Periódico La Jornada
Jueves 21 de enero de 2016, p. 7
Durango, Dgo., Integrantes de la Caravana Nacional por Ayotzinapa, en la que participan padres de los 43 normalistas desaparecidos, activistas, estudiantes, maestros y madres que buscan a sus hijas, arribaron ayer a esta ciudad y pidieron a las personas que tienen familiares ausentes que no se callen, levanten la voz y se animen a exigir a las autoridades la aparición de sus parientes. Aseguraron que las versiones de que habrían recibido sumas de dinero millonarias del gobierno son falsas y sólo buscan desprestigiar al movimiento. Se nos han acercado, nos han ofrecido becas, casas, dinero, vehículos y otras cosas, pero nadie ha cedido, aclaró Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los normalistas.
(17 de enero, 2016).- Con el objetivo de unificar la lucha, exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y evidenciar que a poco más de 15 meses el gobierno no ha dado resultados, familiares de los normalistas víctimas del ataque la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, iniciaron este sábado la Caravana Nacional por Ayotzinapa;la Caravana del Sur tuvo su primer parada en el estado de Chiapas, mientras que la Caravana del Norte visitó Ciudad Juárez, Chihuahua.
Acompañados de activistas, obreros, estudiantes y madres que buscan a sus hijos desaparecidos, los familiares de los 43 normalistas se dieron cita a las afueras de la planta de maquila de Lexmark, en donde obreros mantienen un plantón para exigir mejores condiciones laborales.
En el lugar se realizó el foro “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, el cual fue organizado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Movimiento Magisterial Resssiste y las madres con hijas desaparecidas. En el acto participaron padres de los estudiantes de Ayotzinapa así como víctimas de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al tomar el micrófono, la señora Margarita, madre de Miguel Ángel Mendoza-joven desaparecido- manifestó que no cree en el gobierno. Por tal motivo, dijo, se suma a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos ya que “quiero justicia y las autoridades son investigan”.
Por su parte, Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján-normalista desaparecido en Iguala, Guerrero- aseguró que Iguala no debe ser considerada la cuna de la Independencia, sino la cuna de la delincuencia. Dijo que el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, así como los crímenes que se cometen a diario en aquel municipio, demuestran el grave problema que se vive.
El señor Abraján enfatizó que la desaparición de los 43 estudiantes es responsabilidad del Estado. Además, aseguró que los estudiantes en ningún momento los normalistas “fueron tocados” por el crimen organizado.
Tras concluir el foro a las afueras de Lexmark, los padres de los estudiantes, así como alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizaron una movilización por las calles de la capital de Chihuahua.
“Buscamos un frente nacional”
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” enfatizó que uno de los objetivos de iniciar sendas caravanas por el norte y sur del país es buscar conformar un frente nacional de lucha.
Al participar en una conferencia de prensa ofrecida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el abogado defensor de derechos humanos llamó a la sociedad a participar en el primer Encuentro Nacional por la Indignación, que se realizará el 5 de febrero en la Ciudad de México.
La intención del encuentro, dijo Rosales, es discutir y establecer una agenda y ejes comunes en aras de impulsar un plan de lucha, articulado a nivel nacional. Destacó que en el país hay muchos agravios contra la población, sin embargo las luchas se encuentran dispersas.
En Chiapas, los padres y madres de los 43 estudiantes visitaron las instalaciones de la Escuela Rural Normal Mactumatzá. Durante su visita reiteraron que la lucha no se detendrá y seguirá hasta hallar a los normalistas desaparecidos.
Al dirigir unas palabras, el señor Mario Gónzales, padre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo que el gobierno los ha tratado como juguetes. Criticó que la administración peñanietista sólo ha hecho promesas que no ha cumplido. Señaló que mucha gente crítica al movimiento y que otros más piensan que ya recibieron dinero del gobierno. “Nos piden que lo superemos, que olvidemos, que optemos por recibir la reparación del daño. Yo no los imagino a ustedes como padres que reciban esa reparación del daño”, dijo.
o cesa. La campaña de calumnias contra los expertos independientes que participan en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa no amaina. Ahora los ataques se han centrado en la abogada Claudia Paz y Paz.
Los enemigos mexicanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pactaron con la fundación de ultraderecha guatemalteca Liga Pro Patria un matrimonio por conveniencia. Su objetivo es difamar a Claudia Paz y Paz y golpear a los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El rabioso anticomunista Steve Hetch, presidente de la liga, lo declaró sin ambigüedad alguna: Si México quiere saber la verdad de lo que pasó con los normalistas, debe cortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión, con el simple hecho de contratar a Paz, quiere decir que no la investigaron(http://goo.gl/9t1bBL).
Entre las causas que enarbola la Liga Pro Patria ocupa un lugar destacado la defensa del ex dictador de Guatemala general José Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700 indígenas ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato. Aunque formalmente dice estar en favor del estado de derecho, la liga se opone a que se juzguen las atrocidades perpetradas por los militares durante la guerra civil que vivió aquel país, entre 1960 y 1996.
En el juicio seguido a Ríos Montt en 2013, el ex dictador fue encontrado culpable. Recibió una condena de 80 años de cárcel. Diez días después, en una controvertida decisión, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la sentencia por defectos de forma en el proceso y ordenó un nuevo juicio. Apenas el pasado 11 de enero la misma Corte pospuso de nuevo el juicio hasta que se resuelvan cuatro amparos presentados.
A pesar de que se dio marcha atrás en el fallo, el juicio contra Ríos Montt no tiene precedente. Constituye la primera ocasión en que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en una internacional.
Claudia Paz y Paz desempeñó un papel central en esa causa: era la fiscal general en el momento del juicio. Nacida en 1966, especializada en derecho penal y derechos humanos, la abogada proviene no de los círculos conservadores que tradicionalmente han nutrido el sistema judicial en Guatemala, sino del mundo de los derechos humanos.
Su trayectoria previa al nombramiento de fiscal era impecable. Tenía larga experiencia en la investigación de crímenes y atrocidades de guerra. Fue asesora legal en derechos humanos del arzobispo de Guatemala, consultora de la misión de Naciones Unidas en ese país, investigadora en la Comisión para la Clarificación Histórica de Guatemala, así como directora legal para asuntos de refugiados para el Alto Comisionado de la ONU.
En su labor como fiscal general de Guatemala tuvo éxitos notables. Entre 2010 y 2014 –según la revista Nómada– redujo los niveles de impunidad de 98 a 72 por ciento. Capturó a 90 integrantes del cártel de Los Zetas y a 15 capos. Llevó a juicio a narcotraficantes, militares, políticos y violadores.
Siendo fiscal, la Liga Pro Patria (la misma que vino a México a atacarla a ella y al GIEI en México) y la Fundación contra el Terrorismo presentaron querellas en su contra. Las demandas fueron desestimadas por la Corte Suprema por espurias.
De la mano de la Liga Pro Patria caminan conspicuos integrantes de El Yunque, como José A. Ortega Sánchez y Rafael Herrera Piedra. Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, dijo, sin dar prueba alguna, que Claudia Paz y Paz fue militante del grupo político-militar guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres. Según él, la posición de los expertos de la CIDH no es más que una maniobra político-electoral para impedir que la imagen de Andrés Manuel López Obrador se dañe por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Litigante en asuntos penales, José Antonio Ortega forma parte de El Yunque, la organización de extrema derecha clerical con gran influencia en varias regiones de México. Mediante el consejo que preside, Ortega se ha dedicado a poner en marcha diversas cruzadas judiciales y campañas de estigmatización contra figuras políticas y activistas sociales.
Así lo hizo, por ejemplo, en 2008. Ese año denunció ante la PGR a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, por su probable participación en delitos relativos al terrorismo y por militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los virulentos ataques contra Claudia Paz y Paz –y Ángela María Buitrago– buscan desacreditar a los expertos independientes de la CIDH que trabajan en el caso Ayotzinapa. La guerra sucia en su contra, impulsada también por instituciones educativas como la Universidad La Salle y figuras claves de las cañerías del poder, es evidencia de que están haciendo bien las cosas.
Efectivamente, la desmesura de los infundios contra el GIEI es señal de que su labor camina en la dirección correcta. En altas esferas gubernamentales y mandos militares hay enojo y nerviosismo con sus investigaciones. Como dijo la ex fiscal de Guatemala a Sanjuana Martínez en este periódico: En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente esa noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores.
La participación de Claudia Paz y Paz en la GIEI no puede estar en entredicho. Su capacidad profesional y congruencia ética no están en cuestión. En 2012, la revista Forbes la nombró como una de las cinco mujeres más poderosas cambiando el mundo. Un año después obtuvo el premio de derechos humanos Judith Lee Stronach Human y fue nominada como candidata al Premio Nobel de la Paz. En 2013, en España, recibió el premio Orden de Isabel Católica. En 2014, en Alemania, le fue otorgada la Cruz de Comendador de la Orden del Mérito. Apenas el año pasado se le reconoció con el Civil Courage Prize. ¿Así o más claro? Quienes la denigran escupen al cielo.
Demandan acudir al pleno camaral para exigir justicia
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada Martes 19 de enero de 2016, p. 4
Las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa entregaron cartas a la presidenta de la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al caso, a fin de que se les permita presentarse al pleno para exponer a los legisladores sus demandas, exigir justicia y la presentación con vida de sus hijos, desaparecidos en septiembre de 2014.
La diputada de Morena Araceli Damián explicó que las misivas fueron dirigidas a la presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, pues fue uno de los requisitos que estableció la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se analizara la posibilidad de que estén presentes en el pleno.
En principio, la posibilidad de que los padres de los normalistas desaparecidos se presenten en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue impulsada a través de un punto de acuerdo propuesto por Morena desde el pasado periodo ordinario de sesiones. Damián consideró que sería deseable que pudieran plantear sus posturas ante la cámara.
De forma paralela, la legisladora recordó que se está gestionando en la comisión especial ‘‘definir los alcances jurídicos de la reunión entre los miembros de la comisión y los elementos del Ejército que estuvieron en activo el 26 y 27 de septiembre de 2014’’ en Iguala, cuando sucedieron los hechos. En este caso, la definición fue requerida por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ante la petición de que sucediera el encuentro.
Para Damián, sería importante que en la entrevista estén presentes al menos dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puedan fungir de asesores de los diputados. Con esta presencia, consideró la legisladora, se daría cumplimiento a una de las recomendaciones del grupo.
Con su presencia, esta participación podría favorecer a que el encuentro fuera mucho más productivo y permitiría dar cumplimiento a uno de los objetivos centrales por los que se creó la comisión: ‘‘continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa’’.
Periódico La Jornada Martes 19 de enero de 2016, p. 4
Oaxaca, Oax.
Integrantes de la caravana sur de los padres y madres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, arribaron ayer a esta ciudad, donde advirtieron que no se detendrán hasta conocer lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. En conferencia de prensa, acompañados por integrantes de la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, señalaron que a más de un año de este ‘‘crimen’’, el apoyo que habían recibido de las distintas organizaciones en todo el país ha disminuido, lo que consideraron ‘‘normal’’, pero dijeron que ello no aminorará su espíritu de lucha. No obstante, el abogado Vidulfo Rosales, representante legal de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, puntualizó que es necesario que las organizaciones y sindicatos de todos los estados refrenden su apoyo a esta lucha, y los convocó a participar en el Encuentro Nacional por la Indignación, a realizarse el próximo 5 de febrero en el Distrito Federal.
Somos víctimas de un sicariato moral, señala la ex fiscal de hierrocolombiana
Paz y Paz: en la medida en que nos acercamos a la verdad, hay quienes sienten temor
Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso AyotzinapaFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Domingo 17 de enero de 2016, p. 5
Para las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, la campaña de desprestigio que actualmente padecen está relacionada con su trabajo y con los estamentos de poder del Estado aparentemente intocables, afectados por la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas.
En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (de 2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores, advierte en entrevista con La Jornada la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz.
En entrevista por separado, Ángela Buitrago coincide: Es una persecución que estamos viviendo y que se está dando en los momentos en que estamos incomodando posiciones o decisiones. Sin embargo, ni con difamaciones ni con injurias es la forma adecuada para tratar de esclarecer los hechos de Iguala.
Grupos simpatizantes del Ejército mexicano, la ultraderecha y sectores conservadores han iniciado una campaña en su contra. A Paz y paz la acusan vagamente de violar los derechos humanos en Guatemala, donde encarceló, entre otros, al ex dictador Efraín Ríos Montt. A Buitrago, de encarcelar injustamente al ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, recientemente liberado en un proceso amañado.
Ambas se han enfrentado a los estamentos militares de sus respectivos países en la búsqueda de justicia y la reparación a las víctimas, algo que, dicen, ha molestado a algunos grupos afines a los perpetradores, al igual que en México, donde el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún se niega a recibir a los expertos de la CIDH bajo el argumento de que son extranjeros, y rechaza que entrevisten a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa.
La campaña negra, señalan, está dirigida al trabajo del grupo, pero tiene además un componente de género. Los ataques están dirigidos directamente contra las dos mujeres del GIEI, contra las dos fiscales que han denunciado a militares y funcionarios corruptos en complicidad para cometer genocidio y graves crímenes tanto en Guatemala como en Colombia.
Estamos viviendo un sicariato moral, dice Buitrago sin cortapisas. Añade: pretenden acabar moralmente con Claudia Paz y conmigo, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que están diciendo es completamente falso, no tiene ningún sentido.
–¿Esta campaña de difamación ha afectado el trabajo del GIEI?
–Es muy incómodo, es absolutamente insoportable que estemos recibiendo esta clase de injurias, pero nosotros hemos decidido continuar el trabajo de manera permanente, sin ningún obstáculo, a pesar de que nos lo quieran poner de esta manera. De todos modos eso siembra una aura mediática, pero tratamos de seguir nuestra labor con la misma fuerza, porque lo que nos interesa es buscar a los normalistas de Ayotzinapa y encontrar los medios probatorios para esos efectos”.
Falta el Ejército
Las últimas investigaciones del GIEI conducen al Ejército, un aspecto de la indagatoria que no ha sido desahogado por la Sedena, que se niega a aceptar la presencia de los expertos en los interrogatorios a los militares involucrados en el caso.
Claudia Paz y Paz explica que desde el principio intentaron entrevistar a los integrantes del Ejército, algo que se les ha negado de manera reiterada: “Desde el primer mes hemos solicitado una entrevista directa con los militares que estaban de servicio esa noche, porque en el expediente están todas sus declaraciones donde consta que habían presenciado la captura, la detención de los jóvenes que ahora están desaparecidos; en otro momento habían resguardado las escenas de los crímenes y habían visitado la comandancia de la policía.
Para nosotros es fundamental obtener estas entrevistas, no sólo para la información, sino por la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, añade.
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó los interrogatorios por escrito, algo que no ha despejado las dudas de los expertos: Quedaron aún muchas lagunas. Por una parte, no se consignan las preguntas y las respuestas; por la otra, hay contradicciones con las segundas declaraciones, que en lugar de esclarecer, son aún más ambiguas, señala la ex fiscal guatemalteca.
Su último intento ha sido solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que reconsiderara la posibilidad de que se permita entrevistar a los militares: Y todavía no tenemos respuesta. No me queda clara la razón. Hemos estado entrevistando en forma directa a los integrantes de la Policía Federal que estuvieron esos días en servicio. Hemos estado presentes cuando los ha entrevistado la PGR; estamos anuentes a que se hagan las preguntas por parte de la procuraduría, pero lo único que pedimos es estar presentes en ese momento, como lo hemos hecho en varias diligencias ministeriales.
A pesar de que el tiempo corre y terminarán su segundo periodo de investigaciones en abril próximo, la respuesta del Estado ha sido negativa, algo que evidentemente levanta las sospechas.
La PGR ha accedido solamente a realizar un tercer interrogatorio en este momento, pero repitiendo el mismo esquema, algo que no aporta datos precisos a las indagatorias sobre el paradero de los 43 normalistas: Es importante para nosotros estar presentes, sugerir las preguntas, porque hay temas que no nos han quedado claros. Es la tercera vez que algunos de ellos declaran. Sería muy importante para ellos, y para todos, que la diligencia fuera lo más exhaustiva posible, para no dejar ningún espacio sin esclarecer.
Las injurias
Ángela Buitrago, conocida en Colombia como La fiscal de hierro por haberse enfrentado a los poderosos e intocables estamentos militares e investigar 20 años después crímenes de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, con condenas históricas y ejemplares, ha sido atacada en México por grupos que simpatizan con el Ejército.
Entre los difamadores se encuentran el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, dirigido por Rafael Herrera Piedra; el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por José A. Ortega Sánchez, y la Mesa de Juicio y Paz y Movimiento Blanco, coordinada por Ramón Hernández Flores.
La última acción de estos grupos ultraconservadores y pro militares fue organizar, el pasado 12 de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la conferencia titulada La verdad en la investigación de Ayotzinapa, a cargo precisamente del recién liberado coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, encarcelado por la ex fiscal Buitrago por desaparición forzada y condenado a 30 años de prisión, pero absuelto cinco años después en un proceso irregular.
La presencia del militar colombiano hablando de Ayotzinapa se inscribe dentro de esta campaña de difamación: Es una forma de tratar de cuestionar las actividades que hace el grupo, que no tiene ninguna relación con mi actividad. Una cosa es lo que yo pude haber vivido frente a una persecución permanente y tergiversación a través de los ataques contra mí como funcionaria de instrucción en Colombia, y otra lo que está haciendo el GIEI en México, que tienen que deslindarse perfectamente, indicó Buitrago.
Citando al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la ex fiscal aclara que estas difamaciones no pueden atacar la labor impecable del grupo de expertos, pues deciden centrarla en ella: El objetivo es atacar el trabajo del GIEI a través de cosas que ya están más que aclaradas en Colombia y demostradas que nunca sucedieron. Están generando esa guerra sucia porque resultamos incómodos en el momento en que estamos haciendo la investigación.
Entre las acusaciones de los grupos conservadores está el haber desechado pruebas de la UNAM y de la Universidad de Innsbruck sobre el caso Ayotzinapa.
Yo no he descalificado a Innsbruck ni a la UNAM; al contrario, el último informe como grupo fue precisamente basarnos en las pruebas que señaló esta última para decir que no había elementos para considerar que hubiese sido el lugar de la incineración de cuerpos el basurerode Cocula. Precisamente utilizamos los documentos que reposan en la investigación para argumentar y sustentar todas las afirmaciones que hacemos.
–¿Hay un componente de género en esta guerra sucia contra las dos mujeres del GIEI?
–Sí, el ataque ha sido directo por razones de género, por el cargo que ocupamos y las investigaciones que realizamos, que tocan a ciertos sectores que son intocables en ciertas partes del mundo y por esa razón las sentencias contra los políticos están en firme, y otros funcionarios de Estado que se dictaron por corrupción están en firme. Es una persecución sin ninguna justificación válida, sino simplemente crear un ambiente, llevar una idea que permanezca en el imaginario colectivo y descalificarnos. Cuando no tienen argumentos serios para debatir y dialogar con el contrario, lo que optan es por atacarlo personalmente para acabar con su concepto ético y moral. Y también para derrumbar y causar obstrucción en las investigaciones.
–Atacan a dos mujeres fuertes, dos ex fiscales que se han enfrentado a estamentos intocables, como el Ejército, en sus respectivos países...
–Sí, por la discriminación que existe en algunas concepciones y en personas en particular sobre la mujer, algo que lleva a atacar a este sector para lograr mayor adherencia a esa clase de descalificaciones cuando se aprovecha la discriminación como elemento esencial. El fondo es tratar de deslegitimar el trabajo del grupo y al mismo GIEI. Cuando se utilizan falacias, mentiras, infamias e injurias, no es un buen futuro lo que nos espera”.
Las filtraciones del gobierno en el sentido de que los expertos amenazaron con irse, son aclaradas por Claudia Paz y Paz: No nos vamos a ir; más bien, esperamos contar con las condiciones que hagan posible nuestro trabajo sobre Ayotzinapa.
os de las integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz– han venido denunciando una campaña de desprestigio en contra de ese equipo de expertos por parte del Estado mexicano, atribuida por ellas mismas al temor que suscitan los avances de sus pesquisas en torno a los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Las afectadas señalan, en forma particular, que el gobierno se ha mostrado renuente a agotar las líneas de investigación que le resultan incómodas, como las que indican algún grado de responsabilidad del Ejército en esos hechos.
Debe recordarse que el referido grupo se conformó por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la propia CIDH, a petición de los familiares y representantes de las víctimas, y frente a la actitud errática y tardía de la Procuraduría General de la República para investigar los hechos de Ayotzinapa.
Frente a la desidia inicial de la PGR para investigar el caso, y el cariz inverosímil de la respuesta que dio después sobre los hechos –los estudiantes de Ayotzinapa habrían sido incinerados en un basurero de Cocula–, el GIEI se dispuso a reunir, en un documento de 500 páginas, numerosos datos, observaciones, puntualizaciones, conclusiones y recomendaciones a las autoridades de nuestro país, tanto sobre la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos como sobre el asunto de las desapariciones en México en general, e incorpora los peritajes técnicos en los que el grupo fundamentó sus señalamientos.
El gobierno federal ha mantenido frente a las tareas del GIEI una postura ambigua y, por tanto, improcedente: por un lado, ha manifestado disposición para prorrogar el trabajo del equipo de la CIDH, en lo que constituye una aceptación tácita de los múltiples defectos de la investigación oficial sobre Ayotzinapa; por otra parte, ha rechazado avanzar en las líneas de investigación que involucran a las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas y ha exhibido, con ello, su incomodidad por la labor del grupo de especialistas independientes. Además de ello, la embestida de grupos de la ultraderecha en contra de dos destacadas integrantes del GIEI hace obligado preguntarse si se trata de una manifestación espontánea o si acaso está vinculada a las tareas e investigación de ese equipo.
Como resultado de las pesquisas del GIEI, se ha confirmado lo que desde un principio expresaron los padres y compañeros de los desaparecidos: que la incineración de los 43 normalistas en Cocula era una explicación incoherente e inverosímil y que resultaba imperioso investigar a fondo, sin exoneraciones a priori, el papel de los efectivos del 27 batallón de infantería y de las corporaciones policiales estatal y federal en los sucesos de Iguala. Asimismo, la labor de ese grupo de expertos y el papel desempeñado como contrapeso a la verdad oficial ha derivado en recomendaciones concretas en contra de un mal inveterado y aberrante del modelo autoritario con que se ejerce el poder público en el país: las desapariciones forzadas, en la medida en que, sin cambios de fondo en la manera en que se relaciona la sociedad y los grupos policiales y militares, no se podrá garantizar procuración de justicia efectiva, veraz y expedita en casos como el comentado y en muchos otros episodios trágicos e indignantes ocurridos en el país.
En vista del papel que han desempeñado los especialistas del GIEI en México, es claro que los intentos para desprestigiar a los integrantes de ese equipo –provengan de donde provengan– afectan el pretendido interés gubernamental en arrojar respuestas verosímiles en torno a los hechos de hace un año cuatro meses.
Buscamos un frente con plan de lucha común: Vidulfo Rosales
La Caravana del Sur, que busca justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, estuvo ayer en ChiapasFoto Elio Henríquez
Rubén Villalpando y Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada Domingo 17 de enero de 2016, p. 7
Padres de los 43 normalistas desaparecidos, apoyados por activistas, obreros, estudiantes, maestros y madres que buscan a sus hijas, iniciaron ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Caravana Nacional por Ayotzinapa, para exigir justicia y la presentación con vida de los jóvenes.
Afuera de la maquiladora Lexmark –donde trabajadores mantienen un plantón para exigir mejoras salariales y alto a los abusos laborales–, el grupo integrado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Movimiento Magisterial Resssiste y madres con hijas desaparecidas efectuaron el foro Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Ahí, la señora Margarita, cuyo hijo Miguel Ángel Mendoza está desaparecido, dijo que no cree en el gobierno mexicano, por eso apoyará en la búsqueda de los estudiantes. Quiero justicia, porque las autoridades no investigan.
Bernabé Abraján, padre de Adán, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, expresó que Iguala no es cuna de la Independencia, sino de la delincuencia, como lo demuestra el ataque a los jóvenes y por los delitos que se cometen en esa región.
Reiteró que la desaparición de los 43 estudiantes es culpa y responsabilidad del Estado, pues en ningún momento fueron tocados por el crimen organizado, como lo expresa la autoridad federal.
Por la tarde, en la ciudad de Chihuahua, padres de los 43 normalistas y compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa marcharon en calles de la capital chihuahuense.
Mientras, ayer también iniciaron las actividades de la Caravana del Sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, organizada por padres de los 43 normalistas, con la finalidad de convocar al primer Encuentro Nacional por la Indignación, a realizarse el 5 de febrero en la ciudad de México.
Buscamos crear un frente nacional que nos permita tener un plan de lucha común por lo menos en uno o dos años, explicó en conferencia de prensa Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La propuesta, explicó, es discutir los pormenores de una agenda y ejes comunes, y de un plan de lucha más articulado, porque vemos que en el país presentamos la misma problemática, pero hay una dispersión de las organizaciones y de las luchas.
El encuentro se realizó por la tarde en las instalaciones de la Escuela Rural Normal Mactumatzá, ubicada en la capital chiapaneca, donde 17 padres y 17 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que integran la caravana, reiteraron que no descansarán hasta encontrar a los 43 desaparecidos.
Mario César González, padre de uno de los normalistas, dijo que han sido un juguete del Estado mexicano, que nos ha prometido, pero no nos han cumplido. Como padres de familia no tenemos nada absolutamente que celebrar.
Aclaró que mucha gente nos critica y piensa que hemos recibido dinero del gobierno; nos pide que lo superemos, que olvidemos, que optemos por recibir la reparación del daño. Yo no los imagino a ustedes como padres que reciban esa reparación del daño.
En tanto, Vidulfo Sierra explicó que este domingo los integrantes de la Caravana del Sur visitarán el municipio de Oxchuc, y luego se dirigirán a Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, la ciudad de México y Querétaro, donde concluirá el recorrido el 28 de este mes.
ara empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamada verdad histórica sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato. Para lo que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Hoy sin duda podemos afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria, que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que se ha puesto en marcha esta dolosa campaña.
El golpeteo se inició con una serie de descalificaciones infundadas en contra de Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos valientes fiscales que integran el GIEI. Sin fundamentos, ambas fueron objeto de señalamientos mediáticos, en los cuales, para poner en cuestión su credibilidad, se difundió información falsa, presentándolas como personas afines a grupos radicales durante sus ejercicios públicos. Posteriormente se filtró desde el gobierno federal a la prensa nacional el contenido de una importante reunión entre los expertos y la comisión tripartita a cargo de la interlocución con el GIEI, formada por el subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas.
Finalmente, apenas el pasado martes, con el despliegue de recursos inherente a la movilización de una delegación internacional, en una universidad privada se organizó una conferencia de prensa, donde un militar colombiano, quien fue imputado por la presunta comisión de graves violaciones a derechos humanos, denostó a la fiscal Buitrago. Pese a que la seriedad de la información difundida es muy menor, la conferencia de prensa recibió amplia cobertura en algunos medios de comunicación, llamativamente los mismos que regatean espacios a la permanente demanda de justicia de los padres y madres de los normalistas.
El intento de desprestigiar al GIEI es alarmante y debe denunciarse, aunque también es a todas luces infructuoso, pues el reconocimiento de que gozan ambas fiscales en sus países y en el extranjero es irreversible. Como ha recordado en estas mismas páginas Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 12/1/16), la abogada Buitrago es conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, por la firmeza con la que condujo exhaustivas investigaciones que evidenciaron los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Colombia. Por este compromiso indeclinable con el estado de derecho, fue a la postre interrumpida su carrera.
En el caso de la jurista Paz y Paz, se trata de la primera fiscal general de Guatemala, quien tuvo la fuerza y la visión necesarias para renovar esa institución, hasta el punto de formar a la generación de fiscales que pusieron en el banquillo de los acusados a un ex presidente. La pertinente inclusión de estos perfiles en el GIEI es indiscutible, si consideramos que ningún funcionario o funcionaria de las procuradurías del nuestro reúne semejantes credenciales: ¿Qué agente del Ministerio Público es hoy nuestro fiscal de hierro por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes formales y fácticos?
Lamentablemente esa generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y necesarios. Pero más allá de estas consideraciones, el ataque contra este grupo es infructuoso también por el carácter absurdo de las acusaciones lanzadas contra sus integrantes. De acuerdo con el registro periodístico, en la reciente conferencia de prensa el militar colombiano, quien vino a México exclusivamente para denostar a la Fiscal de Hierro, afirmó que la actuación del GIEI debía encuadrarse en el marco de la guerra que se está librando en este momento en Latinoamérica (sic); una batalla que, según dijo, no es una guerra de carácter político interna, es una confrontación entre dos sistemas. Entre el sistema democrático y el sistema comunista que quiere ser implantado a la brava, eliminando a los ejércitos latinoamericanos (sic).
En un entorno pluralista caben sin duda todas las visiones sobre el papel del GIEI, sean positivas o negativas. Pero de ahí a señalar que su labor es parte de una conflagración internacional para eliminar a las fuerzas armadas e implantar el comunismo, hay sin duda un largo tramo. El mismo que separa a los análisis sensatos y serios de los señalamientos absurdos que sólo buscan difamar y confundir a la opinión pública. De cualquier modo, la creciente y coordinada campaña contra el GIEI debe alertarnos. Con su informe y su trabajo en favor de la verdad, el GIEI afecta poderosos intereses, cuyos personeros no permanecerán pasivos.
Hoy más que nunca el GIEI y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que sectores oficiales estén detrás de la campaña que se ha desatado. Frente a este escenario, es indispensable confluir en la defensa del GIEI, como garantía internacional del derecho a la verdad de toda la sociedad.
Plantón frente a las instalaciones de la PGR, en demanda de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en imagen del 2 de enero pasado. Foto José Antonio López
México, DF. Este jueves a partir de las 14:00 horas, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional (GIEI) y funcionarios de la Procuraduría General de la República se reunirán para conocer los avances de las nuevas líneas de investigación de este caso.
La dependencia anunció que en el encuentro participará la procuradora Arely Gómez González, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres y el titular de la Oficina de Investigación de dicha Subprocuraduría, José Aarón Pérez Carro.
“Durante la reunión, que a solicitud de los padres y madres se realizará en la Ciudad de México, se presentarán los avances en las nuevas líneas de investigación que atiende la Oficina de Investigación del caso Iguala, contando con la coadyuvancia técnica del GIEI, instancia con la que se desarrolla un estrecho trabajo”, informó la PGR.
De esta manera se da seguimiento a los compromisos contraídos por las autoridades federales el 30 de noviembre de 2015, durante la reunión entre los familiares de los normalistas y la Procuradora; servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal.
En la reunión que sostendrán el próximo jueves con la Procuradora de la República Arely Gómez González, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 16 meses, le exigirán una sola cosa: encontrar a sus hijos ya, así como encontraron al narcotraficante más buscado Joaquín Guzmán Loera.
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– Después de que las autoridades mexicanas dieron con el paradero del narcotraficante más buscado del mundo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, le exigen al Gobierno federal que encuentre a sus hijos lo más pronto posible.
En entrevista con SinEmbargo, el sentir de algunos papás es el mismo: si pueden encontrar a un delincuente que escapó de una prisión de máxima seguridad por culpa del Gobierno federal, deben dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos desde hace 16 meses en Iguala, Guerrero.
Esa será la principal exigencia que le harán el próximo jueves a Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien les dará los avances prometidos sobre la investigación.
“Para nosotros no es importante ‘El Chapo’, para nosotros son importantes los 43 hijos. Eso es lo más importante. Si tuvieron tanto dinero y tanto empeño para encontrar a una persona que ellos mismos dejaron escapar, para nosotros es importantísimo que ese presupuesto se tenga para los 43 alumnos y para los miles de desaparecidos en el país que también esperan justicia”, dijo Mario César González, padre del normalista César Manuel González.
Los familiares ya no se conforman con avances. Después de la captura del capo, el gobierno mexicano debe resolver el caso de los 43 expresó Mario César.
Para el padre de César Manuel, la reaprehensión del capo más buscado es una cortina de humo. Eso lo aprendió desde que busca a su hijo sin descanso, indicó.
“Me he dado cuenta en la búsqueda de mi hijo, que esto no es otra cosa que una cortina de humo para tapar el precio del dólar y todo lo que está ocurriendo. ‘El Chapo’ es un personaje que yo ni conozco, ni sé si en verdad es el narco más grande del mundo. No tenemos la menor idea de quién sea este personaje. El Gobierno brinca de gusto porque lo agarraron pero, ¿y los 43 dónde están?”, cuestionó.
Mario César agregó que para la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán se gastaron recursos del erario, para corregir un “error que ellos cometieron”.
El padre del normalista desparecido dijo que a los 43 jóvenes no los encuentran por una cuestión política y se refirió al poder que ostenta el General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“No los encuentran por el costo político que pueda tener. No sabemos hasta dónde esté embarrado el Gobierno Federal. No sabemos qué tanto poder tiene el Ejército y ese General Cienfuegos. ¿Cómo es posible que no los encuentren? ¿Hasta dónde llega el poder de este tipo?”, preguntó.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, dijo que en la reunión participarán el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participan en un segundo mandato en la investigación del caso como coadyuvantes.
Los expertos dijeron el 7 de diciembre del año pasado que su meta principal durante el segundo periodo de seis meses de su mandato en el caso Ayotzinapa, dar con el paradero de los jóvenes.
A la fecha hay nuevos hallazgos y evidencia que se encuentra en análisis. Hay nuevos lugares en donde, a solicitud del GIEI, acudirán las autoridades a realizar búsquedas.
El GIEI también enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de los militares del 27 Batallón, en Iguala y destacó la necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición.
Felipe de la Cruz, el vocero de los padres, dijo a SinEmbargo que le pedirán a la Procuradora Arely Gómez que acelere la búsqueda de los 43 para que den con su paradero antes de que se concluya el mandato de los expertos.
“El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] nos dijo que les habían dado sólo seis meses más a los expertos, porque estaban seguros que los iban a encontrar antes. Esperamos que sea así, porque ya son 16 meses de búsqueda”, dijo.
De la Cruz detalló que los familiares de los estudiantes aún conservan la esperanza de encontrarlos vivos, debido a que la “verdad histórica” que construyó el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam se vino abajo.
EL PAPA COMO MEDIADOR
El Papa Francisco iniciará el 12 de febrero su visita a México. Foto: EFE
Los padres de los 43 normalistas esperan poder reunirse con el Papa Francisco durante su visita a México que inicia el 12 de febrero.
De acuerdo con ellos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), es el que se encargará de buscar la posibilidad del encuentro con el Pontífice.
Aún no hay respuesta para la solicitud de conversar con el pontífice sobre los 43 desaparecidos.
En caso de encontrarse con él, dijo Bernardo Campos Santos, padre del normalista desparecido José Ángel Campos Cantó, originario de Tixtla, le pedirán dos cosas:
“Que interceda primero ante Dios” y después ante el gobierno que encabeza el priista Enrique Peña Nieto para que acelere la búsqueda de sus hijos.
“Sería como una confesión para pedirle, que nos apoye, primero con Dios, luego con las autoridades. Que interceda con el gobierno para que busquen lo más que se pueda”, dijo.
El domingo en conferencia de prensa, representantes de la Iglesia Católica dijeron que la visita del Papa Francisco no es política, sino pastoral.
Chirstophe Pierre, nuncio Apostólico en México, dijo que “viene a encontrar a los católicos, el Papa no viene hacer una visita política, es pastoral”, dijo.
También adelantaron que el Papa realizará dos eventos multitudinarios, uno en Ecatepec y otro en Ciudad Juárez. En este último tocará el tema migratorio y hablará con víctimas de diversos tipo de violencia.
Bernardo coincidió con Mario César: “Nosotros sinceramente pensamos que ‘El Chapo’, él nomás se sale y ya está otra vez detenido, ¿por qué no hay nada de nuestros hijos? Yo no sé qué es lo que saben ellos. Eso pienso yo como padre de familia”.
A la Procuradora Arely Gómez, el padre de José Ángel le exigirá resultados.
“Le queremos preguntar, ¿por qué a él [El Chapo] lo hallan rápido y a los 43 no pueden dar con ellos? Nosotros ya tenemos mucho tiempo preocupados, sufriendo, con mucho dolor”.
La reunión con la Procuradora Arely Gómez será a las 14:00 horas el jueves 14 de enero. Los padres de los jóvenes saldrán de Guerrero a las seis de la mañana. Después de escuchar los avances en la investigación, saldrán en dos caravanas para solicitar el apoyo de la población para la búsqueda de los estudiantes: una saldrá al Norte y otra al Sur del país. Aún están por confirmarse las rutas.
Periódico La Jornada Viernes 8 de enero de 2016, p. 11
La Procuraduría General de la República (PGR) informará el próximo día 14 sobre los avances que se han obtenido en las nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El encuentro se realizará en cumplimiento a los acuerdos adoptados entre familiares de los normalistas desaparecidos y la PGR; la reunión se llevará a cabo en la ciudad de México.
Según la información difundida, encabezará la reunión la procuradora Arely Gómez González, y participarán los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, asistirán el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, y el titular de la oficina de investigación de dicha subprocuraduría, José Aarón Pérez Carro.
La PGR indicó que “durante la reunión, que a solicitud de los padres de los normalistas desaparecidos se realizará en la capital del país, se presentarán los avances en las nuevas líneas de investigación que atiende la Oficina de Investigación del Caso Iguala, contando con la coadyuvancia técnica del GIEI, instancia con la que se desarrolla un estrecho trabajo.
“El encuentro se realizará en las instalaciones de la PGR y dará seguimiento a los compromisos asumidos el pasado 30 de noviembre.
Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa colocaron cajas de regalos en el antimonumento, ubicado en Paseo de la Reforma, los cuales contenían sus deseos de volver a ver a los jóvenesFoto José Antonio López
Sergio Ocampo Arista y José Antonio Román
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada Jueves 7 de enero de 2016, p. 10
Tixtla, Gro.
Hijos, hermanos, primos y sobrinos de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos desde hace 15 meses en Iguala, festejaron el Día de Reyes en el comedor de esa institución, acompañados de padres.
En el acto, organizado por el Colectivo Ludoteca Ayotzy, participaron artistas nacionales, como el colectivo Chanty Ollin, y otros provenientes del extranjero, que deleitaron a los niños y a sus papás.
La música de Cri-Cri se escuchó en el comedor de la normal rural de Ayotzinapa, mientras se instalaba un taller de marionetas, otro de reciclaje y, al mismo tiempo, se organizaban juegos infantiles y se repartían aguinaldos.
Niñas y niños colocaron unas tortuguitas, elaboradas en los pasados días, en asientos ubicados en la cancha del plantel, donde se encuentran las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos.
Se trata de que niñas y niños, incluso algunos hijos, que tienen a hermanos o padres desaparecidos, tengan un poco de alegría, dentro de este tiempo en el que han vivido en la incertidumbre, al no saber en dónde están, comentó una de las organizadoras.
En tanto, en la ciudad de México, muy temprano, padres de tres de los 43 estudiantes desaparecidos depositaron frente al antimonumento +43, sobre Paseo de la Reforma, cajas de regalo que simbolizan sus deseos, el principal de ellos: la aparición con vida de sus hijos.
Junto con este anhelo, representada en una caja de regalo color verde, se depositaron otros ocho, que también simbolizan la aspiración de grandes sectores de la sociedad mexicana, dijo Epifanio Álvarez, padre de Jorge, uno de los jóvenes desaparecidos. Había envolturas con las palabras Salud y educación, Justicia, Verdad, Respeto a los Derechos Humanos, Libertad a Presos Políticos y Memoria, entre otras.
Fue poco después de las cinco horas cuando colocaron otras cajas de regalo de varios colores, en las que se podía leer otros deseos: Renuncia de EPN y Desecho de Reformas Estructurales de EPN.
También portaban una pancarta que colocaron sobre el piso, y en la que se leía: Damos nuestra lucha ¡Por la Vida y la Justicia! Contra el despojo y la muerte.
Simbólico, el acto que duró más de una hora estuvo encabezado por Epifanio Álvarez, Emiliano Navarrete, padre de José, y Bernabé Abraján, padre de Adán, normalistas de los que se desconoce su paradero desde el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Le decimos a la sociedad que nos apoye, que lo que estamos pidiendo son las vidas de nuestros hijos, no bienes ni dinero. Y si se pudiera, quisiéramos regresar a la vida que teníamos antes de todo esto. No es justo. Estos meses han sido de mucho dolor y sufrimiento. Nos da coraje que (el gobierno) hable sin tener pruebas. Pero no dejaremos de buscar a nuestros hijos, sentenció Epifanio.
No se imagina el dolor que ocasionó a las familias, señala vocero
Insistiremos en que los militares declaren y que la CIDH los interrogue
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada Miércoles 6 de enero de 2016, p. 13
Chilpancingo, Gro.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, demandó al presidente Enrique Peña Nieto que se castigue a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y a los funcionarios que intervinieron en la investigación de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
“Su ‘verdad histórica’ ya no existe. Los que intervinieron caminan impunemente y siguen como funcionarios. Que se castigue a Murillo Karam, porque atormentó a los padres de familia durante un año, con noticias, videos y conferencias en los medios. No se imagina el dolor que ocasionó a las familias”, dijo.
Insistió en que no quieren esperar hasta abril sin saber qué pasó con los jóvenes normalistas. “Nos dicen que la unidad especializada de la PGR ya está trabajando, y uno de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos confirmó que se está trabajando.
Estamos en espera de una reunión con la titular de la PGR, Arely Gómez, el próximo 16 de enero en Acapulco. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, nos dijo que ya no especulemos, que sean los expertos de la CIDH quienes informen de la investigación, agregó.
Felipe de la Cruz señaló que todas las líneas de investigación de esta segunda etapa están basadas en las pesquisas del informe presentado por los expertos de la CIDH, gracias a la presión que se ha dado a través de la movilización del pueblo mexicano.
Sostuvo que continúa la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas y vamos a insistir en que los militares (del 27 batallón de infantería de Iguala), declaren ante la unidad especializada creada por la PGR para este caso, y que los expertos (de la CIDH) los interroguen.
Invitó a las organizaciones reunidas en la Asamblea Nacional Popular (ANP), para que asistan el próximo sábado a la reunión convocada en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, en Tixtla, donde se diseñará el próximo plan de acción a seguir.
