El cadáver de una mujer hallado en Valle de Chalco, Edomex, el 12 de julio de 2011.
Foto: David Deolarte
Foto: David Deolarte
MÉXICO, D.F. (apro).- De confirmarse el nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, la vida de las mujeres corre serios riesgos y sus derechos seguirán siendo violados, advirtió la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.
“Si se confirmara a Peña Nieto (como presidente) tenemos una preocupación, porque en el tema de mujeres fue insensible y vivimos la simulación. Si va a atacar el feminicidio como lo hizo en el Estado de México, la situación de la vida de las mujeres corre graves riesgos”, puntualizó la activista, cuya organización ha documentado miles de feminicidios en el país, además de desapariciones de mujeres y niñas.
En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del Estado mexicano –el próximo martes 17– ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, Estrada recordó que como gobernador, “Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
Además, dijo, “creó una ley contra los feminicidios en la que resulta imposible determinar que existen, porque uno de los requisitos es certificar que el responsable del crimen lo hizo por discriminación, pero el primer problema es que no hay detenidos. Entonces, ¿cómo se va a acreditar ese elemento?”.
Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que otra deuda que tiene Peña Nieto con las mujeres es el caso Atenco, que actualmente es sometido al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El caso Atenco también será expuesto en el comité CEDAW, y como Peña Nieto asumió la responsabilidad del operativo, en la Universidad Iberoamericana, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos internacionales, puntualizó Ramírez, también integrante de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos.
En su oportunidad, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), señaló al gobierno de Felipe Calderón como “un desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las mujeres”.
Explicó que al declarar la guerra contra el narcotráfico, las mujeres se convirtieron en uno de los sectores más vulnerables, presas tanto de los cárteles del narcotráfico como de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas.
Ulloa adelantó que el informe que presentará al CEDAW resalta que de 2005 a 2011 la trata de mujeres y niñas se ha incrementado de manera preocupante, y que en estados controlados por los cárteles del narcotráfico se secuestra a niñas de entre 12 y 16 años para convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga, “halcones” y sicarias.
“Por lo general, después de un tiempo de esclavitud, las jóvenes son asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas y decapitadas para impedir su identificación”, añadió.
La activista resaltó que CATWLAC litiga 45 casos con esas características y que los estados con mayor incidencia de este tipo de violencia son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, principalmente, seguidos por los estados de Guerrero y Sinaloa, y de forma incipiente en Baja California Sur.
Del otro lado de la moneda, agregó, se ha registrado un incremento de violaciones sexuales, prostitución y embarazos en adolescentes en las zonas ocupadas por fuerzas armadas, sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Añadió:
“En Apodaca hay 115 jovencitas desaparecidas a partir de la ocupación militar, además de que tenemos casos de mujeres que son detenidas, junto con presuntos delincuentes, y que llegan violadas sexualmente por las autoridades a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Hay un incremento de entre 25% y 50% de fenómenos asociados con la trata, donde se llevan a cabo operativos conjuntos. Eso es un hecho irrefutable”.
Ulloa subrayó que en los últimos cinco años, 25 mil mujeres fueron sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de protocolos para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas.
Sobre el incremento de los feminicidios y desapariciones, María de la Luz Estrada agregó que de acuerdo con informes de la ONU, de 2007 a 2009 la tasa de feminicidios aumentó en promedio 68% en el país, en tanto que en nueve estados (Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Veracruz) que proporcionaron información al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 3 mil 149 mujeres se reportaron como desaparecidas de 2010 a 2011.
En el caso de Veracruz, apuntó, en los últimos cinco años se contabilizaron 5 mil mujeres desaparecidas, de las cuales sólo se esclareció el paradero de 800.
“Hay que alertar en que hay estados en los que los feminicidios crecieron de forma alarmante. Por ejemplo, en Nuevo León fue de 298% en los últimos dos años. Los principales incrementos se dan en Sinaloa, Chihuahua y Estado de México, y cabe destacar que en el 60% de los casos se desconoce al agresor, por lo que quedan en total impunidad”, dijo Estrada.
Regina Tamés, del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), adelantó datos sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México, entre ellos la prevalencia de la mortalidad materna con niveles de 51.5 decesos por cada 100 mil nacimientos.
Presentó, además, un índice preocupante de embarazos entre menores de edad, de 26.8%, como consecuencia de la eliminación de la educación sexual en los programas escolares; la discriminación contra 50 mil mujeres portadoras de VIH, y la preocupante tendencia a criminalizar a las mujeres por abortar.
Sobre el último tema, informó que GIRE registró en el último año 15 procesos contra mujeres por aborto en los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí y Michoacán.
Otro asunto de preocupación de las organizaciones de mujeres es el que tiene que ver con la violencia hacia defensoras de derechos humanos y periodistas.
Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, recordó que de 2005 a 2012 fueron asesinadas 13 mujeres periodistas y más de 100 han denunciado algún tipo de violencia en su labor, en tanto que de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.
Las defensoras resaltaron que los temas que las organizaciones civiles llevaran al comité CEDAW versarán sobre la crisis de seguridad y violencia de género, situación de defensoras y periodistas, acceso a la justicia, derechos reproductivos, trata y explotación sexual, derechos políticos, educación, feminicidio, seguimiento de recomendaciones y así como derechos laborales.
