Más de 2 mil personas fueron desplazadas de sus tierras por hombres armados y han contabilizan a 15 heridos por arma de fuego. Organizaciones civiles repartieron víveres a familias afectadas por la escasez de recursos.
- Redacción AN / ES
Por Ángeles Mariscal
Dos mil 36 indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, duermen y despiertan con el temor de sufrir una emboscada. Llevan en un cuaderno anotado las 98 veces que les han disparado, durante los últimos tres meses, desde una montaña colindante con sus tierras, ubicada en el municipio vecino de Chenalhó. Ante la indiferencia de las autoridades, el martes 14 de julio organizaciones humanitarias llevaron víveres, porque la hambruna, producto de no poder acceder a sus tierras y cosechar sus alimentos, ya se refleja en sus cuerpos.
A Manuela Sántiz Hernández la delgadez, producto de la insuficiencia alimentaria, se le nota en los pómulos del rostro y en el cuerpo, que parece el de una adolescente que apenas empieza a desarrollarse. Ella tiene 24 años y la responsabilidad de alimentar a ocho menores de edad, tres de ella, y cinco de su suegra, quien murió dejando huérfanos a cinco niños.
Vivían todos en la comunidad Yetón, uno de los 11 poblados donde se ubican 60 hectáreas de tierra que sus agresores del municipio de Chenalhó, intentan arrebatarles por la vía de la fuerza armada.
La disputa por esas tierras, explican los lugareños, inició hace siete años, pero en fechas recientes escaló el nivel de agresiones que ha llevado al desplazamiento forzado a 115 familias, un total de 2 mil 36 personas.
“Una noche entraron a la casa, nos pusieron el arma en la cabeza, nos dijeron que teníamos que salir, y nos fuimos… no tenemos nada, ahí quedó todo, completamente todo, nuestras pertenencias, nuestras cosechas, nuestra casa. Tenemos que empezar de nuevo”, señala Manuela.
El martes 14 de julio, por la mañana, representantes de cada una de las 115 familias desplazadas, llegaron a la cabecera municipal de Aldama. Ahí cada familia recibió víveres donados por organismos civiles.
Estos alimentos fueron adquiridos mediante donaciones privadas recaudadas por el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (Fisanim), un organismo que impulsa la actriz Ofelia Medina.
Tan sólo de maíz, en total se repartieron 5 toneladas 750 kilogramos de víveres. Los apoyos entregados a cada familia beneficiada fueron 50 kg de maíz; 2 kg de alimento enriquecido de amaranto; 4 kg de frijol; 2 kg de azúcar; 2 kg de arroz; 250 gramos de sal; 1 litro de aceite; 2 barras de jabón y una bolsa de diversas semillas para sembrar.
Los indígenas agradecieron la solidaridad, pero reiteraron: “nosotros vamos a seguir peleando las 60 hectáreas porque son nuestras tierras, queremos que nos las devuelvan, porque ahí es donde sacamos nuestro alimento, nuestro sustento diario”, explicó Rosa Sántiz Sántiz.
Con el apoyo de otra mujer traductora -porque Rosa habla prioritariamente tsotsil-, demandó que el gobierno “le dé una solución a este conflicto, porque ya estamos cansados”.
Rosa Sántiz Sántiz se levanta a las tres de la mañana a cocer frijol y maíz, prepara las tortillas que comerán durante el día, su esposo y sus cuatro hijos. Antes que salga el sol, toda la familia empieza a caminar la vereda que los lleva de la comunidad San Pedro Cotzilnam, hacia el poblado Santiago El Pinar.
En Santiago El Pinar, por 80 pesos diarios, trabajan de siete de la mañana a cuatro de la tarde, en la cosecha de café.
Rosa es de estatura muy baja, pero tiene la capacidad organizativa y de liderazgo que la hace ser una de las representantes de la comisión de comuneros desplazados; y coordinar la distribución de alimentos. En Aldama, los desplazados se han organizado para resistir las agresiones de sus vecinos de Chenalhó.
La disputa aparente es por 60 hectáreas de tierra colindantes entre ambos municipios, pero los civiles armados de Chenalhó también han expulsado a habitantes Chalchiuitán, y a campesinos dentro del mismo Chenalhó. Todo a base de agresiones armadas donde utilizan, de acuerdo a los disparos que se pueden ver en las paredes de las viviendas, armas de grueso calibre y rifles de asalto.
“No caigan en provocación”
El 23 de enero de 2019, ante las denuncias sobre las agresiones de los civiles armados, el gobierno federal se vio obligado a instalar en las comunidades afectadas de Aldama, un destacamento de policías federales, estatales y el Ejército Mexicano.
Las agresiones no se detuvieron con esa medida. Los civiles armados continuaron disparando y a la fecha, los desplazados contabilizan a 15 heridos por arma de fuego, y 7 de sus compañeros asesinados, entre ellos Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama.
A los pocos meses de instalado, el destacamento de policías y militares se retiraron; acordaron realizar patrullajes, pero con el inicio de la pandemia, estos se hicieron esporádicos, y las agresiones se intensificaron.
En el grupo de desplazados, Martin Sántiz Sántiz es el encargado de escribir cada una de las veces en la que les disparan desde las montañas de Chenalhó. Lo lleva anotado en una libreta, la saca y contabiliza 98 agresiones recientes. La última, pocas horas antes que llegaran a la cabecera municipal para recibir los alimentos de la donación.
Explica que lleva esa bitácora para hacer el reporte que entrega a la Fiscalía de justicia de Chiapas. Cuando se les entrega, “siempre les pregunto cómo van las investigaciones, y siempre me contestan que aún falta que se complete la investigación”.
En los cuatro meses recientes -relata- el patrullaje de policías y militares se realiza solo una vez a la semana. “Se dan una vuelta por la carretera, miran de donde vienen los disparos, y se van. Lo que nos dicen es: ustedes guarden silencio, no caigan en provocación”.
El gobierno de Chiapas, explica Manuel Melesio Sántiz López, otro de los desplazados, les ha ofrecido dividir la tierra y reubicar a las familias afectadas en un rancho ubicado en el municipio de Ixtapa, un lugar de tierra infértil donde el uso prolongado de agroquímicos ha acabado con la fertilidad de la tierra. Sin embargo, las mismas autoridades han suspendido el proceso para una posible reubicación.
Por el contrario, a inicio de marzo, la Fiscalía de justicia detuvo a Cristóbal Sántiz Jiménez, uno de los voceros de los desplazados. A la fecha, Cristóbal está preso en el penal El Amate. Con la detención, a la demanda para la restitución de sus tierras, y el alto a las agresiones, se suma ahora la exigencia para la liberación del líder comunitario.
“Esta pandemia se está complicado todo, porque hay escasez de alimento, hay una crisis muy fuerte, económicamente; y laboral, porque en el pueblo de Aldama trabajamos del campo, vivimos del campo y somos del campo”, sostiene Silvia, una joven de la zona, que ha tenido que dejar sus estudios para tomar el liderazgo en sistematizar las problemáticas, y servir de enlace hacia el exterior.
Las denuncias sobre la situación en Aldama han escalado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión Interamericana (CIDH), a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ningún pronunciamiento e intervención de estas instancias ha servido para detener la violencia, a la que en los meses de la pandemia se suma la hambruna, ya que los campesinos desplazados han tenido dificultad en conseguir trabajo.
Además de organismos humanitarios, especialistas también ven con preocupación la situación de los desplazados de la zona. La antropóloga Araceli Burquete, conocedora de la región e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), explica: “la ruta para la pacificación en Aldama es muy clara. En primer lugar, atender a la población desplazada y la emergencia humanitaria”.
También, “tomar medidas efectivas para detener la violencia y dar garantías a la población; el desarme de los agresores; investigar y sancionar; y desarticular a los grupos armados. Estas son las medidas mínimas que podrán contribuir a devolver la paz y la convivencia entre dos pueblos de tradición ancestral en ese territorio (…) pero, de manera urgente “evitar más muertes de población indefensa”.
