Conferencia del FISANIM

Gracias a:

Patricia Cano por producir y dirigir este hermoso regalo; a Paco Bernal por también colaborar en la producción y en la investigación; a Luciano Frías por la edición y a Mauricio Sánchez por la composición y la guitarra.

¡Viva la Vida!

Piden donativos a favor de la salud de niños indígenas

Hacemos de su conocimiento el número de cuenta bancaria del Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México AC (Fideo) para que con un donativo sean parte de las acciones que estamos realizando, en atención a la emergencia alimentaria agravada por el Covid-19, que padecen las familias desplazadas, víctimas de paramilitares en: Acteal, de la Sociedad Civil de las Abejas, Chalchihuitán y en el municipio de Aldama. Son más de 3 mil personas que dignamente resisten ante la injusticia. Con los donativos continuaremos llevando maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, jabón y alimento enriquecido a base de amaranto que tanto gusta y nutre.
Cuenta en Scotiabank: 00107853564. Clabe interbancaria: 044180001078535644. Para recibo deducible de donativo, envía tus datos al correo: fisanimdf@gmail.com Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Fabiola de la Rosa, Eufrosina Rodríguez, Pilar Torre y Luis Reyna.

Alertamos posible hambruna de Pueblos Mayas en desplazamiento forzado

26 May, 2020  en Acciones Urgentes por Frayba Comunicación

• Llamamiento al Estado mexicano para implementar un Plan de Emergencia Alimentaria hacia Pueblos Originarios.
  
  
• Urgente la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos en Chiapas.
  
  

• Apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral y de acuerdos a los Principios Rectores y la Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.
  
  

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), en Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en hambruna. En vulnerabilidad la vida de las familias que viven en desplazamiento forzado ocasionado por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y la falta de atención integral de los gobiernos federal y estatal.

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de pobreza en la que viven las desplazadas y los desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19. La Región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a los municipios de Chenalhó, (integrantes de Las Abejas de Acteal) Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas, cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no han podido ir a cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las tres situaciones de desplazamiento forzado hay grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidas, las niñas, niños, mujeres y las ancianas / los ancianos son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el Interés Superior de la Niñez, es protegido y salvaguardado por el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “… en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarmar a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan en el municipio de Chenalhó. El gobierno del estado de Chiapas solamente ha realizado acciones para administrar el conflicto.

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y alimentaria especialmente entre las mujeres y niñas/os, quienes son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

El nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los Pueblos Originarios: “Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.” 1

 La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. 2  Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 3 El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar porque tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. 4

Ante esta situación grave exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar las medidas cautelares urgentes:

1. La alimentación es un derecho constitucional incumplido a los Pueblos Originarios y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria.

   
   

2. 2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

   3. La intervención de la Cruz Roja Internacional para contribuir en la ayuda humanitaria en los territorios que el desplazamiento forzado se ha prolongado, en Chiapas, México.

      
      

   4. Atender de manera irrestricta las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

      
      

   5. Se desactive la violencia en estos territorios provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo fue la Masacre de Acteal.

      
      

   A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644

   
   

   Solicitamos también a quienes nos indignamos por esta situación firmen esta acción urgente y envíen llamamientos al Estado mexicano:

   
   

   Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

   LEE LA PETICIÓN
   

                                          Señora                                       Señor                                       Señora                                       Señorita    Mx.    Dr. 

   
   

   
   

    ENVÍA EN COPIA OCULTA A TI MISMO

   
   

    SÍ, ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD *

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   1 COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud. Advierte experto de la ONU. 18 de mayo de 2020.

   2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available

   3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).

   4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75

   5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

   San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
   A 26 de mayo de 2020.
   
   
   Acción urgente No. 8

Centro Frayba alerta de un “desastre humanitario” en los Altos de Chiapas

Hermann Bellinghausen 

En el Centro Frayba se solicitó asistencia médica y apoyo humanitario a las comunidades indígenas en los altos de Chiapas. Foto tomada del Twitter de @CdhFrayba
Ciudad de México. En lo que se perfila como “un escenario previo de lo que fue la Masacre de Acteal”, se teme una fuerte hambruna y un “desastre humanitario” de los desplazados tzotziles en los tres municipios de los Altos de Chiapas donde existen numerosas familias desplazadas por la violencia paramilitar de Chenalhó, alertaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (conocido como Fideo), respectivamente en voz de Pedro Faro y la actriz Ofelia Medina, junto con Marcos Pérez, consejero y figura muy respetada del municipio de Chalchihuitán.

Durante la conferencia de prensa celebrada en San Cristóbal de Las Casas este lunes, los organismos urgieron al Estado mexicano para implementar un Plan de Emergencia Alimentaria hacia Pueblos Originarios. También declararon “urgente” la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos y contribuir “en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado”.

Declararon “apremiante” que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas “atienda la situación de manera integral y de acuerdos a los Principios Rectores y la Directrices de la ONU relacionadas al Covi0d-19”. Ello, “en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Al emitir una acción urgente, “ante esta situación grave”, exigen a los gobiernos federal y estatal “una actuación con debida diligencia para implementar medidas cautelares” en favor de centenares de niños, mujeres y hombres en condiciones muy precarias.

En su llamamiento, Frayba y Fideo asientan: “La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena, y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia. Es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria”.

Detallaron la necesidad de atender “de manera puntual y efectiva” las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia Covid-19, que “recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos deTratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias”.

Consideran clave que “se desactive la violencia en estos territorios, provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal”.

Mientras Chiapas se está convirtiendo en una de las entidades con más rápida propagación del temible coronavirus, las familias desplazadas en los municipios tzotziles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, y otras más refugiadas en San Cristóbal de Las Casas, todas bajo los techos mínimos del desamparo, enfrentan una carencia casi total de alimentos, agravada por la imposibilidad, a riesgo de perder la vida, para trabajar y cosechar sus parcelas en las comunidades de donde fueron desplazados por una suerte de coalición paramilitar cobijada por los caciques y el gobierno constitucional de Chenalhó y tolerada por el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas.

Los testimonios de ataque armados, algunos durante varias horas, son constantes, prácticamente “a diario” al menos en Chalchihuitán. Como testimonia Ofelia Medina: “con lágrimas en los ojos, los indígenas hablan de su hambre”. También celebra que a pesar de la violencia que sufren se mantengan en resistencia pacífica. Además, apuntó, como los juzgados están cerrados, no hay quien haga justicia. (Tampoco lo hacían cuando estaban abiertos).

Ante la situación, el vocero de Chalchihuitán y los organismos mencionados llamaron a la sociedad civil nacional e internacional a que “se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México”. Detallaron que sería al banco Scotiabank, Cuenta: 00107853564; Clave interbancaria: 044180001078535644.

TOMOGRAFÍA DEL TREN MAYA / EMERGENCIA ALIMENTARIA DESPLAZADOS INDÍGENAS DE CHIAPAS – RV INFORMA

¡Hola! Apóyanos en nuestra campaña permanente de donaciones: https://www.rompeviento.tv/donaciones/

26/Mayo- 2pm. ¡EN VIVO!

Hoy en ROMPEVIENTO TV INFORMA — Emergencia alimentaria en poblaciones indígenas desplazadas de Chiapas.

 * Entrevista con la actriz Ofelia Medina — Tomografía del Tren Maya
A) Concepción.
B) Visión territorial.
C) Legalidad.
D) Economía. 

* Entrevista a la Dra. Violeta Nuñez Rodríguez. Profesora-Investigadora del Departamento de producción Económica, UAM-X.
Conduce: Ernesto Ledesma

www.rompeviento.tv y Rompeviento TV Youtube

La Nueva Normalidad

21 DE MAYO DE 2020

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Mtro. Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del Estado de Oaxaca.
Dr. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador del Estado de Chiapas.
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán.
C.P. Carlos Manuel Joaquín González
Gobernador del Estado de Quintana Roo.
Lic. Carlos Miguel Aysa González
Gobernador Sustituto del Estado de Campeche.
Ing. Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado de Veracruz.
Lic. Miguel Barbosa Huerta
Gobernador del Estado de Puebla.
Sr. Cuauhtémoc Blanco Bravo
Gobernador del Estado de Morelos.
PRESENTES:

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un enérgico llamado a los gobiernos municipales, estatales y federal, para que:

1. 1  Se abstengan de seguir promoviendo el modelo de desarrollo extractivista, de servidumbre de paso y ocupación temporal, causante de la devastación ecológica y responsable estructural de generar la pandemia que hoy vivimos en el planeta;
   
2. 2  Garanticen el derecho de los pueblos originarios, comunidades y organizaciones a la libre determinación, incluido el derecho a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuando debe ser el regreso a las actividades incluyendo las escolares;
   
3. 3  Cumplimiento al Derecho a la Alimentación. Puesto que la salud depende directamente de la alimentación, exigimos se tenga como prioridad un Programa de Emergencia Alimentaria para toda la población en condición de miseria, pobreza extrema y pobreza.
   
4. 4  Que se respete la cultura milpera y maicera de los pueblos, así como propicie la recuperación del amaranto para la dieta diaria y se respeten las semillas y los modos agroecológicos de producción indígena y campesina en México.
5. 5  Crear condiciones a través de presupuestos garantizados para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.

5. 6  Se garantice la salud integral de los pueblos y el seguro social público, gratuito y universal para todas las mexicanas y los mexicanos.
   
6. 7  Que se termine la extracción de agua de manantiales, pozos y ríos por empresas refresqueras y cerveceras y todas las que están privando del derecho al agua a la población.
   
7. 8  Se cumpla el derecho de los campesinos a garantía y subsidios para mantener la producción y distribución de excedentes. Que el Estado garantice el abasto de alimentos básicos comprando a pequeños productores garantizando el piso de precios de garantía.
   
8. 9  Se cancele la construcción de infraestructura para los megaproyectos como el Canal Interoceánico y el tren mal llamado Maya, pues no pueden considerarse actividades esenciales ni prioritarias.
   
9. 10  Se cancelen todas las concesiones mineras que envenenan el agua del país.
   
10. 11  Cancelen toda actividad minera en territorios de pueblos originarios. Ni ésta, ni la producción de autopartes, son actividades esenciales.
    
11. 12  Que se castigue la especulación y el desabasto de alimentos.
    
12. 13  Se garantice el protocolo de cuidados sanitarios de las y los trabajadores agrícolas migrantes.
    
13. 14  Se distribuyan y garanticen los insumos para los y las trabajadores de la salud en el sistema público sanitario y se garanticen sus derechos laborales integrales.
    

Bajo ninguna circunstancia aceptaremos la militarización de nuestros territorios para resguardar al capital extractivo, ni para ninguna otra acción represiva.

¡Exigimos el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés!

FIRMA DE ORGANIZACIONES:

Abogadas Demócratas, Asamblea de los pueblos indígenas del Itsmo en defensa de la tierra y el territorio (APIIDTT), Asociación de Jubilados de Investigadores y Profesores del INAH (AJIPI-INAH), Casa de la Mujer Ixim Antsetic AC, Palenque, Chiapas, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Itsmo de Tehuantepec A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Centro Nacional De Cultura de Paz, A.C. CLADEM. Coordinadora Jalisco, Colectiva de Mujeres Puerto Vallarta, Colectiva Feminista MAPAS en Michoacán, Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía NAR, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Colectivo Corazón de Piedra Verde, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Colectivo Xa’aybej Por la Defensa del Territorio, Comité de derechos humanos Fray Lorenzo de la Nada, Comité Nacional para Defensa y Conservación de los Chimalapas, Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A.C., Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas A.C. (DESMI, A.C.), El Centro Nacional de Cultura de Paz A.C., Exótica Textiles Cooperativa, Fundacion: M.U.J.E.R, A.C., Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas A.C., GRUPO ETC, Grupo GABY, apoyo a madres en reclusión, Grupo Salud y Conciencia, Grupo Semillas de Nueva York, Guardianes del Mar, Huerto Roma Verde, Indignación – DH A.C., Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), Maderas del Pueblo del Sureste A.C., Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas MAIZ, Movimiento Despierta México, Movimiento Estatal de Mujeres en Chihuahua, Movimiento Social Intercultural del pueblo de Ixcan, Much Antikbatiu Noj Oolal Siinaloob Manos A.C., Organización Indígena Nunca más un México Sin Nosotros, Organización Mujeres Libres COLEM A.C, Prácticas Narrativas para Rexistir, PRECADEM, A.C. / TICPM, Primero Somos Mx, Plataforma de vinculación y activación ciudadana, PrimeroSomosMX, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta Veracruz, Red de feminismos descoloniales, Resistencia Civil de Candelaria Campeche, Semilla del Sur, Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, Todos Con México, UCIZONI, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca S.C. (UNOSJO).

FIRMAS DE LA SOCIEDAD CIVIL:

Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Daniela Schmidt, Felipe I. Echenique March, Gabriela de la Garza, Gilberto López y Rivas, Gloria Muñoz Ramírez, Hermann Bellinghausen, Hubert Matiúwaá, Julieta Egurrola, Karina Gidi, Lourdes Reyes Barragán, Ofelia Medina, Patricia Bernal, Rubén Albarrán, Silvia Ribeiro, Sylvia Marcos, Tania Ángeles Begún, Valentina Leduc Navarro, Vanessa Bauche, Aimé Vega Montiel, Alberto Hidalgo, Alejandra Martín, Alejandra Navarrete, Alejandra Ortega, Alejandro Beaupré, Alejandro Casteneira Yee Ben, Aleyda Gallardo, Alicia Castellanos Guerrero, Ana González Cruz, Ana Isabel Ramos Hidalgo, Ana Patricia Sosa Ferreira, Anaid Orozco Herrera, Andrea Martínez Moreno, Andrés Brenes Herrera, Ángel Aníbal Armenta, Angélica Rodriguez Martínez, Antonio Escobar, Araceli Martínez Palma, Araceli Osorio Martínez defensora DDHH, Beatriz Gómez, Begoña Lecumberri, Bellanira López Sánchez, Berenice Araceli Leal Alemán, Bernardo Espinoza, Bianca Ramírez Martínez, Cachi Zirak Valtierra Zaragoza, Caritina Martínez Simón, Carlos A. Vicente, Carlos Grijalba Eternod, Cecilia Mingüer Vargas, Celestino Morales, Cinthya Luna Martínez, Cinthya Martínez Rivera, Cintia Neve, Cipriano Flores Cruz, Claudio Ariel Ángeles, Crispín Ramírez Maldonado, Cristina García Aguirre, Cristina García Ángel, Cristina González Serna, Dana Rotberg, Daniel Valadez Salinas, Daniela Maldonado, David Álvarez Armenta, David Barkin, David Hernández Forcada, David Martínez Martínez David Valtierra Arango, Dobrina Cristeva, Edgar Martínez Ramírez, Edith Morales, Edmundo Gómez Horta, Eduarda Zaragoza Francisco, Eduardo Flores, Efraín Martínez Simón, Elena Castañón Canals, Eliana Acosta, Elisa Cruz Ruedas, Elvia Praxedes López Elpidio, Eva Azpiri, Federico Jiménez Santa Olalla, Federico Martínez Martínez , Fernanda Paz, Fernanda S. Cadena, Fernando Manzano Salazar, Fidel Cruz García, Filoteo Vicente Revilla, Gabriela Linares Sosa, Gabriela Salazar, Gloria Gutiérrez Venegas, Grecia Castañeda Ley, Gregorio Escobar Contreras, Grissel Gómez Estrada, Guillermina Martínez Simón, Héctor Zarina Vega, Helena Yrizar, Hugo Sánchez Donaciano, Humberto González Camacho, Humberto Robles de León, Imelda Marrufo, Isaias Federico Barragán Bautista, Itzel Valle, Javier Velázquez, Jean Robert, Joaquín Chable, José Castillo, José de Jesus Meza Serrano, José Enrique Victoria Saavedra, Josué García Veiga, Juan

Martínez Simón, Juan Sebastián Lach Lau, Juana María Méndez López, Juana María Zabadúa Cerda, Juana Simón Pedraza, Karen Quiroga Anguiano, Laura Cravioto, Laura Priscila Tercero Cruz, Leticia Rodríguez Martínez, Libia Escobar, Lidia Guzmán Hernández, Liliana Gabriela Quijano Ibarra, Lorena Mendez Barrios, Lorena Moreno González, Lorena Villavicencio, Lourdes Adriana Vizcaíno Navarrete, Lourdes Rivera Hernández, Luciana Kaplan, Luis Martínez, Luis Miguel Robles Gil C, Luisa Riley, Ma de los Ángeles Colunga Hernández, Magdalena Moreno González, Márgara Millán, María de Jesús Granados, María del Carmen Cambrano Sarao, María del Rosario Aguilar Pizaña, María Elena Revelo, Maria Fernanda Rejon Molina, María Jiménez Mier y Terán, Marian, Herrera Monroy, Martha Figueroa Mier, Martha Martínez Palma, Martha Pasten, Martha Tagle Martínez, Martha Teresa González Rentería, Marvin Ortega, Maya López Ramírez, Mayán Cervantes, Melquiades Martínez Martínez, Miguel Angel A. García A., Miguel Ángel Corona de Alba, Monica Begun Lan, Mónica Pedroza Santoyo, Mungier Ndyck, Natalia Pérez Turner, Nazario Luna Olguín, Noel Garduño Cárdenas, Norma Martínez Palma, Nuria Montiel Perez Grovas, Odile Guilpain, Olga Martínez Arce, Omar Martínez Simón, Oralba Castillo Nájera, Orestes de la Rosa Mora, Pablo Antonio, Paco Ayala, Patricia Martínez Palma, Patricia Olamendi, Patricia Sánchez Sánchez, Paula Cruz Ríos, Peter Rosse, R. Odavia Ángeles, Rafael Arce Soto, René Olvera Salinas, Ricardo Barona, Rodolfo Yescas, Rosa María Cabrera Lotfe, Rosa María Garza Marcué, Rosa Rojas Zamora, Rosalinda Jiménez, Rubén Abasolo Hernández, Samanta Zaragoza Luna, Samuel Cielo Canales, Sandra Lourdes Quiñones Domínguez, Santiago Pando, Sara Luna, Saulo Araujo, Servando Gaja, Silvia Gomes López, Sofía Marisol Berlín Villafaña, Sonia Torres Contreras, Suljaa' Valtierra Zaragoza, Susana Montes, Teodosio Ángel Molina, Teresa C. Ulloa Z., Teresa Escobar, Tessa Brisac, Valeria Luna Martínez, Virginia Castillo, Wifrido Silva López, Xóchitl Poujol, Yésica Sanchez Maya, Yndira Sandoval Sánchez, Yolanda Pineda López, Zyanya Martínez Moreno. 

Crisis alimentaria en comunidades desplazadas

Conferencia de prensa.
Con la participación de:
Ofelia Medina, de Fisanim.
Pedro Faro, director del Frayba.
#LesQueremosEnCasa

Evento virtual: Pinceladas de mi historia

EVENTO VIRTUAL
Este jueves 28 de mayo, a las 8 pm.

A 11 años de lucha por la Justicia

Ante la pandemia que estamos viviendo y con la incertidumbre que nos causa la situación de esta contingencia sanitaria el movimiento 5 de junio ha decidido no convocar a marcha y ningún otro evento que cause aglutinamiento de personas, es por ello que una vez más solicitamos de tu valiosa solidaridad para que nos ayudes a 11 años a recordar a las 25 niñas y 24 niños que no debieron morir en #GuarderíaABC, y las lesiones de decenas más en diferentes grados de gravedad. No está de más recordar que a más de una década no hay justicia para nuestros hijos e hijas y que las instituciones que dicen impartirla a la fecha han sido omisas con su obligación.
En la foto que te compartimos te invitamos a recordar desde tu casa a las víctimas encendiendo una vela el día 4 de junio por la noche cuando nosotros estemos dejando en el lugar de los hechos una ofrenda; el día 5 de junio se trasmitirá una misa desde nuestras redes sociales para que nos acompañes a las 10:00 hrs, este mismo día pero a las 18:00 hrs que es cuando normalmente inicia la marcha te pedimos recites un poema, cantes una canción o hagas el pase de lista de los 49 nombres de la víctimas mortales. Si es tu decisión puedes compartir tu apoyo de lo que hagas en este misma publicación.
Por todo tu apoyo, gracias.

#11AñosGuarderíaABC
#JusticiaABC
#ABCNuncaMás
#Ley5DeJunio

Exigen movimientos sociales parar el modelo de desarrollo extractivista

• Dirigen documento a AMLO y gobernadores
• Solicitan que se cancele la edificación del Canal Interoceánico y el Tren Maya

▲ En febrero pasado, miembros del Congreso Nacional Indígena pidieron justicia por la muerte del luchador social Samir Flores y protestaron contra el Tren Maya y la termoeléctrica de Morelos.Foto Víctor Camacho

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Domingo 24 de mayo de 2020, p. 9

En un documento titulado La nueva normalidad, dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Puebla, Morelos y Veracruz, organizaciones sociales de dichas entidades y unas 200 personas de la sociedad civil demandan que aquéllos se abstengan de seguir promoviendo el modelo de desarrollo extractivista, de servidumbre de paso y ocupación temporal causante de la devastación ecológica y responsable estructural de generar la pandemia que hoy vivimos en el planeta.

Específicamente exigen que se cancele la construcción de infraestructura para megaproyectos como el Canal Interoceánico y el tren mal llamado maya, pues no pueden considerarse actividades esenciales ni prioritarias. Lo mismo para toda actividad minera en territorios de pueblos originarios: ni ésta ni la producción de autopartes son actividades esenciales.

El enérgico llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales de las entidades consideradas para los megaproyectos y sus derivaciones se centra en los estados y regiones que comparten también el hecho de contar con numerosa población indígena y mayor concentración de pueblos y territorios dedicados a la agricultura y otras actividades esenciales para su sobrevivencia.

De ello se desprende un decidido rechazo a la militarización de sus territorios, sea para resguardar al capital extractivo o para cualquier acción represiva. Y advierten: Bajo ninguna circunstancia la aceptaremos. En cambio, demandan respeto al derecho de los pueblos originarios, comunidades y organizaciones a la libre determinación, incluidos el derecho a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuándo debe ser el regreso a las actividades escolares y otras.

Puesto que la salud depende directamente de la alimentación, exigen priorizar un programa de emergencia alimentaria para la población en condición de miseria, pobreza extrema y pobreza.

Según el documento, las autoridades deben respetar la cultura milpera y maicera de los pueblos, propiciar la recuperación del amaranto para la dieta diaria y que se honren las semillas y los modos agroecológicos de producción indígena y campesina en México. Esto implica castigar la especulación y el desabasto de alimentos.

Para la protección alimentaria se pide cumplir con el derecho de los campesinos a los subsidios necesarios para mantener la producción y distribución de excedentes. El Estado deberá garantizar el abasto de alimentos básicos comprando a pequeños productores y protegiendo el piso de precios de garantía.

Según el texto, se deberán cancelar todas las concesiones mineras que envenenan el agua y dar por terminada la extracción del vital líquido de manantiales, pozos y ríos por empresas refresqueras, cerveceras y todas las que están privando del derecho al agua a la población.

Solicitan crear condiciones y otorgar presupuestos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.

Las organizaciones firmantes exigen que se posibilite la salud integral de los pueblos y el seguro social público, gratuito y universal, incluyendo la puesta en marcha y cumplimiento de cuidados sanitarios para las y los trabajadores agrícolas migrantes.

Por último, instan al Estado a que distribuya los insumos al personal de salud en el sistema público sanitario y se garanticen sus derechos laborales integrales.

Celebran convenio para el regreso de especialistas del GIEI a México

Retomarán las bases de la investigación del caso Ayotzinapa iniciada en 2015

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 9 de mayo de 2020, p. 16

La firma del acuerdo para la reinstalación en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar el caso Ayotzinapa, fue celebrado tanto por los padres de los 43 normalistas desaparecidos como por los mismos integrantes del colectivo de especialistas.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento de padres y madres de los estudiantes, señaló que la confirmación del regreso del GIEI es una noticia que recibimos con agrado porque viene a aumentar la esperanza de encontrar el paradero de los jóvenes, porque ellos (los expertos) ya tienen un camino recorrido en la indagatoria sobre el tema.

Luego de saludar la voluntad política del actual gobierno para permitir el regreso de los especialistas, De la Cruz llamó a retomar el contenido de los dos informes de trabajo elaborados por el GIEI y consideró que sus integrantes deben abocarse a temas que aún no han sido suficientemente explorados, como la supuesta participación de militares en el ataque a los 43 estudiantes.

De igual manera, pidió que se siga estudiando la hipótesis de que la agresión a los normalistas se debió a que tomaron sin querer un autobús que transportaba heroína hacia Estados Unidos, así como el involucramiento en los hechos de los policías de Cocula y Huitzuco.

Por su parte, Ángela Buitrago, miembro del GIEI, saludó el convenio que permite el regreso del equipo a México, y subrayó que con autonomía e independencia van a retomar las bases de la investigación que ya habían iniciado en 2015, aunque puntualizó que debido a la reserva de la indagatoria, no puede comentar cuáles son los temas exactos a los que se van a abocar.

Con la excepción de Alejandro Valencia, quien ya había adquirido otros compromisos en Colombia, los restantes cuatro integrantes del GIEI (Carlos Beristáin, Claudia Paz, Francisco Cox y la misma Buitrago) ya hemos concertado algunos objetivos centrales, que son los de ver responsabilidades (de los atacantes de los 43) y ubicar a los estudiantes. Esos son objetivos absolutamente necesarios.

Buitrago destacó que, con la voluntad política mostrada tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por la Fiscalía General de la República, se ha logrado acceder a alguna información que había sido imposible hasta ahora, y eso ha sido una punta de lanza para poder encontrar verdades.

En cuanto la pandemia lo permita, nosotros regresaremos a México con la intención de seguir colaborando, con decisión absoluta para que los papás sepan dónde están sus hijos. Seguimos con la misma convicción desde el principio y vamos a colaborar al máximo, señaló.

Comunicado Urgente: Ataque armado y barbarie en San Mateo del Mar

Por favor léanlo y difundan este comunicado de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca

A 14 años de Atenco, no hay “avances sustanciales” en justicia: CorIDH

Ciudad de México. En el 14 aniversario de las graves violaciones a derechos humanos durante el operativo policiaco en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo, no se han dado “avances sustanciales en los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en diciembre de 2018”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –organizaciones que representan a las mujeres torturadas sexualmente en esos operativos— subrayaron que durante aquellos hechos se dio la represión social, detenciones arbitrarias masivas y uso sistemático de la tortura, incluida la tortura sexual contra mujeres por parte de las fuerzas policiales estatales y federales.

“El caso Atenco y muchos otros más documentados desde ese entonces muestran la persistencia de prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres; encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves violaciones a derechos humanos en México. Transformar esta realidad lacerante con medidas estructurales es fundamental si México pretende consolidarse como un Estado democrático rompiendo con las prácticas violatorias a derechos humanos del pasado que han permitido la impunidad”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

Sin embargo, lamentaron, a más de 16 meses de la notificación de la sentencia de la CorIDH Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, “no hay resultados concretos en la investigación penal y permanecen incumplidas las medidas más relevantes ordenadas para garantizar la no repetición de los hechos”.

Agregaron que aun cuando existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), todavía sigue abierta la investigación en la fiscalía local del estado de México cuyas “serias deficiencias” fueron expuestas en la sentencia emitida por la CorIDH, por ser incompatibles con los estándares internacionales en materia de investigación de casos de tortura.

Además de la investigación de los responsables de los hechos ocurridos, la CorIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación: fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y crear un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del estado de México.

“Respecto al Mecanismo contra la tortura sexual, las mujeres y sus representantes participamos durante meses en reuniones con las autoridades, aportando propuestas e insumos para la ruta de fortalecimiento. Sin embargo, dicho proceso se suspendió de facto desde octubre de 2019, cuando las instituciones informaron que tenían que revisar la propuesta construida. Hasta la fecha las autoridades no han reactivado este proceso para avanzar en la propuesta”.

Añadieron que respecto a la creación del observatorio independiente del uso de la fuerza, “el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento desde que le fue notificada la sentencia en diciembre de 2018. Las organizaciones representantes también hemos aportado insumos para impulsar esta medida, sin resultados”.

Si bien en México, como en todo el mundo, se atraviesa por una emergencia sanitaria por la pandemia que origina el Covid-19, “las organizaciones representantes consideramos que la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a esta emergencia. Por el contrario, el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses, y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la CorIDH, el Estado cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; sin embargo, las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar que el Estado de cumplimiento dentro del plazo dispuesto por la Corte”.

El Cejil y el Centro Prodh enfatizaron que “es inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra sin lugar a dudas que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpliera con las medidas de no repetición de los hechos de tortura y represión ordenadas por un tribunal internacional. Por lo anterior, este aniversario de los hechos constituye un llamado al Estado para cumplir estas medidas fundamentales dentro del plazo otorgado por la CorIDH”.