miércoles, febrero 26, 2020

Buscarán reparación integral del daño para víctimas de Atenco

 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de febrero de 2020, p. 6
El Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco informó que en mayo próximo, al cumplirse 14 años de los hechos, presentará el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue y dicte una sentencia histórica que ponga fin a la impunidad absoluta.
En conferencia de prensa, los integrantes de esta agrupación manifestaron que en estos años han esperado justicia, pero ahora sabemos que no llegará nunca porque los autores intelectuales, entre ellos –señalaron– el ex presidente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, ni siquiera han sido investigados.
Recordaron que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron brutalmente reprimidos, como venganza del Estado por haberse rebelado contra el designio imperial de construir un aeropuerto en el lecho del antiguo lago de Texcoco, en 2001.
Indicaron que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución sobre este caso Peña Nieto se reunió con Víctor Benítez Treviño, secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal; con representantes de Vicente Fox, ex presidente; Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública Federal; Miguel Ángel Yunes, coordinador del Consejo Nacional de Seguridad Pública, entre otros, para planear la estrategia represiva.
El colectivo destacó que buscará motivar a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, para que inicie una investigación de oficio por los hechos que denunciamos. Habremos de allegarle toda la documentación que podamos.
Jorge Orta explicó que su finalidad es alcanzar una reparación integral del daño, lo cual abarca en primer punto llegar a la verdad histórica, no la que dan a conocer los gobiernos, como sucedió en el caso de Ayotzinapa. Además, que el resultado de la investigación se haga público, saber qué es lo que realmente sucedió, las violaciones, las torturas, los asesinatos. También, que se deslinde la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales.

miércoles, febrero 12, 2020

Ayotzinapa: tiempo de resultados


L
a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
La encargada de la política interior también informó que la Comisión ampliada se reunirá cada mes con los padres de los estudiantes desaparecidos, además de sostener reuniones internas quincenales en Bucareli, con el fin de revisar los avances en el caso.
Según Sánchez Cordero, existen ya adelantos importantes en las indagatorias y se ha mantenido la coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las pesquisas a demanda de los familiares y la sociedad, por lo que hay un optimismo oficial acerca de que en breve tiempo se aclarará el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos luego de los hechos de violencia ocurridos en el municipio Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Sin duda es un hecho saludable que un poder soberano –el Judicial–, y un órgano autónomo del Poder Ejecutivo –la Fiscalía–, se sumen de manera plena a los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, integrada en su origen por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por delegaciones de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, y de las organizaciones civiles que los acompañan.
Con esta ampliación se da una confluencia de factores que estuvieron ausentes durante más de cuatro años, el más importante de los cuales acaso sea la voluntad política de la Presidencia para esclarecer el horror iniciado hace más de un lustro con la desaparición de los jóvenes.
Dada esta conjunción inmejorable, cabe demandar a las autoridades que los familiares de las víctimas y el conjunto de la sociedad mexicana puedan conocer con exactitud, y sin dilaciones innecesarias, qué pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 y dónde están los 43 estudiantes desaparecidos.
Es evidente que el esclarecimiento debe ir acompañado de la reparación del daño y de la garantía de no repetición, pues sin ellas no podrá hablarse de una aplicación cabal de la justicia en el episodio de violación a los derechos humanos más emblemático de este siglo en México.
Por último, es imprescindible que la investigación se extienda a todos los involucrados en el crimen, y se confirmen o descarten las sospechas de encubrimiento desde las más altas esferas del poder público que enturbiaron el caso en el sexenio anterior.
Para lo anterior deberá emprenderse una revisión exhaustiva de las deficiencias y los aspectos llanamente deplorables de la pesquisa realizada por la extinta Procuraduría General de la República, cuya culminación fue la impresentable verdad histórica, sostenida hasta el final por la administración federal pasada.

martes, febrero 11, 2020

Víctimas de la represión en Atenco acudirán a la Corte Penal Internacional

 
Periódico La Jornada
Martes 11 de febrero de 2020, p. 4
El Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura en Atenco informó que presentará una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a cargo de Fatou Bom Bensouda, debido a la inacción y simulación judicial en México y las abrumadoras evidencias de que nunca ha existido la intención de investigar a los autores intelectuales de los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de nuestras garantías individuales.
En conferencia de prensa a la que asistieron María Luisa López y Rodolfo Cuéllar, sobrevivientes de la represión en Texcoco y Atenco en mayo de 2006, el colectivo detalló que denunciarán ante esta instancia internacional a los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como al ex ministro Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública Federal.
También a Miguel Ángel Yunes, quien fungió como coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Preventiva, entre otros.
Señaló que con el fin de motivar al fiscal de la CPI para que inicie una investigación de oficio, se entregarán diversos documentos, como una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la investigación de violaciones graves a las garantías individuales; también una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De igual manera, se enviarán los expedientes de los sobrevivientes de la tortura en Atenco, elaborados por la CNDH, así como la información documental, bibliográfica, hemerográfica y fílmica.”
El abogado Juan de Dios Hernández explicó que no obstante que el artículo 21 de la Constitución establece la jurisdicción de la CPI, también puntualiza que para reconocerla necesita ser a petición del presidente de las República y con la aprobación del Senado.
Sin embargo, vamos a motivar al fiscal para que ejerza las funciones que el Estatuto de Roma le otorga, entre ellas realizar investigaciones de oficio cuando a su juicio exista la posibilidad de que se haya cometido un delito de lesa humanidad.
Indicó que otro requisito para llevar el caso ante la CPI es que previamente se agoten las instancias internas, lo que, dijo, ya sucedió. Ha habido una expresa manifestación por parte del Estado de que no va a investigar, y mucho menos castigar a los perpetradores intelectuales, insistió.

viernes, febrero 07, 2020

Padres de los 43 exigen nueva etapa en las pesquisas sobre Ayotzinapa

Los afectados mantienen la esperanza
El 5 de marzo López Obrador volverá a recibir a los familiares de los normalistas desaparecidos //
No hay muchos progresos: subraya abogado
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de febrero de 2020, p. 7
En la reunión realizada este jueves entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se habló de la necesidad de abrir una nueva etapa en la investigación del caso, con el impulso de la voluntad política de este gobierno, señalaron asistentes al encuentro.
Se están acelerando las dinámicas y tareas en todas las áreas, tanto la de hallar la verdad como la de brindar justicia, y hoy (ayer) se ratificó un informe de que se sigue avanzando por ahí. Estamos en la lógica de fortalecer los procesos que luego puedan dar resultados, más que de dar resultados en sí, indicaron defensores de derechos humanos que pidieron no ser citados con sus nombres.
Cuestionado sobre el ánimo de los padres de los normalistas sobre la falta de resultados definitivos de la indagatoria, las fuentes señalaron que aunque están inquietos de que no se les brinda la información que están esperando, hay claridad de que este gobierno ha tomado acciones que habían estado pidiendo. En general, mantienen la esperanza de que haya verdad y justicia.
Tras el encuentro en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 indicó que restos localizados durante las búsquedas del caso Ayotzinapa sufrieron una infección por las condiciones de las cuevas en las que fueron localizados, por lo que aún están en procesos de limpieza para enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria, para ser analizado.
El abogado indicó que se revisaron avances de la investigación, aunque también reconoció que progresos no hay muchos, y programaron para el 5 de marzo un nuevo encuentro con el mandatario
El pasado 9 de enero los padres de los normalistas se reunieron con el Presidente. Rosales dio a conocer en dicha ocasión que fueron localizados nuevos restos durante 18 jornadas de búsqueda, que serían enviados a análisis a Innsbruck y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar estudios que estarían listos en febrero o marzo.
En el encuentro de ayer, al que también acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el mandatario les ratificó su compromiso de continuar con la investigación.

martes, enero 28, 2020

Padres de los 43 piden a la CNDH revisar su apoyo a la verdad histórica

  • Piedra Ibarra, abierta al diálogo
  • La recomendación fue emitida por el anterior presidente de la comisión
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▲ Este domingo se cumplieron 64 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y se realizó una marcha para exigir justicia y dar con el paradero de los alumnos.Foto Pablo Ramos
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de enero de 2020, p. 6
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que se revise la recomendación que emitió su antecesor, Luis Raúl González Pérez, pues consideran que contiene algunos aspectos “que carecen de sustento científico y probatorio, que llegó a conclusiones muy subjetivas y obviamente confirmaban la verdad histórica”.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los normalistas, dijo lo anterior y agregó que en la primera reunión que sostuvieron con Piedra Ibarra, desde que asumió el cargo el 15 de noviembre pasado, también le pidieron tener un diálogo más fluido y que la CNDH debe tender los puentes de acercamiento con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa porque hay información importante que está saliendo de ahí y no debe ser ajena a estos procesos de investigación.
Sobre la revisión de la recomendación que emitió la CNDH en 2018 respecto de la desaparición de los jóvenes, indicó que también se planteó a la ombudsperson que se exploren rutas jurídicas para volver a revisarla, para reinvestigar, analizar cómo se puede avanzar en su cumplimiento y prescindir de aquellos puntos que carecen de sustento probatorio.
En entrevista detalló que algunas de las inconsistencias que observan en el documento de la comisión es lo relacionado con la supuesta existencia de 40 restos de cuerpos de los estudiantes. Otro de los puntos, añadió, es que la recomendación refiere que los normalistas sí tenían vínculos con la delincuencia organizada, que los autobuses utilizados por los jóvenes fueron infiltrados y que en la escuela hay distribución de droga.
Rosales indicó que en el encuentro privado con la titular de la CNDH, que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, no se detalló sobre los mecanismos que se implementarán para revisar la recomendación. Para ello, agregó, se acordó una próxima reunión técnica con la presencia de abogados y peritos en la que ya podamos entrar en pormenores.
Indicó que Piedra Ibarra refirió que está en un proceso de revisión y restructuración de áreas importantes de la CNDH, y que la oficina encargada del caso también será verificada. Añadió que la ombudsperson manifestó mucha aperturaHay voluntad y la disposición de poder retomar un diálogo con los padres de familia, de restablecer la confianza, que ésta se construirá con acciones concretas.

viernes, enero 10, 2020

Entre febrero y marzo, resultados de nuevas pesquisas sobre los 43

  • Innsbruck y forenses argentinos analizan restos
  • El hallazgo, tras 18 jornadas de búsqueda de los normalistas; giro en el caso da esperanza a sus padres
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de enero de 2020, p. 7
Tras 18 jornadas de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizadas en la presente administración federal, fueron localizados restos humanos que ya se analizan en la Universidad de Innsbruck, Austria, y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Se prevé que los resultados estén listos entre febrero y marzo, señalaron los padres de los estudiantes luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, evitaron revelar detalles, ya que forma parte de la investigación jurídica.
Antes del encuentro, el Ejecutivo sostuvo que es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad (sobre el paradero de los estudiantes); es una espina que tenemos clavada.
En conferencia en Palacio Nacional al salir del encuentro de más de hora y media con el mandatario, los padres dijeron tener muchas expectativas del hallazgo, ya que arroja una ruta y tesis distintas a las que se desarrollaban con el gobierno anterior, indicó su abogado, Vidulfo Rosales.
La nueva ruta, dijo, establece la construcción de un andamiaje jurídico e institucional para avanzar de manera más rápida en 2020, gracias a la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y con una hipótesis que apunta a que el paradero de los estudiantes puede estar en lugares distintos a Iguala, ya que el día del ataque fueron separados.
Durante el encuentro, el Presidente “escuchó nuestras peticiones como madres y padres desesperados por no saber nada de nuestros hijos (…), él tiene el sentimiento como padre, nos entiende; son seis Navidades que no sabemos nada de ellos, que no los tenemos en nuestras casas”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
Por la mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador indicó que es su deseo y el de su administración llegar a la verdad del caso. Se ha complicado; yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad; no vamos a encubrir a nadie.
Al referir que hubo posturas que se inclinaban porque si se conocía la verdad en el caso de Ayotzinapa podían resultar afectadas las instituciones, se pronunció en sentido contrario: las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra los servidores públicos.
Los padres de los 43 y el Presidente volverán a reunirse el 9 de marzo.

miércoles, enero 08, 2020

Titular de CEAV deja plantados a padres de la Guardería ABC

El padre de uno de los menores fallecidos subió un video a Twitter haciendo un reclamo
Familiares de los niños y niñas que fallecieron hace diez años en el incendio de la Guardería ABC acusaron que Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los dejó plantados el día de hoy y posteriormente canceló una cita que supuestamente ya estaba agendada.
En un video que circula en redes sociales se puede ver a Julio César Márquez, padre de un menor fallecido, haciendo este reclamo:
"Teníamos una reunión agendada con la comisionada Mara Gómez Pérez a las tres de la tarde, nos hizo esperar por tres horas y media y finalmente nunca llegó, por teléfono se comunicó y nos dijo que las víctimas de la Guardería ABC son unos egoístas", asegura Julio César Márquez.
Por su parte, la CEAV señaló a través de Twitter que Mara Gómez, quien recientemente fue elegida como titular de la dependencia, respeta a todas las víctimas.
"La titular de CEAV, Mara Gómez Pérez, respeta a todas las víctimas y atenderá a los padres de los niños de la guardería ABC. El señor Julio César Márquez llegó sin cita cuando la comisionada estaba en una reunión de trabajo. Pese a ello lo atendió vía telefónica", expresó la dependencia en sus redes sociales.
El video donde Julio César Márquez expone su inconformidad fue publicado este día a las 7 de la noche, mientras que la CEAV respondió casi cuatro horas después.

lunes, diciembre 30, 2019

Muere a los 80 años la luchadora social Alicia Galicia Lima


Doña Lichita será homenajeada este lunes.Foto Jesús Villaseca
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de diciembre de 2019, p. 4
San Salvador Atenco, Méx., Alicia Galicia Lima, Doña Lichita, murió a los 80 años de edad. Activista aguerrida era considerada uno de los rostros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, y durante muchos años se dedicó a luchar por las causas sociales.
La defensa de la tierra era su vida, en el campo se le veía trabajando su parcela, en las manifestaciones contra el aeropuerto en Texcoco iba siempre a la vanguardia blandiendo su machete, cargando su canasta de mazorcas y nopales, y portando su manta.
En las conferencias de prensa era la voz longeva del movimiento; en la cocina organizaba la llegada de los contingentes para que todos comieran y en los actos culturales o donde se necesitara siempre estaba dispuesta a colaborar.
La recordamos como una gran mujer, una mujer guerrera con un compromiso muy serio, muy entregada a la lucha no sólo de la defensa de la tierra con el FPDT, sino en la lucha social; porque levantó la voz por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, por la defensa del agua, por el no a las mineras y a todos los megaproyectos que están despojando a los pueblos de todo lo que les pertenece, expresó María Trinidad Ramírez, dirigente del Frente.
Alicia Galicia, originaria de San Francisco Acuexcomac de Atenco, falleció el sábado 28 de diciembre y este domingo fue velada en su vivienda. Este lunes, el FPDT le rendirá un homenaje en la plaza principal de Atenco por su contribución al movimiento atenquense.
El rostro de Lichita y su activismo fueron plasmados en los carteles de las movilizaciones contra el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

viernes, diciembre 20, 2019

La Comisión de la Verdad debate sobre la función actual del GIEI en el caso

 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de diciembre de 2019, p. 11
El llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno mexicano acepte la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar con las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sorprendió a funcionarios federales, quienes aseguraron que algunos de los expertos que conformaron ese grupo han venido coadyuvando desde hace unos meses con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de ese caso.
Sin embargo, otras fuentes ligadas a las investigaciones señalaron que si bien los especialistas internacionales han estado en México, cooperando con los trabajos de la Comisión, no desarrollan las mismas facultades que realizaron como GIEI, por lo que la exigencia de los padres es que así sea.
Este debate se dio en medio de la última sesión del año, la décimo primera, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que se realizó el miércoles en la Secretaría de Gobernación, en la que los los representantes legales de las familias y fuentes federales indicaron que en diversos puntos de búsqueda se hallaron nuevos huesos que el gobierno federal enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis y con ello confirmar si se trata o no de los estudiantes.
En un comunicado emitido el martes por la CIDH, se detalló que el pasado 3 de diciembre envió a las autoridades mexicanas la propuesta formal para la reinstalación del GIEI. Esto generó cierta polémica al interior de la comisión. Por un lado, algunos indicaron que ese paso se ha cumplido, pues en marzo se presentó el Grupo de Apoyo Técnico de ese organismo internacional, en el que participan algunos expertos de la entidad anterior.
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▲ Los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala exigen que el GIEI tenga más facultades en la investigación.Foto La Jornada
En respuesta, otros subrayaron que a partir de entonces los especialistas Ángela Buitrago y Francisco Cox han coadyuvado en las labores, se trata de una asesoría como consultores, que no es el mismo trabajo que desarrolló el GIEI cuya colaboración era mayor: tenían facultades para acceder a la investigación y a los expedientes, a realizar procesos de búsqueda, a entrevistar a presuntos responsables, a ingresar a los penales y a sugerir líneas de investigación y de búsqueda. En la reunión participaron el fiscal especial del caso, Omar Gómez; representantes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la experta del GIEI, Ángela Buitrago, familiares de los normalistas y funcionarios
A su vez, al finalizar la sesión de la Comisión, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que acompañan a los padres de los jóvenes, indicó que se realizó un balance de los trabajos desarrollados en este primer año y se presentó la agenda del siguiente, entre ellas reuniones, por separado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el fiscal general de la República.

miércoles, diciembre 18, 2019

Inclumplido aún, el fallo de la Coridh sobre mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco

 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 18
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco ha cumplido un año y las 11 denunciantes y sus representantes instaron al Estado a realizar las acciones necesarias para dar pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en beneficio de las víctimas sobrevivientes, así como las medidas de carácter estructural.
Al hacer un balance de los avances y los asuntos pendientes en la implementación de las medidas ordenadas por la Coridh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expuso la necesidad de unificar la investigación del caso, por lo que han exhortado a las autoridades a concretar y acelerar la atracción del asunto al fuero federal.
Lo anterior, toda vez que si bien este año se abrió una investigación por la Fiscalía General de la República, aún sigue abierta en la fiscalía local del estado de México una pesquisa cuyas serias deficiencias fueron expuestas por la Coridh.
Destacaron la falta de avances concretos por el Estado en la ­creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales y del estado de México, como ordenó el tribunal interamericano.
Exhortaron al Estado a agilizar la implementación de los aspectos pendientes y garantizar la atención de salud a las mujeres, así como a celebrar una sesión de seguimiento de la mesa de cumplimiento instalada en abril.

viernes, diciembre 13, 2019

Extenderán la pensión vitalicia para niños víctimas y madres de la guardería ABC

  • Preparan nuevo decreto
  • Hay otras demandas de los familiares que deben ser acordadas, reconoce AMLO

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer en Hermosillo con padres de los sobrevivientes y víctimas mortales del incendio de 2009 en la guardería ABC.Foto Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 13 de diciembre de 2019, p. 13
Hermosillo, Son., El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó este jueves con los padres de las víctimas del incendio ocurrido en la Guardería ABC, en junio de 2009, que emitirá un decreto por el cual los 70 niños sobrevivientes y los padres de los 49 menores fallecidos serán pensionados de por vida, y que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrirá la investigación sobre la tragedia.
Los deudos esperaban que ayer, en su tercer encuentro con el mandatario, éste emitiera un decreto presidencial que garantizara la atención médica de los sobrevivientes, pensiones vitalicias y el compromiso de que el Estado mexicano encarcelará a los ex funcionarios implicados en la conflagración. Tal acuerdo se aplazó para una próxima reunión, que se efectuará el 12 de marzo de 2020.
El tema principal fueron las ayudas para los sobrevivientes, que todos los niños heridos reciban servicios de salud sin distingo, ayuda económica vitalicia a las madres de los niños, y pensión al momento deque los menores cumplan la mayoría de edad. Todo esto se incluirá en el decreto con el fin de que no quede a capricho de las autoridades en turno.
Al salir de la reunión celebrada a puerta cerrada, López Obrador informó en entrevista que el nuevo decreto presidencial quedó pendiente hasta que los diversos grupos de padres de las víctimas alcancen una resolución conjunta, pues hay temas pendientes y se requiere un acuerdo general; hay procesos hacia la justicia que llevan tiempo, a veces tarda, pero debe de llegar.
La FGR recibirá un llamado
Asimismo, ofreció hacer un llamado respetuoso al fiscal general Alejandro Gertz Manero, para que retome la investigación hasta castigar a los implicados en la tragedia.
En general decidimos (el gobierno federal y los padres) que debe de haber justicia, lo que significa reparar los daños materiales y también castigar a los responsables, pero eso le corresponde a la Fiscalía General, hoy voy a pedirle a Alejandro Gertz Manero que se avance en la investigación que se tiene en la FGR, señaló el Presidente.
Encinas da continuidad a las reuniones
López Obrador, quien visitó Hermosillo acompañado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que éste continuará siendo interlocutor entre las víctimas y gobierno federal. Además, anunció que Encinas Rodríguez y los padres de la Guardería ABC se reunirán el próximo 23 diciembre en la Ciudad de México.
Julio César Márquez, padre de Yeyé, uno de los menores fallecidos en la conflagración, aseguró que las ayudas vitalicias serán tabuladas con el monto máximo de pensiones, de acuerdo con el tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social. No puedo decir el monto por seguridad de las madres, hay información que es delicada y no puedo poner en riesgo a las demás familias, comentó.
La reunión con más de 80 representantes de las familias afectadas se llevó a cabo en la misma sede del anterior encuentro entre López Obrador y los deudos realizado el pasado 2 de septiembre, en un hotel ubicado a tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

jueves, diciembre 05, 2019

No prescriben delitos graves perpetrados en el desalojo de Atenco, determina la SCJN


Niega amparo a policía acusado por tortura
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de diciembre de 2019, p. 8
Los casos de tortura perpetrados por policías durante el desalojo de ejidatarios de San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006 no pueden declararse prescritos, debido a que de acuerdo con la jurisprudencia y los tratados internacionales firmados por México, la investigación de los crímenes de lesa humanidad no puede expirar hasta encontrar a los culpables.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negar un amparo a Baltazar Nateras Nava, policía del estado de México acusado de cometer tortura sexual contra una de las participantes en las protestas contra la construcción de un aeropuerto en esa zona.
La represión ejercida por la Policía Federal y agentes de la Secretaría de Seguridad estatal dejó un saldo de dos personas muertas y más de 200 detenidas, muchas de las cuales denunciaron haber sido objeto de tortura y violación.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo, señala: Tratándose de delitos como el de tortura, la grave violación de derechos humanos que implica, hace la diferencia con otro tipo de ilícitos que no alcancen ese carácter y, por tanto, excepciona los plazos fijados al Ministerio Público a fin de que perfeccione la acción penal; pues de otra manera se contravendría su carácter de imprescriptibilidad.
Por unanimidad y sin discusión alguna, la propuesta fue aprobada por los ministros de la primera sala. En el texto de la resolución se declaró inconstitucional el plazo de 90 días que fijaba el Código de Procedimientos Penales del estado de México para que el Ministerio Público perfeccionara la acusación.
El incumplimiento de este plazo fue lo que permitió que, en primera instancia, Nateras Nava obtuviera un amparo de un juez de distrito, quien lo dejó salir en libertad, decisión que fue revertida por el fallo de la SCJN.

viernes, octubre 18, 2019

Ayotzinapa/Iguala: lectura desde necropolítica

S
i bien la masacre en Iguala (bit.ly/2MOjI0f) fue un claro producto de la imperante lógica de la necropolítica en México, la misma constituye también una suerte de mirador que pone al desnudo sus mecanismos de muerte, demostrando que:
A pesar de diferentes transformaciones, la estructura de poder en México sigue descansando en su vieja facultad: la necropolíticala soberanía como el poder de dar vida o muerte (A. Mbembe); si bien el PRI reconfiguró sus herramientas de dominación y pasó por una profunda mutación siguiendo la evolución del propio capitalismo, sus fuerzas del orden lejos de pasar al segundo plano sólo profundizaron su trabajo de muerte: Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Nochixtlán o Tanhuato son lugares-casos que demuestran que la soberanía en México consiste básicamente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz tiene el rostro de una guerra sin fin.
Si por un lado tenemos a los normalistas rurales, productos de la Revolución que mantienen la llama de una parte de su legado −oportunidad de educación para los pobres y su concientización−, por otro tenemos al Estado posrevolucionario que trata de deshacerse de este residuo rompiendo códigos éticos, flexibilizando el derecho y obrando en un clima de estado de excepción creando cuerpos torturables y desechables −morenos y pobres−, un proceso alimentado por la basada en odio de clase y raza lógica del llamado exterminismo.
La constante demonización y estigmatización de los normalistas, fruto de su activismo político y la sostenida persecución y criminalización por el Estado (pinches ayotzinaposbandidos manipulados por las guerrillas locas, etcétera), son parte del clásico proceso de la construcción del enemigo en el que la deshumanización (parásitos inútiles y cucarachas, entre otros) es el paso crucial a convertir el sujeto en un ser matable − uccidibile (G. Agamben)− y exterminable.
La noción de necropolítica acuñada por Mbembe con ejemplos de Kosovo, Palestina y Sudáfrica (véase: Necropolitics, en: Public Culture, número 15-1, 2003, p. 11-40) bien podría tener a México como uno de sus casos; ésta es en esencia “un amplio abanico de ‘políticas de muerte’ para el control poblacional” que implica no únicamente el derecho de matar por el soberano/el Estado, sino también “de exponer a otros −la propia población de un país incluida− a la muerte” y decidir qué tipo de cuerpos están destinados a ocupar una estrecha franja entre la vida y la muerte, un modo de ejercer el poder que a menudo pasa a ser camuflado como emergenciacrisis humanitaria o... guerra a las drogas y donde una de sus principales herramientas es la creación de ciertas zonas de muerte −pensemos en algunas regiones de México...− donde la muerte misma es a la vez herramienta de dominación y de resistencia (sic).
Es precisamente en este sentido que el asesinato, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de los normalistas más allá de su móvil inmediato, se vislumbra también por un lado como una política de disciplinamiento de varones jóvenes de clases subordinadas ante la creciente desigualdad y la privación de derechos y bienes (educación, etcétera) y por el otro, de limpieza en el contexto de una sostenida en México “guerra en contra de los jóvenes, de los que ‘sobran’, destinados a ser ‘descartados’ con pretexto de la guerra contra las drogas” (C. Fazio, Sobre los hechos de Ayotzinapa/Iguala..., en: La noche de Iguala..., M. Aguilar Mora y C. Albertani, editorial JP, 2015, p. 74).
La instauración de una grave crisis de seguridad −también conocida como la guerra al narcotráfico− un estado de excepción/emergencia que se extendió con el tiempo y empezó a considerarse normal, ha sido instrumental en esta política de disciplinamiento o limpieza, haciendo del narcotráfico no sólo un negocio, sino una herramienta de terror y prolongación ( outsourcing) de la contrainsurgencia, donde los grupos criminales que obran mano a mano con agentes estatales son la cara oculta del Estado ( proxy) y continúan su trabajo de muerte.
Así, dado que el crimen organizado es la parte integral del capitalismo tardío −no una aberración en sus márgenes−, la masacre en Iguala ( vide: el quinto autobús) constituye también una ventana a las entrañas del capitalismo narco y necropolítico que impone decadentes, pero aceleradas formas de acumulación por desposesión con base en la política de muerte y la economía criminal (L. Arizmendi, J. Beinstein, Tiempos de peligro: estado de excepción y guerra mundial, PyV/UAZ, 2018, p. 28-29), y expone el carácter necrófilo del sistema: la compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (la muerte) (C. Fazio..., p. 80), algo que a su vez nos regresa a Mbembe, que localiza la emergencia de la propia necropolítica en el nacimiento del capitalismo y el tráfico de los seres humanos “convertidos ‘en metal’ y en mercancía” ( Necropolitics...).
Si en la dialéctica Ayotzinapa/Iguala el segundo nombre representa la desaparición y la muerte y el primero toda la historia de resistencia y esperanza, el movimiento que se formó en su torno se vislumbra como “un movimiento antinecropolítico” par excellance (bit.ly/2OT3dCL): por la vida, la verdad y la justicia.
*Periodista polaco

sábado, septiembre 28, 2019

Ayotzinapa: a mis 43 hermanos

M
e llamo Aquilino, soy originario de la Montaña Alta de Guerrero, de origen indígena y de padres campesinos. Las oportunidades de estudio son escasas en nuestra región, por ello, quienes deseamos seguir estudiando, nos vemos en la necesidad de salir.
Por fortuna encontré mi mejor lugar para estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, que durante más de 93 años ha brindado la oportunidad de estudio a los hijos de campesinos, obreros y maestros. Una escuela de pobres y para pobres, que, por exigir nuestros derechos, como el acceso a la educación, somos reprimidos, estigmatizados, perseguidos, asesinados y encarcelados, por malos gobiernos de nuestro país.
Ahí aprendí a no agachar la cabeza, ni dejarme pisotear y, como decía el maestro Lucio Cabañas Barrientos, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. En Ayotzi aprendí que la solidaridad es antes que el bienestar personal, me inculcó además tener empatía con los más pobres, asumir el compromiso de llevar educación a los lugares más apartados y luchar por la libertad de expresión y la de los presos políticos.
Ayotzinapa ha sido reprimida un sinfín de ocasiones, basta recordar aquel 12 de diciembre de 2011, en la Autopista del Sol donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El 7 de enero de 2014, Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta, fueron atropellados mientras boteaban en la comunidad de Buenos Aires del municipio de Atoyac de Álvarez en la Costa Grande de Guerrero. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro perdieron la vida el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto, acontecimientos que han quedado en la impunidad.
Jamás voy a olvidar el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron a 43 compañeros de mi amada escuela, todos alumnos de nuevo ingreso, y sin que hasta la fecha se conozca su paradero y sin que los responsables materiales e intelectuales hayan sido procesados y castigados como exigimos desde hace cinco años de dolor, de tristeza, de llanto, de soledad, de desesperación, de impotencia, pero también de esperanza, en que un día se haga justicia y nuestros 43 compañeros sean presentados con vida, así, como se los llevaron.
El 26 de septiembre me ha marcado y no logro entender cómo una autoridad del Estado desapareció a nuestros 43 compañeros. Recuerdo ese día con lágrimas y se me vienen a la mente todos esos rostros que nunca volvieron a su alma mater porque el narcoestado actuó de forma cobarde.
Recuerdo que ese día estábamos en una plática de amigos, caía la tarde, miré que partían a una actividad común dentro de la escuela, pues al no tener los apoyos necesarios por parte de los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo diversas actividades para tener el sustento de las prácticas profesionales. Nunca imaginé que no regresarían. Me duele mucho no saber de su paradero y que las autoridades responsables no hayan sido castigadas, sino premiadas, y el caso esté en total impunidad como en los más de 40 mil desaparecidos en el país.
Eran como las ocho de la noche, de pronto recibimos la noticia de que les dispararon y que habían matado a dos de nuestros compañeros; en ese momento mi cuerpo se entumeció y por mi cabeza pasaron muchas ideas, sentí una gran desesperación por no poder ayudar a mis hermanos, eso me pesa mucho todos los días, quiero saber la verdad, que haya justicia y que no se repita este tipo de hechos.
Entristezco cada que se aproxima el 26 de septiembre, pues es una fecha de mucho dolor para mí, por no saber nada de nuestros compañeros a cinco años de su desaparición forzada.
Sabemos que ese día participó la policía municipal, la Policía Federal y el Ejército, partícipes directos en la desaparición forzada de los 43, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, y los responsables de que Aldo Gutiérrez Solano se encuentre en estado vegetativo y tres civiles más asesinados por el ataque del Estado.
Recuerdo mucho la foto de Julio César Mondragón Fontes. Me cuesta trabajo describir cómo me siento al recordar su rostro, sólo sé de a los que les han quitado la vida por las armas del gobierno.
Desde donde estén quiero decirles que los extrañamos y que seguimos exigiendo justicia a estos gobiernos insensibles y sordos, pues en nuestro México ser estudiante es lo más peligroso, sus intereses personales prevalecen sobre la justicia, el respeto por los derechos humanos y el derecho a la vida.
Escribo estos renglones, porque sé que llegaron a la Normal por la pobreza, por la inseguridad, por falta de oportunidades en nuestros pueblos, pero sé también que lo hicieron porque Ayotzi nos brinda la oportunidad de superarnos.
A ustedes compañeros 43 que no han regresado con sus familias y compañeros, quiero decirles que sus madres y padres de día y de noche sin descanso oran y buscan en todos los rincones del mundo, sus compañeros de la Normal están resistiendo y siguen esperándolos en su casa, al igual que nosotros.
México y las organizaciones sociales siguen levantando la voz, los estudiantes siguen siendo asesinados, pero han levantado la voz, el mundo entero quiere saber de ustedes y se suman cada vez más voces en la exigencia de su presentación con vida.
Me cuesta decirlo, pero tengan por seguro que los encontraremos, sé que es difícil. Los que no los olvidan nunca son su padres y madres, están preocupados por ustedes, quieren saber si comieron, si durmieron, si están bien de salud, me desagarra el alma verlos sufrir por ustedes y que luchan incansablemente por saber su paradero.
¡Cuando alguien muere se le tiene que dejar ir, pero cuando a alguien se le desaparece, se le tiene que hacer volver!
* Egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y estudiante de Sicología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

viernes, septiembre 27, 2019

Certeza de que fue crimen de Estado contra los normalistas, dice Encinas

AMLO confía en que se esclarecerá el caso porque ya no hay impunidad

▲ Estudiantes, ONG y pueblo en general acompañaron a los padresde los 43 normalistas en la marcha por el quinto aniversario del ataque de Iguala. La imagen, en el Zócalo capitalinoFoto Luis Castillo
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 5
Con la certeza de que se trató de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, las nuevas indagatorias revelan que la noche de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no hubo contacto telefónico de normalistas con el crimen organizado, no hay indicios de que salieron de Guerrero y se tiene claro que los responsables se juzgarán en México, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la nueva condición que le permite confiar en que se esclarecerá el caso: Tenemos la gran ventaja de que no hay impunidad. Cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad si se mantiene el acuerdo de que impere la versión oficial, pero cuando no hay impunidad todo el gobierno de la República actúa para conocer los hechos.
Después del anuncio de la entrega de recompensas de 1.5 millones de pesos a quien ofrezca información fidedigna de la desaparición y de 10 millones por datos que permitan detener a Alejandro Temescalco, un narcotraficante que operó la noche del ataque contra los normalistas en Iguala, López Obrador llamó a colaborar en aportar datos para aclarar el caso, y se comprometió a proteger a quienes informen, recompensarlos y, si se requiere, ayudarlos, si están implicados. El mandatario vestía la camiseta conmemorativa del quinto aniversario de la desaparición de los normalistas que le regalaron los padres durante su reunión hace unos días en Palacio Nacional, misma que también llevaba Encinas.
Durante la presentación de los avances, el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo –también con su playera conmemorativa–, sostuvo que la próxima semana se girarán los citatorios, comenzando por el gobernador, procurador y secretario de Seguridad Pública de entonces. Se incluirá al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien ha expresado su disposición a colaborar.
–¿Se va a pedir también la comparecencia del ex presidente Enrique Peña Nieto?
–Todas las autoridades que tenían un cargo entonces. Ninguna persona está por encima de la ley; si es necesario, cualquier persona será llamada ante la justicia, dijo.
No vamos a encubrir, sino a investigar todas las complicidades que se dieron, así como indagamos fuertemente los actos de malos tratos y tortura ocurridos.
Interrogado sobre la impunidad de quienes han sido liberados por vicios en la investigación o tortura, Gómez Trejo aseveró que aunque por disposición de un tribunal colegiado se haya liberado a involucrados, no significa que quedan excluidos de rendir cuentas frente a la justicia. Estamos reuniendo evidencias con la finalidad de integrarles nuevos delitos.
Encinas destacó que el replanteamiento de la investigación contempla la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la apertura de las instalaciones del 27 batallón de infantería en Iguala, la puesta a disposición del personal militar que estaba activo ese día, el desistimiento de 200 amparos –promovidos por el pasado gobierno– para no poner ningún obstáculo legal a la investigación.
Además, la incorporación de pesquisas realizadas por la fiscalía estatal en los seis días posteriores al ataque, antes de que la Federación atrajera el caso, que contiene información fundamental, así como datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública sobre el papel de la Policía Federal y el Cisen.
Se ocultó información importante, como las bitácoras del Grupo de Coordinación Guerrero, que articulaba todas las instituciones de seguridad federales y locales en el estado, dijo Encinas; señaló que se tiene claro que el proceso legal debe realizarse en México, a pesar de que por los acuerdos internacionales podría trasladarse a la Corte Penal Internacional. Recordó que analizaron más de 80 millones de llamadas hechas durante cuatro años, de las cuales se identificaron 206 mil de interés, lo que permitió construir una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y de 116 números telefónicos. Se solicitará al gobierno de Estados Unidos colaboración en llamadas de Guerreros Unidos a Chicago. Detalló que se realizan ocho operativos en 48 días de búsqueda en Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecoacuilco, con apoyo del Ejército.