sábado, febrero 14, 2015

"En Iguala nadie está a salvo; quienes ordenan las desapariciones no se han ido"

Condena a la impunidad
  • Familiares de las víctimas de levantones aseguran que en la zona reina el miedo
  • Desde hace años gobierna una coalición de políticos, policías y narcos, acusan
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En el cerro Gordo de Iguala, Guerrero, familiares de personas desaparecidas realizan excavaciones en diversos puntos, en busca de restos humanos. “Aquí hay gente muerta esperando regresar con los suyos”, afirmanFoto Pablo Ramos
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 5
Iguala, Gro.
Los familiares de desaparecidos en la región de Iguala se enfundan en una camiseta negra cuando salen a los cerros yermos a cavar agujeros en busca de restos humanos, de huesos que quizá contengan la huella de su ADN. En la espalda portan su consigna: Hijo, hasta que no te entierre, te seguiré buscando.
A diferencia de otros colectivos similares, los integrantes de esta Comisión de Búsqueda de Familiares Desaparecidos en Iguala, que en menos de tres meses agrupó a más de 500 afectados, no buscan vivos a sus seres queridos ni pretenden encontrar y señalar culpables.
Esta postura la hacen explícita en sus declaraciones. “No buscar culpables no significa renunciar a la justicia. Pero de momento no podemos hacer más. Cualquier otra cosa sería arriesgar la vida. Si de por sí es peligroso salir a buscar a los muertos en las fosas clandestinas bajo las narices de los perpetradores.
“No podemos lanzarnos a la guerra contra el narco. Quienes ordenan las desapariciones no se han ido, aquí siguen. En Iguala y los alrededores nadie está a salvo de delincuentes y extorsionadores. Hasta a la parroquia han intentado extorsionar.”
–Entonces, ¿ni una demanda penal?
–Mejor así. Esto ha ayudado a que la gente se acerque a la parroquia y se una al comité. Ya después veremos. En algún momento estas historias tendrán que llegar a la mesa de un agente del Ministerio Público o de un juez.
Desde hace años, en Iguala gobierna una coalición de políticos, policías e integrantes del crimen organizado. Y reina el miedo. Los levantones con fines de extorsión son parte de la vida cotidiana. Éstos casi siempre culminan con la desaparición de la víctima. Ni las estadísticas ni el registro de denuncias ante el Ministerio Público reflejan esa realidad.
No hacía falta que nadie viniera a amenazarnos. Nosotras solitas nos íbamos a encerrar en nuestras casas, con esa angustia de tener a un ser querido desaparecido y sin poder recurrir a nadie. Totalmente a la intemperie, porque aquí, en Guerrero, no hay a quién recurrir. ¿A las autoridades? Menos que a nadie, si son ellos mismos los que hacen el mal.
Las palabras de Ángela Saucedo Pineda, con su hijo de 26 años arrancado de su casa en medio de un asalto y una balacera, con heridas de bala en tórax y abdomen desde 2009, hablan de la parálisis social que mantuvo en silencio los crímenes de la delincuencia organizada en la región.
Ángela ya salió de su encierro. Este domingo se pone la camiseta negra que en la parte frontal reza la leyenda Te buscaré hasta encontrarte, se cala la cachucha rosa mexicano hasta las cejas, empuña su pala y emprende camino hacia los cerros de los alrededores.
Óscar Mario Prudenciano, el párroco de la iglesia de San Gerardo, punto de reunión del grupo, refiere cómo ha visto salir del terror a estas familias. Se empiezan a transformar cuando reconocen entre ellos el mismo sufrimiento, cuando dan su testimonio frente a un grupo, hablando quizá por primera vez de lo que les sucede. Además, entre todos nos apapachamos. Trato de hacerles sentir que no van a salir a luchar solos, que están entre hermanos.
Ese miedo ya lo probó en la propia piel el cura Óscar. Hace tres años era párroco en Apaxtla de Castrejón, una comunidad en la serranía de Tierra Caliente, cubierta de plantaciones de amapola. Un día, en uno de esos caminos que transitan lo mismo los campesinos que los narcos, un grupo armado lo detuvo, lo forzó a bajar de su camioneta, la cual utilizó como barricada. De un cerro a otro las bandas trabaron un combate intenso, con el sacerdote entre los dos fuegos. De hecho, lo transfirieron a la parroquia de Iguala para que descansara de la violencia.
Los gritos
Los primeros buscadores se dirigen hacia un guamúchil donde hay varias probables fosas ya señaladas y de inmediato comienzan a cavar. Al poco rato empiezan a saltar de la tierra pedazos de huesos.
¡Son de res! Ya no sigas, estos no son huesos humanos, dice uno.
Luego una segunda fosa.
¡Para, para, esta fosa ya fue procesada! Y enseña un pedazo de plástico amarillo con letras negras, fragmento de las cintas con las que autoridades precintan las zonas bajo investigación judicial.
Y una más:
Esto es un hormiguero. Vamos más allá.
Cerro adentro, un grupo de mujeres grita: ¡Banderín, por favor, aquí hay una! Cerca han encontrado un par de latas quemadas con un orificio, como las pipas improvisadas que se usan para fumar piedra; un indicio irrefutable.
Y más arriba, entre la hierba, los pedazos de una muñeca Barbie añade un toque macabro. Ahí se afana con una barreta Grissel Pavón Valdés. Busca a su esposo Antonio Iván Contreras, albañil, originario de Cuautlán del Río, Morelos. Iba a trabajar a Iguala cuando lo secuestraron. Desde entonces Grissel trabaja en la limpieza de casas para mantener a sus tres hijos. Y los fines de semana busca fosas.
Después de un par de horas bajo el sol inclemente, la caravana se mueve hacia otro sitio. El convoy se detiene en un paraje árido que, sin lógica alguna, se llama La Laguna. Podría ser el paisaje perfecto de una pesadilla. Una red intrincada de veredas rodea el laberinto de arbustos retorcidos y espinosos que atrapan los pies, se atoran en los cabellos y la ropa, rasgan la piel.
Mario Vergara Hernández, el hermano de Tomás, taxista desaparecido, la hace de guía por un recorrido lúgubre. Aquí encontramos uno. Allá dos. Más para allá tres. Fueron 19 en total, todos con los pies y manos amarrados; algunos esqueletos llevaban tanto tiempo que tenían raíces en el cráneo.
Quedan las huellas de lo que fueron fosas, rectángulos de tierra removida.
Es mediodía y los huisaches niegan la más mínima sombra. Las chicharras llenan el aire caliente con su sonido vibrante. Mario dice: Aquí hay gente ya muerta pidiendo a gritos regresar con los suyos. Y allá, en los pueblos y las ciudades, hay familias pidiendo a gritos que vuelvan. Para mí, cada ser humano que logremos devolver a una familia lleva el nombre de mi carnal Tomás. No sé ni siquiera si lo vamos a encontrar algún día, pero lo que estamos haciendo con las uñas, sin ayuda de nadie, puede devolverle un poco de paz a alguien. Y sólo por eso vale la pena.
Son tres hermanos de Tomás Vergara –Mayra, María y Mario–los que lo buscan. El día de su último cumpleaños, 5 de julio de 2012, Mayra le hizo pozole. Pero nunca llegó. Me llamó y me dijo: me secuestraron, junta la lana y salimos de ésta pronto. Los secuestradores nos advirtieron que si no pagábamos nos íbamos a arrepentir toda la vida. La Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) nos aconsejó no pagar. Y los delincuentes cumplieron su promesa. Nunca volvimos a saber de él”.
Mayra lo expresa a su manera. Mi familia es el mejor ejemplo de por qué no hay que acudir a las autoridades.
Pero en tanto no llegue el momento de la justicia, al menos reclamarán sus huesos y el primer atisbo de verdad sobre un destino incierto.

"Indignante", que el gobierno intente negar una realidad palpable al refutar a la ONU: AI

Condena a la impunidad
Las autoridades rehúsan admitir que el problema en el país es grave
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Familiares de desaparecidos realizaron el 30 de mayo de 2013 en la ciudad de México una marcha para exigir justiciaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 4
El hecho de que el gobierno mexicano refute las observaciones del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) es una señal preocupante de que las autoridades siguen negándose a admitir la gravedad de este fenómeno en el país y no tienen voluntad política para resolverlo, señalaron organizaciones civiles.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, subrayó que la resistencia de México a aceptar las recomendaciones del CED deja un profundo mal sabor de boca, pues muestra nuevamente que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a negar cualquier versión crítica de lo que hace su administración.
Pese a los múltiples informes y revisiones internacionales que documentan la existencia de miles de casos de desaparición forzada, el gobierno mexicano sigue sin reconocer la crisis de derechos humanos en el país y la dimensión del problema, y a cambio intenta ganar credibilidad a través de comunicados de prensa.
Tras destacar que las observaciones del CED confirman las denuncias que ha hecho la sociedad civil desde hace muchos años, Quiroz enfatizó que el intento de México de refutarlas es indignante, porque responde al intento de negar una realidad palpable y tangible que está a la luz de todos, pero que los únicos que no ven son los funcionarios.
Javier Monroy, miembro del Taller de Desarrollo Comunitario, consideró por su parte que la tácita negativa del gobierno a admitir las observaciones del comité de Naciones Unidas es una reacción lógica, pues el Estado ha cerrado filas para negar estos señalamientos, sin importar si los hacen organismos internacionales.
“Es obvio que lo refuten, porque aceptarlo implicaría ponerse en evidencia y romper vínculos con las empresas del narco, con un costo muy alto para la estabilidad económica del país y para los partidos políticos. Reconocerlo es hacerse el haraquiri, y el Estado siempre se negará a eso”, afirmó el activista.
Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, deploró que el Estado mexicano evidencie su falta de voluntad política al refutar los señalamientos recibidos, faltando al respeto a convenios internacionales que ha firmado y ratificado.
Siguen sin reconocer la gravedad del problema y eso deja ver que no van a cumplir las recomendaciones. No nos sorprende, pero sí es lamentable que lo diga de manera abierta y tajante, añadió.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saludó las observaciones finales del CED y estimó que su adopción e implementación representaría la posibilidad de lograr avances en el combate a ese lacerante problema.

"No podemos vivir con tantas muertes"

Condena a la impunidad
Fernando Camacho y Sergio Ocampo
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 3
Las observaciones finales del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) son positivas en tanto ayudan a visibilizar a nivel internacional la gravedad de la situación que atraviesa México y pueden presionar a las autoridades para que hagan su trabajo en la solución de dicho problema, afirmó Melitón Ortega, padre de uno de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Los casos de desaparición forzada en Guerrero y en todo el país son permanentes. Eso lo sabemos, sólo que ahora se da a conocer al público de forma abierta que México está viviendo ese problema. Los organismos internacionales le están haciendo recomendaciones al Estado, nos parece que están cumpliendo y para nosotros eso es importante, señaló en entrevista el padre del estudiante Mauricio Ortega.
No podemos vivir con tantas muertes y desapariciones todos los días. Lo que nos queda claro como pueblo es que el gobierno no está cumpliendo las recomendaciones y ha estado haciendo oídos sordos a nuestras plegarias, lamentó.
La intervención del CED y otros organismos internacionales, dijo, puede tener un impacto positivo en el Estado mexicano. Tiene que abrir líneas de investigación para esclarecer el caso de Ayotzinapa, como la participación del Ejército, pero también para que en México nunca más pase lo que ocurrió con los estudiantes.
Por otro lado, Ortega denunció que el presidente Enrique Peña Nieto busca usar la aprehensión de los familiares y amigos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, acusados de desvío de recursos y lavado de dinero, para que pase a segundo plano la exigencia de presentación con vida de sus hijos.
El gobierno federal pretende hacer creer a la opinión pública que en México se está aplicando la ley, (pero) es más bien es un distractor, pues desde que desaparecieron los normalistas, le pidieron a las autoridades que investigaran a Aguirre, pero no lo han hecho, lo están protegiendo, y lo mismo hace la Procuraduría General de la República, insistió.
El padre de familia reiteró que Peña Nieto quiere hacernos creer que en Guerrero se está aplicando la ley a todo aquel que tenga culpabilidad, pero mientras no se le investigue por el caso Ayotzinapa, hasta entonces no lo vamos a creer.

La IP no permitirá que padres de los 43 entren en sedes del Ejército

  • Se opone a abrir todos los cuarteles porque quieren ver si están ahí o no los muchachos
  • Enrique Solana dice que carece del menor indicio de que militares participaron en desapariciones
Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 7
La cúpula empresarial del país cerró filas en torno al Ejército frente al caso Ayotzinapa.
Por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles, sostuvo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, luego de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, con la presencia de los titulares de ambas dependencias.
Acerca de la demanda de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de acceder a cuarteles militares en busca de sus hijos, el dirigente empresarial señaló: Tengo mucha pena por lo que les pasó, pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército.
El dirigente dijo no tener el menor indicio de que el Ejército pudiera haber participado en la desaparición de los estudiantes: Yo, en lo personal, no lo tengo. Señaló que ellos hoy declararon tajantemente que no tienen la menor responsabilidad en el tema, ninguna.
Solana Sentíes consideró que el marco jurídico actual deja desprotegidos a los soldados en su combate contra el crimen organizado.
Es muy difícil, cuando se está librando una verdadera guerra con personas que tienen lanzagranadas, metralletas y todas las armas del mundo, pues esperar un comportamiento de dama. Es un tema muy complicado, por eso insisto en que hay que revisar el marco jurídico para dar la cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender, no dejarlas indefensas, opinó.
Tanto Solana como el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron un reconocimiento la responsabilidad, el valor y el patriotismo con que asumen los riesgos y dificultades inherentes al compromiso para restablecer la seguridad, la ley y el orden público y aseguraron que las fuerzas armadas son el bastión más firme que tiene el Estado mexicano.
En especial, nuestro agradecimiento profundo a los soldados y marinos que exponen su vida en estos frentes y a quienes han caído en esta lucha por la nación, dijo Gutiérrez Candiani.
Al encuentro privado, celebrado en el Club de Industriales, en Polanco, asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no emitieron declaraciones a la prensa), y empresarios afiliados al organismo, como Claudio X. González.
Gutiérrez Candiani detalló que en la reunión se signó un apéndice del convenio firmado el 6 de septiembre de 2013 entre las dos instituciones y el organismo empresarial con miras a establecer mecanismos conjuntos para el fomento de la cultura de la protección civil, una bolsa de trabajo para el personal militar en retiro y detección de focos rojos en temas de seguridad, entre otras metas.
Dijo que los derechos humanos son fundamentales, pero lo que sí es muy importante es que no nada más se tiene que defender el de los delincuentes; muchas veces pareciera que se está defendiendo no a la gente que trabaja día a día. A veces tenemos muy pocos mensajes en favor de las víctimas y sí en favor de los victimarios.

Desapariciones forzadas, generalizadas e impunes

Condena a la impunidad
  • No hay una cifra precisa, destaca informe de la ONU
  • Pide crear un registro nacional y formar una unidad especial de búsqueda
  • El caso Ayotzinapa ilustra los serios desafíos que enfrenta México
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Varias protestas se han realizado frente a Palacio Nacional, en algunas colocando cartas, flores y fotografias de los estudiantes de la Normal Rural de AyotzinapaFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 2
En México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional.
Así lo afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que ayer dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluó en Ginebra, Suiza, su grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.
La información recibida por el comite ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas, debido a la participación de servidores públicos en los hechos, subrayó el CED.
De igual manera, destacó que el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, agredidos y presuntamente asesinados hace más de cuatro meses, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas y búsqueda de las víctimas.
El comité saludó avances del Estado mexicano, entre ellos la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 y la adopción de la Ley General de Víctimas, pero también hizo un amplio listado de sus preocupaciones.
Entre ellas figura que México no ha reconocido todavía la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales, por lo que llamó enérgicamente al gobierno a hacerlo, como ordenan los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De igual manera, el organismo lamentó que en el país hay niveles de cumplimiento desiguales de las normas en contra de la desaparición forzada, y en ese sentido pidió a México que expida una ley general en la materia, en la cual se tomen en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El CED también manifestó su preocupación por la falta de información estadística precisa sobre el número de víctimas de desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello, recomendó que el Estado cree un registro único a escala nacional.
Asimismo, indicó que algunas legislaciones no incluyen el delito de desaparición forzada o establecen penas disímiles, por lo que apremió a México a tipificarlo a escala federal y estatal de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas y fijar penas en función a su extrema gravedad.
En las observaciones finales también se destaca que hay numerosos casos de desaparición forzada contra migrantes, y por tanto convoca a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar estos casos.
Por otro lado, el CED lamentó la impunidad de los casos denunciados, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas tras recibir una denuncia y la reclasificación de los delitos. Por ello, pidió a México que realice indagatorias exahustivas e imparciales, castigue a los responsables con penas adecuadas y facilite la participación de los familiares de las víctimas.
Para tales efectos, consideró que la Procuraduría General de la República debe crear una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados y trabaje de manera coordinada con otras agencias, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Por otra parte, el CED convocó a las autoridades nacionales a proteger a testigos y denunciantes para evitar que sean intimidados o atacados; investigar todos los casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia y castigar a los responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral del daño.
Por último, el Comité de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano que redoble sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la restitución de los restos a la familia de la víctima, así como crear un proceso para obtener una declaración de ausencia con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y la de sus seres queridos.

viernes, febrero 13, 2015

Videochat: Los reporteros Blanche Petrich y Arturo Cano hablan del caso Ayotzinapa

Aun sin permiso seguiremos escarbando; bajo tierra podrían estar nuestros muertos

  • La lista del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada es de 236
  • Buscan rastros en las fosas clandestinas que abundan en los cerros cercanos a Iguala, señalan
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Integrantes del comité, durante una jornada de búsqueda en fosas clandestinas en un cerro cercano al municipio de Iguala, GuerreroFoto Pablo Ramos
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 13 de febrero de 2015, p. 10
Iguala, Gro.
Una madrugada, el veterano taxista vislumbró, al dar vuelta en una esquina, algo que le hizo pensar: Ah, qué muchachos, qué broma tan rara, poner máscaras en las pelotas. Se horrorizó cuando se acercó y vio que las pelotaschorreaban sangre. Eran cabezas humanas. Era una señal del terror que se había apoderado de Iguala, la ciudad que gobernaba José Luis Abarca. Al poco tiempo le tocó sufrirlo en carne propia. “A mis dos hijas me las levantaron como a 20 metros de donde yo estaba. De una camioneta se bajaron dos individuos con armas largas y sólo les dijeron: “¡…ámonos, cabronas, súbanse!” Tenían 31 y 21 años. Nunca las volví a ver”. La mayor tiene dos hijas pequeñas. Eran las 9.30 de la mañana del 3 de julio de 2013. A esa hora la vida de su familia se detuvo.
No... pues es que aquí en Iguala estaba delgado el mecate, dice el hombre de su ciudad, rica no sólo por el oro de su minería y por el comercio de productos agropecuarios, sino por ser la puerta de salida de productos de la adormidera (amapola), cuyas plantaciones se extienden hacia los altos de la Sierra Madre, hasta los Filos, una región que es la segunda productora de opio del mundo, después de Afganistán. Hace dos años Guerrero desplazó, como país productor de opiáceos a Laos, Myanmar y Colombia.
El taxista envejecido camina ahora con un bastón, afectado por una embolia. Decide dejar en reserva su nombre. Cada domingo se une al grupo de búsqueda del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, que se integró en noviembre del año pasado, a raíz de las primeras búsquedas, en los cerros circundantes, de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron emboscados por una fuerza conjunta de policías y bandas criminales.
Los primeros cuerpos encontrados en fosas abandonadas, a principios de octubre, no eran de los estudiantes desaparecidos. Entonces, ¿quiénes eran? Ahora les dicen los otros. Y según la lista del comité, que ya cuenta con 478 familiares de desaparecidos asociados, pueden ser centenares. Por lo pronto buscan los cuerpos de 236, los nombres que tienen apuntados en su lista. Los buscan en las fosas clandestinas que abundan en los cerros de los alrededores, sin esperanza de que estén vivos, sin pretender señalar a los culpables de su tragedia. Con tanto muerto, ¿qué otra nos queda?, dicen.
Desde el momento en que se encontró la primera fosa, a principios de octubre, con 28 cuerpos, Óscar Mauricio Prudenciano González, párroco de la iglesia de San Gerardo, hizo la asociación de ideas obligada. Este cura diocesano llegó hace año y medio a Iguala procedente de la parroquia de la cercana Apaxtla. En San Gerardo, un barrio popular, empezó a atender a feligreses que casi en secreto iban a pedir misas y rosarios por la liberación de algún familiar secuestrado, por la aparición de un desaparecido, por el alma de alguien a quien presumían difunto.
Con la aparición de tanta fosa pensé que esos muertos anónimos deben ser recuperados por sus familiares. Y así empezamos.
El primer paso lo dio la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), que llegó la noche del 6 de octubre a pedir posada a la parroquia. Varios de sus elementos iban a salir al día siguiente en expedición de búsqueda y no tenían donde pernoctar. Les abrí la puerta, porque una iglesia no sólo es para rezar. También está para dar atención a los necesitados, en particular a las familias que han sido víctimas de la delincuencia organizada, dice el clérigo.
Considera que San Gerardo, con su torre de imitación gótica y sus modestas instalaciones, debe ser un modelo para las demás iglesias en Guerrero. En estos tiempos tan violentos, me gustaría que todas las parroquias abrieran su puertas a las víctimas, como lo hemos hecho aquí.
Catorce domingos, 45 cuerpos
Este domingo los familiares empiezan a congregarse a las 10 de la mañana. Vienen de Cocula, Teloloapan, Huitzuco, Mezcala, Santa Teresa… hasta de las entidades vecinas de Morelos, Puebla, Tabasco y el estado de México. La desaparición más antigua que tienen registrada es de 2008. Se reparte pan y café. Antes de que siga apretando el sol se organiza el convoy. El cura bendice la misión. Los seis jóvenes oficiales de la Gendarmería que los acompañan desde el domingo pasado también se quitan el casco de su uniforme de campaña; inclinan la cabeza para orar y recibir el rocío del agua bendita. Arrancan y se encaminan hacia el destino acordado para esta semana, un paraje conocido como monte Ored. Los militares despliegan de inmediato un anillo de seguridad alrededor del área que va a ser rastreada.
Hace 14 domingos empezaron las expediciones de búsqueda. La Upoeg abandonó la aventura la primera semana. Pero ellos han desarrollado sus propios métodos. Llevan picos, palas y varillas, sombreros y camisas de manga larga. Ya están familiarizados con las espinas de los huizaches y las insolaciones. También con la amenaza sorda que adivinan en las esquinas y tras las ventanas de las últimas casas de la localidad. “Siempre hay halcones que nos espían”, cuenta Claro Raúl Canaan, un veracruzano radicado en Mezcala. Y los va señalando. Aquel semioculto detrás de un tronco; otro asomado a la puerta de un tendajón, con un celular pegado a la oreja; uno más que descorre apenas la cortina de una ventana.
El padre Óscar recuerda que un domingo varias camionetas con hombres armados empezaron a seguir la caravana. Por prudencia suspendieron la búsqueda. También están las amenazas. Y la burla cruel. Hace poco nos dejaron un mensajito, recuerda Claro Raúl. “Por ahí, en la maleza, dejaron, así en hilerita, ropa de mujer: vestidos, faldas, blusas… después zapatos, medias, sostenes, tangas.”
Los perpetradores de los crímenes siguen ahí, en los barrios de las orillas, en las casuchas dispersas en el monte, en las oficinas de la policía ministerial, de la municipal, entre los dueños de los negocios más prósperos.
Conviven con sus víctimas
Los primeros fines de semana los familiares de desaparecidos subieron al monte acompañados por forenses de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ellos dieron por terminada la búsqueda casi inmediatamente. Y además nos dijeron que nosotros no podíamos escarbar por nuestra cuenta. Pero, aunque sin permiso, vamos a continuar porque somos mayoría, porque estamos dolidos y porque los que están ahí, bajo tierra, quizá sean los nuestros.
A los hijos de Canaan, Omar e Hiram, de 21 y 24 años, los levantaron en 2008. Los bajaron de su camioneta a balazos. Sí siento miedo, dice Canaan. Pero más miedo me va a dar cuando mis nietos crezcan y me pregunten qué hice para encontrar a su padre. Su hermano Juan Jesús, militar en activo, organiza e imparte instrucciones: el grupo puede dispersarse hasta los límites del terreno de búsqueda determinado, pero sin perderse de vista. Donde se vea una hondonada, quizá cubierta de piedras, se debe revisar con cuidado. Un tronco tronchado, desechos y restos de comida y papeles, ropa o zapatos pueden ser una señal. Ahí debe probarse si la tierra está floja. Si lo está, hunden una varilla hasta el fondo. Al sacarla la olfatean con cuidado. Aseguran que aunque hayan pasado años, un resto humano sigue preservando un olor penetrante, singular.
Si encuentran fundadas sospechas de haber encontrado una fosa la marcan con un montículo de piedras y clavan unos banderines anaranjados. Otro equipo de búsqueda y excavación que trabaja de lunes a jueves subirá para verificar si es un positivo. Si encuentran un cuerpo, las autoridades de la PGR y forenses regresan el viernes y trasladan el o los restos. Del Servicio Médico Forense local son enviados de inmediato al Distrito Federal, ya que en Iguala no hay cupo para un cuerpo más. Después vienen los estudios forenses, la comprobación genética con las muestras de ADN que ya se han recopilado y la espera de resultados.
El grupo sabe que su esfuerzo no es inútil. En menos de tres meses han recuperado 45 cuerpos. Los equipos de la PGR sólo llevan tres, a pesar de sus caninos y su georradar, dicen con cierto desdén. De estos 45 ya fueron identificados tres. Uno fue reintegrado a su familia.
Ese fue un hito para todos ellos. Se trata de Carlos Sánchez, de Teloloapan. El viernes pasado casi todo el comité viajó a Tierra Caliente para acompañar a sus deudos en el sepelio. Fue como una luz para todas nosotras, dice Juana Miranda, que busca a su esposo, un humilde hojalatero, Alejandro Saavedra, secuestrado y desaparecido en 2013. Demostramos que sí podemos, al menos, traer de regreso a nuestra gente para darle cristiana sepultura. Y así fue. Desaparecido, enterrado en el monte, su esqueleto casi desintegrado después de tantos años, Carlos, de Teloloapan, recibió los santos óleos y ahora tiene una tumba con cruz.

Grupo de la CIDH investigará la desaparición de normalistas

  • Los expertos comenzarán su trabajo el primero de marzo
  • La indagatoria se realizará sin asumir la tesis oficial de masacre, señalan
Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 13 de febrero de 2015, p. 12
Washington.
Expertos internacionales comenzarán el primero de marzo en México sus investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sin asumir la tesis oficial sobre una masacre, se informó este jueves en Washington.
Hasta que no tengamos las pruebas fehacientes del destino de los desaparecidos el caso está en términos de que son desaparecidos, dijo el español Carlos Martín Beristain, el único médico del grupo.
El equipo multidisciplinario designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció una conferencia de prensa, tras reunirse por primera vez, miércoles y jueves, en la sede de ese órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la capital estadunidense.
Además de Beristain, el grupo lo integran la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz; los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, y el chileno Francisco Cox.
La Procuraduría General de la República (PGR) en México ha dicho que los jóvenes fueron masacrados por sicarios de narcotraficantes y, posteriormente, sus cuerpos incinerados en un basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala, donde fueron secuestrados. El gobierno alega que su conclusión se basa en 487 peritajes y declaraciones de más de casi un centenar de detenidos.
Pero Beristain dijo que no podemos determinar cuál es la certeza sobre los alcances o la convicción que ha mostrado la PGR sobre el destino de los desaparecidos.
Por su parte, Buitrago señaló que el grupo llegará a su propia conclusión desde el tema concreto de nuestra autonomía e independencia, tras una evaluación de las evidencias recogidas por autoridades mexicanas o por los mismos expertos.
A partir del primero de marzo, la comisión de expertos permanecerá en México tres semanas al mes durante los seis meses iniciales de su mandato, acordado en noviembre entre la CIDH, el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
En México, los peritos planean reunirse con sobrevivientes y familiares de las víctimas, autoridades y grupos defensores de derechos humanos. Parte de sus labores será sugerir y aportar una nueva serie de elementos para que se hagan verificaciones de acuerdo con los estándares internacionales, añadió Buitrago. Además, irán a Ayotzinapa.
El equipo prevé redactar un informe sobre la investigación en mayo, y otro en agosto al término de su periodo de seis meses, que podría ser prorrogado por acuerdo entre las partes.
El clima de la investigación ya está caldeado en México. Familiares de las víctimas denunciaron que la verdad oficial se cae a pedazos, luego que forenses argentinos señalaran una serie de fallas e irregularidades de la PGR en la investigación.

martes, febrero 10, 2015

Fallida respuesta de la PGR a peritos argentinos, dice AI

México, DF. El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz, calificó esta mañana como desafortunado que la Procuraduría General de la República (PGR) intente desprestigiar al equipo de peritos argentinos que trabajan en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, consideró que la PGR está intentando ganar el caso en el terreno mediático y estimó que la dependencia debería tomar en cuenta los señalamientos que hacen los peritos sudamericanos y no intentar desprestigiarlos.
Por separado, en un comunicado el organismo dijo que la respuesta dada por la PGR no resuelve las críticas hechas por este organismo y parece estar escrita para "responder con prisa" a las mismas y desacreditar a quien las formula. 
La organización de derechos humanos recordó que el pasado 7 de febrero, el EAAF puso en duda las indagatorias de la PGR por considerar que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.
Asimismo, hizo pública su preocupación de que las conclusiones presentadas por el procurador Jesús Murillo Karam evidenciaban "graves deficiencias" en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense.
"La respuesta inmediata de la PGR falló en abordar satisfactoriamente estas inquietudes. Peor aun, su declaración parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el  EAAF y parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense", indicó AI.
De acuerdo con el EAAF, recordó Amnistía, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso.
De igual forma, recordó que el gobierno "sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada".
A Amnistía Internacional "le preocupa que la evidencia podría haber sido manipulada. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos, y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes".
AI dijo que las familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la PGR informa a los medios de comunicación antes de revelar información sensible a ellos, faltando a su compromiso de mantenerles informados, con prioridad, de la evolución del caso, por lo que llamó al gobierno discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.
"La Procuraduría General debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región", subrayó.
Por todo ello, Amnistía Internacional instó al gobierno a dar al EAAF pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar su investigación. "Los miembros del EAAF deben gozar de todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier descalificación por parte de funcionarios de alto rango", recalcó.
Por último, dijo recibir con satisfacción la participación de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte fundamental de este caso. "Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea".

Ayotzinapa en Ginebra: no aplauden al Estado mexicano

Magdalena Gómez
L
os pasados 2 y 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra puso a revisión por primera vez la situación en México en materia de desaparición forzada. A la sesión asistieron Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge An­tonio Tizapa Legideño, y Bernabé Abraján Gaspar, papá de Adán Abra­ján de la Cruz en representación de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, hace cuatro meses. De entrada señalaron: Hemos decidido venir aquí a este comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz. Con ellos participaron el centro Pro de Derechos Humanos, el Centro Tlachinollan y la CNDH, los cuales solicitaron que se exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Cabe aclarar que también asistieron familiares y organismos de derechos humanos deChi­huahua y Coahuila que hacen parte de la defensa y búsqueda de desaparecidos a escala nacional. De la parte oficial asistió un numeroso grupo, encabezado por el embajador Gómez Robledo, quien solicitó al inicio un minuto de silencio en memoria de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, lo cual anunciaba la intencionalidad de sostener la tesis de la PGR, pues tal práctica se asocia a personas fallecidas. La sesión transcurrió entre diversas tensiones, en primer lugar la relativa a la naturaleza global de la problemática a revisión y la fuerza del caso Ayotzinapa, cuya centralidad fue contundente. El discurso mexicano buscó evadir el crimen de Estado al señalar que la desaparición forzada de los estudiantes pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en seguridad y justicia. Defendió su tesis de que los jóvenes están desaparecidos, pero hay hipótesis de que fueron asesinados y calcinados.
El comité formuló la pregunta clave: ¿Por qué la PGR tardó 10 días en atraer la indagatoria del caso Ayotzinapa?, y deslizaron el comentario de que los argumentos y respuestas son insuficientes y no aclaran las dudas. Durante la sesión cobró fuerza la demanda de que México acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las peticiones individuales en términos del artículo 31 de la Convención In­ternacional para la Protección de Todas las Personas contra las De­sapariciones Forzadas de la ONU. Ante ello la respuesta oficial fue que sigue en estudio y al propio tiempo intentaban detener lo que en los hechos se impuso, esto es el abordaje si bien general del caso Ayotzinapa reforzado con una sesión privada más amplia, donde el comité escuchó a los familiares, quienes relataron su dolor y angustia, y porqué no confían en el gobierno y los organismos de derechos humanos. Señalaron las razones para exigir que no se cierre el caso, al punto que el embajador mencionado pidió que en virtud de que en México se estaba dando por hecho que la sesión abordaría la desaparición de los normalistas, solicitaba la aclaración de que no era así. Al tener razón formal se aceptó la aclaración. Si bien se abordó la grave situación en México en materia de desaparición forzada, ya que en el país se reportaron más de 23 mil casos entre 2006 y 2012. El Estado se encerró en la frase oficial preferida: tienen retos pero los están superando, pues no dio evidencias contundentes, la base de datos nacional sobre personas desaparecidas, los programas de protección para testigos y denunciantes, los motivos por los que no se ha adoptado la Ley General sobre Desaparición For­zada y el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Da­tos de Personas Extraviadas o De­saparecidas. Tam­poco sobre el número de elementos de la fuerza pública procesados por desaparición forzada, y el retiro del Ejército de las calles. La única respuesta concreta fue que para junio próximo se contaría con la ley general y la disposición de aceptar colaboración. Mencionó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En tres días el comité dará sus recomendaciones y ya está advirtiendo el gobierno que deberán ser técnicas y no políticas, y que no son vinculantes sino sujetas a revisión. Al margen de ellas, es evidente que en la sesión del comité la voz de las madres y los padres de los estudiantes se impuso, y su acción política se reforzó en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que acordó aportar recursos para emprender una investigación independiente. Sin duda, los familiares de los estudiantes están consolidando el cerco contra la impunidad que campea en nuestro país como política de Estado.

‘‘La verdad histórica sobre Ayotzinapa se cae a pedazos’’, expresan padres de familia

‘‘Avalamos el informe del equipo argentino’’, señalan en conferencia de prensa
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Melitón Ortega (al micrófono) y Felipe de la Cruz, entre otros, en el auditorio del Centro Miguel Agustín Pro JuárezFoto María Luisa Severiano
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de febrero de 2015, p. 4
Acompañado por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, Felipe de la Cruz aseveró: ‘‘La verdad histórica del gobierno federal sobre el caso (…) se cae a pedazos. Hoy con certeza y en verdad nos queda claro que no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la versión del gobierno y de la Procuraduría General de la República (PGR)’’.
En el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ante decenas de periodistas nacionales y extranjeros, el vocero de los padres y madres de los estudiantes normalistas destacó: ‘‘Hoy tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos. Avalamos y apoyamos el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Son estudios técnicos y científicos que tiran la hipótesis del basurero de Cocula. Quieren cerrar el caso y dar impunidad a los militares’’.
En conferencia de prensa, De la Cruz fijó ayer la postura del colectivo ante la información de los forenses argentinos y la posición de la PGR. ‘‘Hoy, el equipo argentino nos demuestra con pruebas científicas que este caso no puede cerrarse. Los especialistas sudamericanos han evidenciado un sinnúmero de errores que ha cometido la procuraduría; desde el principio quisieron cerrar el caso. Primero con los cuerpos encontrados en fosas; nos los querían entregar en pedazos, pero no pudieron probarlo (la autenticidad de los cadáveres). Entonces recurrieron al basurero de Cocula, y tampoco tienen evidencias científicas’’.
Además de De la Cruz, también dieron su opinión Melitón Ortega, María de Jesús, Omar García, Marco Gutiérrez y Daniel Flores. Todos coincidieron: ‘‘No le creemos ni le tenemos confianza a la PGR. El EAAF en varias décadas de existencia no ha mentido, no ha inventado. La PGR y el gobierno desde el principio han estado jugando y quieren cerrar el caso’’.
Los padres, los abogados coadyuvantes y los centros de derechos humanos Tlachinollan y Pro Juárez manifestaron su respaldo al trabajo del equipo argentino ‘‘porque sus integrantes confirman que no es posible cerrar el caso, que debe investigarse a profundidad. Cuando los padres y madres se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, le manifestaron al mandatario que no había certeza jurídica y científica en que sus hijos estuvieran muertos; hoy se cae a pedazos esa ‘verdad histórica’’’.
De la Cruz refirió: ‘‘Hoy podemos decir a todo mundo que no estábamos equivocados; nosotros siempre dijimos que mientras no nos comprobaran de manera científica la verdad, con elementos de prueba, ésta iba a ser creíble; hoy, con estudios minuciosos (el equipo argentino) nos demuestran que no es posible que hayan incinerado a los muchachos, como asegura la procuraduría, la noche del 26 y 27 de septiembre pasado’’.
Los familiares de los estudiantes normalistas demandaron respeto y garantías para los integrantes del EAAF, ‘‘‘porque sabemos que cuando al gobierno algo no le sale bien recurre a la represión y a la presión. Hacemos responsable al gobierno de lo que les pase’’.
En una larga conferencia de prensa, los padres y madres de los 43 desaparecidos sostuvieron que el gobierno ‘‘trata de proteger al Ejército. Mienten cuando dicen que nos entregaron 80 tomos de la investigación; aquí frente a ustedes tenemos los 20 expedientes que nos han entregado’’.
Otro de los padres, Melitón Ortega, sostuvo: ‘‘Como padres, no aceptamos de ninguna manera la versión oficial; primero porque no es científica, segundo porque la PGR está acostumbrada a fabricar delitos, pruebas, a mentir; por eso no aceptamos su versión. Mienten cuando dicen en el gobierno que los padres no hemos hecho nuestro trabajo, que no hemos entregado los expedientes clínicos, pero no han investigado al Ejército y tampoco hay juicios por desaparición forzada en el caso de nuestros hijos. Falta investigar al ex alcalde (José Luis Abarca), al ex gobernador (Ángel Aguirre) y quieren cerrar el caso con la ‘verdad histórica’ del basurero de Cocula, lo cual no han comprobado. No les creemos y no lo aceptamos’’.
María Elena, madre de otro de los estudiantes, dijo: ‘‘Tengo un hijo desaparecido; es mentira la versión de la PGR y al mentir se está haciendo cómplice. Dicen los pobladores de Cocula que la noche del 26 de septiembre estuvo lluvioso hasta la 5 de la mañana del día 27; mentira la versión de la PGR; quieren cerrar el caso’’.

Descalifica PGR ‘‘especulaciones’’ del equipo de forenses argentinos

  • Afirma que son ‘‘hipotéticos’’ y ‘‘alejados de la realidad’’ los señalamientos emitidos
  • ‘‘Inaceptable, que ante el cúmulo de evidencias se pretenda sembrar dudas’’ sobre los 43, dice
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Peritos de la Procuraduría General de la República laboran en el basurero de CoculaFoto Jesús Villaseca /Archivo
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de febrero de 2015, p. 3
La Procuraduría General de la República (PGR) descalificó este lunes las ‘‘especulaciones’’ que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual criticó el pasado sábado los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa y cuestionó la validez de las pruebas que los peritos del Ministerio Público Federal recopilaron en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
La dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam calificó de ‘‘hipotéticos’’ y ‘‘alejados de la realidad’’ los señalamientos de los peritos sudamericanos sobre las indagatorias del caso y consideró que no es aceptable que ante el ‘‘cúmulo de evidencias’’ se pretenda sembrar dudas.
En un amplio comunicado de prensa –difundido desde muy temprana hora–, la PGR destacó: ‘‘No ha concluido la investigación (sobre la desaparición de los 43 normalistas) y no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos’’.
El pasado sábado, el EAAF dio a conocer un documento en que analiza lo que considera irregularidades y problemas de la investigación de la PGR sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El equipo argentino subrayó que la indagatoria no puede darse por concluida, toda vez que falta por procesar una cantidad importante de evidencia.
‘‘Esta procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF’’, destacó ayer la PGR al dar respuesta a las críticas de los peritos sudamericanos.
A decir de la procuraduría, el equipo de especialistas extranjeros fue aceptado como parte del grupo de investigadores mexicanos sólo por el interés de los familiares de los estudiantes desaparecidos, a pesar de que sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, ‘‘por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos’’.
Los forenses argentinos cuestionaron al menos siete procedimientos efectuados por los peritos mexicanos. Entre ellos, el EAAF dijo que en el basurero de Cocula se han registrado incendios desde 2010, por lo que los restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, pueden no corresponder a los involucrados en los incidentes del 26 de septiembre de 2014, sino a eventos anteriores.
‘‘El EAAF emite un criterio aislado y la PGR señala tajantemente que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida, y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014’’, indicó la dependencia mexicana.
Añadió: ‘‘No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas; esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta procuraduría’’.
Desde el inicio de la indagatoria, el EAAF ha solicitado una copia de la cadena de custodia de la bolsa de los restos que le fue entregada a la procuraduría por buzos de la Marina.
En el comunicado emitido ayer lunes, la dependencia respondió que la solicitud del equipo de especialistas argentinos rebasa con creces su función de peritos habilitados.
Según la Procuraduría General de la República, el día en que buzos de la Marina sacaron la bolsa del río, los forenses argentinos fueron llevados al lugar, pero priorizaron realizar trabajos en el basurero.
El grupo de forenses argentinos, insistió la dependencia federal en su comunicado, no es autoridad, y su función se circunscribe al análisis antropológico y genético. ‘‘La PGR señala que se han realizado hasta el momento 487 peritajes en 26 especialidades, sin que el EAAF participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación’’, indicó.
Refirió que ‘‘a pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas parecerían más especulaciones que certezas’’.
Sobre los cuestionamientos de que una semana después de que terminaron los trabajos conjuntos entre la PGR y el EAAF en el basurero, peritos y el Ministerio Público de la Federación recogieron, sin la presencia de los forenses argentinos, 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos, la procuraduría sostuvo que el EAAF no fue convocado porque no era necesario que estuviera presente.
‘‘De manera científica ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del río San Juan corresponden químicamente a los encontrados en el basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad.’’
Entre las fallas denunciadas por el EAAF están perfiles genéticos mal elaborados, que la PGR asegura haber corregido en menos de 24 horas y que, dice, no afectaron las indagatorias, así como no informar que algunos restos dentales hallados en el basurero no corresponden a ningún normalista.

lunes, febrero 09, 2015

Padres de normalistas respaldan a forenses argentinos

lun, 09 feb 2015 14:26
México, DF. Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sostuvieron esta tarde que “hoy mas que nunca tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos. No nos equivocamos al seguir nuestra búsqueda, el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) nos da la razón”.
En conferencia de prensa efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz, acompañado por todos los padres de los estudiantes desaparecidos respaldaron el informe del equipo argentino y demandaron del gobierno mexicano que les dé protección y seguridad “porque sabemos que cuando al gobierno las cosas no les salen como quiere toma represalias. Tememos por el equipo argentino”.
Los padres insistieron: “Tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos. Exigimos al gobierno que nos los entregue vivos, ya basta de estar jugando. Sentimos que están vivos”.
Anunciaron que esperan para finales de este mes la llegada de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le exigieron al gobierno que respete las evidencias para que los miembros de la Comisión puedan realizar la investigación.
Sostuvieron los padres de los estudiantes que la Procuraduría General de la República (PGR) miente, el EAAF comprobó que cometieron errores los investigadores de la PGR, y son graves.
Acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, del Centro Prodh, y del Comité de Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los padres refutaron el comunicado emitido esta mañana por la PGR y aseveraron: “A la PGR no le creemos, no le tenemos confianza. La PGR siembra evidencias, la PGR cuadra sus hipótesis, y el EAAF no. Respaldamos a los expertos argentinos y pedimos al gobierno protección para ellos”.
En la conferencia en la que hablaron además los padres de varios estudiantes exigieron: “Que la PGR haga pública la investigación, que permita que los expertos y académicos la revisen. Le exigimos que nos entregue los expedientes completos porque sólo ha proporcionado 20 y no están completos. A qué le temen”.
Los padres de los normalistas manifestaron que el informe del equipo argentino “nos da la razón. Nunca pudo la PGR demostrar que nuestros hijos están muertos. Primero, cuando nos quiso entregar cuerpos en pedazos hallados en fosas clandestinas, no tuvo evidencia. Luego cuando nos quiso hacer creer que habían sido asesinados y quemados tampoco pudo sostenerlo, por ello no le creemos y no le tenemos confianza. Nuestros hijos están vivos”.
De igual forma, anunciaron que visitarán los cuarteles del Ejército en Guerrero, y como le informaron al gobierno “cuando estemos afuera de las instalaciones militares le avisaremos para que no hagan lo que están acostumbrados a hacer, a limpiar las evidencias”, Insistieron en que buscarán a sus hijos hasta las últimas consecuencias.
Solicitan al gobierno protección para los expertos de la EAAF. Piden que se permita a expertos y académicos revisar expedientes de la investigación.

Lila Downs por Ayotzinapa


Lila Downs recordó a los normalistas de Ayotzinapa con una banda negra en su brazo en los Grammys

domingo, febrero 08, 2015

En Ginebra saben que el gobierno miente sobre Ayotzinapa: padres

  • El comité de la ONU pudo escuchar la versión de las víctimas
  • Aseguran que su presencia en Suiza fue positiva; habrá resultados
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 8 de febrero de 2015, p. 10
La presencia de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa en las audiencias del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) fue positiva, ya que los integrantes de dicho organismo pudieron escuchar directamente la versión de las víctimas y darse cuenta de que el gobierno miente sobre el tema, expresó Bernabé Abraján, padre de uno de los desaparecidos.
Abraján volvió ayer al país luego de haber estado en Ginebra, Suiza, donde el 2 y 3 de febrero el CED evaluó por vez primera a México en cuanto al nivel de cumplimiento de un tratado internacional contra las desapariciones forzadas.
El viaje fue un poco pesado, pero creo que habrá resultados. Dio su informe nuestro gobierno, pero (los especialistas de Naciones Unidas) realmente pudieron ver que lo que dijeron no era posible, que (las autoridades) fueron a decir mentiras, sabiendo que su trabajo de investigación no está bien hecho, señaló Abraján en entrevista telefónica desde Tixtla, Guerrero.
Tanto él como Hilda Legideño, madre del normalista Jorge Tizapa Legideño, subrayaron que aunque el gobierno mexicano asegura que los está ayudando, es al contrario, porque ellos no han hecho nada para encontrar a los jóvenes desaparecidos desde hace más de cuatro meses.
Abraján recalcó que los integrantes del CED realmente se sorprendieron con lo que les dijimos. Ellos ya sabían (qué había ocurrido), pero al darles nuestra versión de los hechos vieron que el gobierno está mintiendo.
Al preguntársele qué esperan los familiares de la Organización de Naciones Unidas, Abraján indicó que dicho organismo puede ayudarnos a exigir a nuestro gobierno que haga bien las cosas, que investigue también al Ejército, que son corruptos y son de los narcotraficantes. (Los miembros del comité) están convencidos de que nosotros estamos diciendo la verdad.