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Atenco: sentencia histórica

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or conducto del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el gobierno federal se comprometió ayer a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante el asalto contra la comunidad de San Salvador Atenco efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006. De acuerdo con la resolución del tribunal, el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, que van desde detenciones ilegales y arbitrarias hasta la referida tortura física, sicológica y sexual.

De especial trascendencia resulta que, además de las insoslayables medidas de no repetición y atención a la salud de las afectadas, la sentencia vinculante establezca la obligación del Estado de profundizar la indagatoria penal en lo que respecta a la cadena de mando a cargo de los operativos que tuvieron lugar en la población mexiquense.

Con este acatamiento, el gobierno federal deberá llevar sus pesquisas hasta los más altos mandos de las corporaciones policiales involucradas: el entonces presidente, Vicente Fox Quesada, y el a la sazón gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Además deberá indagarse el papel desempeñado por el ministro de la Suprema Corte y entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, por quien era comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), general brigadier Eduardo Alejandro Martínez Aduna, y por el ex comisionado de la misma corporación y entonces encargado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, así como de cualquier otro que resulte responsable.

La singular importancia de este punto radica en que, como han denunciado las víctimas y corroborado las evidencias disponibles, los atroces abusos perpetrados en Atenco no derivaron de decisiones espontáneas ni extralimitaciones personales de los agentes policiacos, sino que formaron parte de una estrategia deliberada de control y amedrentamiento que requirió una planificación centralizada y obliga a investigar quién dictó las órdenes recibidas y ejecutadas por los elementos de seguridad. Si se demuestra que los ataques sexuales contra las 11 mujeres fueron perpetrados bajo consigna, la responsabilidad de los mencionados remitiría no sólo a lo que les atañe por los actos cometidos durante la sanguinaria jornada, sino también al encubrimiento posterior que les permitió evadir el castigo durante dos sexenios.

A contrapelo de la impunidad sostenida por las pasadas administraciones, la sentencia del tribunal internacional y la voluntad de las autoridades actuales para acatarla suponen una oportunidad y una esperanza de que se haga justicia a 13 años de uno de los atropellos a los derechos humanos más emblemáticos en la historia reciente de México. En efecto, por la gravedad de los actos cometidos, por la responsabilidad directa o indirecta de las más altas figuras del poder público y por la impunidad que hasta ahora ha cubierto a los perpetradores, Atenco se inscribe en la estela de episodios como los suscitados en Tlatelolco, Acteal, Tlatlaya o Iguala y, como ocurre con todos ellos, la exigencia de esclarecimiento y justicia no tiene que ver con alguna suerte de revisionismo histórico, sino con el imperativo de garantizar que este tipo de tragedias no se repita nunca más.

Cumplirá el gobierno sentencia en beneficio de mujeres de Atenco

Emir Olivares Alonso

Durante la sentencia de la CorteIDH sobre el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, en imagen del 24 de enero pasado. Foto Jesús Villaseca

Ciudad de México. El gobierno federal se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos en San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.

Este medio día, en la Secretaría de Gobernación (SG), se instalaron formalmente las mesas para la implementación del fallo. Este tribunal internacional resolvió que el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el marco de los operativos desplegados los días 3 y 4 de mayo de ese año en Texcoco y Atenco.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, y participaron algunas de las víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes las han acompañado en todo el proceso. Ahí, el funcionario federal expresó el compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador de cumplir cabalmente la sentencia (que consta de nueve puntos) y a no revictimizar a las agraviadas.

Entre los primeros acuerdos alcanzados destaca que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal (incluyéndola profundización en la cadena de mando), medidas de no repetición y atención de salud.

Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas, señaló al finalizar la reunión que si bien esta administración federal muestra disposición para atender su exigencia de justicia, esperan que los compromisos se materialicen en hechos concretos.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Prodh, enfatizó que la sentencia de la CorteIDH es vinculante, por lo que el Estado está obligado a cumplirla. Por ello, existe esperanza que las 11 mujeres puedan acceder, tras casi 13 años de espera, a la justicia.