Ordena tribunal integrar a familiares de normalistas en Comisión para la Verdad

• Caso Ayotzinapa
• Deberán formar parte de ella los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación

▲ Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, marchan en Ciudad de México en el marco de la Accion Global por Ayotzinapa y Mexico, el pasado 26 de junio.Foto Roberto García Ortiz

César Arellano García

 

Periódico La Jornada
Jueves 28 de junio de 2018, p. 17

El Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito ordenó notificar a familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para integrar la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.

Esta comisión estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. En su momento, los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito determinaron que serán los dos primeros los encargados de resolver las líneas de investigación que se deben seguir así como las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que son defensoras de las garantías fundamentales.

Este miércoles, en el expediente 121/2015, el tribunal unitario con sede en Matamoros también dejó insubsistente el auto de formal prisión que se dictó el 21 de agosto de 2015 contra siete presuntos sicarios o halcones del cártel Guerreros Unidos, quienes confesaron el secuestro, asesinato y quema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

El magistrado del segundo tribunal unitario de Matamoros informa que dejó insubsistente la resolución de veintiuno de agosto de dos mil quince, y que dio cumplimiento de inmediato en cuanto que ordenó al juez de la causa que notifique a los representantes de las víctimas para que integren la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, asimismo, comunica que se turnó el expediente al secretario respectivo para la elaboración del proyecto de resolución.

El expediente se publicó este miércoles por el Tercer Tribunal Unitario con sede en Tamaulipas bajo las causas 221/2015, de Salvador Reza Jacobo, El Lucas o El Wereke; 160/2015, de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; 177/2015, de Miguel Ángel Landa Bahena, ElDuva, El Duvalín o El Chequel; así como el 48/2016 de Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos, quienes –de acuerdo con la PGR– junto con otras tres personas son los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

"No nos vayan a dar la espalda", piden a la Corte padres de los alumnos

▲ Durante la marcha de ayer por los 43.Foto Roberto García Ortiz

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 18

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada hace 45 meses pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): No nos vayan a dar la espalda.

Esto porque es prácticamente un hecho que las impugnaciones presentadas por las autoridades federales contra la sentencia de un juzgado colegiado con sede en Tamaulipas que señaló irregularidades en las investigaciones del caso realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) serán analizadas por el máximo tribunal.

Los familiares de los normalistas salieron una vez más a las calles de Ciudad de México para exigir la presentación con vida de sus hijos, así como verdad y justicia por los crímenes cometidos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Marcharon del Ángel de la Independencia hasta la Corte –cercana al Zócalo–, donde manifestaron su confianza en que los ministros no se dejen presionar ni cedan ante las pretensiones de un gobierno corrupto que ha mentido por tres años y nueve meses.

En un pronunciamiento leído en el mitin, el Comité de Familiares de Ayotzinapa demandó al próximo gobierno federal, que se elegirá el primero de julio, impulsar y cumplir con la sentencia del tribunal colegiado de Tamaulpias que ordenó a las autoridades federales crear una comisión de investigación por la verdad y la justicia y reponer las indagatorias por el caso, a fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. Esto ante las omisiones y negativas del gobierno de Enrique Peña Nieto para llegar a la verdad.

Destacaron la valentía de los tres jueces que conforman este tribunal al establecer que las investigaciones realizadas por la PGR en el caso son deficientes y presentan irregularidades. Los magistrados tuvieron el valor de señalar los errores de la PGR y ordenarle aceptar y corregirlos, así como resarcir esa falta de justicia.

Criticaron que tanto el Ejecutivo federal como integrantes del Congreso de la Unión hayan interpuesto recursos contra el fallo judicial, que, dijeron, serán analizados por la SCJN, la cual debe mantener su imparcialidad e independencia y reconocer la legalidad de este fallo.

La PGR ha gastado más de $84 millones, pero los 43 de Ayotzinapa no aparecen

Cada vez destina menos personal

Dennis A. García

 

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 18

Con un despliegue total de mil 251 elementos y un gasto de 84 millones 259 mil de pesos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado esclarecer el paradero de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

A 45 meses de que los normalistas fueron atacados en Iguala, Guerrero, por probables integrantes de la organización criminal Guerreros unidos, la dependencia ha invertido recursos humanos y económicos para la pesquisa sin dar certeza jurídica a los familiares.

Conforme pasa el tiempo, la PGR sostiene su verdad histórica y despliega menos personal en Cocula e Iguala, donde se cometió el ataque; y, aunque ha usado tecnología de punta, no ha determindo qué sucedió con los estudiantes.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que tomó primero el caso, gastó entre 2014 y 2015, 3 millones 212 pesos en viáticos para el personal desplegado.

Por otra parte, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ha erogado 256 mil pesos en viáticos desde la desaparición de los alumnos hasta mayo pasado; además, destinó 3 millones 346 mil 440 pesos en tecnología para la búsqueda.

Entre la tecnología usada para la búsqueda está la llamada Lidar, que son radares puestos en aeronaves, que tienen la capacidad de detectar posibles fosas.

Por otra parte, la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR utilizó el sistema Graf-Nav, que, además de información de geolocalización, genera fotografías digitales en alta resolución y fotografías 3D.

De acuerdo con la información dada a conocer por la dependencia vía transparencia, la Subprocuraduría de Derechos Humanos ha gastado 77 millones 444 mil 412 pesos en salarios de personal desplegado, viáticos, pasajes, servicios de tecnología y otros conceptos.

Tras los hechos –26 y 27 de septiembre de 2014–, la PGR desplegó en ese año 297 servidores públicos; en 2015, 278; en 2016, 299; 2017, 240 y en 2018, 137 elementos.

Al desglosar la información, se tiene que, de ese total, 217 son de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, el resto (mil 34 peritos) son de la coordinación general de servicios periciales de la AIC, que en 2014 mandó a 297 peritos; en 2015, 250; 2016, 226; 2017, 180 y este año apenas llega a 81 peritos.

La investigación podría dar un giro de concretarse la comisión de la verdad que ordenó el primer tribunal colegiado del 19 circuito, en Tamaulipas, al considerar que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

La procuraduría presentó un incidente de imposibilidad ante el tercer tribunal unitario en Reynosa, que busca revertir la creación de ese órgano que estaría formado por familiares de los normalistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público Federal.

Se declara imposibilitada la PGR para crear comisión de la verdad sobre caso Ayotzinapa

• Caso normalistas de Ayotzinapa
• El tercer tribunal unitario deberá analizar si es procedente o no dar cumplimiento a la sentencia

▲ El éxito de la comisión constituirá la materialización de la verdad y la justicia sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, consideró el tribunal unitario con sede en Tamaulipas.Foto Víctor Camacho

Gustavo Castillo y Dennis A. García

 

Periódico La Jornada
Sábado 23 de junio de 2018, p. 13

La Procuraduría General de la República (PGR) informó al tercer tribunal unitario, con sede en Tamaulipas, que tiene imposibilidad real, jurídica y material para cumplir la sentencia en la cual se ordena crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

El asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que los tribunales consideren que la PGR incumplió una sentencia de amparo; ello no significa que se vaya a modificar la sentencia dictada, pero sí una posibilidad de que se sancione al titular del Ministerio Público Federal o se confirme que no existen las condiciones para establecer la Comisión de Investigación.

El primer tribunal unitario ordenó dar vista a las partes para que en un plazo de tres días presenten sus alegatos ante lo señalado por el Ministerio Público Federal, luego de que ayer la PGR presentara un documento en el que señala su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado con sede en Tamaulipas.

De esa manera, el tercer tribunal unitario deberá analizar si es procedente o no dar cumplimiento a la sentencia en la cual se ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), y se realicen de nueva cuenta las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

En la sentencia dictada el pasado 4 de junio, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar la verdad histórica.

En la resolución dictada por el tercer tribunal colegiado se señala: Está claro que el éxito de dicha comisión será también el éxito del propio Estado, y de sus instituciones, pero sobre todo, constituirá la materialización de la verdad y la justicia, en el marco del estado de derecho que debe prevalecer en todo país democrático, como el nuestro.

Asimismo, la sentencia refiere que la desaparición de los 43 normalistas constituye un hecho sin precedentes, y ello da lugar a adoptar medidas y determinaciones que quizás tampoco encuentran antecedente en la historia moderna de nuestro país, por ello ordena que se cree la comisión de investigación.

Sin embargo, los procuradores del país emitieron el pasado jueves un pronunciamiento en el cual señalaron que la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo, trastocando la esencia del Ministerio Público.

Otra pifia de la PGR sobre los 43 agravia más a víctimas: ONG

• Derecho a la verdad
• Indignante, que a estas alturas la autoridad mantenga irregularidades en las indagatorias, señalan

▲ Familiares de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, durante una manifestación a las afueras de la Secretaría de Gobernación, para exigir audiencia con el titular de la dependencia Alfonso Navarrete, el 25 de abril pasado.Foto Roberto García Ortiz

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Miércoles 20 de junio de 2018, p. 14

La nueva pifia de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Iguala, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), representa un agravio contra las víctimas y viola el derecho a la verdad y la justicia de las familias de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos y de la sociedad en su conjunto.

Así lo señalaron los padres de los normalistas y las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de búsqueda de justicia de más de tres años y ocho meses, quienes se pronunciaron frente al documento difundido el lunes por la CNDH en que acreditó que la dependencia federal vinculó a proceso de manera equivocada a Érick Uriel Sandoval Rodríguez, ya que no hay pruebas para afirmar que es La Rana,uno de los presuntos responsables de los crímenes contra los jóvenes.

Los padres y las ONG subrayaron que resulta indignanteque a estas alturas y ante el escrutinio nacional e internacional por el caso, la PGR mantenga las irregularidades en las indagatorias, intentando soprender tanto a las víctimas como a la ciudadanía.

Juez de Tamaulipas

Demandaron que las autoridades federales acaten de inmediato la sentencia de un juez de distrito con sede en Tamaulipas, en la que ordenó crear una comisión independiente de la verdad –conformada por los familiares, la CNDH y el Ministerio Público– ante la falta de una fiscalía independiente, y reponer el proceso a varios de los implicados que acusaron tortura.

La información publicada por la CNDH refiere un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas. Que se haya presentado a una persona como uno de los responsables sin haber corroborado su identidad, a sabiendas de que existía un equívoco, viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto.

Los familiares y organizaciones como los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras, explicaron que las irregularidades documentadas por la CNDH, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR sigue participando activamente en la investigación, aun cuando en teoría ésta es responsabilidad de otra área: la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención del Delito y Servicios a la Comunidad de la dependencia.

Deben investigarse las irregularidades denunciadas por la comisión nacional en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables conforme a lo establecido en el propio documento. No sobra mencionar que esta no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en el caso, subrayaron.

Culpa de la PGR, posible liberación de implicados en caso de los 43: padres

Ataque en iguala

Insistimos en que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, señala Felipe de la Cruz

Emir Olivares y S. Ocampo

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 14 de junio de 2018, p. 12

La posible liberación de cuatro de los presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es responsabilidad única de los errores y el ineficaz procedimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones, señalaron los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Enfatizaron que la libertad bajo reservas que dictó un juez federal, con sede en Tamaulipas, en favor de estas cuatro personas –a quienes se señala como miembros del cártel Guerreros Unidos– es un hecho que nos lastima profundamente. Rechazaron que esto sea consecuencia de la lucha que han emprendido desde hace tres años y ocho meses, ni del trabajo de sus abogados o de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instancias internacionales.

Las familias de los normalistas difundieron ayer en redes sociales un posicionamiento ante la resolución del juez federal que invalidó las declaraciones de estos cuatro inculpados, al considerar que hay indicios de que la confesiones se obtuvieron de manera ilícita y que el resto de las pruebas no fueron suficientes para sustentar el auto de formal prisión por delincuencia organizada y secuestro, con lo que al menos Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, saldría de prisión, pero no los otros tres, pues pesan sobre ellos más acusaciones.

No sabemos si estas liberaciones se seguirán dando en el futuro, pero nos queda claro que si esto está pasando es debido al mal trabajo que ha realizado la PGR, que no se ha ocupado en hacer una investigación de inteligencia profunda para conseguir las pruebas necesarias, llegue a donde llegue, y ha preferido construir su teoría basadao en supuestas confesiones.

Indicaron que los errores y malas prácticas cometidas por funcionarios de la dependencia no son novedad, sino que ya habían sido señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Las autoridades no han hecho un verdadero esfuerzo de redirigir la investigación; tres años y ocho meses después de los hechos no han dado con nuestros hijos.

En entrevista vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, lamentó la posible liberación de los implicados. “Para nosotros queda claro que el actuar de la PGR ha sido inconsciente, y las consecuencias ahí están. Se refleja el mal manejo de la investigación en este caso, y hoy vemos cómo los delincuentes salen en libertad por la falta de responsabilidad en el trabajo que realizó esta dependencia.

Nosotros insistimos en que esto (la desaparición de los 43 normalistas) es un crimen de Estado que el gobierno perpetró con patrullas y personal uniformado. Ahora, la falta de una investigación eficaz por parte de la PGR demuestra su incapacidad para llevar a cabo este trabajo, y por eso van a salir los delincuentes en libertad, destacó.

Para nosotros, los verdaderos responsables, los que cometieron el crimen, llevaban uniformes, patrullas, y que ellos impliquen a la delincuencia organizada es parte de su estrategia, porque como no fueron ellos (los delincuentes) los que cometieron directamente ese crimen, ahora los torturan para que digan lo que ellos (la PGR) quieren escuchar.

Ayotzinapa: jaque a la verdad histórica

Magdalena Gómez

E

l pasado 4 de junio, el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, emitió sentencia en torno a los amparos en revisión, 203/2017 al 206/2017, promovidos por quienes fueron acusados como artífices de los hechos que dieron sentido a la llamada verdad histórica, y a los cuales se les deberá reponer el procedimiento y realizar nuevos peritajes de organismos independientes para identificar la existencia de actos de tortura...

Dicha resolución determinó en forma categórica que la investigación de la Procuraduría General de la República, (PGR) en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El muy amplio análisis de los magistrados es inédito en más de un sentido. Aplica el control de convencionalidad para dar cuenta de las fallas al debido proceso y encuentra importantes ­precedentes en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en especial esta última, en torno a formas alternativas de ­garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. De ahí que ordena la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala), que estará conformada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por representantes de las víctimas y el Ministerio Público de la Federación.

Los dos primeros decidirán las líneas de investigación. Además, podrán validar la incorporación de otras organi­zaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Este mecanismo se utiliza, señalaron, para garantizar investigaciones ­adecuadas de delitos de derecho internacional, cuando hay sospechas de que los mismos podrían haber sido cometidos por agentes del Estado, o cuando los ­órganos tradicionales de investigación se han mostrado incapaces de cumplir su función. Se ordenó que la comisión estará integrada en 10 días naturales.

Para esta determinación valoraron los elementos de convicción que cuestionaron la versión de la PGR sobre la supuesta incineración de los 43 estudiantes, aportados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es relevante que un tribunal nacional recupere sus aportes, pues, como señalaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como los padres y las madres de los estudiantes, el gobierno federal los descalificó en todo momento indicando que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. La sentencia señala que "la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde con la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan" y "de esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación". (párrafos 1148 y 1149).

El tribunal señaló que la nueva ­comisión tendrá autonomía de gestión y presupuesto. Todo ello requiere del apoyo que solicitaron los magistrados al Presidente de la República y al conjunto de su gobierno. Se observa difícil que el peñanietismo acepte el viraje que entraña cumplir esta emblemática sentencia, en sus últimos días de gobierno. Ya la PGR afirmó que la sentencia desconoce la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.

Aun cuando está claro que no se ordenó crear una comisión de la verdad, como tradicionalmente se le conoce, sino una comisión investigadora para esclarecer el caso Iguala. Esta sentencia es de última instancia, la PGR sólo puede interponer un recurso de queja y colocaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si lo admite, en la necesidad de analizar si hay desviación jurídica en la resolución. Con ello, aparte de que gane tiempo el gobierno federal, la propia Suprema Corte se en­frenta al desafío de aceptar que en los hechos puede ser rebasada, cuando los tribunales están aplicando derechos humanos con la mirada ampliada al derecho internacional. De momento preguntamos: ¿se han modificado las razones del Ejecutivo para rechazar las conclusiones y propuestas del GIEI y de la ONU?, ¿las objeciones a la sentencia se dan sólo porque se defiende el contexto e intereses implicados en la construcción de la mal llamada verdad histórica?, ¿por qué habría de interesarle al actual gobierno reconocer la desviación de poder que practicó en este y otros casos?

Sin duda, el próximo desenlace electoral presidencial también jugará en el destino de la comisión de investigación.

El Estado deberá redirigir la investigación del caso Ayotzinapa, indica la ONU-DH

• Analizó informes del caso
• Llama la atención que los detenidos no sean procesados por desaparición forzada: Jan Jarab

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 12 de junio de 2018, p. 10

El Estado mexicano debe redirigir de manera profunda la investigación del caso Ayotzinapa y materializar transformaciones de fondo de la justicia en México, aseguró la oficina en nuestro país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Esta instancia analizó el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre los hechos en Iguala, Guerrero, del 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron 43 normalistas desaparecidos, seis asesinados y varios lesionados.

Con base en eso, consideró que las autoridades mexicanas deben observar puntualmente los contenidos de ambos documentos para enderezar la investigación y materializar las reformas estructurales que reviertan los grandes rezagos en el acceso a la justicia y combate a la impunidad, especialmente en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia, así como los servicios forenses y periciales.

La atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia definitiva del tribunal colegiado deben realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.

Es llamativo que la investigación siga fragmentada (de acuerdo con el informe de la CIDH) y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado, lamentó.

Coincidió con la conclusión a la que llegó la CIDH: persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse para alcanzar verdad, justicia y reparación en este caso.

Por otro lado, la inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado es la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por diversos organismos internacionales, que incluyen a la ONU-DH, y por otras independientes, como el equipo argentino de antropología forense.

La ONU-DH coincidió con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó al aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Estado debe "enderezar" justicia en caso Ayotzinapa: ONU-DH

Emir Olivares Alonso

Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos ofrecieron conferencia luego de la sentencia del Poder Judicial Federal en el caso y de la presentación del Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, el pasado 7 de junio. Foto Yazmín Ortega Cortés

El Estado mexicano debe redirigir de manera profunda la investigación del caso Ayotzinapa y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México, aseguró la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

Esto luego que esta instancia analizara de manera detallada tanto el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre los hechos en Iguala, Guerrero, de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron 43 normalistas desaparecidos, seis asesinatos y varios lesionados. 

La ONU-DH consideró que las autoridades mexicanas deben observar puntualmente los contenidos de ambos documentos y las deben alentar decididamente a “enderezar” la investigación del caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en los ámbitos de acceso a la justicia y combate a la impunidad, especialmente en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales. 

“La atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia definitiva del Tribunal Colegiado deben realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”, sentenció Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH. 

“El Informe de la CIDH reconoce ciertos avances pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación,” señaló. 

“Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”, lamentó. 

La ONU-DH coincidió plenamente con la conclusión de la CIDH, en el sentido de que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación” en este caso. 

Por otro lado, “la inédita y garantista” sentencia del Tribunal Colegiado es la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, por algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la ONU-DH, y por organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense. 

La ONU-DH coincidió con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Se detalló que para la ONU-DH es particularmente relevante que el contenido de su Informe Doble Injusticia haya sido retomado por el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y por la sentencia del Tribunal Colegiado, especialmente en lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan. Por lo que reiteró su llamado al Estado mexicano a atender las recomendaciones de su Informe. 

“En un día como hoy, tan emblemático para México por celebrarse un aniversario más de la entrada en vigor de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, la ONU-DH reitera su reconocimiento a la tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y el paradero de los estudiantes desaparecidos”. 

Entre llanto y consignas, Ayotzinapa, el paso de la tortuga, llega a su nido

Hay mucha esperanza en lo que sigue, dice su director

En un emotivo acto, el documental del Enrique García Meza fue exhibido en la normal de Ayotzinapa ante familiares de los jóvenes desaparecidos en 2014 y alumnos de ese plantelFoto Sergio Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 10 de junio de 2018, p. 9

Tixtla, Gro.

Entre lágrimas y consignas de alumnos y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, se exhibió el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga.Por fin el documental llegó a casa, dijo Enrique García Meza, director del mismo, entrevistado en el plantel.

Emocionado, agregó: Ya hemos recorrido nueve estados, gracias a Ambulante, que los ha llevado, y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara le fue muy bien; de hecho, fue su presentación y fue impactante cómo lo recibió la gente, ni siquiera lo había dimensionado porque nunca lo había visto en pantalla grande.

Estar en Ayotzinapa “es mucho muy especial. Venir a entregar el documental me trae emociones encontradas: mucha alegría y tristeza por la historia, porque sigue siendo muy triste lo que sigue pasando, pero también hay mucha esperanza a partir de lo que sucedió con los jueces de Tamaulipas y queda una esperanza de que esto se va resolver.

Me mueve mucho estar aquí, porque muchas veces lloré a escondidas. Me iba a varios rincones, como en el campo dos, y es muy simbólico para mí estar aquí, ver la escuela, volver a comer frutas acá arriba. Es una emoción muy bonita, agregó.

A partir de la resolución de un tribunal federal que ordenó una nueva investigación y crear una comisión de la verdad, es probable que hagamos un segundo documental porque el caso no ha terminado, anunció.

Mencionó que no ha hablado con Guillermo del Toro, coproductor del trabajo, “sobre una segunda parte hasta ahora, pero aquí está Bertha Navarro y sólo es cuestión de decirle: ‘Ya Bertha, vamos a hacer la segunda parte’. Sí lo he pensado, desde el martes para acá, para ser honesto”.

Previo a la presentación, Roxana Alejo, directora operativa de Ambulante y responsable de la exhibición, señaló: Para nosotros fue un gran honor contar esta historia a un público muy amplio y recoger la indignación de muchos lugares de México respecto a este tema, y era fundamental para Ambulante exhibir el documental donde pertenece.

A nombre de los padres de los 43 normalistas, Navarro afirmó que la sentencia del tribunal da la razón a los padres de familia, la Organización de las Naciones Unidas, el grupo de antropólogos argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, y sepulta la verdad histórica de la PGR.

Además, abre una nueva etapa de lucha para buscar la verdad y justicia. Demandamos el regreso del GIEI para que participe en la nueva investigación que ordenó el tribunal.

Guardería ABC

Los de Abajo

Gloria Muñoz

L

a cita fue en el antimonumento a los 49 niños y niñas que murieron en el incendio de la guardería ABC hace exactamente nueve años. Los rostros de los niños y 49 pares de zapatitos se colocaron en la escultura diseñada en colores pastel, justo frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia gubernamental a la que estaba adscrita la guardería y en cuya puerta los funcionarios en turno colocaron un gigantesco moño negro en señal de luto.

No es su luto, se indignaron los padres que llegaron a Ciudad de México un día antes del aniversario. En un santiamén dos de ellos brincaron para arrancar el moño, arrastrarlo y minutos después colocarle la palabra Justicia, demanda que año con año encabeza las movilizaciones que exigen castigo a los responsables de un incendio que dejó sin vida a 49 infantes y heridos a más de cien.

No tienen derecho a burlarse de nosotros pretendiendo estar de luto por nuestros hijos, dijo una de las madres. La ironía es que mientras el IMSS coloca su moño negro, funcionarios del Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (Caice), de esa misma institución, toman represalias contra los familiares que siguen demandando justicia, y les restringen o suspenden los servicios médicos.

Loana Cabanillas Espinoza, mamá de Daniel Alberto Goyzueta Cabanillas, uno de los 49 rostros que volvieron a desfilar por avenida Reforma, resume el reclamo: No han resuelto nada, no hay nadie que esté pagando por lo que pasó a nuestros hijos, nadie da la cara, nadie está en la cárcel, nadie da una disculpa pública, y seguimos padeciendo lo mismo a nueve años de la tragedia.

La vida para los padres de los 49, como la de los 43, cambió para siempre. La lucha hoy es para que no vuelva a ocurrir otra tragedia, para que los niños tengan un lugar digno en un centro de atención infantil y para que los papás puedan estar tranquilos, relata Loana, y añade que de acuerdo a sus estudios, 78 por ciento de las causas de muerte más comunes de niños en guarderías es por broncoaspiración, debido a que las maestras no están capacitadas y no saben dar a los niños los auxilios, lo cual es muy grave.

El antimonumento a los 49 niños es uno de los tres que se levantan sobre Paseo de la Reforma. Los otros son por los 43 normalistas desaparecidos, y por los 65 mineros que quedaron sepultados en Pasta de Conchos. Para los padres de ABC ponerlo frente al IMSS fue para que todos los días, cuando entren a trabajar los funcionarios del instituto, recuerden que tienen que hacer bien su trabajo y que por su culpa nuestros hijos no están aquí.

www.desinformemonos.org

losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Padres de normalistas exigen a Peña acatar fallo de Ayotzinapa

La verdad histórica quedó sepultada, afirman

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 8 de junio de 2018, p. 5

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa demandaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, acatar el fallo del tribunal colegiado que ordenó reponer el proceso por el caso Iguala e instalar una comisión de investigación para la verdad y la justicia.

En conferencia de prensa, las madres y padres de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada se manifestaron acerca del fallo judicial y el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sub-rayaron que la sentencia del tribunal abre las puertas de la justicia y les da la razón: “La verdad histórica quedó sepultada.

Los 43 padres sabemos perfectamente que el mismo gobierno no nos ha dado respuesta durante casi cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión, dijo Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

Recordó que la sentencia es inapelable y su cumplimiento es obligatorio. Criticó la actitud ambigua de la Procuraduría General de la República (PGR) al decir que no comparte el criterio del tribunal colegiado.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado a los familiares, consideró preocupante la reacción de la PGR, cuando la verdadera respuesta debería ser si van o no a cumplir la sentencia. Detalló que la comisión debe ser implementada por la administración federal.

¿Por qué creer en un gobierno que los ha engañado, los ha agraviado y ha encubierto a quienes han actuado ilegalmente en esa investigación? Por eso los padres piden una declaración de voluntad política directamente del Presidente que exprese su compromiso de cumplir con la sentencia.

En caso de no acatar la sentencia judicial, informaron los representantes legales de los padres, Peña Nieto y otros funcionarios incurrirían en desacato y obstrucción de la justicia.

Demandaron que como parte de la comisión por la verdad y la justicia se den todas las condiciones para que regresen los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Los abogados de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de irregularidades detectadas en el caso.

Recordaron que el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas por desacato y obstrucción de la justicia.

Ante los argumentos de articulistas y comentaristas de algunos medios de comunicación acerca de que la sentencia del tribunal permitirá que algunos detenidos por el caso Iguala podrían obtener su libertad –pues ellos presentaron los amparos resueltos al denunciar tortura–, se aclaró que el alcance de la sentencia no busca esa finalidad, sino reponer el proceso.

No hay intención de los padres de favorecer a los acusados. Si salen, es responsabilidad de la PGR por sus deficiencias en la investigación. Esa dependencia es la que pone en riesgo la verdad, subrayó Patrón.

María Elena Guerrero, madre de otro normalista, aseveró: Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada

Familiares de los 43 podrán ingresar al 27 batallón de infantería, en Iguala

• Es una de las principales líneas de investigación que exigen los padres
• En todo el proceso han planteado la probable participación de efectivos militares

Familiares de los estudiantes desaparecidos, maestros y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa han realizado un sinnúmero de manifestaciones para exigir que se aclare el casoFoto Yazmín Ortega Cortés

Dennis A. García

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 5

Con la resolución del tribunal colegiado que ordenó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares que la conformen podrán ingresar a las instalaciones del 27 batallón de Infantería, en Iguala.

Entrar a ese cuartel militar ha sido una de las principales líneas de investigación que solicitaron los familiares de los normalistas desaparecidos desde que la PGR atrajo las pesquisas; sin embargo, siempre se les ha negado.

En lunes, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la sentencia del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, en Tamaulipas, que ordena la creación de una comisión al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación; además de que existen suficientes indicios de que algunos de los inculpados fueron torturados para que confesaran.

Los miembros de la comisión de investigación para la verdad y la justicia tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente; en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense, indicaron los magistrados.

Esa acción es trascendental para los familiares, quienes han sostenido que podría existir la probable participación en los hechos (por acción u omisión) de militares de ese batallón los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

El tribunal colegiado precisó que en la nueva comisión, en la que se incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no podrán participar agentes del Ministerio Público o fiscales que hayan trabajado en la etapa anterior.

Por regla general, habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, a menos que los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideren pertinente la intervención de un perito de dicha institución, explicaron los magistrados en la sentencia.

Se presenta hoy informe sobre Ayotzinapa

Marcha conmemorativa por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 normalistasFoto Víctor Camacho

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 4

Este miércoles los integrantes del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentará un informe de su primer año de labores, cuyo propósito es dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 y que se alcance la verdad y la justicia por esos crímenes.

En sus diversas visitas al país, el mecanismo ha insistido a las autoridades federales que resuelvan el caso, ahonden en diversas líneas de investigación y que presenten los resultados y conclusiones de las diligencias lo más pronto posible.

El informe se presentará en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos. Esta instancia se ha reunido con familiares de las víctimas y sus representantes, así como con funcionarios del gobierno mexicano y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la finalidad de conocer los avances del caso.

En su visita más reciente, en febrero pasado, los integrantes del mecanismo expresaron su preocupación por la falta de avances significativos en distintas áreas, particularmente en la de búsqueda de los 43 normalistas. Aunque reconocieron la apertura de las autoridades para utilizar tecnología de última generación.

Marchas para recordar nueve años del incendio en la guardería ABC

• En Hermosillo, participaron sobrevivientes
• En Ciudad de México, exigen castigo a los responsables de la tragedia

Padres y familiares de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC marcharon en Ciudad de MéxicoFoto Cuartoscuro

La marcha para conmemorar el noveno aniversario luctuoso del incendio en la Guardería ABC –que dejó 49 niños muertos y 106 lesionados–, en Hermosillo, Sonora, fue encabezada por los sobrevivientes –que ya alcanzaron la adolescencia. Los manifestantes, quienes partieron de las ruinas de la estancia en la colonia Y Griega rumbo a las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, exigieron a las autoridades justicia y castigo a los responsables de la tragediaFoto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez Lima y Emir Olivares

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 19

Hermosillo, Son.

Miles de personas marcharon ayer para exigir justicia y rendición de cuentas por el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde hace nueve años murieron quemados 49 menores, 25 niñas y 24 niños.

Los padres de las víctimas, sobrevivientes y ciudadanos, partieron de las ruinas del jardín de niños en la colonia Y Griega de esta ciudad y llegaron a las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora portando carteles con leyendas como: ABC, crimen de Estado, ABC nunca más, Ni perdón, ni olvido.

Durante el aniversario luctuoso, los manifestantes portaron camisetas blancas y fotografías con los rostros de los 49 bebés; pasaron lista a cada uno de ellos y gritaron sus nombres seguidos del reclamo: No debieron morir.

Demandaron a los gobiernos estatal y federal prisión para los responsables y el cumplimiento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como atención médica de especialidad para decenas de sobrevivientes con lesiones y secuelas graves.

Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, quien perdió la vida en las instalaciones de la guardería ABC, señaló que el incendio fue un crimen de Estado similar a los de Ayotzinapa, Pasta de Conchos, Acteal, Aguas Blancas, News Divine, Atenco, Casino Royale, los feminicidios y el ecocidio del río Sonora.

En ciudad de México, mediante un comunicado, el IMSS informó que a partir de las denuncias sobre supuestas anomalías administrativas cometidas por el encargado de atender a los niños y adultos afectados por el incendio de la guardería ABC, éste fue destituido.

Además, el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación iniciaron investigaciones sobre la presunta compra irregular de algunas medicinas. El instituto informó que colabora con dichas instancias, proporcionando toda la información documental que se le requiera; ratificó su compromiso y apoyo incondicional a las personas que resultaron afectadas en la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.

En el noveno aniversario de esa tragedia, ayer, los deudos marcharon también del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México para exigir que todos los responsables, incluidos los dueños de la estancia (como Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex aspirante presidencial Margarita Zavala) y funcionarios de alto nivel, estatales y federales, sean llevados ante la justicia.

No sólo les arrebataron a sus hijos. No sólo no han encontrado justicia. No sólo año con año tienen que salir a las calles a reclamar sanción para los responsables. Tras nueve largos años de impunidad por la muerte de 49 niños en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, a los padres de esos pequeños el Estado nos ha quitado hasta el derecho de luto.

Abraham Fraijo, padre de Emilia, ya perdió toda esperanza. “En cualquier país democrático ya habríamos encontrado un sentido por la muerte de nuestros hijos. Salir cada año es desgastante, y la verdad ya no creemos que vaya a haber justicia, pero es una promesa que le hicimos a nuestros hijos y la vamos a cumplir".

La orden de reponer el caso Iguala es inatacable: juristas

• Crear una comisión de la verdad no violenta la división de poderes, afirman
• Los magistrados decidieron con base en la Constitución e invocan el Protocolo de Minnesota

Aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, reclamo permanenteFoto Yazmín Ortega Cortés

Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2018, p. 3

La resolución del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, la reposición del procedimiento para los solicitantes de amparo y la nueva aplicación del Protocolo de Estambul para determinar si hubo o no actos de tortura, es inatacable, afirmaron abogados e integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los juristas señalaron que la creación de una comisión de la verdad no viola la división de poderes, sino que amplía la posibilidad de la investigación, debido a que la llamada verdad histórica ha enfrentado múltiples descalificaciones y errores, y en la resolución se precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) será quien la encabece, con apoyo de los familiares de las víctimas y de organizaciones internacionales.

Los entrevistados señalaron que la resolución de los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez es una sentencia de última instancia para el MPF, por lo cual lo único que podría promover la Procuraduría General de la República (PGR) es un recurso de queja contra los impartidores de justicia, pero faltaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera entrada para analizar si hubo algún exceso en lo resuelto.

El jurista Clemente Valdés, el ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León José Luis Prado Maillard y Óscar Fidel González Mendívil, especialista en derecho y ex director del campus Culiacán de la Universidad de Occidente, sostuvieron que son cosa juzgada los juicios de amparo del 203/2017 al 206/2017, en los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva o Duvalín;Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos.

Los funcionarios del PJF resaltaron que la sentencia no significa que los beneficiarios del amparo vayan a obtener su libertad, sino que se reponga el procedimiento y se practiquen nuevos peritajes para determinar si se cometieron actos de tortura en su contra, y con base en las pruebas que aportó el MPF y los resultados de los peritajes que se apliquen, se dicte una nueva resolución en el juzgado que conoce del caso, y que todas las diligencias las realicen personas que no hayan participado antes en las indagatorias.

Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones; sin embargo, los efectos del amparo sólo aplican para quienes suscribieron las solicitudes resueltas en la sentencia.

Acerca de la resolución del tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, relativa a la creación de una comisión que investigue el caso Iguala, los entrevistados resaltaron que ese órgano del PJF no viola la división de poderes, pues es una decisión fundada y motivada en los artículos 17, 20 y 21 de la Constitución para fijar su criterio.

Indagatoria exhaustiva

Además, agregaron, refiere numerosos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Favela Nova Brasilia vs Brasil, en el que se determinó crear una comisión de indagatoria especial si la investigación del Estado pudiera no ser independiente.

E invoca el llamado Protocolo de Minnesota, que es modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de la Organización de las Naciones Unidas, que recomienda establecer una comisión indagatoria especial cuando se sospeche que no es posible una investigación objetiva e imparcial a cargo del Estado.

Por tanto, ordena que se cree la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia mediante una investigación exhaustiva con participación de las víctimas, que también han exigido que se indaguen los datos surgidos recientemente en Estados Unidos acerca de la intercepción de mensajes entre integrantes del cártel Guerreros Unidos que viven en ese país y que conocieron de la desaparición de los 43 normalistas.

9º aniversario niñxs fallecidos en Guardería ABC

Programa de actividades CDMX.

#JusticiaABC sigue faltando.

Siguen autoridades evadiendo responsabilidad y no garantizan un #ABCNuncaMás

Responsables particulares protegidos por estado.

Seguimos exigiendo justicia.

Presentes en la marcha por la Justicia ABC

Mujeres sin miedo: Ofelia Medina y Begoña Lecumberri

A nueve años, padres de la Guardería ABC aún sin justicia

Emir Olivares Alonso

Mitin para exigir justicia por el incendio en la guardería ABC, que dejó 49 menores muertos en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Foto Notimex

Ciudad de México. Los padres de los pequeños que murieron durante el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, acusaron que a nueve años de esa tragedia, aún no alcanzan justicia.

Por ello, esta tarde marcharán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, en especial a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde demandarán sanción a todos los responsables y que el caso se resuelva de una vez por todas.

En conferencia ofrecida esta mañana, los padres de algunas de los 49 menores que perdieron la vida durante aquel incendio, consideraron que se trató "de un crimen de Estado", ya que han sido víctimas del engaño, injusticia y maltrato por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de organismos autónomos como las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunciaron.

Roberto Zavala, padre de uno de los pequeños fallecidos, denunció que funcionarios del Centro de Atención Inmediata de Casos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social "han lucrado con la tragedia" al adquirir medicamentos a costos más elevados, sin facturación y con irregularidades, los cuales se utilizan para atender a las víctimas de los hechos.

Detalló que la gobernadora de Sonora y la presidenta municipal de Hermosillo, Claudia Artemisa Pavlovich y Lourdes Angelina Muñoz Fernández, respectivamente, se han mantenido distantes e indiferentes frente a las familias afectadas. Además que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, no ha atendido sus llamados para reunirse con ellos.

Acusó que tanto el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, "defienden y actúan en complicidad con las autoridades violatorias de nuestros derechos fundamentales, en vez de trabajar en favor de las víctimas", y tampoco les han recibido.

"Una vez más¡ exigimos a las autoridades mexicanas que dejen de burlarse de la memoria de nuestros hijos e hijas, cuya muerte sigue en la impunidad. Conminamos a que cumplan el mandato legal, actuando en todo momento con respeto a nuestra dignidad y garanticen los derechos fundamentales de la niñez. Hoy se cumplen nueve años carentes de justicia que aletargan el dolor y sufrimiento, dejando una herida abierta e infame", señalaron.