explicarles la naturaleza de una posible modificación a la minuta con la desaparición del párrafo integro referente a los allanamientos.

Cervantes terminó por convencer a los senadores, quienes se comprometieron a aceptar la modificación a la minuta y aprobarla una vez que la Cámara de Diputados la regresara.

Con esa previsión, Emilio Gamboa inició ayer una operación política tendiente a restañar todas las heridas que había provocado el PRI a sus electores con el respaldo a una reforma antipopular. Al llegar ayer a la reunión plenaria del tricolor en San Lázaro, alrededor de 80 legisladores de ese partido se oponían definitivamente a sostener el tema del allanamiento.

Al medir aquella tendencia, Gamboa Patrón consiguió que sus compañeros aprobaran un acuerdo para que César Camacho ofreciera en esos momentos una conferencia de prensa y ahí anunciara que el PRI proponía deshacerse del párrafo citado, y de esa forma empatarse con las demandas de ciudadanos y organizaciones civiles.

Camacho, quien se había constituido en el defensor de la minuta, se vio obligado a desdecirse: “Creemos que la medida es intrínsecamente buena, pero eventualmente en su instrumentación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad mexicana en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales”, dijo.
Y es que, desde las 9 de la mañana, el coordinador perredista, Javier González Garza, Larios y Gamboa se habían reunido para acordar una estrategia que otorgara legalidad a la devolución de la minuta al Senado. La encontraron en el inciso E del artículo 72 de la Constitución, donde se establece que “si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, modificado o adicionado por la cámara revisora (el Senado), la nueva discusión en la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones de la revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo federal.

“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos se desecharan en la segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobada por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo”.

De tal forma, la Cámara de Diputados sólo necesitaba aprobar por mayoría calificada la exclusión del párrafo que permitía los allanamientos domiciliarios, para que el resto de la reforma, en la minuta votada ayer, sea aprobada por el Senado. El resultado final de la votación fue de 462 votos a favor de legisladores de todos los grupos parlamentarios, seis de perredistas en contra y dos abstenciones.

La próxima semana, confiaron diputados del PRI, la minuta será aceptada en los términos aprobados ayer y enviados por la Cámara de Diputados al Senado, para que sea avalada también por la mayoría de los congresos estatales, y cuando se declare que fue votada por el Constituyente Permanente, el Ejecutivo federal la publique para su entrada en vigor.

Perfeccionando la democracia - Hernández

Ley Gestapo - Rocha

Reformadores - Helguera

¿Qué es la Ley Gestapo?

La represión que se nos viene encima

Por Jaime Avilés
Revista El Chamuco No. 142,
Febrero de 2008

No se lo digan a nadie, pero gracias a los diputados y senadores del PRI, del PAN e incluso del PRD, dentro de poco cualquier policía podrá entrar a cualquier casa a cualquier hora y con cualquier pretexto, para esculcarla a su antojo, robarse lo que más le guste y llevarse a las personas que encuentre en su interior; con la hospitalaria intención de incomunicarlas en un centro de arraigo hasta por 40 días.

¿No lo sabían? Pos entérese porque éstas son apenas algunas de las medidas que entrarán en vigor al amparo de la llamada “reforma judicial”, mejor conocida como Ley Gestapo: un conjunto de modificaciones a los artículos I6, 17, 20, 21 Y 123 de la Constitución y, por favor; no bostecen, porque la cosa va muy en serio.

En primer lugar; la tal reforma hará posible que organizaciones como eI Yunque pueda desempeñar funciones policíacas. Gracias a un párrafo que se anexó al artículo 16 constitucional, “cualquier persona podrá detener a otra, si ésta comete un delito en flagrancia”. Esa posibilidad ya es aceptada en los códigos penales del país: ¿para qué elevarla a rango constitucional? A la mejor para lo siguiente, Imagínense: un grupo de yunquistas acusará a una pejeviejita -nomás porque le cae gorda- de estar “vendiendo cocaína a la puerta de un colegio”. Bastará que la agarren, la entreguen en la delegación más cercana, la acusen y presenten el cuerpo del delito y los testigos, que serán por supuesto ellos mismos, ¿No es un traje a la medida del fascismo?

Ese mismo artículo 16, remodelado, señala que “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza grave”. Este es otro concepto que ya figura en los códigos penales. Si unos ladrones secuestran a una persona en la calle y la policía los persigue y ve que se esconden en una casa, lo único que tiene que hacer es entrar a esa casa y rescatar a esa persona sin pedir la autorización escrita de un juez. Gracias a la Ley Gestapo, sin embargo, esta excepción se volverá la regla, y todo policía podrá catear cualquier casa a toda hora, y los jueces que antes autorizaban esta clase de operaciones ahora tendrán más tiempo libre porque ya no serán requeridos para estos trabajos.

¿No es una treta para intensificar la represión generalizada con el pretexto de que la policía debe aumentar su eficacia? En forma complementaria, en el propio artículo 16 se institucionalizan los arraigos “hasta por 40 días”, Durante ese lapso, los detenidos no podrán hablar con sus familiares ni contar con la ayuda de un abogado defensor. El arraigo se concibe, explican los enterados, como un recurso para que la policía obtenga pruebas que permitan demostrar la culpabilidad de una persona a la que no pueden encarcelar por falta de elementos.

Pero esos centros de “arraigo” serán también de tortura, en donde los policías podrán aplicar las nuevas técnicas de “investigación” desarrolladas por el ejército de Estados Unidos en Iraq y Guantánamo, como esa de obligar a los cautivos a escuchar música de rap a todo volumen, las 24 horas del día, durante varias semanas. Y como Bush está extendiendo la doctrina de que la tortura es válida -aunque viole todos los acuerdos internacionales que la condenan-, ésta se intensificará en México, donde ya es de por sí una práctica cotidiana.

Ahora bien, para evitar que se cometan abusos al amparo de las nuevas normas, la Ley Gestapo establecerá un mecanismo de vigilancia creando, en el artículo 17, la figura de los “jueces de control”. Estos en realidad serán unos súper jueces, con facultades para resolver situaciones anómalas casi al instante. Lo malo es que -como lo denunció el jurista Raúl Carrancá y Rivas- entrarán en funciones... ien 2016! Dentro de ocho años. ¿Ese es el plazo que Calderón supone que necesita para imponer; la paz de los sepulcros en todo el país?

007 “bajo el mando” de Godínez

La Ley Gestapo comenzó a cocinarse en 2005, tras la insurrección cívica que impidió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México estaban definiendo una serie de acuerdos para reforzar la “seguridad estratégica” de América del Norte, y George WC Bush le exigió a Vicente Century Fox que adaptara a la Constitución mexicana las disposiciones “antiterroristas” de la tenebrosa Acta Patriótica II, una serie de excepciones que le permite a la policía leer la correspondencia de los ciudadanos, espiar sus cuentas de internet, conocer el estado de sus finanzas, oír sus conversaciones telefónicas, etcétera. Y todo con el pretexto de Al Qaeda.

Como en México no tenemos Al Qaeda y lo que quieren panistas, priístas y algunos perredistas es reprimir a los movimientos sociales que crecen por todas partes, nos dicen que la Ley Gestapo ayudará a combatir con mano durísima al crimen organizado. Pero esas son patrañas. En ningún país y en ninguna época la fuerza bruta ha sometido al narcotráfico, y Calderón lo sabe (o a lo mejor no: es tan ignorante). Además, para la Ley Gestapo, serán “delincuencia organizada” los grupos de tres o más personas que se unan para cometer un ilícito. Si tres chavos se roban unas papas y unas chelas en una tiendita, los perseguirán y juzgarán como delincuencia organizada, y a la mejor acaban en Almoloya. O si tres o más personas se unen para oponerse a la privatización de Pemex...

Usar la mano dura para luchar contra el hampa, dice el maestro Bernardo Bátiz, es tan eficaz como disparar una pistola para matar los mosquitos que no nos dejan dormir. Hay que buscar el origen del problema, agrega, hay que secar el charco donde nacen los mosquitos y atender las causas que orillan a la gente a delinquir. En una ponencia acerca de la Ley Gestapo, de la que tomé las notas que ustedes están leyendo, el ex procurador del Distrito Federal explicó, asimismo, que esta reforma modificará también el artículo 20, para que los juicios se realicen en menos tiempo, “al estilo de las películas de Estados Unidos”, y el 21, para que la investigación de los delitos quede a cargo de la policía y ya no del ministerio público.

En su redacción actual, el artículo 21 dispone: “la investigación de los delitos la realizará el ministerio público auxiliándose de la policía judicial”. Ahora, si la Ley Gestapo se aprueba, “la investigación y persecución de, los delitos la realizarán los policías bajo el mando del ministerio público”. Perdón, dijo Bátiz, pero, ¿a qué policías se refiere? Respuesta: a todas, desde la PFP, la AFI y la PGR hasta las judiciales estatales, las municipales y las bancarias, o sea a todas, absolutamente todas sin distinción. Y todas podrán meterse a la casa cuando quieran.

Ah, pero según la Ley Gestapo esos policías actuarán “bajo del mando del ministerio público”. ¿Cómo? ¿Un pobre agente del MP, que gana salario mínimo y no deja de ser un pobre tinterillo, le dará órdenes a un súper agente de la AFI? Por favor. Sin embargo, en este aspecto, la reforma también toma sus precauciones incorporando un inciso al artículo 123 de la Constitución, para advertir lo siguiente: cuando los agentes del ministerio público sean despedidos, incluso sin causa justificada, no podrán volver a ser reinstalados en su puesto de trabajo. Esa medida se les aplicará también a los peritos, miembros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, así como a los cónsules y embajadores de México.

Los del MP vivirán bajo una amenaza constante: si no se comportan como sirvientes de los súper policías que realicen las investigaciones, serán despedidos y nunca recobrarán su empleo. Y los peritos que no dictaminen lo que les convenga a los poderosos, igual. ¿Que el licenciado Godínez no quiere obedecer al comandante de la PGR que tiene “bajo su mando”. Pues que lo corran y le digan que nunca más podrá recuperar su empleo. ¿Que el perito va a dar un dictamen contrario a los intereses de la prima de Calderón? Pos que le recuerden lo mismo.

La Ley Gestapo, que, como salta a la vista, es un instrumento para consolidar una dictadura, fue aprobada en la Cámara de Diputados con el voto de Ruth Zavaleta, Javier González Garza y 42 perredistas más, mientras otros 52 se pronunciaron en contra y algunos pocos se abstuvieron. El Senado la “revisó” y la devolvió con mínimos cambios a San Lázaro, y ahora ya sólo falta que la respalden 20 de los 30 congresos estatales para que se convierta en realidad, Calderón la proclame y la pesadilla entre en vigor. ¿No hay nada que podamos hacer para frenarla? Se me ocurren mil cosas pero el espacio de agotó.

Concierto en Atenco: "Por la Tierra y Libertad!"

Concierto "Por la Tierra y la Libertad!"

Panteon Rococo, Rastrillos, Cien Pies, Los de Abajo, Salon Victoria, Intifada, Unidup Estacion Reage, La Barricada Sur, Antidoping, La Resistencia de México.

Viernes 14 de Marzo

San Salvador Atenco (Canchas de Futbol)

Preventa $60

El día del evento $80

Los fondos seran destinados a la lucha por la libertad de lxs presxs politicxs de Atenco

Preventa: -UNAM: Cubículo El Brigadista (Salon B-111, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales), Cafe Oriente (CCH Oriente), Explanada de la Fac. de Economia (del 10 al 13 de marzo), Café de la Fac. de Ciencias.-Tianguis del Chopo (con Tajobase).

-Atenco: Helados "Elizabeth"(calle Florida, a un lado de la casa ejodal), Maquinitas de Porfirio (Plaza de Atenco), Kiosko de Atenco.

-Texcoco: Discos Beto's (Centro de Texcoco)

¡Pres@s Politic@s, Libertad!

¡No al aeropuerto!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

CNDH: la reforma judicial, retroceso en materia de garantías individuales

Los legisladores no deben aprobar la iniciativa, considera el ombudsman Soberanes

Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)

Mérida, Yuc., 25 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, reiteró su rechazo a la reforma judicial que analizarán hoy diputados federales, “porque constituye un retroceso para las garantías individuales”.

Posteriormente comentó, en conferencia de prensa, que los legisladores no deben aprobar esa propuesta, “porque es muy delicado que se rompa la inviolabilidad del domicilio. Es un paso atrás”, añadió.

El ombudsman nacional señaló que uno de los problemas más graves de México es la ausencia de políticas serias y eficaces para mejorar la seguridad pública, ya que no existe precedente en el país sobre el grado de penetración e influencia social que ha alcanzado el crimen organizado.

Manifestó que para combatir esa situación “tampoco es válido seguir con prácticas cotidianas, pero tampoco bastan los discursos, la mera voluntad ni la mano dura a corto plazo”. También calificó de “insuficiente” el aumento de penas, el incremento de las atribuciones de los policías y la presencia de cuerpos de seguridad en las calles.

Durante su visita a Yucatán para encabezar diversos actos relacionados con la aplicación de la justicia, Soberanes Fernández manifestó que la batalla definitiva se dará cuando se combata la corrupción. Además, abundó, las autoridades deben invertir en educación y prevención, así como desincentivar el consumo de drogas, propiciar la rehabilitación de adictos y formar mejores policías.

De igual forma, Soberanes Fernández calificó de “falsa” la tesis de que el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública son incompatibles. “Por el contrario, ambos conceptos son complementarios. Por esa razón no puede existir una norma que justifique la violación a los derechos humanos. La ilegalidad no se puede combatir con más ilegalidad”, resaltó.

Agregó que dicha propuesta de reforma significa un claro retroceso en lo logrado en materia de derechos humanos en años recientes, y una “contravención a nuestros compromisos internacionales en el rubro”.

La reforma judicial de Calderón sacará a México del “canal internacional”

Modificaciones a algunos artículos violan la CIDH, afirma experto de la UNAM

Alfredo Méndez

La aprobación de la reforma judicial calderonista sacará a México del “canal internacional”, ya que los arraigos y allanamientos a casas habitación sin la orden de un juez violarán el artículo séptimo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificada por nuestro país, aseguró ayer el especialista en temas de seguridad nacional Adolfo Miranda, al participar en un foro de análisis organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En tanto, el ex ombudsman de Baja California, José Luis Pérez Canchola, coincidió con Miranda en el peligro que representa elevar a rango constitucional el arraigo y los allanamientos de morada, aunque aclaró que el principal problema del sistema penal mexicano es la impunidad, que se consolida cada día con la inacción de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Para Adolfo Miranda, quien se desempeña como asesor en temas de seguridad y justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si bien la reforma calderonista tiene aspectos positivos, también resultará peligrosa, porque va a minar las garantías individuales.

Refirió que al modificar los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Carta Magna se facilitará al Ministerio Público la posibilidad de conseguir órdenes de aprehensión, pues serán más laxos los requisitos para que un juez disponga esas medidas cautelares.

Otro aspecto negativo de esos cambios, añadió, es que se hayan suprimido las facultades exclusivas para que las autoridades ministeriales y hacendarias pudieran inspeccionar las cuentas bancarias de los grupos criminales, pues ahora será difícil combatir el lavado de dinero que realizan narcotraficantes y secuestradores.

Indicó que lo más peligroso de la reforma –que será votada este martes en la Cámara de Diputados– es la facultad que se dará a las policías del país para decidir, en caso de persecución a presuntos delincuentes organizados, cuándo allanar un domicilio.

Es inadmisible que sean los agentes mexicanos, que carecen de preparación, ética y lealtad a las instituciones que representan, quienes tengan la facultad de decidir quién es delincuente y cuándo deben entrar a un domicilio, destacó.

“Los policías terminarán informando a un juez que era necesario tal o cual allanamiento, tergiversarán los hechos a su conveniencia y se cometerán actos de injusticia”, aseveró Adolfo Miranda.

José Luis Pérez Canchola, ex director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, declaró que no toda la culpa de la ineficiencia en el combate a la delincuencia es de los cuerpos policiacos.

“No hay que dejar de ver que en este país imperan la corrupción y la impunidad institucional. El problema principal es la falta de justicia; nuestros políticos e instituciones de procuración e impartición de justicia no han cumplido a la sociedad, y en ello están embarradas las procuradurías, los jueces y hasta el Ejército”, puntualizó.

Añadió que otro grave error del gobierno federal es mandar a los militares a las calles del país a realizar labores policiacas, poniendo de pretexto que es necesario para combatir el narcotráfico. “Esta guerra contra las drogas está causando más daño social que las propias drogas”, resaltó.

TODOS contra la Ley Gestapo

¡AHORA SÍ LA VAN A APROBAR!

CONCENTRACIÓN URGENTE

frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Contra la Reforma Judicial

Martes 26 de febrero a las 12 hrs.

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN

Les invitamos a tod@s a protestar mañana a las 12 hrs en la camara de diputados (metro San Lazaro) contra la ley GESTAPO

¿Sabías que… la Reforma Judicial que SE VA A APROBAR EL MARTES 26 DE FEBRERO en la Cámara de diputados constituye un grave atropello a nuestros derechos?

¿Sabías que a partir de estas reformas la policía–cualquier policía, puede ser preventiva, municipal, PFP, agentes, etc.- puede detenerte sin orden de aprehensión o allanar tu casa sin orden de cateo?

¿Sabías que ya se puede mantener incomunicada a una persona hasta por 40 días?

Estas reformas son un grave atropello a nuestrasgarantías individuales fundamentales, anteriormente otorgadas por la Constitución de 1917 y significan un grave retroceso respecto e esa legislación, además decontravenir acuerdos internacionales suscritos por México.

El gobierno del fascista calderón y, como siempre encontubernio con la TV, mienten, ocultan la verdad ala gente respecto a estas gravísimas reformasjudiciales, ocultan que se abrió la puerta a másatropellos y abusos por parte de la policía y atodavía más violaciones de los derechos humanos elementales.

No dicen que en el fondo estas reformasdan más facultades a las policías, (no se especifica cuáles, PFP, SSP, bancaria, etc) para que puedanreprimir -legalmente- cualquier manifestación social de descontento, o reuniones de 3 o más personas que les parezcan sospechosas de "asociación delictuosa"-como en los peores años del PRI-.

Con esa reformapenal, ahora la policía, quien depende directamentedel ejecutivo, tiene las facultades para poder acusar, investigar y también perseguir un delito (lo que solamente hacían los ministerios públicos).

Infórmate!

¡NO A LA LEY GESTAPO!

¡NO A UN ESTADO POLICIACO Y REPRESOR!