En el Centro Frayba se solicitó asistencia médica y apoyo humanitario a las comunidades indígenas en los altos de Chiapas. Foto tomada del Twitter de @CdhFrayba
Ciudad de México. En lo que se perfila como “un escenario previo de lo que fue la Masacre de Acteal”, se teme una fuerte hambruna y un “desastre humanitario” de los desplazados tzotziles en los tres municipios de los Altos de Chiapas donde existen numerosas familias desplazadas por la violencia paramilitar de Chenalhó, alertaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (conocido como Fideo), respectivamente en voz de Pedro Faro y la actriz Ofelia Medina, junto con Marcos Pérez, consejero y figura muy respetada del municipio de Chalchihuitán.
Durante la conferencia de prensa celebrada en San Cristóbal de Las Casas este lunes, los organismos urgieron al Estado mexicano para implementar un Plan de Emergencia Alimentaria hacia Pueblos Originarios. También declararon “urgente” la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos y contribuir “en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado”.
Declararon “apremiante” que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas “atienda la situación de manera integral y de acuerdos a los Principios Rectores y la Directrices de la ONU relacionadas al Covi0d-19”. Ello, “en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.
Al emitir una acción urgente, “ante esta situación grave”, exigen a los gobiernos federal y estatal “una actuación con debida diligencia para implementar medidas cautelares” en favor de centenares de niños, mujeres y hombres en condiciones muy precarias.
Al emitir una acción urgente, “ante esta situación grave”, exigen a los gobiernos federal y estatal “una actuación con debida diligencia para implementar medidas cautelares” en favor de centenares de niños, mujeres y hombres en condiciones muy precarias.
En su llamamiento, Frayba y Fideo asientan: “La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena, y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia. Es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria”.
Detallaron la necesidad de atender “de manera puntual y efectiva” las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia Covid-19, que “recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos deTratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias”.
Consideran clave que “se desactive la violencia en estos territorios, provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal”.
Mientras Chiapas se está convirtiendo en una de las entidades con más rápida propagación del temible coronavirus, las familias desplazadas en los municipios tzotziles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, y otras más refugiadas en San Cristóbal de Las Casas, todas bajo los techos mínimos del desamparo, enfrentan una carencia casi total de alimentos, agravada por la imposibilidad, a riesgo de perder la vida, para trabajar y cosechar sus parcelas en las comunidades de donde fueron desplazados por una suerte de coalición paramilitar cobijada por los caciques y el gobierno constitucional de Chenalhó y tolerada por el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas.
Los testimonios de ataque armados, algunos durante varias horas, son constantes, prácticamente “a diario” al menos en Chalchihuitán. Como testimonia Ofelia Medina: “con lágrimas en los ojos, los indígenas hablan de su hambre”. También celebra que a pesar de la violencia que sufren se mantengan en resistencia pacífica. Además, apuntó, como los juzgados están cerrados, no hay quien haga justicia. (Tampoco lo hacían cuando estaban abiertos).
Ante la situación, el vocero de Chalchihuitán y los organismos mencionados llamaron a la sociedad civil nacional e internacional a que “se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México”. Detallaron que sería al banco Scotiabank, Cuenta: 00107853564; Clave interbancaria: 044180001078535644.
